Por Jorge Raventos
Las encuestas no le anticipan buenas noticias al oficialismo. El
vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, expresó el sábado su deseo
de superar la última performance kirchnerista en elecciones
legislativas, la del año 2009, cuando en Buenos Aires, con Néstor
Kirchner encabezando la boleta, el gobierno perdió con el 32 por ciento
de los votos. “En ésta, el proyecto nacional tiene que tener arriba de
41 puntos”, se ilusiona Mariotto.
La realidad promete resultados menos glamorosos. El viernes, en la
Casa Rosada, el ministro Julio De Vido procuró ajustar las expectativas y
admitió, en un rapto de franqueza, que probablemente la presidente “se
verá con menos iniciativa legislativa”.
Una de las consultoras de opinión pública que en estos días dará a
conocer sus últimos datos registra por el momento un caudal de algo más
de 30 puntos para el Frente para la Victoria, un porcentaje que esos
investigadores identifican como “el núcleo duro” de los adherentes al
kirchnerismo. No es improbable que a lo largo de la campaña esa cifra
pueda incrementarse, pero difícilmente tanto como para cubrir las
esperanzas de Mariotto. La tendencia general es más bien la inversa: la
irrupción electoral de la corriente que encabeza Sergio Massa abrió las
compuertas para que muchos que hasta ahora permanecían desganadamente en
el oficialismo busquen otro espacio y nuevas alternativas.
Hoy al menos tres encuestas de orden provincial otorgan a Sergio
Massa diferencias de entre siete y once puntos sobre el candidato de la
Casa de Gobierno.
Llegado el momento, si estas tendencias se confirman en las urnas, no
faltarán intentos de encubrir el revés: el gobierno comparará sus
porcentajes sumando los votos reunidos bajo su mismo lema en todo el
país y pretenderá compararlos con fuerzas de nombres disímiles (Unión
por Córdoba, Frente Renovador en Buenos Aires, Pro en la Capital, etc.) o
comparará el número total de diputados que se acredite el Frente para
la Victoria con los que obtenga cada una de esas fuerzas. El gobierno se
especializa en relatos. Pero la realidad hay que buscarla en lo
significativo. El rasgo nacional de estos comicios reside en el virtual
plebiscito sobre la reforma de la Constitución y la re-reelección
presidencial que el oficialismo persigue. Lo relevante será contar los
votos con ese criterio. Y verificar si el gobierno consigue ampliar su
actual mayoría en las Cámaras o si las urnas mejoran la posición de las
fuerzas opositoras y hasta si les otorgan predominio en una o en las
dos Cámaras.
Tal como se presentan las cosas, el gobierno caería todos los
grandes distritos, en primer lugar la decisiva provincia de Buenos
Aires. Esos resultados podrían, eventualmente, según algunos cálculos,
derivar en la pérdida de la mayoría en la Cámara de senadores, abriendo
la posibilidad de que una figura no oficialista ocupe su presidencia
provisional, que integra la línea sucesoria en caso de acefalía.
Una derrota como la que insinúan hoy las encuestas adquiere su propia
dinámica y funciona como una fuerza física que no se frena con relatos.
En las elecciones legislativas misioneras del último domingo, el
oficialismo perdió 40 puntos porcentuales (pasó del 75 al 35 por
ciento).
En cualquier caso, el gobierno parece estar adecuando su relato y su
comportamiento a la atmósfera de fin de ciclo que empieza a respirarse,
incluso con la fantasía de revertirla.
Por una parte se muestra muy dispuesto a presentar su acción con la
retórica redentorista propia de los años setenta que hoy sólo sobrevive
en las variantes del chavismo sudamericano: envuelto en la bandera de un
patriotismo verbal, pretende mostrarse como víctima de poderes
imperiales y quiere pintar a quienes se le oponen como instrumentos o
marionetas de esos poderes. La patética escena que el jueves 4 de julio
protagonizó el secretario de Comercio Guillermo Moreno en la sede de la
embajada de Estados Unidos atacando a los gritos a una periodista de
Clarín y acusándola a ella y a sus colegas de “tener las manos bañadas
en sangre” está inscripta en ese guión, al que la Presidente le
incorporó velozmente un capítulo con la encendida defensa de su colega
boliviano, Evo Morales, demorado en un vuelo de regreso a La Paz por
decisiones de varios países europeos.
La victimización, sin embargo, suele ser una expresión de debilidad,
un dato que la Presidente no quiere evidenciar. Por eso, en
compensación, el gobierno procura dar señales de firmeza. Eligió como
blanco a los sindicatos, que están reclamando desde hace meses contra el
impuesto a las ganancias que afecta los salarios y contra la
discriminación en el pago del llamado salario familiar. El miércoles,
los maquinistas del ferrocarril agregaron otra queja (el no pago del
aguinaldo) y lanzaron sin anuncio previo una huelga que dejó sin
transporte a centenares de miles de personas en Buenos Aires. La señora
de Kirchner trató rápidamente de sacar partido del descontento público;
advirtió: “No voy a tolerar la extorsión de nadie” y acusó a los gremios
de “arrogarse los derechos que han conseguido los trabajadores”. La
inquilina de la Casa Rosada está más enojada que nunca con el
sindicalismo: en una semana vió la foto de Antonio Caló, el secretario
general de la CGT más próxima al gobierno, abrazado en Mar del Plata con
Hugo Moyano y comprobó además que dirigentes de las diferentes
centrales integran las listas de sus adversarios electorales. Está
llegando, quizás, a la conclusión de que probablemente llegó la hora de
iniciar esa guerra que tiene postergada y que ahora, eventualmente,
puede darle algún rédito en el esquivo electorado de clase media.
El paro con movilización lanzado por los camioneros de Hugo Moyano
para el último lunes (que será apoyado por otras organizaciones)
permitió ver hasta dónde está dispuesta a avanzar la Presidente en esa
confrontación. Los maquinistas del ferrocarril, actores principales de
los hechos del miércoles, consideran por su parte que el gobierno está
en operaciones: “Tratan sistemáticamente de derivar hacia nosotros las
responsabilidades por los accidentes ferroviarios –argumentan-. La
historia de que nos oponemos a que pongan cámaras en las locomotoras es
una falsedad. Lo que nosotros sí decimos es que antes de comprar
cámaras, tienen que comprar frenos, por ejemplo. Porque nos hacen
transportar a decenas de miles de pasajeros en las peores condiciones
técnicas”. Hoy la mayoría de las batallas se libran ante la opinión
pública.
Los pasos que el gobierno dio en la última semana en relación con las
fuerzas armadas no forman parte de la narrativa sino de los aprestos.
Ha sido iniciativa de la Casa de Gobierno reintroducir a los militares
en la política. Y lo hizo con una extemporánea purga que dejó fuera del
servicio a una treintena de oficiales de las tres armas y encumbró al
general César Milani a la jefatura del Ejército y al predominio sobre
las otras dos fuerzas, particularmente sobre sus ramas de inteligencia,
actividad que ejerce Milani.
El remate de esa movida político-castrense fueron las palabras que
el nuevo jefe usó al asumir (un acto al que la presencia presidencial
otorgó particular significación). Se propuso allí Milani que las
Fuerzas Armadas “acompañen con renovadas ansias el proyecto nacional”.
Se trata, señaló Rosendo Fraga, uno de los más prestigiosos analistas
de este tema, “de alinear a la estructura militar con el proyecto del
kirchnerismo”.
Milani y algunos de sus colaboradores directos tienen vínculos
personales con personas de la cúpula kirchnerista. Ese factor puede
haber contribuido al acercamiento o la confianza política. Milani, sobre
cuya actividad en Tucumán durante la década del 70 pesan denuncias
parecidas a las que a muchos de sus colegas le costaron la carrera. Los
organismos de derechos humanos próximos al gobierno no lo han enfocado y
la Justicia no lo imputó.
La idea de vincular políticamente las fuerzas al proyecto político
del kirchnerismo suena sorprendente viniendo desde el gobierno (que se
dedicó a juzgarlas y las sometió a la decadencia presupuestaria y al
aislamiento internacional) y parece muy ambiciosa propuesta desde la
jefatura militar. Señala Fraga: “Quienes se dedican a la sociología
militar tienen en la Argentina un dato empírico útil para conocer el
voto de los militares y es cómo vota la población de la Antártida. Más
del 80% son militares en actividad y constituyen, además, una muestra
muy aproximada al total de los militares, en cuanto a porcentaje que
presentan cada una de las fuerzas y de sus grados y jerarquías. En 2011,
Cristina fue reelegida con el 54% de votos en el país y sólo el 8% en
la Antártida. Nunca un presidente tuvo una brecha tan grande entre el
promedio y el voto militar”.
Desde la oposición, las reflexiones sobre este tema se asocian con
otras sospechas. La pregunta que se plantean algunos analistas es si,
dadas las perspectivas electorales negativas que afronta el oficialismo,
que lo alejan de la posibilidad de la reforma constitucional, no habrá
algunos ideólogos del círculo K imaginando otros procedimientos para
viabilizar la re-reelección y “la continuidad del proyecto”.
Más allá de las interpretaciones, lo que parece indudable es que, de
la mano de Cristina Kirchner, los militares reingresan a la política.
