LA JUSTICIA Y LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD: MANIFIESTO
“Y la que los músicos
llaman armonía en el canto, Es lo que en la ciudad de llaman concordia, Vínculo
de bienestar seguro y óptimo para toda república, Pues ésta no puede subsistir sin
la justicia.”
Cicerón,
República, II, 42 y 44.
Quienes firmamos
esta declaración hemos dedicado nuestras vidas a la enseñanza y la práctica del
derecho y, por ende, al servicio de su fin o ideal: la justicia. La justicia entre
nosotros ha sufrido ataques y daños de considerable envergadura durante los últimos
años, lo que ha generado amenazas muy graves para el bien común y la salud de la
República.
Creemos que, gran
parte del universo jurídico de la Argentina, con la sola exclusión de individuos
fuertemente ideologizados, ha tomado conciencia del grave estado de situación que
afecta a los detenidos acusados de delitos de lesa humanidad que viola elementales
nociones de justicia y sus derechos humanos.
Así, se constata
que, bajo el pretexto de la comisión de delitos de lesa humanidad, se violó el principio
de legalidad, se reabrieron procesos que habían adquirido categoría de cosa juzgada
y a los supuestos responsables de esos delitos se los ha privado de su derecho a
un debido proceso, se les ha negado el beneficio de la detención domiciliaria y
se los ha excluido de una asistencia médica elemental.
Son los únicos
a quienes se mantiene en prisión provisional, sin condena, luego de dos, tres, diez
y más años. Son los únicos los cuales se les niega la aplicación de la ley penal
más benigna para el cómputo de sus penas. Son los únicos a los cuales se les niega
el instituto de la prescripción. Son los únicos a quienes no se les conceden la
excarcelación, la libertad condicional o las salidas transitorias de las que gozan
legalmente todos los presos, no importa el crimen por el que hayan sido acusados
o condenados.
De resultas de
este estado de cosas, hasta el momento 1.435 personas han sido privadas de su libertad
y, de éstas, 248 llevan más de tres años de prisión preventiva y 360 han muerto
en cautiverio. Todo ello en abierta violación a tratados internacionales que tienen
jerarquía constitucional como la Convención Americana de Derechos Humanos, entre
otros.
Lo menos censurable
es el contexto y forma en que se han desarrollado estos juicos, ofreciendo en muchos
casos un espectáculo indigno, absolutamente impropio de lo que debe esperarse de
un tribunal, llegándose incluso a trasladar a los tribunales a personas en camilla
o visible situación de incapacidad.
Asimismo, a los
parientes de las víctimas del terrorismo que tuvo lugar antes de 1976 no se les
ha reconocido reparación alguna, ni siquiera el derecho a la verdad. Una jurisprudencia
amaneada ha considerado que los graves hechos que se llevaron la vida de sus parientes
no constituyen delitos de lesa humanidad por no haber existido intervención del
Estado en su comisión. ello pese a que el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal
Internacional y tipificó la figura de lesa humanidad, vigente en la Argentina a
partir de Julio de 2002, considera expresamente, tanto a los delitos cometidos por
agentes del estado cuanto a los perpetrados por bandas armadas, dentro de la misma
categoría de lesa humanidad y, por ende, sujetos a idéntico régimen de imprescriptibilidad,
entre otras características diferenciadoras de los delitos comunes.
En la última década
se ha hecho una seria discriminación en detrimento de los hombres que llevaron a
cabo la represión contra el terrorismo, quienes, aunque incurrieron en excesos y
extralimitaciones inadmisibles, recibieron en todos los casos penas gravísimas.
Mientras que a los responsables directos o indirectos del terrorismo se los ha colmado
de honores; y en muchos casos se los ha premiado con cargos públicos e indemnizaciones.
Esta asimetría hiere la conciencia y reclama urgente reparación. De lo contrario,
lejos de hacerse justicia se habrá incurrido e una grave arbitrariedad.
No podemos aceptar
que a las puertas del Bicentenario persista esta situación que continuará creando
grietas en la sociedad, y que además, puede acarrearle a la Argentina responsabilidad
internacional por la grosera violación de convenios internacionales. Esto debe terminar.
El nuevo gobierno, la nueva dirigencia política, despojada de la ideología y de
la instrumentalización política del odio y la venganza que caracterizaron a los
años precedentes, constituyen una esperanza y es indispensable que restauren la
concordia y la plena vigencia de los principios y contenidos de orden jurídico.
Firmantes
Juan
Ramón Aguirre Lanari. Julio
Altamira Gigena. - Jaime
Anaya.- Gregorio
Badeni. - Alberto
Bianchi. - Juan
Carlos Cassagne. - Iván
José María Cullen. - Siro
De Martini. - Daniel
Funes de Rioja. Guillermo
Ledesma. - Roberto
Luqui. - Daniel
Sabsay. - Alfonso
Santiago. - Jorge
Vanossi.
