Por Jorge Raventos
La estrategia oficial del “vamos por todo” se despliega por los
bordes de la Constitución. Por ahora las operaciones de defensa la
detienen, pero la experiencia indica que el gobierno es más bien
atropellador que cauteloso. La experiencia también indica que órdenes
de la Justicia (y de la propia Corte Suprema) han sido desacatadas. En
los casos que ahora se discuten (reforma de la Justicia, defensa
federal de la libertad de prensa) lo que está en juego es la cuestión
constitucional misma, por lo que el desacato sería una cuestión
delicadísima. Porque la Argentina corre esos riesgos, ésta es La Hora de
la Constitución, una designación actualizada de lo que alguna vez se
llamó la Hora del Pueblo, una necesaria convergencia de todas las
fuerzas dispuestas a vivir y actuar de acuerdo a nuestra Ley
Fundamental y a defender ese marco de convivencia civilizada.
La solitaria muerte de Jorge Rafael Videla en una celda del penal de
Marcos Paz ya ha suscitado numerosos comentarios previsibles. Podría
estimular también, quizás, alguna reflexión sobre la volubilidad del
poder: alguien, por un momento ocupa el vértice de un mecanismo capaz
de disponer de vida, honor, fortuna y destino de miles de semejantes, y
en otro momento termina su vida en una cárcel común, ignorado o
maldecido por la enorme mayoría de sus conciudadanos y apartado incluso
de las instituciones a las que perteneció y condujo. La Historia suele
someter a los hombres y a las mujeres a vaivenes análogos,
particularmente a aquéllos que encarnan la desmesura, que corporizan una
idea de superioridad sobre el resto, que se creen mesiánicamente
autorizados a ir por todo, más allá de las leyes y las normas, para
realizar sus objetivos. La caída de esos personajes suele ser penosa y
aleccionadora. Un ex montonero, hoy académico, Héctor Leis, escribió a
raíz de esta muerte, buscando la ponderación en un tema que parece
proscribirla: “su comportamiento en los años 70 debe ser explicado a
partir de acontecimientos en los que participó, de un modo u otro, el
resto de la sociedad argentina. ¿Por qué esta verdad tan obvia todavía
no se acepta?”
Videla estaba muerto mucho antes de morir físicamente. No lo devolvió
a la existencia la sociedad, que quería hundirlo en el olvido donde se
entierran los grandes errores y los grandes pecados, sino otros que,
como él mismo, prefieren seguir atados a las ideas, sueños y pesadillas
de aquella década en la que se sintieron protagonistas.
Chocar con la Justicia
Esta semana el conflicto que motoriza el oficialismo con su
estrategia de ”ir por todo” escaló varios puntos, aunque el gobierno
debió retroceder en un aspecto central, pues tuvo que suspender su
proyectada ofensiva sobre el Grupo Clarín. Veamos.
Uno de los puntos de la avanzada del gobierno ha sido la reforma
judicial (bautizada “democratización de la Justicia”), con la que el
Poder Ejecutivo procura controlar los tribunales a través de la
creación de nuevas instancias de casación y de la composición de un
Consejo de la Magistratura sin equilibrio, que actuaría sin mayorías
especiales para designar o sancionar magistrados y con una elección
partidizada de sus miembros que convertiría a ese organismo en anexo
del partido triunfante, contrariando la letra y el espíritu de la
Constitución.
Promulgadas las leyes de la reforma, cientos de juzgados del país
recibirán recursos pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de
esas normas.
En la reforma judicial, por lo tanto, el gobierno encara una guerra de carácter constitucional.
La defensa de la libertad de prensa y el DNU de Macri
Sus proyectos de sancionar de alguna manera al Grupo Clarín, habida
cuenta de que no ha podido aplicarle todavía la Ley de Medios
(pensada para ese fin), también se mueven en el borde de los criterios
constitucionales. Un proyecto de ley presentado en el Congreso por
Carlos Kunkel (con obvia consulta previa a la Casa Rosada) promueve la
expropiación de acciones de la empresa Papel Prensa (cuyos socios
mayoritarios son los diarios Clarín y La Nación), de modo de convertir
al Estado en socio mayoritario y darle el manejo de la firma.
A esa jugada el gobierno trato de sumarle una intervención en el
Grupo Clarín a través de la Comisión Nacional de Valores, con la excusa
de defender “los derechos de accionistas minoritarios”, en este caso,
del Estado que adquirió esa condición después de expropiar a las
Administradoras de Fondos de Pensión y de reunir las inversiones
accionarias que cada una de ellas mantenía atomizadamente. La
intervención daría al gobierno el manejo (durante al menos seis meses)
de todas y cada una de las empresas del grupo (desde el diario Clarín
hasta Cablevisión, desde Canal 13 a TN), modificar su línea editorial y
su programación, despedir o echar personal, etc. La invasión del
derecho de propiedad es evidente y la cuestión constitucional, por lo
tanto, es obvia.
Más allá de lo que la empresa (y eventualmente, empresas, en plural,
ya que el mismo mecanismo de la Comisión Nacional de Valores el
gobierno podría intentarlo con todas las empresas en las que, por
aquella colonización de los fondos de pensión, ha quedado como
accionista minoritario) pueda accionar ante la Justicia, el gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires introdujo una audaz variante: dictó un
decreto de necesidad y urgencia (que pronto la Legislatura convertirá en
ley) de defensa de la libertad de prensa, según la cual se prohíbe –en
el ámbito de la Capital y en función del poder autónomp de su gobierno-
toda acción que restrinja la acción de los medios y se crea una
instancia judicial porteña para tratar esas cuestiones, bajo del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Ahora la provincia de
Córdoba se dispone a hacer lo propio en su jurisdicción.
Con estos pasos de los gobiernos de Mauricio Macri y José Manuel De
la Sota, los intentos de “ir por todo” en relación con los medios
chocarán con una frontera federal: es decir, con otro costado de la
Constitución. Los voceros del gobierno central acusaron a Macri (se
supone que opinarán lo mismo de la iniciativa cordobesa) de cometer una
“burrada jurídica”. Constitucionalistas independientes no opinan lo
mismo: estiman que el decreto porteño está muy bien fundamentado. En
cualquier caso, lo que cuenta no son las expresiones de los voceros,
sino los hechos. Y el gobierno nacional, ante la nueva frontera federal
constitucional (sostenida, por lo demás, por el conjunto de las fuerzas
opositoras) parece haber decidido que la ofensiva contra Clarín estaba
verde, como las uvas de la fábula. Pues si decidiera actuar como
proyectaba, se vería detenida por la justicia porteña y, en última
instancia, debería plantear la cuestión ante la Corte Suprema (en el
marco de su discusión constitucional con la Justicia).
Acciones agresivas, como el hostigamiento, esta semana, al hogar de
Julio Blanck, un brillante periodista de Clarín y TN, ocurren en el
marco de la escalada de este conflicto y de la impotencia que
experimentan los que no pueden andar por los caminos legales.
Entre la Constitución y el facto
La estrategia oficial del “vamos por todo” se despliega, como se ve,
por los bordes de la Constitución. Por ahora las operaciones de defensa
la detienen, pero la experiencia indica que el gobierno es más bien
atropellador que cauteloso. La experiencia también indica que órdenes
de la Justicia (y de la propia Corte Suprema) han sido desacatadas. En
estos casos (reforma de la Justicia, defensa federal de la libertad de
prensa) lo que está en juego es la cuestión constitucional misma, por lo
que el desacato sería una cuestión delicadísima.
El presidente de la Asociación de Magistrados, el juez Luis María
Cabral, señaló esta semana que “en nuestro sistema de división de
poderes, la única fuerza que tiene el Poder Judicial es el acatamiento
de sus fallos. Si quien tiene la fuerza y tiene la bolsa, que son el
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no acatan los fallos, se crea lo
que se denomina conflicto de poderes y esto puede crear una situación
de grave vulnerabilidad. Yo creo que si hay un fallo de la Corte Suprema
va a ser acatado y espero que así sea y es la obligación de todo
funcionario que haya jurado la Constitución Nacional”.
Ciertamente, si a alguien se le ocurriera aplicar políticas de hecho
para desacatar fallos de la Corte referidos a cuestiones de
constitucionalidad, estaría colocándose fuera de la Constitución y
gobernando, en el mejor de los casos, “de hecho”. O, como suele decirse,
“de facto”.
Porque la Argentina corre esos riesgos, esta es la hora de la
Constitución, una designación actualizada de lo que alguna vez se llamó
la Hora del Pueblo, una necesaria convergencia de todas las fuerzas
dispuestas a vivir y actuar de acuerdo a nuestra Ley Fundamental y a
defender ese marco de convivencia civilizada.
Lo que hará Sergio Massa
En medio de estas amenazas, el país está en tiempos electorales, con
un cronograma que ya se puso en práctica con la publicación de los
padrones y que el mes próximo verá la inscripción de alianzas y la
preinscripción de candidatos para las primarias obligatorias y
simultáneas.
Aunque las incógnitas son muchas, la más acuciante parece ser cuál
será la conducta política de un intendente: el de Tigre, Sergio Massa.
¿Qué hará Massa en las elecciones de octubre?, se preguntan en el
gobierno (en plaza de Mayo y en La Plata) y en la oposición,
particularmente en el peronismo opositor ¿Quedará al margen de esa
competencia, concentrado en su gestión como intendente de Tigre;
presentará una lista propia en el distrito bonaerense; se aliará al
oficialista Frente para la Victoria o trabajará junto a los peronistas
anti-K con los que conversa a menudo?
El jueves por la noche, mientras él gambeteaba una definición tajante
en la cena de Conciencia, en La Rural, cada vez que sus interlocutores
lo interrogaban sobre estos asuntos, a pocos kilómetros de Palermo, en
la Casa de Galicia del barrio de San Cristóbal, un allegado suyo
vaticinaba cuál será su decisión: “Massa –dijo- será candidato a
diputado en octubre y no jugará con los colores del Frente para la
Victoria sino con los de una fuerza autónoma, en principio bonaerense”.
El augur que así habló del futuro de Massa es su suegro, Fernando Pato
Galmarini, un histórico del peronismo bonaerense que fue ministro de
Gobierno de la provincia después de ser secretario de Deportes de la
Nación (todo en la década del noventa). También es ilustrativo el
contexto en el que Galmarini lanzó su pronóstico: fue en una comida en
la que dos centenares de peronistas porteños lanzaban un operativo
clamor por la candidatura de Roberto Lavagna a una senaduría por la
Capital Federal “más allá del resultado de las conversaciones con el
Pro”. El azar juega en política, pero en este caso no hay que culparlo:
Lavagna y Massa podrían constituir un tándem peronista en la región
metropolitana en las elecciones de octubre, brindándose apoyo recíproco.
En cualquier caso, no hay que confundir presagios con realidad:
Massa no miente cuando dice que hará lo que le pida el amplios círculo
político en el que se apoya, conformado muy principalmente por
intendentes y referentes de la provincia. Sucede que allí prevalece la
idea de jugar autónomamente en octubre (el ex senador provincial Juan
Amondarain, uno de los principales armadores del intendente de Tigre,
pudo ratificarlo el viernes en una tenida que mantuvo en La Plata), pero
lanzarse a un desafío electoral requiere además asegurar una logística,
recursos y una estructura para defenderse de los ataques que
seguramente se manifestarán. A fin de mes Massa calcula que sabrá con
exactitud si tiene o no la plataforma de lanzamiento que necesita y
desea.
Presión sobre Scioli
A un mes de la inscripción de alianzas y la determinación de
candidatos que deben probarse en las elecciones primarias, el
oficialismo no ha conseguido todavía definir quién encabezará su boleta
en la provincia de Buenos Aires. Es probable que, a la luz de la
decisión de Massa, se ejerza una fuerte presión sobre Daniel Scioli para
que él o su esposa, Karina Rabolini, defiendan el pabellón oficialista
en el distrito y encabecen una boleta llena de candidatos
incondicionales del poder central. Es que para el cristinismo los
comicios bonaerenses son decisivos: necesita cosechar allí los votos (y
las bancas) que no podrá lograr en otros distritos grandes (Capital,
Santa Fe, Córdoba, Mendoza) donde su derrota parece incontrastable. Y lo
cierto es que, tal como pinta el paisaje bonaerense, ese objetivo
parece difícil de alcanzar. Si se presenta Massa, entre él y Francisco
De Narváez (dos figuras con muchas semejanzas que, por lo tanto,
compiten entre sí) se repartirían mínimamente dos tercios de los
sufragios; el oficialismo tendría que pelear por el resto con otra
candidatura atractiva (Margarita Stolbizer seguramente liderará la
oferta de Frente Amplio Progresista), una puja en la que el reflejo de
la influencia de Scioli puede prevalecer, claro. Pero la mera
circunstancia de depender del influjo de Scioli es un trago amargo para
el cristinismo, que siempre lo hostigó y lo consideró sapo de otro pozo.
Si ese fuera el diseño de las ofertas políticas en la provincia de
Buenos Aires, podría afirmarse que el gobierno estaría derrotado ya
antes de la competencia.
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