Estimados amigos:
El artículo que acompaño, que tiene
la aprobación de la mesa ejecutiva de Nueva Unión Ciudadana, pretende hacer un aporte para despertar las conciencias
respecto de la situación de los presos acusados de delitos de "lesa
humanidad".
Si
lo escrito les parece apropiado, les pido que me ayuden en su
difusión, sobre todo a los
interlocutores que nombro al final a quienes no puedo llegar con
facilidad. Para ello les agrego el correspondiente archivo adjunto.
Cordialmente,Juan Carlos Neves
ALEGATO FRENTE AL OPROBIO
El contexto
El presente alegato lo escribo
desde mi rol de dirigente político acreditado por doce años de participación en dicha
actividad, durante los cuales contribuí a la creación del partido Nueva Unión
Ciudadana, con personería en la provincia de Buenos Aires y fui cuatro veces
candidato a Diputado Nacional y una vez candidato a Diputado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por distintas fuerzas y alianzas. Me mueve a hacerlo
una situación que considero oprobiosa, como es la flagrante y sistemática violación de los derechos
humanos que sufren los militares imputados por delitos denominados de “lesa
humanidad” que es ignorada por la justicia, los medios y las organizaciones públicas y privadas que
deberían velar por evitar este tipo de agravios. Aspiro a que quede constancia
histórica de que al menos un dirigente político se apartó de la mordaza que
impone el temor a exceder lo políticamente correcto y aunque detento la
condición de militar retirado eso no quitará a mi testimonio el valor de
provenir de un miembro de la dirigencia política nacional.
Hace algunos años, cuando se
comenzó a mencionar la posibilidad de declarar inconstitucionales las leyes de
Punto Final y Obediencia Debida, consulté la opinión de un prestigioso jurista
quien me aseguró que dichas leyes estaban ratificadas por numerosos fallos de
la Corte Suprema de Justicia y que, en todo caso, aunque se consumara un hecho
como el planteado, no tendría validez práctica pues desde el punto de vista del
derecho las leyes no pueden modificarse ni aplicarse en forma retroactiva, ni
se pueden vulnerar derechos adquiridos ni se puede volver a juzgar a quien haya
sido previamente juzgado o indultado. El tiempo me demostró que mi ilustrado
interlocutor conocía profundamente las cuestiones jurídicas pero no podía
anticipar la forma desmesurada y descarada con que la dirigencia política
argentina, avalada por una justicia acomodaticia, sería capaz de pasar por
encima de toda la estructura del derecho en su afán de conseguir un objetivo
político.
Con la llegada de Néstor
Kirchner a la presidencia, se inició el ataque final contra todo lo que se había
actuado y construido en la materia, con el apoyo de legisladores de diferentes
corrientes ideológicas y partidos políticos, algunos de ellos con coincidencia
plena y otros temerosos de que sostener una actitud conforme a derecho los
ubicaría bajo la sospecha de ser cómplices o tolerantes de un gobierno militar. La anulación de leyes y
de indultos en forma parcial, así como la incorporación de figuras jurídicas
novedosas tales como los delitos de “lesa humanidad” se aplicaron en forma
retroactiva violando sin pudor principios universales del derecho, con el aval
de una nueva Corte Suprema de Justicia
que reemplazó a la mayoría de los miembros de la Corte anterior que fueron
sometidos a juicio político. Uno de esos miembros salientes me manifestó que la
condición que le plantearon para evitar ese juicio era precisamente comprometerse
a aceptar la anulación de las leyes citadas a lo que se había negado por
razones de principios. Solo el tiempo y la historia podrán probar esa afirmación pero lo cierto es que la nueva
Corte convalidó todas las aberraciones jurídicas que quedaron bajo su arbitrio
cuando de juzgar a militares se trató.
Si existía alguna duda de que la justicia en Argentina fue
inmolada en el altar de la política fue justamente el presidente de la Corte Suprema
de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien se encargó de disiparla al expresar en
un libro de su autoría que “los juicios
de lesa humanidad forman parte del contrato social de los argentinos y
constituyen una decisión colectiva, un consenso que va más allá de cada
dirigente, que no tiene dueño y que, como dijimos antes, nadie puede ya
impedir”. Esta expresión de voluntarismo de tono eminentemente político que no admite siquiera la posibilidad de la
preeminencia del derecho, demuestra además una postura absolutamente
comprometida y anticipada de quien preside el tribunal que, en última instancia, deberá juzgar las
apelaciones y los cuestionamientos jurídicos que pudieren plantearse a esa
supuesta “decisión colectiva” de los argentinos.
Expresado en los términos crudos de un
político cínico, lo actuado se puede sintetizar en la idea de que los militares
cometieron para su criterio crímenes tan graves que había que encontrar los
recursos jurídicos para juzgarlos y condenarlos
aunque para ello fuera necesario ignorar los obstáculos planteados por el
derecho. Lo que muchos sectores que adscribieron a esta teoría comprobaron
luego duramente fue que el gobierno una vez que comprobó que podía pasar por
encima de los diques que la ley ponía a sus apetencias, continuó usando el recurso contra otros grupos
arremetiendo contra empresas, medios de comunicación y opositores, llegando a tratar de imponer una
reforma judicial que la Corte rechazó, ya en última instancia, cuando comprobó
que también venían por ella. Estos hechos no quedarán impunes. Como no quedarán
impunes los abusos con las millonarias indemnizaciones que primero llegaron a los familiares de los
“desaparecidos”, para continuar luego con los exiliados y con los terroristas
que cayeron atacando cuarteles en períodos democráticos hasta llegar al extremo
de malversar los recursos del Estado pagando a familiares de terroristas
ejecutados por terroristas en nombre de la “justicia revolucionaria”. Tanto
abuso impune, tanto descaro para juzgar a militares mientras se ignoran
jurídicamente los crímenes guerrilleros o se rechazan los reclamos de los familiares
de víctimas del terrorismo serán juzgados por la historia y en muchos casos,
por tribunales más ecuánimes y justos
que los que actualmente siguen la corriente dominante, ignorando la justicia y
el derecho.
El núcleo
Sin
embargo y pese a la gravedad de lo expresado, el núcleo de mi
alegato está apuntado a algo más inmediato
y urgente, más grosero y aún más oprobioso,
por lo que su tratamiento no admite dilación. Esto es la forma
desembozada en
que se violan los derechos humanos de los más de mil militares que se
encuentran sometidos a juicios en causas vinculadas justamente a la
violaciones
de derechos humanos. Esta cuestión, no
la expreso en forma de opinión o de apreciación subjetiva. Las
agrupaciones
constituidas por familiares de los detenidos y los abogados defensores,
han
expuesto reiteradamente con nombre y apellido los numerosos casos de
ciudadanos
con estado militar que cumplen prisión preventiva durante períodos que
triplican lo que autoriza la ley. Peor
aún es la sistemática negativa a conceder la prisión domiciliaria a
detenidos
con edades superiores a los setenta años que padecen enfermedades que
requieren
tratamientos que no pueden ser seguidos
en los centros de detención en que viven en condiciones precarias. Esa
falta de
atención médica adecuada ha llegado al extremo de que se prohíba a los
detenidos ser atendidos en institutos médicos dependientes de su obra
social, como castigo por la fuga
de dos imputados de un nosocomio militar. Como consecuencia de estos
agravios y de los traslados en condiciones inadecuadas e insoportables
para las patologías y las
edades de los imputados, se ha producido
ya un número de más de 200 decesos,
algunos de ellos que reflejan una notoria
e inaceptable falta de atención médica. Toda la información al respecto
está disponible y debe ser urgentemente investigada pues estas
violaciones a
los derechos humanos se están produciendo en estos días y en esta
sociedad en la que convivimos.
No es en este escrito en que citaré caso
por caso (tengo la posibilidad de hacer llegar los datos específicos a quien
los requiera) pero basta relatar cómo situación paradigmática el fallecimiento
de Jorge Rafael Videla, que según información pública tenía al morir fracturas
producidas en prisión que no habían
recibido adecuado tratamiento.
Justamente por ser el mayor imputado, su juzgamiento debería haber sido
un ejemplo del respeto a los derechos humanos, las formas y los procedimientos, que diferencian a un
Estado vengativo de un Estado justo. Pero si ni siquiera en este caso de segura repercusión se
atendieron estas cuestiones menos aún se les da importancia en el cuidado de la situación de los cientos de
detenidos de origen militar con condena o prisión preventiva.
Si las cuestiones enunciadas son
intrínsecamente oprobiosas en el
contexto de una sociedad que pretende vivir en estado de derecho, se
alcanza el paroxismo cuando se trata el caso de los cientos de militares, de
policías y miembros de las fuerzas de seguridad y aun de algunos civiles, que
se encuentran imputados a pesar de que
no tuvieron relación con los hechos vinculados a su acusación. La
cuestión es que después de que fueron
juzgados los miembros de las Juntas Militares y los altos mandos que condujeron
las operaciones y establecieron los
procedimientos en la lucha contra la subversión, el afán persecutorio se extendió sobre los oficiales de baja
graduación y suboficiales, elaborando razonamientos y argumentos ajenos a las
normas jurídicas pre existentes, que han llevado a los tribunales a los imputados
tan solo por ocupar cargos propios de su profesión o por participar de
operativos contra la guerrilla aun en tiempos de democracia. La falta de
objetividad y el respeto del principio de inocencia se hacen evidentes y solo se
traen a colación cuando se tratan casos de interés para el gobierno como
sucedió con el actual Jefe de Estado Mayor del Ejército demostrando una
inaceptable parcialidad.
Se han formulado acusaciones bien
concretas contra la animadversión evidenciada por jueces y fiscales y la respuesta es que “al menos se
les concede a los militares un juicio,
cosa que ellos no ofrecieron a sus víctimas”. Según esta aberrante línea
argumental se vuelve al concepto de que la gravedad de los crímenes de que se
acusa a los militares (sin presunción de inocencia) es tal, que ni siquiera es
exigible un juicio justo. Al llegar a este punto es necesario admitir que se
hace imprescindible un replanteo inmediato de este proceso acusatorio que ha
excedido los límites de la justicia para caer en las ciénagas morales de la
venganza.
Es en beneficio de la salud moral de la
república y la dignidad que merece nuestra sociedad, que ante la gravedad de
los hechos que describo, avalado por las denuncias de familiares y abogados
defensores que son sistemáticamente ignorados y desoídos, debería realizarse una inmediata investigación
de la situación procesal de los más de mil detenidos en causas vinculadas a la violación
de derechos humanos.
Dicha
acción debería poner un tope a las “prisiones preventivas perpetuas”,
remitir a prisión domiciliaria a los mayores de setenta años y a los aquejados
de enfermedades que requieren tratamientos que
no pueden cumplirse en prisión y liberar de la acción penal a todos
aquellos oficiales y suboficiales que por su jerarquía carecían de toda
capacidad de decisión y contra los cuales no hay acusaciones personales.
Esto responde a un elemental respeto a
los derechos humanos que merece todo individuo y requiere una acción inmediata,
sin perjuicio del análisis de las cuestiones de fondo respecto de las anomalías
jurídicas de la figura de lesa humanidad, su aplicación retroactiva, la
valoración del contexto en el cual se desarrollaron las acciones objeto de acusación
y la asimetría en la consideración de guerrilleros y militares a la hora de
penalizar conductas.
He expresado que escribo este alegato desde el punto de vista
del dirigente político. No persigo por cierto con ello conseguir votos para la
próxima elección, ya que soy consciente de lo políticamente incorrecto de mi
posición en el actual contexto. Tampoco cuento con que lo que expreso sea del
agrado de los detenidos o sus familiares. Mi objetivo es ofrecer a la sociedad
argentina la oportunidad de modificar una situación que en el futuro
llevará a avergonzarse cuando los hechos
que relato cobren notoriedad y obliguen al remanido recurso de pretextar
ignorancia. Hoy, en nuestro país, se
están violando los derechos humanos de un numeroso grupo de detenidos y no hay excusa que justifique ese atropello.
Para asegurar que la información llegue a quienes tienen que
conocerla y actuar en consecuencia espero poder hacer llegar este escrito a
diversos protagonistas de la vida social:
A las autoridades de la Iglesia Católica
Argentina para que hagan visible su
proverbial vocación por la defensa de los derechos humanos.
A su santidad, el Papa Francisco, a quien no puede privarse de
conocer esta oprobiosa situación que se está produciendo en su país de origen y
que ya comenzó durante su episcopado.
A los Senadores y Diputados nacionales, a
pesar de la animadversión que muchos de ellos puedan sentir por los militares
que revistaban en actividad durante el período de gobierno militar, justamente
para que demuestren que su respeto por los derechos humanos está por encima de la condición de quienes sufren
su violación.
A las jueces de la Corte Suprema de
Justicia, quienes ya recibieron información por parte de familiares de los
detenidos pero que aún no han respondido ni actuado al respecto.
A los dirigentes de los partidos
políticos, grandes y pequeños, que consideren que la universalidad de los
derechos humanos no debe admitir parcialidad ni excepciones.
A los medios de comunicación, cuyos
eficientes e inquietos equipos de investigación han ignorado hasta el presente
estas situaciones que algunas veces aparecen tímidamente en alguna de sus
editoriales.
A las organizaciones defensoras de los
derechos humanos nacionales, para darles la oportunidad de demostrar que sus
principios no tienen límites ideológicos y a las extranjeras, que celebran que
en la Argentina se juzgue a los militares pero que callan ante las denuncias de
vicios de procedimiento y violaciones de derechos.
A
todos ellos les pido que no teman hacer
oír su voz en defensa de una verdadera justicia y de los derechos
humanos del
más excluido de los sectores sociales, el militar argentino, porque
ningún hombre o mujer de buena fe los acusará de complicidad ni de
connivencia
y podrán evidenciar, en cambio, la pureza de sus convicciones.
Liberemos a la sociedad argentina del
oprobio de la injusticia, si queremos sinceramente dejar un legado cabal a las
futuras generaciones.
Buenos Aires, 14 de febrero de 2014
Juan Carlos
Neves
Presidente de Nueva Unión Ciudadana
