Nicolás Maduro asumió la presidencia
de Venezuela, apoyado por un grupo de presidentes ideológicamente afines y
comercialmente aliados entre los que se cuenta la Argentina, a pesar de que
estaban pendientes de auditar miles de acusaciones y observaciones al cerrado
resultado electoral obtenido en las urnas. Hecho esto, se dedicó con vigor a evitar que la auditoría o los
recuentos se llevaran a cabo, sin
escuchar el clamor de, al menos, la mitad de los venezolanos y su líder,
Henrique Capriles.
El último capítulo de esta
historia se desarrolló en el Parlamento venezolano cuando los legisladores opositores
pidieron la palabra para denunciar estas acciones. Simplemente, el oficialista presidente
de la Asamblea Nacional les negó la palabra, les quitó el micrófono y les
impidió expresarse, como paso previo a cerrar las puertas del recinto para
permitir que diputados y diputadas opositores fueran golpeados con salvajismo
hasta producirles variadas lesiones.
El silencio de los gobiernos
democráticos de América del Sur ante este atropello es ominoso. Para Argentina,
la realidad de Venezuela va señalando lo que nos espera en el futuro inmediato,
así como la eterna dictadura cubana nos
marca adonde nos lleva el final del camino, si permitimos que el actual
gobierno continúe burlando la Constitución y acallando las voces opositoras, cerrando
los micrófonos metafóricos representados por las múltiples formas de expresión
sobre las que se pretende imponer el discurso único y sin disidencias.
El embate sobre la justicia
que viene de la mano de las leyes mal llamadas de “democratización” continua
imperturbable sin atender a las voces de la oposición, los expertos y los mismos
funcionarios judiciales. Esta semana, la exhortación para frenar la reforma judicial
llegó nada menos que desde las Naciones Unidas, cuya Relatoría sobre la
Independencia Judicial, instó a detener este proceso, recordando que la independencia
de la justicia es esencial para la democracia. El gobierno argentino, lejos de
atender con mesura esta observación, reaccionó a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores con una enérgica protesta que incluyó una severa crítica
a la organización y sus funcionarios. Lo paradojal es que es el mismo gobierno
que ha instado una y otra vez a cumplir
las exhortaciones de la ONU en distintos litigios y que ahora se revuelve
indignado sin atender razones cuando el mensaje no es de su agrado.
El problema es que no hay
manera de que la elección de los jueces del Consejo de la Magistratura a través
de los partidos políticos sea aceptada por ningún organismo serio, pues no solo
se opone a lo dispuesto en la Constitución Nacional sino a los conceptos
universales de la independencia judicial. Si a pesar de ello esta ley se
promulga, es porque existe el deliberado deseo de chocar con los seguros fallos
de inconstitucionalidad y confrontar con
el corazón mismo del poder judicial.
Hemos visto reiteradamente que
la estrategia del gobierno cuando la realidad se contrapone a sus deseos, tiene
sus fases. Comienza por ocultar esa
realidad, continua deformándola bajo un manto de mentiras y termina, cuando la
situación es insostenible, cortando los micrófonos de cualquier manera. El ejemplo más evidente fue el implementado contra los
medios de comunicación independientes que no forman parte del 94 por ciento que
responde al gobierno. En este caso, luego de pretender apoderarse de las
fuentes de suministro de papel, de amedrentar a los periodistas, de acusar de
apropiación de menores a los dueños de los medios, de negarles la publicidad
oficial y presionar para privarlos de la publicidad privada, el oficialismo se
aferró al recurso de promulgar una ley a medida, para desarticular a los que
todavía no se rindieron. Si aún no lo consiguió,
como ya lo hicieron los maestros venezolanos que acaban de apoderarse del último canal de televisión
independiente, fue por las medidas cautelares atendidas por la justicia que
forman parte de los recursos que
perderán vigencia si se permite avanzar a la actual reforma judicial.
Pero no solo a los medios se
le quitan los micrófonos sino también, y muy especialmente, a las distintas
expresiones políticas opositoras. La Ley
26.571 del 2009, modificatoria de la ley de partidos políticos y curiosamente también
mal llamada de Democratización de la
representación política, impone que la publicidad electoral para las elecciones
primarias quede reducida a los 20 días anteriores a la fecha de la elección y
finalizada 48 horas antes del acto eleccionario (o sea solo 18 días de
publicidad). Además la ley prohíbe a las agrupaciones políticas “contratar en
forma privada publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora
abierta o por suscripción para las elecciones primarias” quedando limitadas a
lo poco y mal que otorga el Estado. Estas enormes limitaciones no impiden que
el gobierno haga uso desembozado de los programas que mantiene en exclusividad con fondos de los contribuyentes,
como las trasmisiones de fútbol y automovilismo, sin contar con la frecuente e
injustificada utilización presidencial de la cadena oficial.
El diputado De Narváez, se
permitió iniciar una campaña publicitaria en que expresaba su opinión acerca de
la situación de los ciudadanos frente a la presidente, que acaba de ser
prohibida por la justicia electoral ante una denuncia del oficialismo. Esta
evidente disparidad de posibilidades forma parte de la estrategia de cerrar los
micrófonos a quienes opinen distinto utilizando la ley cuando conviene o rechazándola cuando no se rinde a la
presión oficial.
En la misma línea, está la
limitación para postular candidatos al Consejo de la Magistratura a los partidos
que no se presenten con la misma agrupación o alianza en al menos 18 distritos
(provincias) como impone una de las leyes de reforma judicial. ¿Por qué 18 de
las 24 y provincias y no las 5 necesarias
para ser partido nacional? ¿O por qué no 13, que son la mitad más una?
Simplemente para evitar que la oposición o buena parte de ella puedan presentar candidatos. De lo que
se trata no es de disputar en democracia con reglas de juego claras y justas
sino de retener el poder de cualquier manera y, si es posible, quitarle a la
oposición o a quien piense distinto toda posibilidad de hablar y competir.
Lo que ni siquiera la posesión
del micrófono puede evitar es que se sepa que el dólar llega a pagarse 10 pesos
en la calle y que la inflación sigue devorando los salarios impulsada por
múltiples factores, muchos de ellos, como los peajes, los impuestos y los combustibles,
manejados por el mismo gobierno. Las
divisas vienen disminuyendo desde un máximo de más de 52.000 millones de dólares
a los escasos 39.500 del presente y la AFIP, en su afán recaudatorio, ha
llegado al extremo de presumir que quienes tienen un ingreso mayor de 500.000
pesos de ingresos anual tiene por fuerza
que estar ocultando a su servicio doméstico o probar lo contrario. Para el
común de los ciudadanos le dejo la pequeña satisfacción, ante esta arbitrariedad, de que en esa
franja de ingresos están la totalidad de
los diputados y senadores y la mayoría
de los Ministros y Secretarios de Estado.
¿Pagarán o encontrarán la forma de estar eximidos?
La falta de fondos ha llevado al
gobierno a quitar los subsidios en forma selectiva a aquellos con quienes tiene
menos compromisos y que no poseen forma de hacer saber su penuria, situación en
la que entran muchos sectores de servicios. Una de estos casos es la distorsión
que se ha creado entre los precios de los vuelos altamente subsidiados de
Aerolíneas Argentinas y los de las empresas de transporte terrestre de larga
distancia. La consecuencia inmediata es larga huelga de micros de larga
distancia que tiene parados a miles de pasajeros ante la imposibilidad de las
empresas de otorgar los justos aumentos reclamados por los choferes. El
gobierno pretende resolver estas cuestiones en forma autoritaria pero cada vez
le resulta más difícil pues su causa está en las falencias básicas del modelo. De
seguir así la inmovilidad del Estado ante los problemas económicos, la
posibilidad (no deseada) de una devaluación se va tornando ineludible para
antes o inmediatamente después de las elecciones.
En
medio de estos conflictos que
se sienten en el bolsillo, las noticias que ya no pueden ser censuradas
vinculadas a la corrupción de los dueños y los amigos del poder irritan
como nunca a la opinión pública. A pesar de los intentos
por circunscribir el alcance de las denuncias de uno de los últimos
grupos periodísticos
independientes a personajes secundarios, finalmente el fiscal Marijuán
imputó
al empresario Lázaro Báez y a sus allegados y criticó duramente a su
antecesor
por la falta de acción eficaz ante las denuncias. La presidente, por su
parte,
exhibió como un gran triunfo que la justicia italiana le dio la razón
en un juicio iniciado
contra el diario Corriere de la Sera por decir que había concurrido a
una joyería
durante una visita oficial a Italia. Ahora
bien, si cuando fue acusada falsamente reaccionó rápido e hizo juicio,
¿qué
tenemos que pensar de las denuncias mucho más graves que ignora por
completo?
El periodista Lanata la desafió en público a que desmintiera lo que
estaba
denunciando y solo recibió por respuesta el silencio. Las sospechas de
que las
denuncias tienen sustento se fortalecen por estas reacciones dispares y
por el inicio de causas en Suiza que apuntan sobre los mismos actores.
Al gobernador Scioli le
devolvieron el micrófono por un rato para que apoyara públicamente la reforma
judicial de la presidente, encabezando una reunión del partido
justicialista. Esa declaración sepultó
sus posibilidades de ser percibido como una alternativa a tanta miseria
republicana pero enseguida recibió avales del gobierno nacional para endeudarse
y cerró su ecuación. Luego volvió al silencio. Sin embargo van abriéndose
camino otras alternativas, tanto justicialistas como de otros sectores de
oposición, que ganan espacio ante la sed
de representación ciudadana. Solo esperamos que no nos quiten en esta desigual
batalla los últimos micrófonos disponibles,
aunque seguro no faltarán cuando el presidente Maduro visite la Argentina luego
de haber pasado por Cuba y se sume a los festejos previstos por la imposición
de la reforma judicial. Allí sí que podremos celebrar un réquiem por el
micrófono opositor.
Un abrazo para todos.
Juan Carlos Neves, Presidente
de Nueva Unión Ciudadana
Twitter @Neves JuanCarlos
