El debate no es democratizar, sino republicanizar la justicia
El ministro Alak está en lo cierto. Nos seguiremos manejando con una
justicia borbónica, conforme a las cortes españolas de principios de
siglo XVIII (Felipe V- Carlos IV). Y parece que nadie esta decidido
a cambiarla, ni la Corte Suprema, por ahora al menos.
La constitución de 1853 habla del juicio por jurados y desde la
reforma de 1994 también el senador Yoma, a quien decididamente y con
elocuencia, nuestra presidenta, defendió a capa y espada en ese
proyecto de ley (38l5/06. Sorpresivamente perdió estado
parlamentario cuando Cristina era presidenta y paso al olvido.
Ayer, la corte, en un fallo mayoritario y contrario a la señora
feudal -algo cansada de recibir emisarios como Julio De Vido, entre
otros -, no solo aceptó el per-saltum sino que dejo un mensaje mas
que explicito : no aceptaremos más embestidas contra la carta magna,
ni contra nuestro ministerio; hasta acá han llegado. Nada ejemplar,
solo justicia.
Ya en la reforma de 1994 -la experiencia lo comprobó- ciertos hechos
resultaron negativos al permitir que el Consejo de la Magistratura
pudiera estar integrado por representantes del ámbito político
(legisladores y mandatarios del PE). Pero, mas grave aún, era que a
los representantes de los abogados y de los jueces dentro del
Consejo, se los obligara también a realizar proselitismo en busca
del favor popular (el voto), con el objetivo de desempeñar las
importantísimas tareas que nuestra Constitución le encarga a dicho
órgano.
Prohibió, por ejemplo, la formación de agrupaciones o alianzas solo
para competir en los comicios de consejeros. Colocó otras
restricciones insólitas: el reconocimiento nacional en 18 distritos,
cuando para una elección presidencial la exigencia trepa solo a 5.
Tampoco interesarían mucho, a esta altura, los antecedentes
profesionales que impulsaron a Alejandra Gils Carbo a la Procuración
General. La jefa de los fiscales actúa como un ariete cristinista,
al compás de las instrucciones que recibe desde la Casa Rosada. El
que leyó el libreto con mas atención quizá haya sido el ministro
Zaffaroni; su compromiso moral esta limado, sus antecedentes no lo
califican como miembro vitalicio.
Con el sofisma de la "democracia" judicial la presidenta intentó
sostener algo que es falso. Tiene una apariencia de lógica
benevolencia, pero arriba a una cívicamente falsa conclusión; la de
que es necesario que haya democracia en el Poder Judicial, cuando el
empírico resultado era una humillante claudicación ante el poder
político.
El cambio es necesario, profundizando su independencia, para lo cual
no hay que democratizarla, sino "republicanizarla", con el voto
popular pero esterilizado de políticas partidarias.
El caso Marita Verón fue un botón de muestra del descalabro
judicial.
Durante estos días se ha hablado y especulado mucho sobre quienes
fueron los jueces de la causa; cuales podrían ser sus intereses, su
historial y sus conexiones con el mundo político. Las conclusiones ;
un fuerte abrigo político a sus aspiraciones de continuidad en el
degenerado "mundillo" feudal del gobernador Alperovich.
¿Qué diferencia hay, entonces, entre el resultado de aquel juicio y
otros que han sido igual de perturbadores, pero cuyo fallo fue
dictado por la gente común que interviene en la administración de la
justicia?.. .Digamos en la ciudad de Córdoba que se da el juicio por
jurados?
Sin dudas, a ambos sistemas los separa una brecha gigante: la
legitimidad.
Es posible pensar que ante el mismo fallo, la gente hubiera
reaccionado distinto, pero con una diferencia notable ; NO FUERON
JUECES POSIBLEMENTE CONTAMINADOS, fue una nómina de ciudadanos de
intachable origen los que decidieron la condena.
EL JUICIO POR JURADOS no existe solo en las películas (Twelve Angry
Men -Sidney Lumet) sino en la mayor parte de los países de América,
Europa e incluso en nuestro propio país, como el caso Córdoba
(2005), ya mencionado.
Ya se han realizado en nuestro territorio más de 300 juicios con
éxito y total aceptación. El jurado, en esa provincia, se compone
por dos jueces profesionales y 10 ciudadanos y ha tenido que tratar
casos que afectaron a toda la sociedad, sobre los que la prensa y
los vecinos ya se habían expedido señalando un culpable. Los jurados
actuaron con total imparcialidad y solo adhirieron a las pruebas.
Esto no implica que los jueces sean figuras decorativas, todo lo
contrario; intervienen, suspenden, abortan malas intenciones,
deciden todo el tramite de juzgamiento : LO DIRIGEN.
Es interesante destacar una fuerte decisión política por parte del
ejecutivo de la Pcia. de Buenos Aires. Quiere ser parte del proyecto
que la constitución exige.
La cámara de diputados ya la ha votado y va mas allá en cuanto a la
participación ciudadana : Establece que el jurado estará compuesto
por doce miembros, todos ellos ciudadanos sin ninguna formación
jurídica y un juez los instruirá y será una suerte de arbitro en el
proceso , pero la decisión de si un hecho sucedió o no será de la
gente. Así, la democracia ingresa al Poder Judicial y el proceso se
transparenta.
Con el juicio por jurado tanto fiscales como abogados deberán hablar
en castellano, es decir, salirse de la jerga que acostumbran los
juristas, para que tanto el acusado como la posible victima y sus
familiares puedan entender el proceso que los involucra.
El Poder Judicial no es solamente para abogados, es para toda la
gente.
Los actuantes funcionarios colegiados para un juicio por jurados
deberán estudiar teatralización y, por supuesto, su profesionalismo
ayudara a resolver enigmas que hoy son misterio en la cámara de un
juez incompetente.
Por ultimo, y volvamos al principio, a la legitimidad de la que goza
el jurado popular. Tengamos en cuenta que los jueces sufren
tensiones profesionales por el mismo proceso que comenzó mucho antes
del juicio en si, mientra que EL JURADO NO .
Por mas buena voluntad que tuviera un magistrado, incluso sin darse
cuenta, es probable que se vea influenciado por las relaciones
laborales, y la posible reacción de sectores políticos que
promovieron su designación, cuando toma decisiones jurídicas. Por el
contrario, para los ciudadanos, el juicio implica una participación
de tres o cuatro días, luego de los cuales siguen con su vida
normal. Los juicios por jurado, entonces, garantizan una mayor
imparcialidad.
Una mas ; hay que terminar con los cargos perpetuos. Hasta los
sacerdotes tienen una vida "útil" y piden un alejamiento de sus
funciones a una edad conveniente. No es posible que un magistrado se
apoltrone en su despacho hasta su muerte o incapacidad. Tampoco es
deseable que a un juez corrupto no se lo pueda enjuiciar, si una
mayoría política lo impide.
La Suprema Corte de justicia ha demostrado que esta a la altura de
las circunstancias; ahora le toca el turno a los políticos y a sus
electores, los ciudadanos.
Lorena Udaeta Siles
