DEUDA PÚBLICA Y NUEVO GOBIERNO MACRI
30/11/2015
En materia de endeudamiento público – al contrario de lo que comúnmente se cree – no existe cambio sino continuidad
de la política de gobierno en la Argentina porque la administración
saliente (CFK-Scioli) y la electa (Macri) tenían y tienen un mismo
objetivo de fondo: volver al mercado internacional de capitales para
tomar más deuda externa.
Tanto el fracasado Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 como la
Hoja de Ruta Boudou de 2008 partían de la base que la reestructuración o
refinanciación de la deuda de entonces iba a permitir aliviar el perfil
de vencimiento de las nuevas obligaciones para que la Argentina pudiera
volver a colocar bonos en el exterior.
Pero los errores de diseño del Megacanje – altas tasas de interés en
moneda extranjera, cupones PBI compensatorios de la quita, aceptación de
cláusulas leoninas a favor de los acreedores y, sobre todo,
irresolución del problema de los holdouts – así como las utopías de la
Hoja de Ruta K – idea de arreglos convenientes con los
tenedores que no entraron en el canje y con el Club de París – dieron
paulatinamente por tierra con las esperanzas de paliar el problema
financiero insoluble de la deuda pateando siempre los compromisos para
adelante.
Y es así como un gobierno que asumió signado por una crisis de deuda –
por insolvencia y por iliquidez – termina dejando a su sucesor una
nueva crisis de deuda por los mismos motivos.
CUADRO DE SITUACIÓN
La falta de datos oficiales confiables en materia
económico-financiera dificulta cuantificar los problemas de la herencia
que recibe la nueva administración Macri (inflación, pobreza/indigencia,
monto del PBI/niveles de crecimiento, deuda pública del Estado
Central/Deuda Pública Nacional, etc.) pero pueden identificarse, prima
facie, tres cuestiones centrales e inmediatas:
- La citada crisis de Deuda – como condicionante total de la política económica y financiera de gobierno – con el detonante del problema de los holdouts a la cabeza.
- La falta de divisas propias en el Banco Central (BCRA), como resultado de la política de pagos de la deuda externa con reservas internacionales y de la salida sistemática permitida de capitales.
- La elevada inflación real existente – con aumento del nivel de precios y distorsión de los precios relativos – la desactualización de precios/tarifas de servicios públicos y el retraso cambiario.
El verdadero panorama y nivel de gravedad de la situación heredada lo
dará el acceso a los datos oficiales, lo que depende no sólo de que se
conozcan sino también de que se den debidamente a publicidad cosa que es
particularmente importante en cuanto al tema de la deuda.
AGENDA DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN
La lógica y los tiempos de la Economía son muy diferentes a los de
las Finanzas y, en este momento, los principales y determinantes
problemas de la Argentina son financieros antes que económicos.
En línea con las acuciantes cuestiones expuestas, la nueva
administración Macri va a tener que tomar medidas urgentes en los tres
campos:
- Inicio de conversaciones de allanamiento – mal llamadas negociaciones – con los fondos buitre en Nueva York, lo que implica desandar el camino del desacato ante el fallo Griesa y ponerse en manos del mediador Pollack, que actúa en la práctica como reestructurador de una deuda que aumenta progresivamente con el paso del tiempo y con la aparición del resto de los holdouts (los denominados me too), a los que el juez acaba de incorporar fácticamente en los reclamos contra nuestro país.
- Recapitalización del BCRA, dado el vaciamiento de reservas sufrido bajo la administración K, y la consiguiente reestructuración de su deuda cuasi-fiscal.
- Ajuste fiscal para atenuar el desequilibrio de las finanzas públicas (fuertemente determinado por el problema de la deuda y sus servicios), reducción de los subsidios, estabilidad de precios y tipo de cambio.
Ninguno de estos puntos de agenda son fáciles de encarar ni
predecibles para la acción de cualquier gobierno pero tanto la
extracción político-ideológica de la nueva administración Macri como la
superestructura de poder económico-financiera que lo sostiene permiten
entrever los lineamientos de su planteo al respecto.
PRIORIDADES DEL NUEVO GOBIERNO
Tanto el candidato oficialista Scioli como el vencedor candidato
opositor Macri venían sosteniendo – ellos y sus portavoces económicos –
una receta común para encarar el problema central del endeudamiento
argentino: tomar más deuda.
La cuestión de la deuda es el eje central y absoluto de todo lo que
ocurre en la Argentina en materia financiera, económica y política; y
las acciones y/o preanunciadas y/o previsibles para la nueva
administración lo demostrarían prontamente:
- Contacto inmediato con los holdouts para arreglar la forma de pago a los acreedores – fondos buitre y resto de los me too – lo que conlleva una nueva reestructuración de deuda después del fracaso el Megacanje 2005-10.
- Probable apelación para ello a la variante Gramercy, por el antecedente del pago de fallos del CIADI contra el país, que fueron triangulados por vía de la compra de los derechos de las sentencias a los acreedores y luego refinanciación al gobierno argentino con bonos.
- Ampliación del contrato de swap de monedas con China – se habla de unos 20.000 MD – a los efectos de sostener las reservas del BCRA y cubrir los pagos de servicios de la deuda en moneda extranjera, sobre todo los pagos derivados de la aceptación/implementación de la sentencia Griesa.
- Préstamo-puente con los mismos destinos, provenientes de bancos internacionales, en la plaza de Nueva York – presumiblemente liderados por la Banca Morgan (que habría ofrecido 5.000 MD de crédito directo y 10.000 MD como agente de grupos de inversores financieros) – y preparación de nuevas colocaciones de bonos en moneda extranjera a mediano plazo.
- Conversión progresiva de deuda cuasi-fiscal del BCRA (por Lebac/Nobac) en deuda por Letras del Tesoro, para traspaso de obligaciones y descarga parcial del altísimo costo financiero de las letras/notas, que hoy se colocan a tasas del 30 % anual en pesos (y que son las que fijan el piso de las tasas de las mercado).
- Conversión de los atrasos en la entrega de divisas a importadores – que hoy acumulan 9-10.000 MD – en bonos de la deuda pública; lo que implicaría la triangulación con inversores financieros que compren luego dichos bonos a los tenedores posesionándose así de esa nueva deuda del Estado.
- Aceleración de la toma de deuda externa por las provincias – con la CABA, Buenos Aires, Neuquén y Mendoza a la cabeza – en el marco del nuevo régimen de toma de deuda por entidades subnacionales y con el propósito inmediato que las divisas así obtenidas sirvan para reforzar la posición del reservas del BCRA.
- Previsible continuidad en las operaciones de endeudamiento externo, también con fines de provisión de divisas, por parte de YPF y/u otros organismos nacionales.
- Forzoso replanteo de las relaciones financieras Nación-Provincias a la luz del fallo de la Corte Suprema haciendo lugar al reclamo conjunto de Córdoba, Santa Fe y San Luis, lo que conlleva una suma incalculable en caso de extenderse al resto de las jurisdicciones.
- Atención del déficit del sistema previsional – actual de la ANSES e incremento con el desfinanciamiento del 15 % de la coparticipación en momentos en que tiene el 65 % del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) prestado al Tesoro en forma incobrable. Y
- Cobertura del déficit fiscal creciente – 140.000 M$ (Millones de Pesos) al 30.9 y que se estima superará los 200.000 M$ a fin del ejercicio 2015, lo que implica un aumento adicional del endeudamiento público porque el déficit se cubre con deuda.
Este último punto reviste particular gravedad, ya que se entiende que
el nuevo gobierno – por lógica – no podría encarar un severo plan de
ajuste fiscal apenas iniciada su gestión, por lo que debería apelar
forzosamente a más endeudamiento para atender las cuentas inmediatas
(sueldos/jubilaciones y deudas exigibles de proveedores) y sostener la
transición hacia reducciones de recursos por baja de subsidios y
aumentos de tarifas en los servicios públicos.
La deuda es, además, un componente implícito en el sostenimiento de
la política cambiaria porque – pese a sus dichos iniciales – se piensa
con fundamento que la nueva administración Macri no va a poder liberar
el cepo y unificar el mercado cambiario en forma abrupta y en el inicio
de su gestión:
- Porque tales medidas implicarían una devaluación de hecho y – en mayor o menor medida – el inevitable traslado a precios de la misma.
- Porque el gobierno necesita mantener un retraso cambiario relativo para poder pagar servicios de la deuda externa y garantizar los de las nuevas obligaciones a contraer, siendo que la mayoría de la recaudación fiscal obviamente está en pesos mientras que los nuevos compromisos y sus servicios están en moneda extranjera.
- Porque el retraso cambiario relativo – por devaluación inferior a la inflación real – es, a la vez, un componente básico de la lucha anti-inflacionaria como ancla de precios internos y medida en tándem con las altas tasas de interés locales (hoy del 23-24 % a nivel mayorista Badlar) que garantizan los niveles de rentabilidad financiero-bancarias (la misma alianza fáctica de la Banca con la administración K).
El retraso cambiario y su correlato de altas tasas de interés locales
– clave de las altísimas ganancias financieras por diferencia frente a
las tasas internacionales – continuarían así siendo el eje de la
política monetaria, cambiaria y bancaria de la nueva administración.
Como puede observarse, todas – absolutamente todas – las acciones
clave a desarrollar en el marco de un replanteo inmediato de la crisis
de deuda argentina que deja el gobierno Kirchner serían así cubiertas
con la colocación de más deuda.
Notablemente, la política de pagos de la deuda externa sostenida a
ultranza por la administración K, el traspaso de la deuda impagable como
deuda intra-Estado (con tendencia a la licuación por impago y/o por
sub-indexación), el vaciamiento de las reservas internacionales del BCRA
para cancelar deuda en moneda extranjera, el aumento de las tasas de
interés locales y el creciente déficit fiscal, son todos factores
componentes de la política seguida durante la llamada década ganada que han terminado sirviendo al endeudamiento forzoso, presente y futuro, del Estado Argentino.
CONCLUSIÓN
El gobierno Kirchner ha batido récords de pago de la deuda del
Estado. La presidenta CFK declaró en Setiembre de 2014 que desde el año
2003 su administración había pagado más de 190.000 MD (Millones de
Dólares) en total por servicios de la deuda pública, fundamentalmente
externa y con terceros. Sin contar todavía las deudas agregadas durante
el corriente año 2015.
Estos pagos se destinaron básicamente a cancelar deuda con terceros –
acreedores privados y organismos financieros internacionales – a costa
de la Deuda intra-Estado, es decir, usando recursos fiscales
administrados por el gobierno para traspasar las deudas impagables al
Estado Central.
Tal política de pagos de la deuda – en el marco de un sistema de
deuda perpetua, donde los vencimientos de capital se refinancian en su
totalidad mientras se pagan los intereses y se toma deuda nueva – tuvo
por finalidad desagotar los altísimos niveles de deuda externa que se arrastraban desde el default de fines de 2001 para volver a contraer más deuda.
Con el agravante que ese mecanismo de pagos a ultranza seguido hasta sus postrimerías por el gobierno K – que vivió pagando y terminó debiendo más de lo que heredó (178 contra más de 270.000 MD) – se hizo bajo el falso mito del desendeudamiento.
Pocas veces en la historia reciente un engañoso discurso oficial
sobre la deuda pública ha sido tan funcional a los intereses de los
acreedores financieros del Estado.
Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 27.11.2015
