El autogolpe en el horizonte
El mes de reposo que deberá cumplir la presidente, luego de que se le
diagnosticara una “colección subdural crónica” durante una serie de
estudios que se le practicaron ayer en el Instituto Favaloro, podría
modificar el escenario K político nacional. En enero del 2012, CFK debió
operarse de la tiroides y tomarse licencia por 20 días. La comparación
del contexto político que rodeó a ambos episodios médicos no deja lugar a
dudas. Por entonces, Cristina acababa de ganar brillantemente su
reelección, en cambio ahora se enfrenta a una segura derrota electoral
en el distrito que marca el destino político del país. La segunda
diferencia importante es que, en el actual marco político, una novedad
médica de este calibre necesariamente da lugar a diversas
especulaciones. Sobre todo por el hecho de que, tal como se plantean las
cosas, la presidente no estaría a cargo del Ejecutivo en la noche más
dura que le espera al kirchnerismo después de diez años de gobierno: la
del 27 de octubre. Un régimen como éste, que se caracteriza por un
férreo control de la información y la ausencia de transparencia de los
actos de gobierno, favorece la suposición de que esta nueva licencia
presidencial por razones de salud puede esconder un plan político para
responder al debilitamiento que le provocaría al gobierno la inminente
derrota electoral. ¿Es esta licencia la forma de retomar la iniciativa
perdida que encontró el kirchnerismo? Como no puede ser de otro modo,
empezarán a multiplicarse las versiones sobre una eventual renuncia de
la presidente y el llamado a elecciones anticipadas. Que el timón del
gobierno quede en manos de un vicepresidente a punto de ser citado a
indagatoria por enriquecimiento ilícito es sin duda una situación
singular. Esta crisis de salud sirve también para desconcertar a una
oposición dispersa que hasta ayer se preparaba para plantearle
condiciones a CFK luego de que las elecciones la debilitaran. Daría la
impresión de que, a partir de ahora, el cristinismo podría intentar
capitalizar la licencia en varios sentidos. Por ejemplo, las críticas al
autoritarismo de Cristina serían replicadas como intentos de
desestabilizar a una presidente enferma. La victimización volvería a ser
una carta fuerte de la acción psicológica del oficialismo. Una fórmula
que a ella le dio extraordinarios resultados luego del fallecimiento de
Néstor Kirchner. Pero en las actuales circunstancias, la ausencia
presidencial puede apuntar a un mensaje aún más profundo. El sistema de
poder argentino dejó de funcionar sobre la base de las instituciones
republicanas para orbitar en torno a un personalismo excluyente. A todo
esto, las reservas del Banco Central están cayendo mientras crece en los
tribunales de EEUU el riesgo de un nuevo default. La inflación y el
descontrol del gasto público generan la impresión de que el gobierno no
podrá continuar así mucho más allá de octubre. Y en el seno del
peronismo se cocina a fuego lento una crisis que se sumaría al
crecimiento geométrico del massismo. Una ausencia de CFK en este
contexto podría instalar un clima de ingobernabilidad, o sea de vacío de
poder. ¿Se propone el gobierno llevar a la sociedad a la opción de
Cristina o el caos? De ser así, hay que suponer que la instalación de un
escenario de extremo desorden obedecería tal vez al propósito de
concentrar aún más el poder, a través de un operativo clamor reclamando
que ella vuelva y con plenos poderes.
Señales preocupantes
Los autogolpes se instalaron fuertemente a partir de la tercera
década del siglo pasado. El Incendio del Reichstag, que le permitió a
Hitler concentrar el poder, y la marcha sobre Roma de las camisas negras
de Mussolini son clásicos en esta materia. En Perú, el domingo 5 de
abril de 1992, el entonces presidente de la República, Alberto Fujimori,
con el respaldo de las Fuerzas Armadas, disolvió el Congreso de la
República, intervino el Poder Judicial y además hubo persecución de
algunos miembros de la oposición. Sin embargo, el 82% de la población,
según todas las encuestas de la época, apoyó esta medida por considerar
al Congreso como una entidad corrupta dedicada a bloquear constantemente
el accionar del Poder Ejecutivo. Como se advierte, este antecedente es
muy distinto a la realidad argentina actual. Sin embargo, hay señales
que justificarían preocuparse por el tema.
En sus últimas apariciones públicas, la presidente viene insistiendo
en que existe una supuesta conspiración internacional para “escarmentar a
la Argentina” por su política de desendeudamiento. También viene
reiterando que ella, bajo ninguna circunstancia, devaluará ni aplicará
un plan de ajuste, llegando a decir en privado que antes de esto
renunciaría En consonancia con esto, el funcionario emblemático del
ultracristinismo, Guillermo Moreno, acaba de salir reforzado de su
pulseada por la continuidad del fracasado blanqueo. Se trata de claros
mensajes de que el gobierno no está preparándose, como sería lógico en
cualquier democracia normal, para negociar con la oposición la compleja
transición que le espera hasta diciembre del 2015. Pero hay más señales
de alarma. El funcionario público cuyo poder más creció en los últimos
meses no es un dirigente de La Cámpora ni un economista dirigista sino
el Jefe del Estado Mayor del Ejército. El general César Milani es el
portavoz de la propuesta de chavización de las fuerzas armadas, es
decir, que éstas asuman un rol de compromiso con la ideología del núcleo
gobernante. Pero Milani no es precisamente un teórico. Su punto fuerte
es el aceitado aparato de espionaje clandestino que esconde en la
Dirección de Inteligencia del Ejército. Además, se proyecta ahora en un
asunto aún más delicado. El gobierno ya trasladó el grueso de la
Gendarmería (una fuerza de frontera) al conurbano. Así es que, con el
pretexto de la inseguridad, desplegó un importante aparato militarizado
en la zona política más sensible del país. El segundo paso se está dando
ahora, porque en clara violación a las leyes de Defensa y Seguridad
Interior, efectivos del Ejército patrullan las fronteras junto a las
fuerzas de seguridad. Digerido este hecho por una oposición entretenida
con otros temas, el plan de Milani avanzó ahora un poco más. El
secretario de Seguridad Sergio Berni dirigió anteayer un inédito
operativo de desalojo de la Gendarmería, Prefectura y el Ejército para
desocupar unos terrenos en Río Gallegos, que están destinados al plan
Procrear y a la construcción de 250 viviendas por el municipio
kirchnerista con fondos nacionales. Las imágenes de los efectivos del
Ejército interviniendo para evitar una usurpación, reflejan que el
gobierno ya instaló a las fuerzas armadas en la seguridad interior. Un
paso más hacia una utilización de las mismas para controlar eventuales
situaciones de conmoción
