Por Jorge Todesca
Para El Economista y El Espejo de la Argentina
A lo largo de los últimos años se ha producido un cambio estructural
en la presión tributaria nacional y provincial. En cifras del Ministerio
de Economía se pasó de un 23,43% sobre el PBI en 2003 a un 34,63% en
2011. Si actualizáramos esas cifras y le agregáramos las tasas que
perciben los municipios, seguramente se llegaría a un orden del 40%.
Un Estado que tiene a su cargo servicios esenciales para la población
debe, sin dudas, contar con una recaudación robusta y esto es lo que ha
finalmente ocurrido.
La aplicación de esa enorme corriente de nuevos recursos es, sin embargo, más que discutible.
El año pasado los denominados subsidios económicos ascendieron a más
de 99.000 millones de pesos, un 24% de todos los gastos corrientes del
Gobierno Nacional. En esa enorme cuenta predominan los subsidios al
sector energético, que suman alrededor del 50% del total y les siguen
los del sector transporte, que representan alrededor de la tercera
parte.
En ninguno de ambos campos se advierte que los servicios que presta
el Estado hayan mejorado. Los subsidios, en todo caso, han servido para
mantener artificialmente bajas algunas tarifas en medio de un contexto
inflacionario que, en algún momento –como está ocurriendo- llevaría a
ajustes de gran magnitud.
Hemos tenido una inflación elevada a lo largo de varios años, aún con
tarifas congeladas en diversos servicios públicos. Es difícil extraer
algún resultado positivo de esa política, porque, como está a la vista,
la inversión en infraestructura ha sido escasa.
El enorme aumento de la presión tributaria ha conducido, en gran
medida, a un dispendio de recursos, con escasos efectos sobre el
bienestar general.
La crítica a los subsidios con frecuencia es rechazada bajo el
argumento de que cubren necesidades sociales. Las cifras no sostienen
este argumento. El año pasado los subsidios sociales ascendieron a
53.091 millones de pesos, poco más de la mitad que los económicos.
Además, el crecimiento global en este rubro fue del 13,2% bien por
debajo de la inflación del período.
Más aún, la nave insignia de los subsidios sociales, la Asignación
Universal por Hijo demandó 11.168 millones de pesos, es decir tan solo
el 7% del total de subsidios.
Desde otro ángulo, no todo el aumento de la presión tributaria puede
justificarse socialmente. Los impuestos destinados a las prestaciones de
la seguridad social pasaron de 2,83% del PBI en 2003 a 7,45% en 2011.
Es decir que casi la mitad del aumento de la presión tributaria de la
última década recayó sobre los impuestos al trabajo. Los trabajadores
pasaron de tributar 0,63% del PBI a un 2,81% y posiblemente algo más si
se actualizan las cifras. A su vez, los empleadores contribuían con el
2,01% del PBI en 2003 y pasaron al 4,10% en 2011.
¿Es esta una buena política tributaria? Indudablemente no. Los costos
laborales se han encarecido sin que simétricamente los que debieran ser
los receptores naturales de esos recursos se hayan beneficiado. Los
recursos generados por esta vía han servido fundamentalmente para paliar
el déficit fiscal y, eventualmente, agregar prestaciones sociales por
cuenta de trabajadores y empleadores, en lugar de utilizar rentas
generales.
El saldo del enorme e histórico aumento de la presión tributaria es
pobre. El Estado se ha convertido en una máquina de gastar, sin orden ni
límite. No hay ningún proyecto de país que oriente el gasto público.
Cuando esta fiesta termine, como ya ha empezado a ocurrir, estaremos
peor que al principio en cuestiones tan centrales como la
infraestructura productiva de la Argentina.
