por Carlos Tórtora •

En el polifacético gabinete de ministros del macrismo, el ex diputado nacional (UCR) Julio Martínez, a cargo de la cartera de Defensa, es uno de los que parecen estar al borde de la emergencia. Aunque lo que ocurre en las filas militares tiene escasa prensa, el panorama interno en particular del Ejército muestra perfiles alarmantes.

Así es que en pleno ajuste del presupuesto nacional el número de oficiales retirados que siguen prestando servicios (y cobrando un plus) por el artículo 62 de la ley 19.101 y la reglamentación de la ley 14.777 ya habría superado los 300, cifra más alta que durante la gestión del cristinista Teniente General César Milani.

Esta lista de ñoquis incluye perlas notables, como el general retirado Jaime Cesio, que acaba de cumplir 81 años, lo que lleva a la pregunta de cuáles serían hoy las tareas a su cargo. Cesio fue el líder de los militares progresistas con el CEMIDA en tiempos de Raúl Alfonsín y es un ícono para la cúpula cristinista que lo dejó seguir cobrando, a lo cual Martínez no se opuso.

Pero el tema de los ñoquis militares es una anécdota en relación a una cuestión más seria: la actual cúpula de la fuerza quedó conformada sobre todo por ingenieros y oficiales de inteligencia, las dos fuerzas que Milani moldeó a su gusto. Es así que éste continuaría manipulando los hilos detrás del actual Jefe del Estado Mayor del Ejército, Diego Luis Suñer, un antiguo incondicional de aquél.

Con este panorama por delante, nadie en el Ministerio de Defensa parece poder dar explicaciones de que cómo se está desarrollando el programa ciberdefensa, o sea, el que lleva adelante las hipótesis de guerra informática. Las sospechas apuntan a que Milani sigue controlando ciberdefensa a los efectos de realizar operaciones de espionaje para preparar el terreno para un estallido social -producto del aumento de las tarifas, la alta inflación y la recesión- que, según fuentes cristinistas, podría golpear a Mauricio Macri dejándolo antes de fin de año en las puertas del helicóptero. Esto si el peronismo, impresionado por la convulsión social, le da la espalda y lo deja librado a su suerte.

Convergiendo con esto último, el Director de Inteligencia José Eduardo Arce también continúa reportándose a Milani. A cuatro meses de asumir, el gobierno continuaría sin detectar dónde están, quién está usando y para qué las dos camionetas Toyota que Milani le entregó a cada destacamento de inteligencia, dotándolas de un equipamiento tecnológico que cuesta aproximadamente 6 millones de dólares cada una. Algunos de los últimos episodios de violencia que se vienen dando podrían estar relacionados con las operaciones de estos equipos que, con sus contramedidas técnicas, pueden resultar indetectables.

En los preparativos

La pregunta de si la estructura de inteligencia militar le sigue respondiendo a Milani y a CFK es ya de por sí grave. Las pesquisas del gobierno para completar un cuadro de esta inquietante situación no fueron hasta ahora demasiado lejos. A fines del año pasado, en pleno proceso de traspaso del poder, Suñer se desempeñaba como Director General de Administración y Finanzas. Curiosamente, se produjo entonces un incendio en el quinto piso del Estado Mayor, sede de esa área, y en el mismo se perdieron hasta los archivos informáticos que contenían la aplicación del presupuesto a determinados programas de inteligencia. O sea que no quedaron pruebas de nada.

El incendio, del que poco o nada se dijo, habría sido parte del plan de Milani para borrar los rastros de su estrategia.

En algunos medios del PRO crece la inquietud porque tampoco avanzan las distintas causas judiciales contra Milani por enriquecimiento ilícito, violaciones de derechos humanos, compras irregulares, etc.

Contando con apoyos en la AFI (ex SIDE), el general de Cristina estaría ganando tiempo hasta que Macri sufra los efectos del ajuste y empiece a bajar en las encuestas. A partir de este punto de inflexión, el aparato de inteligencia clandestina empezaría a desarrollar acciones de sabotaje de servicios públicos, apoyando con su logística saqueos cuyos protagonistas serían grupos salidos del Movimiento Evita y Miles, dos de las organizaciones sociales que el macrismo continúa financiando a cambio de mantener la paz social.

El plan en marcha no tendría fecha pero varios de sus inspiradores creen que a mediados de año el gobierno se enfrentará con una tormenta social que lo encontrará casi inerme, con la policía bonaerense siempre sospechada, la AFI en medio de una guerra interna y la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura poco dispuestas a comprometerse si el gobierno no les da garantías judiciales. ¿Y cómo dárselas, si la jefa de los fiscales continuaría siendo Alejandra Gils Carbó, amiga de Milani y pieza fundamental del plan para delarruizar a Macri a través de una conflictividad social que cada vez se haría más violenta?