El pasado 12 de mayo, el cardenal Konrad Krajevski, limosnero del
papa Francisco, reconectó la energía eléctrica a un edificio ilegalmente
ocupado en la Vía de la Santa Cruz en Jerusalén, en el centro de Roma.
Para ello, tuvo que romper los precintos colocados por ACEA, la empresa
pública que el pasado 6 de mayo había cortado el suministro eléctrico
por falta de pago a los okupas que llevan varios años allí y debían más
de 300.000 euros de luz. La responsabilidad del impago y de la ocupación
ilegal del edificio es de la asociación Action-Diritti in Movimento,
centro social dirigido por un militante de extrema izquierda, Andrea
Alzetta alías Tarzán, que ha sido denunciado en varias
ocasiones por allanamiento de morada, daños materiales en viviendas y
resistencia a la autoridad.
El representante del papa Bergoglio ha cometido un acto más grave de lo que cabe imaginar.
El artículo 349 del Código Penal italiano castiga la violación de un
precinto colocado por las autoridades con una pena que puede oscilar
entre seis meses y tres años de reclusión. Por otra parte, teniendo en
cuenta el carácter delictivo de la conexión, el gesto del limosnero de
Su Santidad puede considerarse hurto de energía eléctrica. Por
consiguiente, el cardenal Krajevski ha infringido la ley y se ha jactado
públicamente de ello, declarando con tono desafiante estar dispuesto a
asumir la responsabilidad. Pero más allá del aspecto penal, asistimos a
la canonización del principio según el cual es lícito vulnerar la ley en
provecho propio o de un grupo social.
Es, en una palabra, el principio de la expropiación proletaria
practicado por los Tupamaros, las Brigadas Rojas y el movimiento
antiglobalización. La certeza del derecho y el respeto a la ley son las
únicas barreras que protegen a la sociedad civil de la anarquía y la
violencia, pero lo que tienen en común el cardenal Krajevski, celebrado
por el diario La Reppublica, como un nuevo Robin Hood, y el
exalcalde de Riace, Mimmo Lucano, recibido como una celebridad en la
Universidad La Sapienza, o el dirigente de los desobientes, Luca
Casarina, recientemente investigado por favorecer la inmigración
clandestina, es el menosprecio de las leyes del Estado en nombre de una
ética política que poco o nada tiene que ver con la cristiana.
En caso de discrepancia entre la ley positiva y la ley natural se
impone indudablemente ésta última. Ahora bien, nuestra sociedad niega la
existencia de una moral objetiva y absoluta a la que apelar para
rechazar las leyes civiles que se le oponen. Actualmente está en vigor
el positivismo jurídico según el cual sólo es bueno y justo lo que la
ley define como tal. El cardenal, no sólo no ha actuado en nombre de la
ley natural, sino que la ha transgredido, porque el Decálogo prohíbe
hurtar; el hurto infringe uno de los mandamientos.
El próximo sábado 18 de mayo se celebrará en Roma la novena edición
de la Marcha por la Vida, a fin de renovar la protesta contra la ley 194
del 22 de mayo de 1978, que en cuarenta años ha provocado seis millones
de víctimas en Italia. Dicha ley viola el mandamiento de la Ley de Dios
que prohíbe matar al inocente. Los abortistas alegan que la mencionada
ley es una ley del Estado, y como tal debe ser respetada en su
integridad. Si para salvar a un niño del aborto se comete la menor
ilegalidad, no habría la menor justificación para el culpable. Los
militantes provida tienen incluso prohibido disuadir a las mujeres de
abortar, como ha sucedido en Canadá, donde Mary Wagner ya lleva
contabilizados cinco años de cárcel por el mero hecho de llevar rosas
rojas, información y oraciones a las clínicas aborteras.
Para justificar el acto ilegal del limosnero del Papa se ha invocado
el artículo 54 del Código Penal, según el cual «no se puede sancionar a
quien ha cometido un delito viéndose obligado por la necesidad de
salvarse a sí mismo o a otros de un daño grave para su persona». Eso sí,
ningún obispo ni cardenal exhorta a la desobediencia civil contra la
ley 194, que impone el homicidio de Estado. Y sin embargo, quitar la
vida a un ser humano inocente es mucho más grave que cortar la
electricidad durante una semana a unos okupas.
(Traducido por Bruno de la Inmaculada)
