Por Nicolás Márquez (*)
La contundente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
de esta semana, probablemente se debió, más que a un purismo jurídico y
apego al derecho constitucional, al hartazgo que tiene el Tribunal de
marras respecto de un Poder Ejecutivo que no deja de hostigarlo ni
condicionarlo. En efecto, recordemos que fueron 4 sobre los 7 Jueces de
la Corte los que aceptaron y apañaron con su asistencia la sórdida
maniobra oportunamente pergeñada por Néstor Kirchner, a través de la
cual se le dio un golpe de Estado a 4 Jueces de la Corte vigente en el
año 2003, y tras el derrocamiento de éstos, se impuso en su reemplazo al
polémico abolicionista, evasor fiscal y locador de prostíbulos Eugenio
Zaffaroni, a Carmen Argibay, a Elena Highton de Nolasco y a Ricardo
Lorenzetti.
El trueque para con los nuevos magistrados a cambio del nombramiento,
habría consistido en que éstos avalaran dos medidas inconstitucionales:
la pesificación de los ahorros y la anulación de las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final, a fin de comenzar a iniciar con “efecto
retroactivo” y violación del principio de “cosa juzgada”
encarcelamientos indiscriminados a militares octogenarios que tres
décadas atrás habían combatido victoriosamente contra los Montoneros, el
ERP, y el resto de las guerrillas de los años ‘70. Vale recordar además
que este ardid consistente en instalar una Corte Suprema propia con una
pretendida “mayoría automática” no fue novedad en el kirchnerismo, dado
que cuando Néstor era dictador de la de la Provincia de Santa Cruz hizo
lo propio, colocando 3 de los 5 jueces del alto tribunal provincial. De
este modo, Néstor tanto como Gobernador o luego como Presidente,
procuró tener siempre una suerte de
órgano satélite para llevar adelante sus propósitos autocráticos.
Pero volviendo a lo acontecido en la CSJN en los últimos tiempos, todo
indica que aquel acuerdo entre el kirchnerismo y los nuevos jueces se
ha roto o desarmado, y este es uno de los asuntos que más irrita al
régimen: “No los elegimos para esto” dijo meses atrás un alto
funcionario kirchnerista respecto de los magistrados nombrados en esta
administración.
Ocurre que la Argentina no tiene instituciones o tiene instituciones
débiles, lo cual es más o menos lo mismo, entonces éstas funcionan no
por su fuerza intrínseca sino en aras de los vaivenes políticos,
electorales y circunstanciales: ¿Cabe imaginarse un fallo semejante dos
años atrás cuando el poderoso régimen arrasaba con el 54% de los votos y
la oposición había quedado reducida a la mínima expresión?
A excepción de Eugenio Zafaroni (quien nunca abandonó a sus
empleadores), los otros tres jueces puestos de facto por el kirchnerismo
se manejaron con menor nivel de obsecuencia y en los últimos tiempos,
tras advertir la implosión del régimen, éstos se han permitido obrar
como “independientes” y emitir fallos ajustados a derecho, tal como
ocurrió esta semana, episodio que hay que celebrar desde ya, pero esta
determinación judicial obedece mucho más al “poder de lo fáctico”
(parafraseando a Vicente Massot) que al apego de la letra de la
Constitución Nacional.
Motivaciones al margen y aunque esto suene como un trabalenguas, la
Corte dio un corte de mangas a la manga de cortesanos que rodean a la
alicaída Presidente.
Este fallo constituyó claramente un revés más que se suma al
debilitamiento electoral y político de un régimen al que,
afortunadamente, se le acortan sus perspectivas de vida.
(*) En el mes de agosto publica su nuevo libro, en coautoría con Agustín
Laje.
