Jubilados condenados a muerte
by jubiladosaportantes
Fuente: Diario HOY
jubilados justicia ilustra
Un informe de la Auditoria General de la Nación detectó serias
irregularidades en el PAMI. La corrupción estructural hace que el
servicio sea cada vez más deficiente, poniendo en riesgo la atención de
más de 4 millones de afiliados
Para el kirchnerismo, los jubilados y pensionados de nuestro país son
descartables. Por eso, pareciera que desde el gobierno prefieren que se
mueran antes de garantizar las mínimas condiciones de calidad de vida
que se merecen aquellos que aportaron al Estado durante toda una vida de
trabajo.
Solo así se entiende que, por ejemplo, el gobierno esté cajoneando el
pago de miles sentencias judiciales de actualización de haberes a
personas que en muchos casos superan los 80 años de edad y, como si esto
fuera poco, ahora se esté profundizando la utilización de los recursos
del PAMI para engrosar la caja negra de la política.
Para tener una idea de la magnitud de los fondos que abarca el
despilfarro hay que tener en cuenta que, para este año, el PAMI tiene
asignado un presupuesto de más de $35 mil millones, es decir, cuatro
veces más que el presupuesto que tiene el IOMA en la Provincia. Claro
que este caudal de recursos no se utiliza para mejorar la calidad de la
atención a los jubilados, sino más bien para cubrir gastos políticos y
agujeros fiscales. Por ejemplo, la obra social, en 2012 y 2013, habría
financiado al Estado en más de $3 mil millones a través de la
adquisición de Letras de Tesorería, mientras se reducen los servicios
para los afiliados. De hecho, se eliminó el subsidio de $49 que
cobraban aquellos que percibían el haber mínimo.
Desvío de fondos
Las irregularidades en el PAMI son verdaderamente groseras. El ultimo
informe de la Auditoría General de la Nación, el organismo de contralor
que depende del congreso y que mantiene cierta independencia del Poder
Ejecutivo (alertó sobre el colapso de la Línea Sarmiento, meses antes de
que ocurriera la catástrofe de Once), es realmente demoledor.
Según la AGN, se detectaron “desvíos (de fondos) que no tienen
explicación”. Las falencias aparecieron en varias de las 36 Unidades de
Gestión Local (UGL) que la obra social tiene repartidas en todo el país
(una de las sedes está en La Plata), y también surgieron tras analizar
la labor de algunos de los 348 prestadores, es decir, los profesionales
habilitados para atender a un universo de afiliados que supera los 4,1
millones de personas.
En ese sentido, por ejemplo, se examinó la labor de ocho UGL y se
detectó que el “promedio de demora en el otorgamiento de turnos de
atención oftalmológica era de 29,21 días”, cuando se supone que las
consultas programadas deben darse en un plazo no mayor a los siete días.
¿Sabrán en el gobierno nacional que hacer esperar a un jubilado casi un
mes para poder realizar una consulta médica puede implicar serios
riesgos para la salud?
Eso no es todo. La AGN también detectó que se habrían inflado de forma
considerable el número de prestaciones. En otras palabras, se habría
recurrido a distintas maniobras para desviar recursos que terminaron
engrosando cajas políticas, en lugar de contribuir a atender la salud de
los jubilados.
En el PAMI existe el denominado “Sistema del Modelo Prestacional”. Son
las normas que indican de qué manera se atiende a los afiliados y cómo
se le pagan esos servicios a los prestadores. Según esta normativa, y
luego de que la obra social estableciera el valor de la cápita, es decir
cuánto sale un afiliado, los prestadores cobran según la cantidad de
pacientes que se les asignan, y no por el número real de personas que
atiendan. Un auténtico escándalo. Además, los profesionales tienen otras
dos fuentes de ingreso: por un lado, el adicional que les llega si le
dan al PAMI información estadística y, por el otro, una retribución por
cada efectiva prestación que hagan por encima de una “tasa de
incentivo”, establecida por la obra social. A ello se le suma la “tasa
de uso esperada”, que es fijada para cada Unidad de Gestión Local.
Ahora bien, la Auditoria General de la Nación encontró desvíos en esta
cuestión: por ejemplo, en la UGL Capital Federal, la tasa de uso
esperada de 1.255,03 pacientes; sin embargo se atienden apenas 219
afiliados por mes, generándose un desvío negativo del 83%.
Entre las conclusiones de la AGN se señala que los “desvíos” surgidos
tras comparar entre las performances de las distintas Unidades de
Gestión Local “no tienen explicación desde el punto de vista
epidemiológico”, sino que podrían encontrar sustento entre las
siguientes causales: subprestación como mecanismo de maximización de
ingresos al prestador; información errónea sobre obligaciones cumplidas
por el prestador; transmisión de información de los prestadores
realizada en forma deficiente; y existencia de cápitas que se asignan
por encima de la capacidad prestacional del prestador. Una forma sutil
de decir que existe un despilfarro sin freno.
El PAMI de La Plata en la mira
Una de las Unidades de Gestión Local que fue puesta en la mira es la
que se ubica en La Plata. La directora regional es Araceli Mastellone,
una exintegrante de la agrupación Quebracho que mantiene una estrecha
relación con la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
Ambas conformaron, en el año 2010, el grupo “Las Cristinas” desde donde
impulsaron la reelección de la Presidenta Cristina Fernández de
Kirchner.
Según la AGN, en La Plata se habrían detectado groseras irregularidades
con las cirugías de cataratas practicadas por el PAMI. A nivel
nacional, “en promedio, cada 739 afiliados capitados, el Instituto
realizó una cirugía de cataratas en el periodo auditado”. Pero, sin
embargo, “en este promedio hay casos con variaciones muy amplias, como
por ejemplo el caso de un prestador de la UGL La Plata, que realiza una
cirugía cada 154 afiliados”. Las prestaciones oftalmológicas tuvieron,
durante el período estudiado, un presupuesto de $ 209.060.000.
Cabe recordar que nuestro diario viene informando acerca de otras
irregularidades que salpicarían a Mastellone. Por ejemplo, inflar las
cápitas de algunas clínicas, que no tendrían la capacidad ni la
infraestructura de poder cumplir con los servicios que se les destinan.
Entre ellas figuran dos sanatorios, uno ubicado en Ensenada y otro en
Berisso, administrados por el médico privado de Hebe de Bonafini.
No se cumple lo que marca la ley
El extitular de la Comisión de Salud del Senado bonaerense, Santiago
Nardelli, quien fue un estrecho colaborador de Graciela Ocaña durante la
intervención que encabezó en el PAMI, sostuvo que el desencadenante de
la crisis de la obra social había sido un informe de la Auditoría del
año 2003.
“Ese informe de la auditoria desencadenó la intervención del PAMI y
designación en ese cargo de Juan Horacio González Gaviola, que renunció
en medio de un escándalo a principios de 2004. Luego vino la gestión de
Graciela Ocaña, y tras su salida del gobierno se dio marcha atrás con
casi todo el trabajo que se había hecho para transparentar la obra
social. Es muy grave que, luego de 10 años, el PAMI siga intervenido y
no se cumpla con lo que dice la ley”, afirmó Nardelli ante una consulta
de Hoy.
La ley del PAMI establece, entre otros puntos, que en el directorio haya
representantes de los jubilados y de los trabajadores activos, con voz y
voto en los asuntos que hacen a la gestión de la obra social.
