Macri prefiere desindemnizar a emplear
Los
casi 2 millones de desocupados, cantidad de la cual más de un tercio
deambula con el CV debajo del brazo en busca de trabajo, no tuvieron
directamente arte ni parte en el plan Octubre. Aunque sí en las
oraciones del gobierno se encuentra sancionar por ley un blanqueo
laboral que incentive a los empleadores a sacar a la luz sus plantillas
en negro y recaudar los aportes previsionales que se generen. Hay casi
un 40% de tela en penumbras para cortar. Para ello ofrece perdonar el
adicional indemnizatorio que se les reclaman cuando los trabajadores
informales les hacen juicio, lo cual no es digerido por la cúpula en
pleno de la CGT en las negociaciones previas a la presentación
parlamentaria de la iniciativa.
Se saludan Mauricio Macri y Héctor Daer.
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En los procedimientos preventivos de crisis (PPC) había quedado al desnudo que la indemnización está en el epicentro de los fragmentos de reforma laboral que la Administración Macri menea desde distintos ángulos, una señal elocuente de que el empleo no figura entre las prioridades de la Casa Rosada.
Tras las bambalinas de la movida de prensa oficial acerca de la cosmética preelectoral, los funcionarios del Ministerio de la Producción intentan convencer a los abogados de los gremios de Sanidad, de Comercio, de la Construcción, metalúrgico y Gastronómico para que la CGT le ponga el gancho al anteproyecto del gobierno denominado de 'blanqueo laboral' a fin de que sea presentado en el
Congreso.
Por lo que trascendió, el más intransigente en la resistencia sindical a avalar la iniciativa sería el co-secretario general, Héctor Daer, y tiene que ver con el capítulo que trata la reducción de las indemnizaciones.
El costo de los despidos fue el detonador del borrón y cuenta nueva en las conversaciones.
La dirigencia representativa de los trabajadores, lo mismo que la empresarial, han venido morigerando decisiones drásticas de achicamiento, como las que impone la administración económica en curso, mediante parches que se le fueron colocando a la aguda recesión con inflación, en un marco de volatilidad cambiaria, elevadas tasas de interés y desproporcionado endeudamiento.
En 2018, el Estado se hizo cargo de una parte del sueldo de casi 57.000 trabajadores privados, sujetos al Programa de Recuperación Productiva (REPRO) del Ministerio de Producción y Trabajo.
Justo cuando más se lo necesitaba por la crisis, la poda fiscal hizo disminuir los casos coyunturales subsidiados un 30% respecto de 2017.
Una vez hecha la presentación, el paso siguiente era acordar con los sindicatos planes de contingencia que evitaran cierres, concursos preventivos o juicios por disminución de personal, que en muchos casos tropezó con la renuencia de los trabajadores porque aducían que la propuesta se limitaba a bajar costos laborales, sin que hubieras correlato con la ganancia empresarial.
Grandes firmas, como Carrefour, Femsa Coca Cola y Fate, entablaron esas negociaciones tripartitas de los PPC para desprenderse de sucursales y turnos completos a fin de adecuar los costos a la retracción al consumo.
Aún con estas salvaguardas, el año pasado más de 100.000 trabajadores fueron a parar a la calle, a los que les se sumaron 161.000 nuevos que, porque no tienen o no les alcanza el que tienen, se encuentran buscando empleo sin que el duro contexto recesivo les dé respuesta.
El CV debajo del brazo
En 2019 la población desocupada asciende a unas 1.185.000 personas en los 31 conglomerados que mide el INdEC. El total extrapolado para todo el país da 1.750.000 millones.
Un tercio, según las encuestas laborales, o sea 600.000, giran con el curriculum-vitae (CV) debajo del brazo para pescar alguna oportunidad.
Las estadísticas de desempleo del 4to. trimestre de 2018 no hacen más que confirmarlo, ya que el 9,1% alcanzado, y en ascenso, es indicador de la relación directa entre los puestos de trabajo destruidos y el cateo infructuoso de vacantes.
Fueron 2 puntos interanuales más y hubiera sido peor de no haber sido porque la economía ajustó por precio: cayó 12% el salario real promedio en 2018.
Además, una parte de la diferencia se encuentra en el crecimiento de la informalidad laboral, que no hace falta levantar ninguna alfombra para verla.
Nada más que pasar por las calzadas y veredas de la calle Florida, Once y Constitución para ver que han sido de nuevo copadas por manteros.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios relevó entre el 01/03 y el 29/039 que “la venta ilegal callejera aumentó un 11,8% en marzo, en relación con el mismo período de 2017, aunque en comparación con el mes anterior bajara 26,8%".
El 74,5% de los puestos furtivos en calles, avenidas y peatonales se concentra en casi la cuarta parte del total del radio total no mayor a las 10 cuadras afectadas.
El rubro más comercializado fue Indumentaria y Calzado, que abarcó el 34,5%, seguido por Alimentos y Bebidas con el 25,5% del total. El principal centro de comercialización ilegal para esas categorías fue la estación Constitución, entre las estaciones y plazas, y avenida Pueyrredón, entre las avenidas y calles.
El proyecto de blanqueo laboral implícitamente reconoce el enorme porcentaje de irregularidades (se habla del 40%) y le brinda a las patronales la anulación de los adicionales indemnizatorios que perciben los trabajadores no registrados que las llevan a juicio.
Este beneficio alcanzaría inclusive a los empresarios no inscriptos en el blanqueo, pero que se encuentren litigados por sus asalariados en negro, a fin de desalentar los mutuos acuerdos de evasión del régimen previsional.
