Lo que ocultó el silencio de Cristina
por Eduardo van der Kooy
Algunas malas lenguas -las muy malas- vinculan la afonía y la
desaparición de Cristina Fernández de la escena por varios días con la
larga y complicada disputa con los fondos buitres. ¿Un reflejo, tal vez,
de su fatiga laboral?
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Según aquellos mismos intérpretes, habría que
indagar la explicación por otro lado: una somatización, en la jerga
psicológica, de la inquietud que le causaría a la Presidenta el empeño
de los buitres por escarbar en las rutas clandestinas del dinero K, que
tiene a Lázaro Báez como estandarte. Tampoco la suerte del empresario
patagónico la alcanzaría desvelar. El verdadero problema serían los
secretos financieros de la familia Kirchner que podrían salir a la luz
si los detectives contratados por los holdouts sacudieran las alfombras
de las sociedades fantasmas descubiertas en Nevada, Estados Unidos.
Entre tanto rumoreo intenso, a propósito, comenzó a circular uno que
estremece. Parte del dinero descubierto en
el exterior -afirman- podría corresponder a aquellos U$S 535 millones
pertenecientes a Santa Cruz, que Néstor Kirchner sacó de las arcas
provinciales antes que estallara la crisis del 2001.
El Gobierno se encargó de atizar esas dudas con el manejo desprolijo que
hizo del estado de salud presidencial. Esa es una cuestión que, con
altibajos, el kirchnerismo no logró resolver en una década. También
sucedió con las enfermedades del ex presidente. Cristina se recluyó
desde el viernes pasado. Según el parte médico, debía guardar reposo
durante 48 horas. Es decir, el fin de semana. Jorge Capitanich anunció
el lunes que la mandataria estaba "extraordinariamente bien". Ayer, sin
embargo, comunicó a primera hora que había decidido aplazar su visita a
Chaco. Horas después el portavoz, Alfredo Scoccimarro, dijo que ese
viaje lo haría, al final, mañana. Pero que suspendía el acto previsto
para hoy en La Plata, por el aniversario de las Madres de Plaza de Mayo.
Scoccimarro subrayó que la Presidenta estaba desde ayer desarrollando
tareas normales en la residencia de Olivos. Su agenda figuró todo el día
en blanco en el sitio
presidencial de internet. Al final apareció en un mensaje grabado por
cadena nacional para hablar del Código Penal. Un galimatías.
Las voces del poder que sustituyeron su silencio quizás hayan ayudado
poco a aplacar la faringitis presidencial. Las sombras de Amado Boudou y
de Báez envolvieron casi todo el discurso oficial. Julio Alak anotició,
por ejemplo, que en cualquier ministerio se suelen perder expedientes.
Un descubrimiento en la era de la informatización. Esa excusa pueril
tuvo una razón: la imposibilidad de negar que se esfumó de la Inspección
General de Justicia, que depende de su ministerio, un informe de 22
páginas sobre el caso Ciccone. Se trata del escándalo que tiene en jaque
desde febrero del 2012 al vicepresidente.
El micrófono fue ocupado más tarde por Ricardo Echegaray. Nadie
comprendió muy bien por qué el titular de la AFIP mechó el nombre de
Cristina con el de Báez, afirmando que no son socios, durante una rueda
de prensa convocada para hablar sobre una denuncia contra el empresario K
por la compra de facturas truchas. Aclaró, en cambio, que la Presidenta
y el constructor tendrían vínculos comerciales. A lo mejor, refirió al
alquiler de cientos de habitaciones -nunca ocupadas- que Báez hizo en
tres de los hoteles de El Calafate, propiedad de Cristina. Coincidencia o
no, los fondos buitres andan en Nevada detrás de esas posibles
conexiones.
El trabajo de esos extorsionadores sería de un celo profesional que
contrasta con la acostumbrada improvisación del kirchnerismo. Aquello de
la presencia de detectives que siguen las rutas del dinero clandestino K
no constituye una metáfora. Los holdouts contarían con la asistencia de
una agencia británica privada dedicada al descubrimiento del dinero
sucio. Habrían actuado, incluso, cuando los buitres presionaron al
gobierno de la República del Congo, en Africa, también por una deuda en
default impaga.
El mayor interrogante, con esa realidad a la vista, sería desentrañar
los motivos de la intervención de Echegaray. ¿Un pedido expreso de la
Presidenta? ¿Un error involuntario en medio de una aclaración embarazosa
sobre Báez? ¿O un mensaje intimidatorio hacia el interior del Gobierno,
donde el titular de la AFIP suma connotados enemigos?
No habría respuesta certera. Pero Echegaray no acostumbra, porque sí, a
arrojar cartas por el aire. Alcanza con un antecedente: cuando se creyó
rozado por el escándalo Ciccone no vaciló en ventilar el tráfico de
influencias de Boudou para que se permitiera, con un plan de pago
especial, el levantamiento de la quiebra de la imprenta.
El principal enemigo interno de Echegaray es ahora Axel Kicillof. El
ministro de Economía, en su trepada en el poder, pretende ocupar la AFIP
con tropa propia. Cuestiona, además, manejos de la entidad recaudatoria
con la operatoria del dólar ahorro. Por allí se siguen fugando, con la
perseverancia de una hormiga, los dólares que Kicillof no consigue en el
exterior y necesita para una economía que no logra abandonar su
tobogán.
El Banco Central, la UIF (Unidad de Información Financiera) y la
Comisión Nacional de Valores realizaron ayer un sobreactuado
procedimiento en las cuevas del microcentro para incautar dólares del
mercado ilegal. Al mismo tiempo, el sistema de la AFIP para la venta de
dólares ahorro dejó de funcionar.
El dilema de Kicillof continúa siendo la escasez de dólares. El swap
firmado con China nunca se termina de activar. El progreso de la
relación con la Rusia de Vladimir Putin está por el momento
circunscripta a la televisión. El ministro mendiga anticipos a los
exportadores de cereales.
Así las cosas, Kicillof teme que en algún momento deba aflojar la
tensión con los fondos buitre. Pero esa tarea se torna cada vez más
difícil e incierta en la medida que los holdouts continúen dispuestos a
divulgar la corrupción kirchnerista en el exterior. También la misma
realidad podría mirarse desde otra óptica. Las denuncias que van
aportando los buitres quedarán en la nada si Cristina decide terminar el
año que viene con el pleito.
La oposición hizo poco y nada con el entramado de esa historia
misteriosa. Recién en las últimas horas se conoció una gestión de
Margarita Stolbizer. La diputada bonaerense del GEN (dentro de la
alianza del Frente Amplio y UNEN) presentó nuevas pruebas en Uruguay que
demostrarían vínculos entre empresas de Báez radicadas en esa nación y
otras en nuestro país y en el extranjero. En Montevideo, la jueza en lo
Penal, especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos,
sustancia dos causas por lavado de dinero que involucran al empresario
patagónico. Esos trámites están paralizados porque desde hace un año y
medio la justicia argentina no responde sus exhortos. La magistrada está
dispuesta a insistir.
Stolbizer llevará la misma información a Suiza, donde los buitres
habrían hallado un giro de Báez de U$S 65 millones distribuidos en tres
bancos.
Ninguna de aquellas novedades parece conmover a Sebastián Casanello. El
juez conduce las investigaciones sobre el empresario K y el presunto
lavado de dinero. Pero lo hace a su ritmo, perezoso, sin preocuparse por
la ampliación de informaciones que requieren Suiza y Uruguay. No está
en ese lugar de la Justicia por casualidad.