La contraofensiva judicial del gobierno en Nueva York
Una cortina de humo para politizar la crisis.
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El gobierno montaría una contraofensiva estratégica (siguiendo la
tradición de Montoneros) que consta de dos planos. El primero, el
jurídico, es reiterar el pedido de remoción del mediador Daniel Pollack
por favorecer a los buitres y no ser imparcial. Después seguirá atacando
al juez Griesa, aunque en este caso no tiene ningún recurso para
apartarlo pero seguirá denostándolo como pasa hasta ahora. Y quizás
interponga una demanda civil, no se sabe si en nuestro país o en los
tribunales de Nueva York. También hay un proyecto para accionar contra
el New York Bank Mellon por incumplimiento de pago a los bonistas que
entraron al canje, aunque seguramente con pocas posibilidades de éxito.
Lo que se está discutiendo es que ya que el país entró en default se
podría especular sobre un cambio de jurisdicción a Luxemburgo, Londres o
Tokio (si estas capitales financieras lo aceptan). Se trata de una
hipótesis bastante improbable porque el default no modifica la
jurisdicción. Si se aceptara un precedente de este tipo, se estaría
favoreciendo que se utilizara el default para escapar a la jurisdicción
pactada, que contempla justamente los casos de incumplimiento.
Las otras denuncias
Como dijimos en notas anteriores,
Cristina habría decidido no pagarle a NML ni a Aurelius o cualquier
otro de los beneficiados por la sentencia de Griesa, porque considera
excesivo el monto y no porque se dispare la cláusula RUFO, que usa como
excusa para no pagar. De modo que si este default es temporario, como
quieren creer los mercados, y el 1 de enero ella estaría dispuesta
pagar, todo se podría manejar, porque los bonistas reestructurados es
difícil que usen la aceleración de los pagos totales de los bonos. Pero
esta salida razonable no está en la cabeza de la presidente ni de Axel
Kicillof. De ahí que estén dispuestos a hacerle caso a Eugenio
Zaffaroni, presentando una demanda civil contra Griesa y Pollack e
intenten cambiar de jurisdicción a Europa o Japón. En realidad, lo que
trata el gobierno es dejarlo al juez Griesa sin posibilidad de impedir
cualquier pago a los que entraron al canje.
La otra alternativa es la que sugirió Roberto Lavagna: pagar en la
Comisión de Valores de Buenos Aires. Una opción difícil de lograr,
aunque la avidez por cobrar motive a los bonistas. Pero dejaría el
antecedente para otros compromisos del gobierno en la plaza de New York,
como los contratos con Chevron y los reclamos contra Argentina en el
CIADI.
La otra denuncia se presentaría ante de la SEC de New York, para que
informe quién compró lo seguros contra default, a sabiendas de que ese
registro es reservado. La maniobra sólo tiene por objeto desbaratar las
recientes declaraciones de Matías Garfunkel, quien dijo que Kicillof y
otros funcionarios compraron esos seguros. De ahí que necesiten una
declaración oficial de que ningún funcionario compró los seguros, aunque
será difícil que lo consigan.
