El presente artículo, fue copiado de la pagina de Agustín Laje, y también publicado en la Prensa Popular el 20/04/2012
Por Agustín Laje (*)
Si hiciéramos un corte temporal que fuera desde la reelección de
Cristina hasta la semana pasada, habría bastante de razón en sostener
que el gobierno venía experimentando un decrecimiento sostenido en
términos de popularidad. Tanto es así, que en el mes de marzo la
consultora Management & Fit, en coincidencia con dos estudios
similares, informaba sobre la caída de la imagen de la presidente en
17%.
Las medidas de quita de subsidios y ajustes varios, sumado al tan
insufrible como permanente aumento de precios por un lado e inseguridad
por el otro, y sin olvidar los costos políticos de la tragedia de Once y
las causas de corrupción que afectan a funcionarios de primera línea
como Amado Boudou, estaban minando en algún grado aquella luna de miel
que los kirchneristas decían tener con “el pueblo”. O al menos con el
54% de éste.
La pregunta en el seno del poder se tornó evidente: ¿Cómo dar un
golpe de timón y volver a “enamorar” a la masa? Malvinas primero, e YPF
después, se constituyeron así en las dos maneras más efectivas de hacer
uso de eso que siempre, inexorablemente, incluso en gobiernos
dictatoriales, da buenos resultados políticos: “las causas nacionales”.
Frente a las “causas nacionales” la gente se solidariza y el ambiente
político se hegemoniza; la idea de unión se superpone a la de disenso,
todo cuestionamiento es tachado prácticamente de “traición a la patria” o
“cipayismo”, y muchas veces la realidad termina siendo sesgada. ¡Y qué
mejor para el kirchnerismo que hegemonizar y sesgar!
Las consecuencias de este plan maestro no podrían haber sido mejores
para el oficialismo: la popularidad de Cristina volvió a subir; Amado
Boudou ahora puede respirar y dormir tranquilo porque su caso ya quedó
tras una nueva cortina de humo; y no sólo el 54% está aplaudiendo la
medida tomada, sino que incluso aquellos que no votaron a Cristina
también lo están haciendo, y baste ver el penoso papel que está jugando
al respecto la propia oposición.
Esta nueva “causa nacional” está, sin embargo, rodeada de falacias
que resulta conveniente analizar en virtud de las siguiente reflexiones.
Primero. Hay un error lógico y una mentira fáctica
en pensar que la escasez de combustible será inmediatamente solucionada
tras poner a YPF en manos del Estado. Error lógico, puesto que no existe
implicancia lógica alguna entre estatización y aumento de la
productividad; mentira fáctica, puesto que los datos históricos dan
cuenta de todo lo contrario: si por algo se han caracterizado las
empresas públicas en Argentina, eso es por su ineficiencia. Piense en la
ENTeL del alfonsinismo por ejemplo, o más actualmente en las Aerolíneas
Argentinas del kirchnerismo, y entenderá que nada asegura que YPF, sólo
por ser estatal, aumente su productividad.
Para clarificar esto un poco más, sería interesante preguntarse
acerca del desempeño de la petrolera en cuestión antes de 1992, esto es,
cuando el Estado manejaba la compañía. La respuesta es dilapidaria: YPF
era la única petrolera en el mundo que daba pérdidas (pérdidas que las
pagaban no los políticos que jugaban a ser empresarios, sino la gente en
general), y su déficit llegó a superar los cinco mil millones de
dólares que dejaron a la empresa destruida.
¿Por qué tuvo déficit una empresa que actúa en un mercado donde es
virtualmente imposible tener pérdidas? Pues porque se rigió no con
criterio económico, tal como lo hacen los agentes privados en mercados
libres, sino que lo hizo, tal como lo hacen los Estados en mercados
intervenidos, con criterio político: 45 mil empleados trabajando allí
(cuando se necesitaban 5 mil), y el uso sistemático que hizo el gobierno
de YPF para pedir dinero prestado afuera son pruebas de ello.
Segundo. Cierto es que YPF no ha gozado de
inversiones privadas. Pero esto no es causa, sino consecuencia.
¿Consecuencia de qué? Consecuencia de la inexistencia de seguridad
jurídica en la Argentina.
Cuando el kirchnerismo alega la falta de inversiones como una razón
para intervenir, está ocultando que esa falta de inversión es
precisamente el resultado de una intervención anterior. En efecto, si no
ha habido inversiones eso fue, entre otras cosas, porque el Estado se
dedicó a controlar el mercado, obligando a los empresarios a vender el
petróleo en precios artificialmente baratos. ¿Y dónde van a invertir las
empresas? Pues donde haya condiciones económicas más favorables. Así de
simple.
Lo que se está proponiendo con la expropiación, en definitiva, es
combatir problemas generados por el estatismo con más estatismo, en un
contexto mundial caracterizado nada menos que por los paradigmas de la
globalización. Valga advertir al respecto que destruir la seguridad
jurídica en un marco donde la interrelación económica entre los países
constituye el punto central de la realidad que el mundo atraviesa, es lo
mismo que vivir en tiempos remotos y prácticamente devenir en un Estado
suicida.
Quejarse de no recibir inversiones, vale decir, de no tener seguridad
jurídica, y al mismo tiempo aplaudir medidas que destruyen la misma
seguridad jurídica, es cuando menos una contradicción flagrante.
Tercero. Más que una “causa nacional”, la
expropiación de YPF es una “causa gubernamental”. En efecto, la gente
tiende a confundir los conceptos de Estado, gobierno y nación. De manera
muy sintética, estos vocablos significan lo siguiente: el primero
refiere al organismo que en un determinado territorio tiene el monopolio
de la fuerza; el segundo refiere al conjunto de hombres que maneja al
Estado durante un tiempo dado; y el tercero refiere a la comunidad unida
por su historia, lengua y cultura en común.
Nos han dicho y remarcado, pues, que una empresa que pasa a manos del
Estado, pasa por ello “a manos del pueblo”. Nada más falso que eso: el
Estado no es el pueblo (la nación es en todo caso el pueblo), y tanto es
así, que ni usted ni yo recibiremos los eventuales beneficios de YPF de
manera directa, aunque paradójicamente sí aportaremos como
contribuyentes cada vez que deba inyectarse dinero. La lógica estatista
es clara: el Estado somos todos sólo cuando hay que desembolsar, y son
sólo algunos (el gobierno) cuando hay que recolectar. Aerolíneas
Argentinas, con sus dos millones de dólares diarios de pérdidas
constituye un ejemplo contundente de lo antedicho: entre todos
sostenemos el déficit, aunque no todos gocemos de sus “beneficios”,
indiscutiblemente concentrados, a modo de botín político, en los
muchachos de La Cámpora y los amigos del poder.
La confusión entre Estado, gobierno y nación es lo que lleva a muchos
nacionalistas a sentir tensión interna al advertir que aquel
kirchnerismo que condenaban ?enemigo de las Fuerzas Armadas y de la
Iglesia Católica? hoy lleva adelante movimientos que, en apariencia
(pura apariencia), guardan relación con sus ideas, aunque lo cierto sea
que la perorata patriotera no la han desplegado por beneficio de la
nación, sino por beneficio del gobierno: por beneficio de ellos mismos.
Cuarto. Cristina pretende darle aún más legitimidad
al proyecto de expropiación, haciendo uso de su marido muerto ?como en
tantas otras ocasiones? alegando que “El soñaba con estatizar YPF”.
Desgraciadamente lo que no aclaró es por qué entonces en 1992 la empresa
petrolera se privatizó a instancias del difunto (en tiempos en que éste
se abrazaba efusivamente con Menem), y por qué ella misma en aquel
entonces logró que la Cámara de Diputados santacruceña votara por la
federalización de los recursos petrolíferos en el marco de la
privatización de la compañía. “En lo económico posibilita la mejora de
nuestras cuentas y en lo institucional, nos torna creíbles y respetables
en cuanto damos cumplimiento a la palabra empeñada”, aseguraba por
aquel entonces.
De ello podría deducirse que la estatización no responde a una
convicción ideológica, sino más bien a una conveniencia coyuntural.
Si los kirchneristas se escandalizan por el “vaciamiento” de YPF y el
dinero que “nos quitaron”, deberíamos entonces los ciudadanos
escandalizarnos más aún en razón de que el gobierno desde el 2003 hasta
la fecha haya aprobado cada uno de los balances de la empresa que nos
“vaciaba” y “robaba”.
En 1992 la privatización benefició a los Kirchner con los cientos de
millones de dólares que pronto se convirtieron en los famosos ?aunque ya
olvidados? “desaparecidos” fondos de Santa Cruz. La pregunta que hoy
debemos formularnos es: ¿qué beneficios les dará la re-estatización de
YPF 20 años después?
