Argentina: aprueban ley ambiental “a la medida de Monsanto”
En la provincia de Córdoba, la
Legislatura aprobó una nueva ley ambiental provincial que abre paso a la
multinacional que desde hace meses persiste en sus intentos de
instalarse en la localidad de Malvinas Argentinas, con la planta de
secado de semillas de maíz más grande del mundo. Para sesionar, el
gobernador Manuel De la Sota montó un gran operativo policial que tras
la represión, concluyó con más de 20 detenidos y varios heridos.
El miércoles por la tarde, en la capital
cordobesa, se aprobó el nuevo proyecto de Ley Ambiental con el apoyo de
la mayoría del cuerpo legislativo -a excepción del Frente de Izquierda
de los Trabajadores (FIT) cuyos representantes votaron en contra y del
Frente para la Victoria (FPV) que decidió abstenerse-, luego de haber
despachado el proyecto dos horas del inicio de la sesión.
La medida fue impulsada por el
oficialismo, Unión por Córdoba (UPC), y contó con el apoyo del Frente
Cívico y Social (FCyS) y la Unión Cívica Radical (UCR) que lograron
introducir reformas al texto original. De acuerdo al Ejecutivo
provincial, la nueva ley sancionada “complementa” el marco normativo de
la Ley Nacional de Ambiente, que establece los presupuestos mínimos para
lograr una gestión sustentable y adecuada del ambiente, preservación y
protección de la diversidad biológica e implementación del desarrollo
sustentable.
Tras meses de resistencia del pueblo
cordobés a la injerencia de Monsanto en la provincia, el gobernador
Manuel De la Sota anunció el proyecto en febrero para promover la
“convivencia ambiental”. Sin embargo, desde los distintos espacios que
llevan adelante la lucha contra la multinacional -Asamblea Malvinas
Lucha por la Vida, Vecinos Autoconvocados y Madres de Barrio Ituzaingó
Anexo-, denuncian que la nueva legislación “está hecha a medida de
Monsanto y de los mega emprendimientos” al tiempo que destacan que no
fueron convocados a participar del debate .
Quienes votaron contra el proyecto en la
Legislatura, aseguran que no se fundamenta en un diagnóstico de las
condiciones ambientales actuales de la provincia y concentra mucho poder
en la autoridad de aplicación, mientras que la audiencia pública y la
consulta popular -ambas de carácter no vinculante- quedan debilitadas.
Asimismo, sí bien la nueva ley establece
que los emprendimientos a los que se les haya rechazado el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) no podrán volver a presentarse, Monsanto podrá
hacerlo debido a que la ley no es retroactiva.
Tras dos instancias de postergación del
debate en la Legislatura por supuestas “complicaciones”, la
multinacional anunció que el nuevo estudio estará listo en el próximo
julio, y será confeccionado por URS Corporation, una consultora
estadounidense que ha realizado otros EIA para empresas megamineras que
operan en el país.
En febrero, la Secretaría de Ambiente de
Córdoba rechazó el estudio presentado por Monsanto por considerar que
no se identificaban los impactos relevantes ni se presentaba
documentación repaldatoria suficiente. Tras esta instancia, De la Sota
anunció el nuevo proyecto de ley.
La represión
Luego de que numerosos manifestantes,
provenientes en su mayoría de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida,
Vecinos Autoconvocados y Madres de Barrio Ituzaingó Anexo junto a otras
organizaciones políticas, se hicieran presentes en las inmediaciones de
la sede legislativa, las fuerzas policiales comenzaron a reprimir a los
manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma.
Como de la saldo de la represión, 26
personas fueron detenidas y otras tantas resultaron heridas. Durante las
primeras horas de la noche, fiscales y miembros de las fuerzas de
seguridad se negaron a dar los nombres de los detenidos al tiempo que
prohibieron el acceso a los abogados de los militantes de las distintas
organizaciones.
Entre los detenidos se registraron, una
persona con problemas de salud, un menor de edad y una joven
discapacitada que se dirigía a comprar medicamentos, los tres fueron
liberados. El resto aún permanece privado de libertad por lo que las
organizaciones que participaron de la manifestación el día anterior
mantienen un corte este jueves en el Puente Centenario para reclamar por
su libertad.
El megaproyecto
Con el apoyo de los gobiernos nacional y
provincial, Monsanto busca instalar la mayor planta procesadora de
granos en Malvinas Argentinas, una localidad a 14 kilómetros de la
ciudad de Córdoba. Tras una inversión de mil 500 millones de pesos, la
multinacional se instalará sobre la ruta 118 en un predio de 28
hectáreas. El megaproyecto tiene por objetivo el tratamiento y
acondicionamiento de semillas de maíz para la siembra, con una
producción de hasta 3,5 millones de bolsas de semillas.
Se trata de una iniciativa que va en
consonancia con el llamado PEA 2020 que anunció del Ministerio de
Agricultura de la nación, cuyo objetivo es convertir a la Argentina en
“un líder agroalimentario mundial”, aumentando la producción de granos
en un 58 por ciento, lo que implica ampliar la superficie sembrada en un
27 por ciento -el equivalente a 42 millones de hectáreas-.
Frente al avance del agronegocio de la
mano de las multinacionales, desde el pasado 18 de septiembre, los
vecinos de Malvinas Argentinas mantienen un bloqueo en la entrada del
predio de Monsanto para impedir el paso de camiones para la construcción
de la planta de semillas. La medida de lucha fue reprimida varias veces
por la policía de la provincia y patotas enviadas por la multinacional,
quienes buscaban amedrentar a los manifestantes para que levantaran el
acampe. Asimismo, a comienzos de enero, la justicia prohibió a la
multinacional la construcción de la planta hasta tanto no presentara el
estudio de impacto ambiental.
