Deuda: CFK quemó las naves y la negociación final se complica
La megalomanía presidencial se expuso ayer en su máximo esplendor con
su exaltación de “la dékada ganada”. Sin excluir ningún tema, enumeró
aumentos nominales a granel, omitiendo sistemáticamente la inflación,
que relativiza la mayor parte de los números que citó, por lo que cual
no tiene sentido analizar cada tema que trató. Pero también abundaron
otro tipo de falsedades, como por ejemplo que el fondo de
sustentabilidad de la ANSES se capitalizó, cuando en realidad ocurrió
todo lo contrario a lo que dijo la presidente. Una buena parte de la
retórica de ayer en materia económica estuvo dedicada a intentar
justificar la postura expuesta ante la Corte de Apelaciones de Nueva
York en la audiencia del pasado miércoles por los abogados que
representaron al Estado nacional, Jonathan Blackman y Carmine Boccuzzi.
Al anticiparle al tribunal que no está dispuesto a acatar un fallo
adverso que ratifique la sentencia del juez Thomas Griesa, que ordenó el
pago de US$ 1300 millones a varios holdouts, el gobierno
apuntaría a presionar al máximo a los jueces. Pero no es menos cierto
que, al anunciar una de las partes que no acatará un eventual fallo
adverso, lo que suele suceder en la mayor parte de los casos es que el
tribunal endurece su postura para demostrar que no cede ante las
presiones. La corte abrió un prudente período hasta el 29 para que la
Argentina dé precisiones sobre su plan para pagar, pero la presidente ya
contestó ayer: “Estamos también dispuestos a pagarles a estos llamados
fondos buitre, pero no en mejores condiciones que al 93% que confió y
apostó por la Argentina, porque estaríamos cometiendo primero un delito,
un gran delito, porque estaríamos estafando y defraudando al 93% de los
acreedores que creyeron en nosotros y también a las finanzas
argentinas”, definió CFK. Así las cosas, el litigio parece ir rumbo a
una sentencia desfavorable y, a renglón seguido, el default
técnico. Un escenario que sería intensamente explotado políticamente por
el kirchnerismo, ya que coincidiría con el inicio de la campaña para
las primarias. De concretarse el fallo en cuestión, la Argentina habría
descendido un escalón más con respecto al default del 2002. En
aquel caso se incumplieron los contratos con los bonistas. Ahora sería
más grave, porque el gobierno, después de haberse obligado
voluntariamente a aceptar la jurisdicción de la justicia de Nueva York
para dirimir las cuestiones que surgieran de distintos bonos, terminaría
desconociendo el fallo que se comprometió a acatar. El caso es que el default
técnico no le cambiaría demasiado las cosas a un gobierno que sigue en
default con el Club de París. Pero sí habría algunas consecuencias
concretas sobre la economía real. Por ejemplo, se verían afectadas las
líneas de crédito del exterior que utilizan algunas empresas argentinas
y, desde ya, contribuiría a impedir las inversiones que busca YPF para
explorar y explotar petróleo y gas no convencional. Esto sin hablar de
que empujaría la suba del dólar blue.
Ultimas cartas
Si bien el rumbo de colisión está claro, cabe la posibilidad de que
antes del 29 prospere alguna negociación que evitaría la crisis. El
gobierno podría ofrecer pagar el 100% de la deuda a los holdouts
con un bono con intereses a discutir, pero esta propuesta tiene el
inconveniente de que obligaría a modificar la ley cerrojo que prohíbe la
reapertura del canje, lo que implicaría un desgastante debate en el
Congreso aunque el oficialismo tenga la mayoría garantizada. Otra
variante consistiría en que los jueces obliguen al gobierno a pagarles a
los fondos buitres el 100% y le condonen a la vez el pago de los
intereses que se fueron sumando y que podrían llegarían a más de 10.000
millones de dólares si se incluyen los bonistas de Europa. La Corte no
podría obligar a los holdouts a que acepten menos del 100% de sus
créditos, pero sí podría obligarlos a que condonen gran parte de los
intereses. El problema, como ya vimos, es que el cristinismo se ató las
manos al ratificar ayer la presidente que no pagará mas de lo que ya
pagó a los que entraron al canje. Cambiar esta decisión sería una
claudicación difícil de vender a la opinión pública, sobre todo cuando
el gobierno se propone recuperar votos combatiendo a los fondos buitres y
la “justicia imperialista”.
En cuanto a la situación económica actual, ella no dijo que el año
pasado estuvimos en estanflación y que este año nos espera una leve
recesión, que será más grave si nos declaran otra vez en default.
Tampoco dijo que la cosecha de este año será solamente un 10% mayor que
la del año pasado, que fue mala, y que la industria no arranca porque
Brasil se reactiva muy lento.