Homosexualidad: ¿puede un católico reconocer los “derechos de las parejas homosexuales”?
“Ceder para no perder”, lema de todas las capitulaciones, también se invoca en relación a la demolición moral de nuestra sociedad.
No se trata solamente de un colosal error estratégico sino también y
sobre todo de un grave error moral. La moral, y no sólo la moral
católica, sino a la moral natural, tiene su eje en el principio según el
cual se debe hacer el bien y evitar el mal: bonum faciendum et malum vitandum.
Este principio primero es inmediatamente evidente al hombre, en todos
tiempos y en todo lugar, y no admite interpretaciones ni compromisos.
Postulando la existencia del bien y del mal, presupone la existencia de
un orden objetivo e inmutable de verdades morales que el hombre descubre
primero en su corazón, porque existe una ley natural inscrita “en su
corazón” (Rom. 2, 14-15).
Del principio según el cual es necesario hacer el bien y evitar el
mal deriva una consecuencia necesaria: jamás es lícito a nadie y en
ninguna esfera, ni privada ni pública, hacer el mal. El mal, que es la
violación de la ley moral, puede ser tolerado en algunos casos
excepcionales pero jamás hecho positivamente. Esto significa que ninguna
circunstancia ni ninguna buena intención podrán jamás transformar un
acto intrínsecamente malo en un acto humano bueno o indiferente. Jamás
un mal, aunque mínimo, podrá ser ejecutado, aunque por las más nobles
motivaciones.
El sistema moral del “proporcionalismo”, hoy a la moda, rechaza la
idea de principios absolutos en el dominio moral y admite la posibilidad
de hacer el “menor mal” posible en una situación particular para
obtener un bien proporcionalmente más grande. Esta teoría ha sido
condenada por el Papa Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor,
que reafirma la existencia de “absolutos morales”, que tienen un
contenido inmutable e incondicionado. “La ponderación de los bienes y de
los males, como consecuencias previsibles de una acción ‒explica el
Papa‒, no es un método adecuado para determinar si la elección de ese
comportamiento concreto es (…) moralmente bueno o malo, lícito o
ilícito” (Nº 77).
El recto criterio del juicio moral es, en efecto, aquel que evalúa un
acto como “bueno” o “malo”, según respete o viole la ley natural y
divina, considerándolo en primer lugar y antes de todo en sí, es decir,
en su objeto, en sus circunstancias y consecuencias propias. Por el
contrario, el criterio proporcionalista es relativista porque evalúa un
acto como “mejor” o “peor”, según mejore o empeore una situación dada.
La Congregación para la Doctrina de la Fe, en una Nota del 21 de
diciembre de 2010 que trata sobre la banalización de la sexualidad, se
refiere a aquellos que interpretan un cierto número de palabras de S.S.
Benedicto XVI en su libro “Luz del mundo”, que recurren a lo que ha sido
convenido llamar la teoría del “mal menor”, declara que “esta teoría,
sin embargo, es susceptible de interpretaciones erróneas, de carácter
proporcionalista”, condenadas por la Veritatis Splendor, porque
“una acción mala por su objeto, aunque se trate de un mal menor, no
puede ser lícitamente querida”. Esto tiene un valor vinculante, tanto en
el plano de la conducta personal como en la del comportamiento público.
Los parlamentarios católicos pueden no tener la posibilidad de realizar
concretamente el mayor bien, pero ellos no pueden jamás promover una
ley injusta en sí, cualquiera sea su motivación. Si el principio según
el cual el mal menor puede ser realizado para obtener un mayor bien
fuese admitido, los católicos podrían promover el aborto terapéutico,
para evitar el aborto selectivo; la fecundación artificial homóloga,
para evitar la fecundación artificial heterogénea; las uniones civiles,
para evitar el “matrimonio” homosexual. Pero si esto se hiciera, toda la moral se derrumbaría porque, de mal menor en mal menor, cualquier arbitrariedad podría ser permitida.
No faltan personas que, para justificar el principio del mal menor en
el dominio político, se refieren a una frase del Papa Juan Pablo II su
encíclica Evangelium Vitae, según la cual “podría lícitamente
apoyar proposiciones destinadas a limitar los perjuicios de una tal ley
(abortista) y a disminuir así los efectos negativos en el plano de la
cultura y de la moral pública” (Nº 73). Pero este pasaje no puede ser
interpretado sino de manera coherente con la Veritatis Splendor
y con el Magisterio moral de la Iglesia, que enseña que es posible
tolerar un mal, renunciando a reprimido y que es aún posible de regular
un mal, en el sentido de reducir su libertad y dominio de acción, pero
que no es posible permitir o regular o un mal autorizando lo porque eso
significaría aprobarlo y tornarse plenamente cómplices (Cf. Ramón García
de Haro, La vita cristiana, Ares, Milano 1995).
El pasaje antes citado, el Papa no declara que es lícito para un
católico de hacer una ley injusta pero que le es lícito intervenir sobre
una ley, en curso de elaboración parlamentaria, de modificarla a través
de enmiendas simples revocatorias o restrictivas de disposiciones
permisivas e inmorales. Se trata en este caso de modificaciones que
impidan que ciertas proposiciones de normas o tengan fuerza de ley. Es
necesario sin embargo precisar que, en nuestro ordenamiento jurídico, la
ley no es solamente votada artículo por artículo pero también en su
conjunto, en signo de aprobación global. Por lo tanto, jamás será
permitido al parlamentario católico de dar su sufragio en la votación
final de modo positivo a un texto que autoriza acciones inmorales,
aunque esa ley sea el resultado de la aprobación de sus modificaciones.
En efecto, no puede en ningún caso y de ninguna manera tomar sobre sí
la responsabilidad global de un texto final autorizando por ejemplo
prácticas abortivas, aunque sea solamente en casos raros y extremos.
Esto significa que el podrá corregir la proposición de ley a través de
enmiendas correctivas, pero que no podrá aprobar el texto final si
permanecen en él las disposiciones malas. Una ley para poder ser
moralmente propuesta por un parlamentario católico debe tener una
integridad propia y debe ser totalmente justa en el sentido de que
ninguna de sus disposiciones contradiga la Ley natural y divina. Pero si
de una ley contiene aunque sea una sola disposición intrínsecamente y
objetivamente inmoral, ella constituye una “no ley”. Un parlamentario
católico no podrá en algún caso votarla en su conjunto o bajo pena de
tomar la responsabilidad moral y jurídica del conjunto del texto. “Bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu » no se cansa de repetir Santo Tomás de Aquino (Suma Teológica, I-II, q. 71, a. 5, ad 2; II-II, q. 79, a. 3, ad 4).
En Italia, representantes de centroderecha y de centroizquierda
encuentran actualmente un “amplio acuerdo” para exhumar los DICO (”
derechos y deberes de las personas que cohabitan de manera estable”), el
proyecto de ley que reconoce jurídicamente las relaciones de
cohabitación presentado por el gobierno de Prodi en febrero de 2007. En
la época, el proyecto fue frustrado gracias a la oposición de los
católicos. Hoy, ciertas personalidades del mundo católico consideran
también el reconocimiento de las uniones homosexuales de hecho como “un
mal menor” que podría aceptarse para evitar ” el mal mayor” del
“matrimonio” homosexual. Pero desde el punto de vista moral, el
reconocimiento legal de las uniones homosexuales es tan grave como su
igualación legal con el matrimonio. Por esto, la Congregación para la
Doctrina de la Fe, en el documento sobre “Proyectos de reconocimiento
jurídico de las uniones entre personas homosexuales” del 3 de junio de
2003, aprobado por el Papa Juan Pablo II, establece que ” el respeto o
hacia las personas homosexuales no pueden de ninguna manera conducir a
la aprobación del comportamiento homosexual o al reconocimiento jurídico
de las uniones homosexuales”. Votar una ley de este tipo significa
tornar ser cómplices de un mal que no es anulado por la pretendida ”
reducción del daño”. Si fueran presentados al Parlamento o dos
proyectos, uno legalizando el “matrimonio” homosexual y el otro
reconociendo los derechos de las parejas homosexuales, aunque no
igualándolas al matrimonio, los católicos no podían votar en favor del
segundo como siendo “menos malo” que el primero, dice el peor de los dos
proyectos debiera ser adoptado, la responsabilidad sería solamente de
quienes lo sostuvieron. ¿Cómo se puede imaginar que un católico pueda
aprobar una ley que protege jurídicamente uno de los ” pecados que
claman al cielo” como “el pecado de los sodomitas”? (Catecismo de la
Iglesia católica, nº 1867)
Fuente: Por Roberto de Mattei, Correspondance européene
