“La gloria de los hombres se ha de
medir siempre por los medios de que se han servido para obtenerla”.
François de la Rochefoucauld
La diáspora que las elecciones primarias continúan produciendo en las filas del oficialismo tuvieron su fotografía más explícita en la reunión de empresarios convocada por doña Cristina en Tecnópolis; las ausencias más notorias fueron las de Méndez, de la UIA, y Brito, de la Asociación de Bancos, pero más de cien capitanes de la industria faltaron a la cita. Ese gesto, impensable hasta julio, da cuenta de la soledad en la que se encuentra un gobierno transformado en un pote de yogurt, con fecha cierta de vencimiento, y del cual ni Gardel ni Lepera pensarían que puede “Volver”. Si a ello se les suman los agravios que Patotín Moreno infirió durante años a esos mismos invitados ausentes, la explicación resulta innecesaria.
El procesamiento del energúmeno funcionario fue otra de las muestras de la pérdida de poder del kirchnerismo, tan lejano a sus épocas de gloria, cuando todos se inclinaban a su omnímoda voluntad. En el terreno de la Justicia, por supuesto aparte de las derrotadas batallas contra la prensa, será donde se librarán las campañas futuras de la banda de delincuentes que hoy nos gobiernan, aterrados ante un horizonte de condenas que, seguramente, incluirán a sus hijos y parientes, comenzando por los presidenciales, los “jaimitos” y la princesita del titular de la AFIP, tan necesitada de movilización.
Desde el origen de la década ganada por tan pocos, don Néstor (q.e.p.d.) y su viuda se exhibieron como víctimas de los gobiernos anteriores, causantes de todos los males de la Argentina, que habían contraído obligaciones que ellos debían afrontar. La actitud de quien tantas veces se autotituló abogada exitosa presenta dos opciones: ignora que los compromisos asumidos por un gobierno obligan a su país, con prescindencia de quien sea su presidente, o bien es una muestra más de la mala fe del relato. De allí la novedad de la semana en la materia; decir, como lo hizo, que aceptó el gobierno sin beneficio de inventario es una estupidez sin nombre, ya que no se trata de una herencia privada sino de un rarísimo sucesorio que, pese a contener tantas bombas de tiempo –como las que dejará el kirchnerismo- convoca a tantos voluntarios a recibirlo.
Finalmente, una breve anotación para la polémica calificación como década ganada que otorgó doña Cristina a la producción de leche: si bien la producción se ha incrementado, la realidad indica que se ha producido a costa de una enorme concentración –como ha sucedido en muchísimas otras ramas de la industria- que ha implicado la desaparición del 90% de los tambos, con el consiguiente desarraigo de familias rurales y la desocupación que eso entraña.
Dedicaré, ahora, unos párrafos a mis sugerencias para la imprescindible renovación de la Justicia. Sin pretender dictar cátedra sino, simplemente, realizar propuestas para su discusión inmediata, comenzaré entonces diciendo que, en la Argentina y en cualquier otro país, “con Justicia, todo es posible; sin Justicia, nada es posible”.
No descubro pólvora alguna cuando sostengo que la inseguridad, la impunidad, la corrupción, son los temas que más preocupan a los ciudadanos hoy en día; todos ellos, entre otros no menos importantes, son temas sobre los cuales una Justicia verdaderamente independiente, seria y rápida podría accionar muy rápidamente.
Piénsese, sólo, en qué sucedería con la seguridad si la Justicia se sintiera independiente del poder político y llegara al fondo de la alianza real entre los malos policías, los punteros locales y los delincuentes, aplicando a todos ellos el peso de la ley vigente, sobre todo en materia de narcotráfico. Piénsese en qué sucedería si todos los funcionarios, a partir de cierto rango, tuvieran que pasar por un juicio de residencia, como aquél al que eran sometidos los representantes de la Corona al dejar sus cargos.
Por lo demás, la trascendencia pública internacional de la independencia del Poder Judicial en Argentina, y el apego obligado del país a sus leyes, no solamente prestigiará nuestra imagen en el mundo sino que, con ello, comenzarán a aparecer las inversiones, tan esenciales para el desarrollo económico. Si los argentinos nos convencemos que nunca más las reglas serán cambiadas por quien ejerza el Ejecutivo, o por el absoluto desprecio del partido mayoritario ocasional por el interés público, regresarán los capitales hoy depositados en el exterior, y de su mano volverán los extranjeros.
Pero, ¿cómo hacer para cambiar, en tan breve plazo como el que el país necesita, la Justicia que hoy tenemos? No servirá para ello el procedimiento que intentó utilizar hasta ahora el Gobierno, pese a su previamente declamada voluntad de transparencia, para la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura o para la propuesta de candidatos a jueces, desoyendo e ignorando las críticas públicas o alterando, por su sola voluntad, el orden de mérito en los concursos.
Tengo la certeza, después de más de cuarenta años de ejercicio de la abogacía, que la enorme mayoría de los jueces son individuos probos y capaces, y que en cada uno de los fueros y jurisdicciones se conoce perfectamente a los mejores y a los peores de sus propios integrantes. Los miembros de las diferentes cámaras debieran ser elegidos por el voto secreto de los jueces inferiores; no se trata de proteger a la familia judicial sino de permitir que sea la excelencia y el reconocimiento y el respeto de sus pares quienes otorguen los ascensos necesarios. Por su parte, los jueces inferiores debieran pasar, para su designación, por exámenes públicos y transparentes de antecedentes y conocimientos, y exigirles, una vez nombrados, la permanente actualización de los mismos como requisito para su permanencia.
Para que esta propuesta tuviera éxito, el procedimiento debería replicarse en todas y cada una de las provincias, para evitar la manipulación caudillista y clientelista de sus realidades sociales y políticas y, por supuesto, una constante vigilia ciudadana sobre el comportamiento de los políticos, que intentarán influir en los procesos para buscar, a través de la connivencia corrupta, la protección de sus intereses espurios. El mero hecho de contar con una Justicia a prueba de corrupción, sea ésta monetaria o política, permitirá a la población volver a confiar en un futuro posible para nuestra Patria.
Pese a las naturales exigencias cotidianas de quienes padecen la inseguridad en carne propia no creo necesario modificar las leyes existentes sino, simplemente, aplicarlas con rigor y equidad. Pero sí habría que enmendar aquéllas que se refieren a los delitos de corrupción ya que, por su misma naturaleza, muy difícilmente se encuentran pruebas concretas, ciertas e indubitables, de la comisión de estos hechos.
Piénsese cómo mejoraría la administración pública si una Justicia independiente y proba se encargara, eficientemente, de investigar las denuncias de corrupción y el enriquecimiento indebido de algunos. En este punto propongo dos medidas; la primera, tomada de la Italia que encaró el proceso de mani pulite contra sus más importantes políticos y empresarios. Para poder condenarlos, sustentó las sentencias en indicios graves y concordantes, sin requerir pruebas concretas, de casi imposible obtención en estos casos. En Argentina también esa forma ha sido analizada; la inversión de la carga de la prueba –o sea, que quien no prueba que es inocente es culpable- nunca fue aplicada por los jueces de Comodoro Py, a punto tal que fueron invalidados 4000 mails encontrados en las computadoras del socio de Jaimito. La segunda, es la inmediata implantación del juicio por jurados para este tipo de delitos aberrantes, sobre todo cuando tantos niños (dos por ciento) hoy mueren de desnutrición en la Argentina, mientras sus funcionarios se dedican a engrosar sus fortunas más allá de cualquier límite. Deben ser los propios ciudadanos quienes digan si cada uno de ellos es culpable o inocente de los delitos que se le imputan, y el juez quien se limite a fijar el monto de la condena.
Octubre se aproxima y, antes de terminar, dejará un perfume a frentes marchitas que impregnará los dos últimos años del kirchnerismo en el poder, si es que el olor a chamusquina no lo supera antes.
Ronda, 22 Sep 13
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. en Bs.As. + 54 (11) 4807 4401/02
Desde el origen de la década ganada por tan pocos, don Néstor (q.e.p.d.) y su viuda se exhibieron como víctimas de los gobiernos anteriores, causantes de todos los males de la Argentina, que habían contraído obligaciones que ellos debían afrontar. La actitud de quien tantas veces se autotituló abogada exitosa presenta dos opciones: ignora que los compromisos asumidos por un gobierno obligan a su país, con prescindencia de quien sea su presidente, o bien es una muestra más de la mala fe del relato. De allí la novedad de la semana en la materia; decir, como lo hizo, que aceptó el gobierno sin beneficio de inventario es una estupidez sin nombre, ya que no se trata de una herencia privada sino de un rarísimo sucesorio que, pese a contener tantas bombas de tiempo –como las que dejará el kirchnerismo- convoca a tantos voluntarios a recibirlo.
Finalmente, una breve anotación para la polémica calificación como década ganada que otorgó doña Cristina a la producción de leche: si bien la producción se ha incrementado, la realidad indica que se ha producido a costa de una enorme concentración –como ha sucedido en muchísimas otras ramas de la industria- que ha implicado la desaparición del 90% de los tambos, con el consiguiente desarraigo de familias rurales y la desocupación que eso entraña.
Dedicaré, ahora, unos párrafos a mis sugerencias para la imprescindible renovación de la Justicia. Sin pretender dictar cátedra sino, simplemente, realizar propuestas para su discusión inmediata, comenzaré entonces diciendo que, en la Argentina y en cualquier otro país, “con Justicia, todo es posible; sin Justicia, nada es posible”.
No descubro pólvora alguna cuando sostengo que la inseguridad, la impunidad, la corrupción, son los temas que más preocupan a los ciudadanos hoy en día; todos ellos, entre otros no menos importantes, son temas sobre los cuales una Justicia verdaderamente independiente, seria y rápida podría accionar muy rápidamente.
Piénsese, sólo, en qué sucedería con la seguridad si la Justicia se sintiera independiente del poder político y llegara al fondo de la alianza real entre los malos policías, los punteros locales y los delincuentes, aplicando a todos ellos el peso de la ley vigente, sobre todo en materia de narcotráfico. Piénsese en qué sucedería si todos los funcionarios, a partir de cierto rango, tuvieran que pasar por un juicio de residencia, como aquél al que eran sometidos los representantes de la Corona al dejar sus cargos.
Por lo demás, la trascendencia pública internacional de la independencia del Poder Judicial en Argentina, y el apego obligado del país a sus leyes, no solamente prestigiará nuestra imagen en el mundo sino que, con ello, comenzarán a aparecer las inversiones, tan esenciales para el desarrollo económico. Si los argentinos nos convencemos que nunca más las reglas serán cambiadas por quien ejerza el Ejecutivo, o por el absoluto desprecio del partido mayoritario ocasional por el interés público, regresarán los capitales hoy depositados en el exterior, y de su mano volverán los extranjeros.
Pero, ¿cómo hacer para cambiar, en tan breve plazo como el que el país necesita, la Justicia que hoy tenemos? No servirá para ello el procedimiento que intentó utilizar hasta ahora el Gobierno, pese a su previamente declamada voluntad de transparencia, para la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura o para la propuesta de candidatos a jueces, desoyendo e ignorando las críticas públicas o alterando, por su sola voluntad, el orden de mérito en los concursos.
Tengo la certeza, después de más de cuarenta años de ejercicio de la abogacía, que la enorme mayoría de los jueces son individuos probos y capaces, y que en cada uno de los fueros y jurisdicciones se conoce perfectamente a los mejores y a los peores de sus propios integrantes. Los miembros de las diferentes cámaras debieran ser elegidos por el voto secreto de los jueces inferiores; no se trata de proteger a la familia judicial sino de permitir que sea la excelencia y el reconocimiento y el respeto de sus pares quienes otorguen los ascensos necesarios. Por su parte, los jueces inferiores debieran pasar, para su designación, por exámenes públicos y transparentes de antecedentes y conocimientos, y exigirles, una vez nombrados, la permanente actualización de los mismos como requisito para su permanencia.
Para que esta propuesta tuviera éxito, el procedimiento debería replicarse en todas y cada una de las provincias, para evitar la manipulación caudillista y clientelista de sus realidades sociales y políticas y, por supuesto, una constante vigilia ciudadana sobre el comportamiento de los políticos, que intentarán influir en los procesos para buscar, a través de la connivencia corrupta, la protección de sus intereses espurios. El mero hecho de contar con una Justicia a prueba de corrupción, sea ésta monetaria o política, permitirá a la población volver a confiar en un futuro posible para nuestra Patria.
Pese a las naturales exigencias cotidianas de quienes padecen la inseguridad en carne propia no creo necesario modificar las leyes existentes sino, simplemente, aplicarlas con rigor y equidad. Pero sí habría que enmendar aquéllas que se refieren a los delitos de corrupción ya que, por su misma naturaleza, muy difícilmente se encuentran pruebas concretas, ciertas e indubitables, de la comisión de estos hechos.
Piénsese cómo mejoraría la administración pública si una Justicia independiente y proba se encargara, eficientemente, de investigar las denuncias de corrupción y el enriquecimiento indebido de algunos. En este punto propongo dos medidas; la primera, tomada de la Italia que encaró el proceso de mani pulite contra sus más importantes políticos y empresarios. Para poder condenarlos, sustentó las sentencias en indicios graves y concordantes, sin requerir pruebas concretas, de casi imposible obtención en estos casos. En Argentina también esa forma ha sido analizada; la inversión de la carga de la prueba –o sea, que quien no prueba que es inocente es culpable- nunca fue aplicada por los jueces de Comodoro Py, a punto tal que fueron invalidados 4000 mails encontrados en las computadoras del socio de Jaimito. La segunda, es la inmediata implantación del juicio por jurados para este tipo de delitos aberrantes, sobre todo cuando tantos niños (dos por ciento) hoy mueren de desnutrición en la Argentina, mientras sus funcionarios se dedican a engrosar sus fortunas más allá de cualquier límite. Deben ser los propios ciudadanos quienes digan si cada uno de ellos es culpable o inocente de los delitos que se le imputan, y el juez quien se limite a fijar el monto de la condena.
Octubre se aproxima y, antes de terminar, dejará un perfume a frentes marchitas que impregnará los dos últimos años del kirchnerismo en el poder, si es que el olor a chamusquina no lo supera antes.
Ronda, 22 Sep 13
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. en Bs.As. + 54 (11) 4807 4401/02
