miércoles, 22 de mayo de 2019
IMPUGNACIÓN JUDICIAL A LA VERGÜENZA
El
Gobierno Nacional, a través del decreto 872/2018 de la Secretaría de
Gobierno de Energía, con la firma del presidente Mauricio Macri, convocó
a un Concurso Público Internacional “para la adjudicación de permisos
de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en las áreas del ámbito
costa afuera nacional”. Son 38 áreas a ser licitadas que implican un
total de 200.841 km², lo que equivale al 3,1% de la Plataforma
Continental, y donde está incluida la Cuenca Malvinas Oeste, un faro
fundamental para la lucha por la soberanía.. Lógicamente, con la lógica de una republiqueta sin ningún poder propio y con un gobierno que ha hecho de la entrega una política de Estado, resultaron adjudicatarias de las áreas empresas propiedad del enemigo británico,
el mismo que ocupa ilegalmente una parte de nuestro territorio y mar
continental, y que explota ilegitimamente sus recursos naturales el
mismo que junto a EEUU fogonea nuestra situación de indefensión y nuestra destrucción moral y material.
A
treinta años de los hechos militares de Malvinas cuenta con la
facilidad para actuar de un pueblo lobotomizado por los medios de
comunicación y ocupado en sobrevivir a la crisis económica provocada por
los gobiernos que de una forma u otra le son adictos. De manera tal que
cosas como estas pasan desapercibidas y silenciadas. Pese a todo esto
existen aun bolsones de resistencia a todo este despojo y entrega de la soberanía, los que saludamos
"El Municipio de Río Grande ingresó al juzgado federal de Mariel Borruto
un recurso de amparo para frenar la adjudicación de áreas petroleras a
empresas británicas. Plantea que el decreto de convocatoria a concurso
público internacional es inconstitucional.
El amparo es colectivo. Lleva
la firma, además, de los concejales y representantes de organizaciones
sindicales y civiles como el centro de veteranos de guerra.
Todo empezó con el anuncio de la secretaría de Energía de la Nación que
informó que Tullow Oil se alzó con la adjudicación de tres áreas en la
cuenca Malvinas. De éstas, en dos accede en sociedad con Plustpetrol y
Wintershall, mientras que en la restante lo hace como operador único.
La cautelar plantea que el otorgamiento de permisos de exploración y
explotación en la cuenca oeste de las Islas Malvinas, en la plataforma
continental argentina, es un “flagrante atentado contra nuestro derecho a la soberanía sobre las islas”,
y ataca el decreto 872/2018, por el cual el año pasado se convocó a
concurso público internacional dado que no hace ninguna excepción en
cuanto al país de origen de quienes podían presentarse.
Por un lado, el amparo cuestiona por inconstitucional la cesión de
jurisdicción como “una gravísima afrenta a la soberanía nacional”, y por
el otro apunta contra la falta de restricciones en el decreto de
convocatoria, respecto del origen de los concursantes. También discute
otro punto del decreto que indica que cualquier de conflicto o litigio
se dirimirá en tribunales internacionales.
OETEC advirtió sobre todas las irregularidades
El Observatorio de la Energía (OETEC), dirigido por el investigador
Federico Bernal sostiene que existe una ligazón geológica probada entre
las cuencas alrededor de las islas y la Cuenca Malvinas Oeste. Incluso,
se cree que la relación se extendería a la Cuenca Austral Marina,
también licitada por el gobierno de Macri.
“La Secretaría de Energía les entregó gratuitamente a las concursantes
el Banco de Datos oficial con toda la información en materia de
prospección geológica disponible a la fecha (2D, 3D y pozos del
Offshore) vinculada a estas tres cuencas. Los permisos de exploración
duran entre 4 y 13 años, mientras que la concesión un mínimo de 30
años. No hay ninguna cláusula respecto del destino de la producción de gas como de petróleo. Finalmente, y como advertimos oportunamente, las áreas licitadas están afectadas a arbitraje internacional (bajo reglas UNCITRAL) en caso de controversias y litigios”, indica OETEC.
En la Cuenca Malvinas Oeste se pusieron en juego unas dieciocho áreas.
Las ofertas ganadoras, involucran nueve áreas. De ellas, la petrolera
británica Tullow ganó en tres. En dos irá como consorcio junto a
Pluspetrol y Wintershall -con una participación del 40% en ambos casos-,
mientras que en la tercera irá sola (100%). Con la adjudicación de las tres áreas, el Estado nacional percibirá 232 millones de dólares.
Tullow Oil es una empresa hidrocarburífera de origen británico,
especializada en exploración y explotación en el offshore. Cuenta con
ochenta y siete licencias otorgadas en diecisiete países mayormente
ubicados en África.
El decreto
Al conocerse el Decreto 872, el Observatorio advirtió sobre la grave
afrenta a la seguridad nacional que implicaría la adjudicación a
petroleras británicas de áreas en la Cuenca Malvinas Oeste, a una
distancia aproximada de 100-150 kilómetros de las islas y a más o menos
la misma distancia de la zona en actual exploración en la Cuenca
Malvinas Norte por parte del consorcio entre Rockhopper y Premier (ambas
británicas).
Ni en el Decreto 872 ni en la Resolución 65 (portadora del pliego de Bases y Condiciones completo de la Ronda) se
hace la más mínima excepción a nivel compañías concursantes en cuanto a
su país de origen, tanto para los permisos de exploración como para las
concesiones de explotación. Mucho menos se menciona prohibición
alguna a las firmas que ya operan ilegal e ilegítimamente al norte de
las islas.
Tampoco se prohíbe que las empresas adjudicatarias -más aún si son
oriundas del Reino Unido- puedan utilizar o promover la construcción de
las instalaciones portuarias en Puerto Argentino para la exportación de
crudo empleando como plataforma a las islas, tal y como está pensado
para el crudo extraído de la Cuenca Malvinas Norte."
