La resurrección del comisario político
“No
me vengan con que nuestros tribunales, en su trabajo, se han de atener
exclusivamente a normas escritas ya existentes… estamos creando un
Derecho nuevo y normas éticas nuevas”.
Nikolai Vasilievich Krylenko, Comisario de Justicia Popular de la U.R.S.S.
Krylenko- un estalinista iluminado primero por la propaganda
soviética y finalmente por los fogonazos de los fusiles que lo
ejecutaron- creía fervientemente que las consideraciones políticas, más
que la culpabilidad penal o la inocencia, eran las que debían guiar la
aplicación de la pena. Es seguro que en los minutos de vida que le
quedaban frente al pelotón el camarada Krylenko no imaginó que, sesenta y
cinco años después de su ejecución, en la Argentina un grupo de
“hombres de leyes” de reivindicarían sus teorías.
Estos fulanos puestos por el poder político para “administrar
justicia” han reivindicado a Krylenko y creen, por fe o por cuenta
bancaria, que para llevar adelante los juicios de “lesa humanidad” es
improcedente atenerse “a normas escritas ya existentes”, por lo tanto,
desde el momento en que el presidente de la CSJN, Dr. Lorenzetti, afirmó
que los juicios de “lesa humanidad” son una “política de estado”, esta
definición fue la señal de largada para que los discípulos de Krylenko
pudieran pasar por sobre la Constitución y el Código Penal. A partir de
ahí, cualquier burrada jurídica de los tribunales que tuvieran que
juzgar a estos procesados “especiales”, por arbitraria que fuera, sería
válida aunque esto obligara a dejar de lado conceptos alguna vez muy
caros al derecho penal argentino: la presunción de inocencia, la
idoneidad de los testigos, y en especial el principio legal de que hacen
falta pruebas más allá de las dudas razonables para condenar.
Hasta ahí la teoría, “aggiornada” del camarada Krylenko que, vista en
perspectiva, no era totalmente útil para esta época ya que no se podía
usar los métodos complementarios a la misma que permitían obtener
rápidamente una confesión antes de condenar; métodos por demás
persuasivos ideados por un coetáneo de Krylenko, Feliks Dzerzhinsky. De
cualquier manera esto no tendría importancia, sobraba y sobra aún,
tiempo para la venganza, porque si de algo estaban seguros tanto los
amanuenses de la corte como los integrantes de los TOF -todos seguidores
de Krylenko- era que a partir del primer juicio jamás iba a salir de
allí un inocente.
La compra de declaraciones fraudulentas, el alquiler de testigos
falsos, la utilización de mentiras rebuscadas que una vez puestas al
aire eran creídas sin dudar por un pueblo adocenado, sustituyeron con
creces las duchas de agua fría, el torno sin anestesia en los dientes y
los cachiporrazos del camarada Dzerzhinsky.
La prueba piloto de la efectividad de estos manejos “judiciales” y de la utilización ad nauseam
de pruebas fabricadas y mentiras en cadena sería el paradigmático caso
del Padre von Wernich y su acusador arrepentido, Julio Alberto Emmed.
Julio Alberto Emmed era un agente de la Policía Bonaerense que se
hallaba preso, condenado por robo calificado, privación ilegal de la
libertad y uso indebido de uniforme, y que tenía como antecedente el
haber sido en su momento chofer del Comisario Etchecolatz. Mientras
cumplía su condena en Caseros contactó a los integrantes de la CONADEP
Susana Lía Aguad y Raúl Aragón que una vez escuchado su relato le
ofrecieron libertad, dinero y protección si declaraba contra el P. von
Wernich, cosa que, ante las promesas recibidas, hizo sin ningún tipo de
escrúpulos. Cuando pasado el tiempo, Aragón y Aguad no cumplieron la
parte económica del trato, Emmed decidió contar la verdad, primero, ante
el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y luego en el juicio a las
Juntas Militares, ambas veces bajo juramento. Allí declaró que había
mentido a pedido del Dr. Aragón. Fue devuelto a la cárcel y cuando
consiguió la libertad un oportuno balazo en la cabeza le evitó dar más
explicaciones de por que había mentido.
A Emmed siguieron otros- no muchos a decir verdad- que a cambio de
algunos denarios estaban dispuestos a recitar el guión que la CONADEP,
el CELS o la APDH les escribiera. Como estos “defensores” de los
derechos humanos eran más bien avaros y generalmente incumplían sus
tratos económicos, sus títeres “arrepentidos” se veían obligados a
echarse atrás en sus declaraciones -Vaello, Farías, Ingino y dos o tres
más son ejemplos de “arreglos fracasados”- lo que hizo que una vez
largada la temporada de caza de uniformados a partir de 2003 se dieran
cuenta que contratar presuntos “represores” como “ortibas” no era buen
negocio y optaron por apalabrar testigos ad hoc entre la gente
del palo. Gente que treinta años después de sus ordalías reales o
fingidas recordaban perfectamente modismos, timbres de voz y dichos a
través de las capuchas embreadas con que sus opresores les tapaban las
cabezas.
Mucho se ha escrito ya sobre la farsa que se repite con odio y sin
originalidad en cada juicio político contra los integrantes de las
Fuerzas Armadas y de Seguridad. Esto, contado como fábula podría
considerarse como una pieza de humor negro si no fuera que detrás de
cada uno de estos tribunales de la abominación y la discordia unos seres
rapaces, mediocres y malvados se arrogan las funciones de jueces,
jurados y verdugos y manejan como señores de horca y cuchillo la
libertad y la vida de aquellos que cometieron el crimen- porque estos
juicios solo tienen como fin considerar esto como falta inconcebible –
de haber luchado por la Patria.
