Nos hemos “chavizado”.
Cristina
Fernández en su desesperación por “superar la etapa hasta enero 2015” no
encontró mejores medidas que “chavizar” o,
mucho peor aún, “madurizar” la
Argentina. Para este menester cuenta con tres obsecuentes dignos de la escuela
gramsiana más abyecta. Kicillof, Zannini y Capitanich son sus espadas, y hasta
se aleja de aplaudidores consuetudinarios como Kunkel y Diana Conti. El más
rancio cristikirchnerismo comienza a desgajarse ante el ambate de desesperanza
que emite casi cotidianamente la Presidente.
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La Ley de
Abastecimiento que impulsa el kirchnerismo para tratar de controlar la
inflación en el país recuerda a la ley de Precios Justos que impuso el chavismo
en Venezuela sin resultados visibles. En el país de Hugo Chávez las amenazas
contra las empresas (muchas veces claramente visibilizadas como electoralistas)
tuvieron idas y vueltas que se aquietaron el año pasado con un gesto de Nicolás
Maduro. Sin embargo, luego los saqueos a cadenas de electrodomésticos por orden
de Nicolás Maduro a través de la TV en noviembre del año pasado volvieron a
poner en la picota los intentos del gobierno chavista de mantener a raya a los
mercados. ¿Será que el ADN K busca clonarse una vez más con trazas del
chavismo? “Lo que sucedió en Venezuela y lo
que aún no sucede en la Argentina”. Una serie de
atributos y normativas que traerían consigo la Ley de Abastecimiento que
impulsa el cristikirchnerismo son señaladas por el diario “La Nación”: “1.- Se amplía la aplicación de la
normativa a todas las actividades económicas (incluidas actividades
recreativas). En cambio, el texto actual limita la competencia a "la
compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios" que
satisfaga directamente o indirectamente necesidades comunes o corrientes de la
población. 2.- La Secretaría de Comercio, que oficia de
autoridad de aplicación, tendrá más atribuciones legales para controlar
precios. Los gobernadores y el Jefe de Gobierno porteño quedan autorizados a
fijar precios máximos. 3.- Para casos de reincidencia
se establece la "clausura definitiva" para subas de precios no
justificadas, acaparen materias primas o productos, discontinúen abastecimiento
regular en zona o ramo comercial o no produzcan bienes dentro de márgenes de
precios y utilidad fijados por la autoridad de aplicación. 4.- Las empresas primero deben pagar la multa y luego apelar ante
la Justicia, en caso de querer hacerlo. 5.- Se elimina la pena de
cárcel para los infractores. Las clausuras pueden ser por 90 días y las multas
tienen un nuevo tope de $10 millones.”
“6.- La aplicación de multas podrá
ser contra empresas y sus directivos. 7.- En caso "de ser necesario", el Estado podrá
intervenir en los procesos económicos de cualquier empresa para fijar márgenes
de utilidad, niveles de precio (máximos, mínimo y referencia) y volúmenes de
producción. Queda habilitado para manejar indirectamente compras y ventas de
compañías. 8.- El Estado puede suspender concesiones,
beneficios fiscales o créditos especiales a privados. 9.- Las autoridades quedan facultadas para incautar, consignar y
vender bienes y servicios sin juicio de expropiación. 10.- Se abre la posibilidad de que la autoridad de aplicación
pueda requerir a las empresas "toda la documentación relativa al giro
comercial". Es decir, potestad de solicitar documentos contables y
comerciales.” En observancia de esas condiciones previstas, los
temores sobre lo que se puede desencadenar en el país se pueden conseguir
haciendo una mirada abierta sobre lo que ha sucedido en otros lugares y otras
ocasiones y el ejemplo más cercano (espacial y temporalmente) se encuentra en
Venezuela. La Argentina no es Venezuela, aunque en vistas de las condiciones
populistas berretizados y seudo progresistas del gobierno de uno y otro país,
es innegable que en el ADN K hay algunas marcadas trazas de chavismo que
eventualmente podrían delimitar paralelismos válidos. Al igual que en
Venezuela, la Argentina busca contener la inflación (sobre todo en los
productos alimenticios) aun cuando esa inflación es producto de sus propias
medidas para aumentar el consumo. Como fuera, en Venezuela las primeras medidas
fuertes para tratar la inflación desbocada tuvieron que ver con apuntar
directamente contra Polar, una empresa líder en la producción de alimentos en
Venezuela. En Mayo del 2010 Chávez comenzó a amenazar a Polar con la
nacionalización total. Ayer Cristina Fernández pidió la Ley Antiterrorista para
los empresarios estadounidenses de la imprenta cerrada. Cuyo mayor accionista
es “Socio de YPF” en varias
explotaciones y en Vaca Muerta.
Finalmente, frente al fracaso de sus
intentos de controlar el proceso inflacionario, en julio de 2011 fue publicado
en Gaceta Oficial N° 39.715, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Costos y Precios Justos (en adelante, “LCYPJ”) y su entrada en vigencia será
una vez transcurridos 90 días hábiles contados desde la fecha de publicación.
El objeto de esta Ley fue establecer las regulaciones, así como los mecanismos
de administración y control necesarios para mantener la estabilidad de los
precios de bienes y servicios. La búsqueda del gobierno
venezolano no dio resultado y luego de la muerte de Chávez, ya con Nicolás
Maduro en el gobierno, los controles de precios siguieron sin aplicarse. Maduro
hizo las paces con Polar: el gobierno autorizó un aumento de 20% en los
precios de productos clave de la canasta alimentaria como pollo, carne de res y
lácteos, que son controlados por el Estado. Se trató de un reconocimiento
implícito de que los controles de precios que buscaban contener la inflación
han impedido que los proveedores cubran sus costos y, por lo tanto, afectaron
la provisión de alimentos. Sin embargo, la conflictividad siguió estando
presente, porque la voluntad chavista de controlar los mercados estaba
intacta. Sucedió que en noviembre del 2013 se desencadenó en Valencia,
Venezuela, un saqueo contra una cadena de comercialización de electrodomésticos
a raíz de una serie de declaraciones del presidente Maduro, que señalaba a la
cadena e invitaba a saquearla por los movimientos de dólares que hacía la
cadena en el mercado del dólar, algo que el gobierno interpretaba que
repercutía en la inflación. Las acusaciones apuntaban a responsables de
tiendas que venden productos importados con divisas proporcionadas por el
Estado, en el marco de un control estatal de divisas en vigor desde 2003 que
sitúa en la actualidad la tasa oficial en 6,30 bolívares por dólar, pero que a
la hora de fijar precios al consumidor aplican la cotización del ilegal mercado
negro donde la divisa es ocho veces más cara.
Ello, añadió Maduro, ha repercutido en la inflación, que acumula un alza de un 45,8 % en los primeros diez meses del año y de 54,3 % entre octubre de 2012 y el mismo mes de este año. El jefe de Estado pidió a los compradores no desesperarse y garantizó que las ventas "a precios justos" se mantendrán de manera permanente, lo que hizo desistir a compradores de seguir en las kilométricas colas que se habían formado en tiendas investigadas. El presidente venezolano anunció adicionalmente el bloqueo de sitios de internet que exhiben cotizaciones del dólar y el euro al margen de las tasas oficiales fijadas en el marco del control estatal de divisas. Adicionalmente, en abril de este año el gobierno de Nicolás Maduro volvió a reflotar sus embates contra las empresas comercializadoras de alimentos. ¡A muy grandes rasgos el panorama en Venezuela (que no es Argentina) podría indicar el camino que seguiría el cristikirchnerismo si la situación se sigue complicando y avanza con su ley de Abastecimiento! En nombre de Chávez y Moreno, Costa no negocia la ley “Antiempresas.” El Secretario de Comercio, Augusto Costa, se quejó anoche de la UIA porque “decidieron que les parecía todo mal”, con respecto a la nueva Ley de Abastecimiento. La reunión ya estaba destinada al fracaso porque no hay visos de cambios por parte del Gobierno y la UIA enviaría sólo equipos técnicos. Rompiendo puentes de diálogo, Costa concluyó que los empresarios querían “instalar angustia y temor” en la población. Los industriales dicen que Costa les dijo que no se aplicaría la norma como hizo Venezuela, reconociendo la autoría intelectual del proyecto –el otro es Guillermo Moreno- por lo que se le preguntó por qué sancionarla entonces. El objetivo del Gobierno sería las alimenticias, con el objetivo de controlar la inflación y en otro orden grupos económicos nacionales como Clarín o Techint, y todas aquellas empresas que se oponen al modelo cristinista. Con el rechazo casi unánime de la oposición, los industriales preparan nuevos encuentros para cerrar filas entre las entidades empresarias y dar la batalla en el Congreso, donde se pondrá a prueba la lealtad de los gobernadores que adhieren al Gobierno nacional. Julian Álvarez, secretario de Justicia,
se enojó mucho con Sergio Massa este
viernes (15 de agosto) y en una entrevista radial calificó de irresponsabilidad
sus críticas hacia el proyecto que reforma la Ley de Abastecimiento de 1974-y
que amplia descomedidamente las facultades ya de por sí muy amplias de aquella
ley- y que da más poder de control al Gobierno nacional sobre las empresas.
Massa había dicho que gracias a esa normativa, inspirada en el “Plan de Desarrollo Endógeno Bolivariano”
de Hugo Chávez, aquel país había
sufrido el insólito desabastecimiento de papel higiénico. Costa tuvo anoche (14
de agosto) una reunión con el equipo técnico de la UIA, porque los integrantes
de esa entidad decidieron dejar de lado las negociaciones con Costa ante la
falta de interés del Gobierno a retocar la normativa de tinte chavista y buscar
adhesiones para dar la batalla en el Congreso. El nuevo secretario de Comercio
rompió puentes de diálogo, al advertir que la UIA está “usando de manera malintencionada”
la oposición a las reformas de la ley de Abastecimiento para “instalar angustia y temor” en la población. “Les propuse discutir artículo por
artículo el proyecto sobre ley de Desabastecimiento y dijeron que la norma, que
es de 1974, está toda mal, y se negaron a discutirla”, se quejó el
funcionario. “Se deduce que están en contra de la vigencia de esa norma”,
concluyó. El proyecto del cristikirchnerismo que reforma la Ley de
Abastecimiento para aumentar el control sobre las empresas privadas y otorgarle
amplias facultades a la secretaría de Comercio para establecer un gran número
de sanciones, cosechó el rechazo entre los industriales y el arco opositor. El
12 de agosto en una reunión de junta directiva, la UIA planteó su oposición a
la iniciativa, a la que calificaron de una "verdadera estatización del
mercado". La Copal envió una misiva a los legisladores donde
advirtió sobre el impacto que el proyecto tendrá –de convertirse en ley- sobre
la producción y la inversión, así como en el empleo. Ese camino será el que
reforzarán los industriales con opositores políticos. La norma tiene varios
propósitos para el Gobierno: primero puede meterse con las alimenticias y así
controlar los precios para contener la inflación. El 2014 iba a ser el año en
que Kicillof se abocaría a ese tema, pero ya pasó medio año y no logró nada. Luego
será una herramienta de presión y disciplinamiento para los grupos empresarios
díscolos que cuestionan al oficialismo, especialmente Clarín y Techint.
La reforma tiene la
declarada inspiración del “Plan de
Desarrollo Endógeno Bolivariano” del modelo de Hugo Chávez con fuerte intervención
estatal en las compañías y terminó con resultados funestos: cierre de 4.000
empresas fabriles, desabastecimientos populares y una brecha cambiaria del 1.200%,
recuerda este viernes 15 el periodista Marcelo Bonelli en su columna de Clarín,
quien afirma que Cristina Fernández habría consultado en secreto sobre la
estructura del programa a Guillermo Moreno.
Los primeros datos los aportó Héctor
Méndez y, después, el vice Adrián
Kaufmann Brea confesó lo siguiente: “Tengo información precisa y
testigos de que Cristina llamó a Moreno para hablar del proyecto”.
Moreno le otorgó desde Roma un aval a la gestión de Axel Kicillof, a quien ahora
considera un buen heredero de sus políticas económicas. Moreno también
aprovechó los contactos con la Presidenta para pedir un apoyo político y frenar
el avance de las causas judiciales en su contra, asegura el periodista. El
ministro Kicillof utilizó los aportes de Moreno y completó la letra del
proyecto intervencionista con la colaboración del camporista Julián Álvarez, quien sugirió
copiar buena parte de los lineamientos del chavista Plan de Desarrollo
Endógeno. Augusto Costa –por orden de
Kicillof– intentó frenar la escalada de los hombres de negocios. Los reunió y
les dijo: “No está en nuestro espíritu aplicar la ley como hizo Venezuela.” Méndez,
furioso, respondió: “¿Y entonces para qué la quieren aprobar?”.
Los empresarios ya se olvidan de poder dialogar con el Gobierno sobre la norma.
De hecho la Copal envió una carta a los legisladores para cuando se trate en el
Congreso el proyecto. Las otras entidades empresarias blindarán el apoyo de los
políticos opositores y lo exhibirán en actividades públicas. Luego trabajarán
en los diputados y senadores. El vice de la UIA ya tuvo encuentros con varios
algunos senadores, en la Cámara alta ingresó la iniciativa. También hubo
contactos con los presidenciales Daniel
Scioli, Mauricio Macri y Sergio
Massa para que se definan sobre el proyecto oficial. Sólo Scioli
estaría faltando que se pronuncie. ¡Por lo pronto, CAME convocó a todos los
candidatos presidenciales a exponer en el Día de la Industria!
En el Congreso el tema serán los
votos en el Senado. En la última etapa de gobierno cristinista en retirada
muchos gobernadores con representantes allí no quieren quedar pegados a una ley
polémica que les ganaría el descontento de los empresarios. Ley
antiempresa : Massa recordó
cuando Venezuela se quedó sin papel higiénico El proyecto para reformar la Ley de Abastecimiento "tiene una serie de errores que pueden
producir más daño", señaló el líder del Frente Renovador, Sergio
Massa. "No es atacando a las grandes
empresas o a las pymes como se va a defender el trabajo en este momento",
dijo antes de recordar el caso de Venezuela. El
diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, dio una visión general de
cómo está la Argentina y de los problemas estructurales por los que atraviesa,
haciendo hincapié en el proyecto para reformar la Ley de Abastecimiento. "Creo que varias de las cosas que se
plantean hoy en el país son aparte de los problemas estructurales de la
Argentina: las cuestiones de incertidumbre generaron un freno en el empleo, un
freno en la inversión y una caída del nivel de actividad del rubro
servicios", aseguró el tigrense. Según Massa, en los últimos meses se
evidencia una caída en las zonas comerciales y advirtió que cuando se produce
un freno en esa área, se traduce en un freno en la economía de los barrios, que
"tiene que ver con la perdida de
tracción del PBI por la falta de inversiones". En
declaraciones a radio “Mitre”, el
legislador que aspira con muchas razones a ocupar la presidencia, dijo que a
esos problemas "hay que sumarle la
tensión cambiaria, el crecimiento de la inflación, más la situación de
creciente emisión monetaria y la reforma de la Ley de Abastecimiento". El paquete de proyectos "puede ser útil como herramienta de los
consumidores, pero claramente la Ley (de abastecimiento) tiene a nuestro
entender una serie de errores que pueden producir más daño".
"No es atacando a las grandes empresas o a las pymes cómo se va a defender el
trabajo en este momento; el desafío del Estado tiene que ser revisar cada una
de las cadenas de valor y ver dónde tiene más presión tributaria". A su entender, "este es un
tiempo donde el esfuerzo lo tiene que hacer el Estado y no aumentar la presión
tributaria ni el intento de injerencia sobre la economía". "Nosotros
estuvimos analizando el texto del proyecto y nos encontramos con similitudes
con lo que fue en su momento el plan de desarrollo endógeno venezolano, que
tenía como idea tratar de regular y avanzar sobre las distintas cadenas e
industrias", advirtió. "Lo mejor es sobre
las experiencias que existen en el mundo, tomar los resultados; pero el
resultado en Venezuela fue la expropiación de 1194 empresas, el cierre de
industrias". Recordó
así el faltante de papel higiénico, situación que recorrió el mundo. "Sobre las
experiencias que no funcionaron lo único que uno tiene que hacer es aprender de
los errores, y el desafío por delante al Gobierno es tratar de facilitar el
funcionamiento de la economía, y no entorpecerlo", concluyó. Ayer jueves (14), el Secretario de Comercio, Augusto
Costa esperaba a los industriales para seguir discutiendo la letra de la
nueva Ley de Abastecimiento que aumenta los controles sobre las empresas. Pero
sufrirá un desplante por parte de los empresarios que decidieron mostrar su
rechazo a la norma con el envío de equipos técnicos a la reunión. Ocurre que el
joven funcionario que reemplazó a Guillermo
Moreno en su puesto ya ha dicho que no puede hacer mucho más
en cuanto a la redacción del proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Los
industriales ya piensan que será el Congreso el ámbito donde se define el
futuro de la iniciativa, especialmente porque el Gobierno nacional está
apurando la sanción de la ley. Seguirán así los pasos de la Copal que ya envió
una carta a los legisladores donde les piden por su rechazo a la ley.
Según el diario
paraoficialista “BAE”, los
industriales además analizan pedirle al ministro de Economía, Axel Kicillof, una reunión en la
sede de la UIA para “hablar de cuestiones técnicas y políticas”.
También afirma que “se paró” un
comunicado crítico hacia el proyecto de ley con la idea de no cortar el diálogo
abierto con el Gobierno. En estricto off the record, uno de los integrantes de
la mesa chica de la central manufacturera afirmó que “existen varias alternativas para enfrentar este proyecto, pero
antes queremos hablar con el Gobierno e intentar un acuerdo”. A los
reclamos de la UIA y la Copal, se sumaron en las últimas horas con fuertes críticas
la Asociación Empresaria Argentina (AEA); la Sociedad Rural (SRA) y la Cámara
Argentina de Comercio (CAC). Aunque no emitieron comunicados, el resto de las
entidades empresarias también manifestó su repudio a la iniciativa, que ya
tiene ingreso en las comisiones de Derechos y Garantías; Industria y Comercio y
Justicia del Senado, aunque sin fecha para su tratamiento. Los empresarios
insistirán con gestiones ante los legisladores, tal como lo hizo Copal con la
carta que envió a ambas cámaras y a las comisiones, indicó el diario “El Cronista”. También podría haber un
encuentro del Grupo de los 6 (G6) en los próximos días. De hecho, los abogados
de las entidades del grupo analizaron ayer los proyectos en un encuentro
reservado. El proyecto termina dando un gran poder al Gobierno sobre los
negocios de las compañías, por eso algunos empresarios plantean pedir la
inconstitucionalidad de la ley, aunque ésta sólo puede plantearse una vez que
la sanción esté firme. La
Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) sumó este jueves (14) su rechazo al
proyecto de reforma de la Ley de abastecimiento que impulsa el Gobierno
nacional. Asimismo, solicitó a las autoridades que "convoquen al
diálogo" a los sectores productivos.
Recordemos que ya
habían expresado su rechazo a esta iniciativa, que ya tiene ingreso en las
comisiones de Derechos y Garantías; Industria y Comercio y Justicia del Senado,
aunque sin fecha para su tratamiento, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la
Copal, además de la Asociación Empresaria Argentina (AEA); la Sociedad Rural
(SRA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) (ver nota relacionada). Adeba
consideró que "la intervención del Estado en el mercado
interno atenta contra principios constitucionalmente consagrados como el de
libre empresa y la propiedad privada". Además, alertó que la
intervención estatal sólo desalienta la inversión privada, situación que genera
desabastecimiento, racionamiento, insuficiencia de oferta y "mercados negros". También, los banqueros privados
nacionales solicitaron al Gobierno "que convoque al diálogo de los
sectores productivos, trabajadores y empresarios, para encontrar en conjunto
fórmulas de consenso que aseguren la continuación del ciclo de crecimiento
económico con inclusión social". En un comunicado, Adeba señaló
que "este tipo de iniciativa trae como consecuencia efectos totalmente
opuestos a los perseguidos, ya que la intromisión del Estado en áreas y
funciones que no son de su competencia, termina por inhibir la inversión
privada, desabastecer los mercados y promover la aparición de mercados ilegales
con precios superiores a los regulados". Al respecto, la
entidad planteó que la experiencia internacional "demuestra claramente que los mercados funcionan satisfactoriamente
en los países en los que el Estado no los interviene y que, por el contrario,
en los países en los que hay intervención, abundan mercados desabastecidos, el
racionamiento, la insuficiencia de la oferta y los llamados mercados
negros". El comunicado expresó que, "de hecho, este mismo Gobierno, en el período 2003-2011 logró que la
economía funcionara de manera satisfactoria, con altas tasas de crecimiento y
precios estables, sin recurrir a ningún tipo de intervención, sustentada, en
cambio, en políticas que siempre hemos apoyado, el tipo de cambio competitivo,
el superávit fiscal y el superávit comercial". En relación a la
solicitud para que el Gobierno convoque al diálogo, ADEBA precisó que "es el modo de armonizar los intereses de los distintos sectores,
dejando de lado políticas que, como la intervención del Estado en los mercados,
han demostrado su fracaso en nuestro país y en todo el mundo".
Empieza la resistencia
de los industriales a la nueva Ley de Abastecimiento que promueve el gobierno
de Cristina Fernández. El martes 12,
la Comisión Directiva de la UIA mantuvo una reunión con el secretario de
Comercio, Augusto Costa, donde le
plantearon que el texto enviado al Senado afectará a la industria en forma
negativa. Tras ese cónclave, se desarrolló el encuentro de la Junta Directiva
de la central fabril, (donde participan cámaras y uniones industriales del
interior). Allí, el presidente de la UIA, Héctor
Méndez, informó sobre lo conversado con Costa. Al término de esa
reunión, el vicepresidente de la entidad, José
Urtubey –hermano del gobernador salteño-, anunció que el proyecto que
modifica las leyes de Abastecimiento, Defensa de la Competencia y Defensa del
Consumidor "no va a ser
acompañado por la entidad porque entendemos que afecta a la iniciativa privada
y a la inversión", indicó ayer el portal “Infobae”. El problema para
Costa es que dentro de los empresarios que se oponen que al proyecto están sectores
que suelen acompañar al Gobierno, como Manfredo
Arheit, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República
Argentina (ADIMRA), quien opinó: "Vamos a tener que hablar con el
Gobierno". Los más críticos afirman que el proyecto estaría a
la altura de lo que ocurre en la Venezuela de Nicolás
Maduro.
Los industriales ya están en campaña para buscar juristas como Jorge Vanossi o Alberto García Lema para que se expidan sobre la
constitucionalidad de la iniciativa. Al mismo tiempo, desde la Coordinadora
de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) –que advirtió sobre el impacto
que la norma tendrá sobre la producción y la inversión, así como en el empleo-
fuentes de la entidad que dirige Daniel
Funes de Rioja indicaron que enviaron
ayer por la tarde una misiva a los legisladores donde se advirtió sobre el
impacto que la norma tendrá sobre la producción y la inversión, así como en el
empleo. La carta fue remitida a los presidentes de ambas cámaras y a las
comisiones que tratarán el proyecto: Derechos y Garantías, Industria y
Comercio, y Justicia, en la que advierten que la iniciativa es "inconstitucional" porque viola "varios de los artículos de la carta
magna".
La UIA –que el jueves
se reunirá nuevamente con Costa- analiza emitir
un comunicado de repudio y
pedir una reunión de urgencia con el resto de las entidades empresarias del
Grupo de los 6 (G6), a pesar del adelantamiento de la Copal. Desde la
Cámara Argentina de Comercio, Carlos
de la Vega destacó que la reforma presentada por Cristina elimina
la pena de prisión para los empresarios, pero "mantiene la letra que permite al Estado hacer una
fuerte intervención sobre los mercados". De la Vega alertó que el proyecto
incluye la posibilidad de "clausuras que estamos estudiando si
afectan a los derechos individuales". Desde la Cámara Argentina
de la Mediana Empresa (CAME) se manifestaron a favor de una modificación de la
ley de abastecimiento que data de 1974, durante la gestión de José Ber Gelbard, pero advirtieron sobre los riesgos de los
precios máximos.
Buenos Aires, 14 de
Agosto de 2014.
Arq. José
M. García Rozado
MPJIRucci
– LIGA FEDERAL –
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