EN LENGUAJE ELECTORAL
Queridos amigos:
A la hora de los enfrentamientos que definen la suerte
de la posesión del poder, los
protagonistas de cualquier conflicto suelen reducir el espectro de los participantes a la
condición binaria de amigo o enemigo, forzando la definición de los neutrales con
la visión de que “quién no está conmigo está contra mí”.
La
señora presidente Cristina
Fernández ha provocado está situación a lo largo de todo su gobierno,
generando antinomias aun en tiempos de calma y bonanza,
por lo que es natural que al llegar el momento de las elecciones que
definirán
el futuro y la continuidad de su permanencia en el poder, esta actitud
se
exacerbe hasta la obsesión. La exigencia de lealtades y la
subordinación de todo interés político,
social o humano, al objetivo superior de la victoria en las urnas
deviene inevitable hasta el punto de que los actos de gobierno
solo pueden ser adecuadamente interpretados, en este momento, si se los
lee en lenguaje electoral.
Con
esta clave puede entenderse
que la señora presidente haya formulado duros cuestionamientos a
miembros de su
propia fuerza en un acto público realizado en Lomas de Zamora,
reclamando ser
mejor defendida, acusando sin incluir nombres a dirigentes que no se
hacen
cargo de los problemas o que “no ponen la cara” en su afán de quedar
bien con los “medios
corporativos”. Todos los analistas coincidieron en que dichas críticas
aludían
al gobernador Daniel Scioli, presente en el acto, mientras que otros
incluyen también
al Intendente de Tigre, Sergio Massa. El
problema es que la tendencia presidencial a reducir la actividad
política en su
fuerza a un acto privado en que se reserva la atribución de designar a
todos
los pre candidatos según su exclusivo interés, deja al resto de los
dirigentes
que la siguen reducidos a: permanecer en el ámbito del “modelo” en
actitud prescindente o rebelarse y conformar su propio espacio de
poder.
La primera de las opciones
parece ser la adoptada por Daniel Scioli, la segunda podría ser la que abrace
el Intendente de Tigre. En cualquier caso, el personalismo presidencial y el rechazo
a permitir una auténtica vida política partidaria
(que ha llegado al punto de que el Partido Justicialista de la provincia de
Buenos Aires esté en trámite de apelar su caducidad que fue decretada por haber
superado largamente el tiempo habilitado para elegir autoridades) va aislando a
la fuerza oficialista y reduciendo sus posibilidades electorales.
También tenemos que recurrir
al lenguaje electoral para interpretar que la señora presidente haya hecho
renunciar a Agustín Rossi, fidelísimo presidente del bloque de diputados del
Frente para la Victoria, a su banca y con ello a su cargo, para asumir como
Ministro de Defensa. Todo indica que Rossi era un obstáculo para la elección en
la Provincia de Santa Fe pues su presencia entorpecía la relación con
candidatos que tenían mejor intención de
voto. Por “efecto dominó”, el saliente Ministro
de Defensa fue reasignado como Ministro de Seguridad en lugar de la señora
Garré y esta fue nombrada como embajadora en la OEA. Lo que todas estas
designaciones tienen en común es la inoportunidad de su ejecución y la falta de antecedentes y formación de
los designados en las áreas en que deben cubrir sus nuevos puestos. La cuestión
de la idoneidad, mentada en nuestra Constitución como condición para los cargos
públicos, es simplemente despreciada por el gobierno a la hora de distribuir
funciones ya que solo atiende a sus
intereses políticos y a la subordinación
absoluta de los nombrados. En el tiempo, los resultados de esta tendencia que
abarca a casi todas las áreas de la administración nacional son obviamente
calamitosos, como lo evidencian la debacle de la economía, el fracaso de la política
energética, el descontrol de la seguridad y tantas otras cuestiones que preocupan
a la ciudadanía y la llevaron a expresarse críticamente en las calles de todo
el país.
El
desbarranque de la economía
va aumentando sus proporciones y acelerando su caída. Esta semana, al
igual que
las anteriores, continuaron disminuyendo las reservas internacionales
que ya perdieron
más de 4700 millones de dólares en lo que va del año y se conocieron
cifras del
aumento del empleo “en negro” y de desocupación. Al mismo tiempo
trascendieron
las cifras del déficit financiero (balance entre ingresos y egresos
después del
pago de la deuda) que en el mes de marzo superó los 3500 millones de
pesos a pesar de que entre el Banco Central, el PAMI y la ANSES
transfirieron
al Tesoro más de 6300 millones de nuestra moneda. El gobierno busca
fondos de
cualquier manera y con esa finalidad ha cerrado uno de los capítulos más
oscuros de nuestra historia económica al promulgar, con el número de
justo de
diputados, una ley de blanqueo que
permite traer capitales al país sin averiguar origen ni dar a publicidad
a los
beneficiados. Estos, no solo serán
eximidos de multas o castigos sino que ni siquiera pagarán los impuestos
que
vienen apurando a los contribuyentes que tienen sus divisas declaradas.
Tamaña transgresión, que fue
duramente criticada por la oposición en su conjunto, mezcla la inequidad
tributaria con la apertura de puertas
para el blanqueo de capitales mal habidos, incluyendo los que aparecen en las
denuncias de corrupción contra funcionarios y empresarios afines al gobierno.
Pero el tema de la corrupción
ya comienza a escapar del control gubernamental
para encarrilarse por el camino de los estrados judiciales. La torpe
maniobra de cambiar el horario de los partidos de fútbol más importantes del
domingo, para hacerlos coincidir con el programa periodístico que ha formulado las
más impactantes denuncias, no solo incrementa las sospechas del deseo oficialista
de ocultar los hechos sino que resultó ineficaz, ya que el público demostró en
las mediciones de audiencia que está más ávido de justicia que de deporte. En
el lapso de una semana, la justicia hizo saber que indagará a los señores
Fariña y Elaskar que formularon y desmintieron denuncias contra el empresario
Lázaro Báez y que indagará al ya citado Báez en una causa por el delito de extorsión.
También se supo que el fiscal Federico Delgado hizo lugar al pedido de
investigación presentado por el diputado Alfonso Prat-Gay contra varios
funcionarios, entre los que se cuenta la señora presidente y el Secretario de
Comercio Guillermo Moreno, por la adulteración de las cifras del INDEC.
Esta denuncia no es una cuestión
menor por dos razones. Primero, porque llega a la mismísima presidente que
hasta hace poco tiempo era jurídica y aun mediáticamente intocable. Segundo,
porque Prat-Gay, que es un calificado
economista, ha fundamentado en un escrito de 77 folios el hecho de que la subvaluación
del índice de inflación generó una sobrevaloración del Producto Bruto Interno,
que a su vez significó un aumento calculado en 1000 millones de dólares en el
pago de los intereses de los bonos que se calculan con el crecimiento de dicho
PBI. Por estas razones, la subvaluación del índice de inflación ha dejado de
ser una picardía política para encuadrarse en las figuras de asociación ilícita,
malversación de caudales, falsificación de
documento público y otros delitos
de suma gravedad. Lo destacable es que estas denuncias son atendidas por la justicia
aun cuando las actuales autoridades detentan el poder y no después de
finalizado su mandato, lo que nos da esperanzas de la aparición de ráfagas de justicia
independiente.
Esa misma esperanza se
alimenta con la actitud de dos jueces federales que fallaron en contra de la elección
por el voto popular del Consejo de la
Magistratura, piedra angular de la nefasta reforma judicial recientemente
aprobada, y de la Cámara Federal que reabrió la causa contra la Procuradora
General Alejandra Gils Carbó por el supuesto nombramiento irregular de fiscales,
que había sido desestimada por el juez Sebastián Casanello. Todo esto parece
indicar que la política del miedo que parecía haber paralizado a la justicia va
dejando lugar a la reacción judicial cuando la república ya estaba al borde del
colapso institucional.
El gobierno reacciona fuerte y
mal contra la adversidad económica y jurídica que parece minar sus
posibilidades electorales. En una movida aparentemente inspirada por el deseo de infundir más temor y
movilizar a su propia tropa, lanzó a la acción a militantes que munidos de pecheras
identificatorias comenzaron el control de precios en los comercios. Estos
precios surgen de curiosas listas que son diferentes para cada supermercado y que
incluyen un pequeño número de productos condenados a una rápida desaparición de
las góndolas, dada su evidente disparidad con los precios regulares. Puede ser que esta inapropiada medida pueda
amedrentar a los comerciantes, pero en el seno de la sociedad trae a la memoria
colectiva las sombras de persecuciones y
amenazas propias de gobiernos sin vocación democrática. Un mal negocio desde
todo punto de vista.
Dentro de apenas diez días se
cumple la fecha para presentar en la justicia electoral las Alianzas Transitorias
que ya no se podrán modificar para las elecciones primarias de Agosto y las generales
de Octubre. Ante esta realidad, la suma de contratiempos y signos de debilidad
del oficialismo se compensan de alguna manera, en el corto plazo, con la posibilidad que brinda el autoritarismo
de conformar listas unificadas sin mayor discusión. Esto debilita los apoyos
auténticos pero es una ventaja ante la maraña de dificultades burocráticas que significa
disputar los cargos legislativos en las
primarias por parte de la oposición. Por su parte, al menos en la provincia de
Buenos Aires que tiene sub-representación en términos de diputados nacionales y
concejales en los municipios, la limitación en la cantidad de cargos entorpece
la posibilidad de alcanzar consensos y ello conduce al deliberado fraccionamiento
opositor. En compensación, se pueden establecer compromisos en términos
programáticos en temas como la decisión de no apoyar una reforma constitucional,
defender la libertad de expresión y la independencia de la justicia.
En la Unión de Partidos de
Centro que integra Nueva Unión Ciudadana hemos logrado con gran generosidad
conformar listas unificadas y estamos
tratando de integrarnos con otras fuerzas mayores. El tema es arduo y el tiempo escaso pero al menos
estamos firmes y claros en los principios a defender y los compromisos
a asumir.
Sabemos que cada acto del gobierno,
a partir de ahora, debe interpretarse en lenguaje electoral y que tratará con
todo su poder, su pragmatismo y su desprecio por la ética y las normas republicanas de sacar rivales de en
medio y obtener todas las ventajas
posibles. Afortunadamente, la torpeza del oficialismo y su evidente fracaso en
las políticas públicas implementadas son más fuertes que cualquier artilugio
electoral y allí debemos estar, nosotros, los ciudadanos, para defender sin
temor nuestros principios y nuestros votos.
Un abrazo para todos.
Juan Carlos Neves, Presidente
de Nueva Unión Ciudadana
Twitter @NevesJuanCarlos
