POR RICARDO KIRSCHBAUM
30/10/13
“Nadie duda que la Corte tiene un rol político; es un estabilizador
institucional”. Así definió el papel del Supremo Tribunal en el sistema
democrático su titular, Ricardo Lorenzetti. Apenas trece días después,
el fallo sobre la ley de medios tiene un claro sentido político y forma
parte de la visión que tiene Lorenzetti de su auto adjudicado papel
“estabilizador”.
Es muy posible que el titular de la Corte le otorgue, en sus
explicaciones, ese carácter al fallo favorable a la ley de medios, sobre
todo luego de la derrota kirchnerista en las elecciones del domingo.
Quizá haya pensado que un gobierno “debilitado” no hubiera soportado
otro impacto negativo en una cuestión por la que el kirchnerismo fue
capaz de desatar la más brutal ofensiva contra los medios y los
periodistas independientes en los 30 años de democracia.
Esa visión de Lorenzetti le ha otorgado a su misión una cuota mesiánica
que lo hace sentir que de su tarea depende la suerte de la Patria. Y que
una decisión de la gravedad como tuvo la de ayer hubiera producido una
anomalía institucional en el corto plazo si no tenía la dirección que
tuvo. Ese papel de “estabilizador” implica poner en la balanza
cuestiones que tienen más que ver con la política que con los derechos y
libertades en juego.
Inclusive el haber retenido el fallo hasta después de las elecciones,
con el argumento de que la Corte trata de no influir en la coyuntura,
formó parte del cálculo. Sería injusto y arbitrario plantear la
hipótesis contraria: ¿Qué hubiera pasado con ese papel de la Corte si el
Gobierno triunfaba?
¿Acaso hubiera “estabilizado” para el otro lado?
La Corte ha decidido que la ley de medios, cuyo objetivo siempre ha sido
político y fue votada con exclusividad para afectar al Grupo Clarín, es
constitucional. Por lo tanto, el fallo es respetado como tal en sus
alcances.
Es serio que cuatro miembros del Alto Tribunal no hayan considerado que
estaba en juego la libertad de expresión, cuya afectación no puede ser
remediada con una mera indemnización monetaria.
La Corte fijó criterios de aplicación de la ley a la que avaló. Tanto la
mayoría (Lorenzetti, Highton de Nolasco, Zaffaroni y Petracchi) así
como los que dijeron que se afecta la libertad de expresión y la
independencia de los medios (Argibay, Maqueda y Fayt) tienen conciencia
de que ya son de un flagrante incumplimiento.
No hay políticas públicas de publicidad oficial. El Estado afecta la
libertad de expresión si por subsidios, pauta oficial u otro beneficio,
convierte a los medios en instrumentos de apoyo a una política
determinada. También si los medios públicos están al servicios de
intereses gubernamentales. La autoridad de aplicación no es
independiente ni técnica y no está protegida a interferencias, como pide
la Corte.
Es como si estuvieran fallando para un país imaginado y no para el real.
