La reforma procesal penal de CFK marcada por la búsqueda de impunidad y votos
Una vez más la presidente sorprendió anteayer por la cadena oficial
al anunciar que enviaba al congreso el proyecto de reforma del Código
Procesal Penal. El mismo pasará a un sistema acusatorio pleno, es decir
que la investigación será potestad de los fiscales.
PRESIONE "MAS INFORMACION" A SU IZQUIERDA PARA LEER EL ARTICULO
Un campo que el
gobierno considera haber colonizado a través del trabajo de la
Procuradora General Alejandra Gils Carbó, que hasta llegó al extremo de
designar fiscales sin cumplir los requisitos legales de los acuerdos. De
este modo, el gobierno supone que en el fuero federal las 750 causas
por corrupción que involucran a funcionarios y ex funcionarios de la década ganada
estarán mejor controladas, ya que en Olivos crece la desconfianza hacia
un posible giro de varios jueces federales y la actuación de Ariel Lijo
en la causa Ciccone está lejos de satisfacer al kirchnerismo. La
realidad es que la nueva guardia de fiscales impulsados por Gils Carbó
se viene destacando muy poco en lo profesional. La Procuración descolló
últimamente justamente por perseguir al fiscal que pretendía investigar a
Lázaro Báez, es decir, José María Campagnoli, cuya remoción fracasó por
la presión de la opinión pública. El caso de la PROCELAC (Procuraduría
de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) es el paradigma del
esquema de fiscales que intenta montar el gobierno. Su titular, Carlos
Gonella, no sólo no imputó a Báez en una causa que se originó en la ruta
del dinero K a través de Leonardo Fariña y Federico Elaskar, quienes
lavaron millones de euros provenientes de la sobrefacturación de obras
públicas. La semana pasada, cuando fulminó ante las cámaras de
televisión al ex presidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega, la
presidente se refirió a Gonella como un miembro de su equipo y no el
integrante de un poder independiente, tal como es el Ministerio Público
según la Constitución Nacional.
Pese a ser ella una exitosa abogada, el proyecto que avaló
la presidente parece un catálogo de buenas intenciones. Por ejemplo, su
anuncio de que “la instrucción, que hoy tarda entre tres y cuatro años,
se realizará ahora en sólo un año, y el juicio oral deberá realizarse
entre cinco y treinta días de terminada la investigación”. Cualquier
abogado que circule por tribunales sabe que, con la actual
infraestructura judicial, esto será imposible. Y en cuanto a las
fiscalías, cuentan con recursos humanos y de estructura muy inferiores a
los juzgados, lo que podría producir una paralización masiva de las
causas. A menos, claro está, que se esté pensando en desmantelar a los
juzgados para potenciar las fiscalías.
Otros aspectos del proyecto, como imponer la prisión preventiva cuasi
obligatoria, tomar la reincidencia como antecedente para no otorgar la
excarcelación, etc., apuntan a todo lo contrario a lo que se establecía
en el proyecto de Código Penal, que se trabó a partir de la firme
oposición de Sergio Massa. Entre los aspectos oscuros del proyecto, está
el siguiente anuncio de CFK: “Para la prisión preventiva se va a tener
en cuenta la naturaleza y circunstancia del hecho, la conmoción social
que haya generado, lo que los abogados denominamos ‘strepitus fori’ o
“estrépito en el foro”. Tal como son hoy las cosas, parecería que la
prisión preventiva dependerá del rating que el caso tenga en la
televisión, un concepto altamente peligroso y arbitrario.
Más preguntas que respuestas
Estas innovaciones explican en parte por qué Eugenio Zaffaroni está
apurando su renuncia a la Corte Suprema, en vista de que el gobierno
abandona su escuela de pensamiento penal, acosado por la demanda social
de seguridad y, en cierto modo, de mano dura. En cuanto a la expulsión
de extranjeros que cometen delitos, es otra medida que se las trae. En
realidad, se beneficiará a los presuntos delincuentes, ya que no serán
procesados y se violará el principio de territorialidad, que establece
que los delitos que tengan lugar en el territorio nacional deben ser
juzgados en el mismo. En este marco de confusión y objetivos cruzados,
la presidente parece confluir con la posición histórica de Daniel Scioli
con respecto a la inseguridad y las últimas declaraciones criticas de
Sergio Berni, el secretario de seguridad, que también apunta en la misma
dirección, dejando descolocado en buena medida a Horacio Verbitsky y el
CELS. Este triunfo del sector no progresista del gobierno es hijo del
estado de necesidad de la presidente, que necesita que Scioli consiga la
mayor cantidad de votos posibles para que lleguen al Congreso más
diputados de La Cámpora. Aunque con el límite de que en realidad a ella
no le interesaría que el gobernador gane la presidencia, porque en el
peronismo nunca hubo lugar para dos jefes. Es dudoso que el futuro nuevo
Código Procesal Penal se traduzca en un cambio real inmediato que le
permita al oficialismo fortalecerse en las urnas. Más bien da la
impresión de que vamos hacia una larga etapa de adaptación a un sistema
para el cual la justicia no está suficientemente preparada ni equipada.
Otro punto a destacar es que, a la inversa de lo ocurrido cuando
anunció la reforma de los Códigos Civil y Comercial, la presidente se
lanzó esta vez al ruedo sin el aval de la Corte Suprema y no se descarta
que la corporación judicial empiece a mover sus hilos para tratar de
frenar el proyecto. Causó particular malestar entre los magistrados el
párrafo del discurso presidencial que señaló: “Este nuevo Código prevé
que si los fiscales, en su carácter de investigadores, o los jueces, en
su carácter de juzgadores, no cumplen con los plazos perentorios para
juzgar, para investigar, van a ser sancionados con sanciones graves, y
se sabe que tres sanciones graves, de acuerdo a la legislación vigente,
son causal de Jury para un juez y seguramente, cuando se modifique la
Ley del Ministerio Público Fiscal, serán causal de Jury para un fiscal”.
Fracasado el año pasado el proyecto oficial para democratizar la
justicia a través de la elección popular de los miembros del Consejo de
la Magistratura, Cristina parece ahora dispuesta a provocar un
tembladeral judicial de resultados impredecibles.
