OPINIÓN
Las escuelas de periodismo tienen como norma
fundamental enseñar tres principios básicos: decir la verdad, ser claros, ser
instructivos. Tres principios que a primera vista se los puede ver como
elementales y muy valiosos. Así tiene que ser. El periodismo está para eso,
para decir la verdad, para decirla de tal manera que se la entienda y, de paso,
para aportar datos que puedan ser útiles. Lo malo es la forma en que estas
enseñanzas se aplican. Decir la verdad, la verdad objetiva, la verdad evidente,
es, en la mayoría de los casos, una forma de engañar. Un ejemplo es el caso actual
del periodista Jorge Lanata, quien con motivo de las elecciones en Venezuela
tuvo inconvenientes en la entrada y especialmente al salir del país hermano. Después
de saber el resultado de las elecciones y con materiales grabados sobre supuestas irregularidades fue retenido –
Aprehendido – como se dice en el código procesal de nuestra provincia para
evitar la palabra arresto o detención. Pero todo esto no lo dice el periodismo
sino que lo dice Lanata y nosotros lo
imaginamos. El periodismo se limita a decir la verdad, y todo lo demás corre
por cuenta nuestra. Los argentinos tenemos la curiosa costumbre de confiar en periodismo libre, al periodismo independiente,
al periodismo que expresa sus propias opiniones-
El periodismo debe decir la verdad. Perfectamente la verdad.
La verdad objetiva.
El Estado no puede
ni debe de manera alguna limitar ni obstaculizar esa independencia que es imprescindible
para la vida en democracia. Menos aún tratar de presionar en forma inconcebible
a la Justicia que es uno de los poderes del Estado.
Las sociedades
tienen esencias que es necesario mantener para su vida, para su permanencia,
para que siga siendo satisfactorio pertenecer a ellas. Características relacionadas
con sus costumbres, con sus tradiciones y, sobre todo, con la moral.
A la pérdida
y al falseamiento de estas conductas y libertades que se han visto como sanas,
deseables, estimables, ejemplos a exponer para ser imitados, es a lo que en
general llamamos corrupción.
Pero lo que vivimos en sociedad esperamos que no se
muera, que siga viviendo para bien de nuestros hijos, y que siga sana, robusta,
vigorosa; es decir, con cambios que no sean muerte sino crecimiento, adelanto,
cultivo, ascenso.
El Estado no tiene la función de
constituirse en maestro de moral, aunque sí tiene la obligación de aplicar
aquella recibida por la sociedad y reconocida por sus miembros esclarecidos
y además el Estado tiene la obligación de no patrocinar las corrupciones
de la moral que aparecieran entre los funcionarios -sobre todo, los altos
funcionarios- que se desempeñan en su administración.
Que
algunas inmoralidades se verifiquen, se denuncien, y que el Estado dé vuelta la
cara como diciendo “nada tengo que ver con esto” es, en la práctica, lo mismo
que patrocinar, promover, apadrinar la inmoralidad, que queda expuesta ante la
ciudadanía sin que nada la evite ni la corrija.
A las autoridades, para que hagan
respetar el orden, se les concede el monopolio de la fuerza. Si ese monopolio
no se ejerce entonces imperará el caos y tendremos que olvidarnos del Derecho.
La moderna doctrina, sin embargo,
considera que el juez, en su función de hacer justicia, debe ser totalmente independiente,
tanto externamente – de los políticos, gobernantes, legisladores y cualquier
otro ente ajeno – como internamente, de los jerarcas judiciales cuando actúan
en funciones administrativas. Esa independencia significará que el juez
decidirá racionalmente el caso en su conocimiento con la aplicación de la norma
jurídica y el espíritu que le da su sustento real, procurando hallar la recta
solución, según su convicción, lo que resultará, además de legal, ante todo
justo.
Con ello se concibe al juez como lo que
es: un ser humano que, pese a su alta investidura, tiene su propio bagaje de
ideas, valores, pensamientos, sentimientos, actitudes y aptitudes y una concepción
del mundo, temporal y espacial.
Lo anterior sí es acorde con la dignidad
del juez, con sus errores, defectos y prejuicios, pero también con la debida
formación en la materia jurídica y afines, y con claros y firmes principios éticos
y morales, intachables, que le hacen merecedor, ante el colectivo social, de
absoluta confianza en sus sentencias.
Se concibe al juez en su auténtica
independencia, de modo que sus resoluciones sean realmente imparciales,
consecuentes con un sistema democrático de derecho, de modo que no se le niegue
su identidad, intimidad, raciocinio, inteligencia y perspectiva política del
mundo en que actúa; en suma, su condición de ser racional, con lo que se
logrará un juez activo y participante en lo que debe ser su primigenia función:
ser sujeto productor del derecho, al integrarlo constantemente a la realidad
circundante diaria.(Desiderátum de la función judicial)
Ahí está, precisamente, el meollo de la
cuestión: si el juez es verdaderamente independiente, externa e internamente,
no tendrá que cubrirse con el falso ropaje de una imparcialidad malentendida y
sus decisiones, sin duda, serán acordes con el régimen democrático, al que da
sustento y mantenimiento en su indiscutible rol político y social. Será un juez
libre y garante de una verdadera justicia.
DR. JORGE B. LOBO ARAGÓN
