OPINION
Un 13 de junio de 1997, a casiochocientos años de ser otorgada. LaCarta Magna, que-bien o mal- ha sido tomada como ejemplo de regla política para el ordenamientode los Estados me viene a la memoria en este día de protesta nacional.
Juan sin Tierra reinaba en Inglaterra por ausencia desu hermano Ricardo cuando la nobleza -obispos, condes, altos barones, abades-le exigieron que por escrito reconociera los derechos que les correspondían. Seplasman esas aspiraciones en un documento: reconoce la libertad de la Iglesiapara gozar de sus derechos y libertades; limita y define las obligaciones delos señores feudales; prohíbe establecer ningún impuesto sin consentimiento dela nación, y deberán aplicarse en modo equitativo; reconoce las antiguaslibertades de las ciudades, villas y aldeas; a nadie se privaría de sulibertad, ni se le declararía fuera de la ley, ni se lo desposeería de susbienes, sino ateniéndose a las leyes del país y al legal juicio de los pares;permite la libre entrada y salida del país; acepta la libertad de los bosques,para corregir la conducta de los reyes normandos que -por proteger la fauna-condenaba a los cazadores furtivos a cortársele los pies o las manos. Un preámbulo y sesenta y tres cláusulas a las quedeberá someterse el supremo poder político.
Ante la negativa del rey a aceptarestas exigencias, cuatro nobles encabezaron la rebelión. Se proclamaron“Ejército de Dios y de su Santa Iglesia” y el 24 de mayo entraron en Londres enmedio de aclamaciones populares. El 9de junio de 1215 el rey aceptó conceder esta carta, a la que se consideró“magna” por su trascendencia y sería modelo de ordenamiento político para otrospueblos.
Las “cartas” son muy distintas -y hastaopuestas- a las “Constituciones”’, encuanto son concesiones que -por las buenas o por las malas, un soberanohace a sus súbditos y no me refiero por su similitud a nuestra presidente-. En cambio las Constituciones son acuerdos entreciudadanos que gozan de iguales jerarquías y de idénticas libertades. Pero, a pesar de esas diferencias, este documentode junio de 1215 merece el homenaje por quien suscribe de haber sido el primeroque ha reconocido por escrito los derechos del ciudadano a gozar de sus fueros,a no ser agobiado con injustos impuestos, a no condenárselo sin un juicioprevio. Unaserie de normas que se mantienen a través de los siglos, con las oportunasmodificaciones acorde las circunstancias han ido aconsejándolas, y con laestabilidad y permanencia que la prudencia aconseja para verificar sus frutos enla vida política de la nación.
En el año queentramos a pesar de las predicciones Mayas no se sabe si el gobierno quiereimplementar una carta magna como una concesión que un soberano hace a sussúbditos. Me refiero al poder que otorga supuestamente para algunos la mayoría. Un preacuerdo firmada por una oposición debilitada y sin rumbo, no conforma a una sociedad que salió a las calles a manifestar aviva voz que no se dejará aplastar por el “vamos por todo”.
Es indudable que el país vivemomentos aflictivos, crisis que afectan a los ciudadanos en sus vidaspersonales, problemas ante los que la sociedad se muestra impotente, sinsoluciones a ofrecer.
Cambios que han producido unagravísima disminución del empleo, con miles de jóvenes -y de viejos también-fuertes, capacitados, instruidos, vigorosos, con el ánimo bien dispuesto paraser útiles a la comunidad brindando su trabajo, y que sin embargo se venmarginados, despreciados por un país que no precisa de sus servicios.
Este es el problema más angustiante dehoy, y un desafío a la clase política que tiene la obligación de procurar elmejor ordenamiento posible para la sociedad. Que enestos momentos, ante una clase media que desaparece, un ordenamiento deseguridad de las personas que en gran parte ha perdido la confianza de lagente, drogas, corrupciones, los Legisladores– Diputados y Senadores -, se aboquen a avanzar contra el poder judicialcon leyes inconstitucionales jactándose de su mayoría, parecería una actitudagraviante hacia los afligidos, los dolientes, los padres de chicos con hambre,los desesperados que interrumpen el tránsito en los caminos para que susreclamos sean oídos por quienes tengan alguna posibilidad de solucionarlos.
No digo que el ordenamiento jurídicodel Estado no tenga fundamental importancia ni deba ser dejado de lado. Simplemente me parece que los males que puedanseñalársele a la Justicia actual no puedetratarse a escondida con una celeridad engañosa,de espalda al pueblo y de manera como para crear otro campo de conflictos, deenfrentamientos, de discordias entre quienes están obligados a dedicar sus mejores energías al análisis y al remedio de cuestiones que son demucha mayor enjundia. Haymuchísimos asuntos que nos preocupan, pero ninguno proviene de las modificacionespracticadas de manera absurda avasallando la independencia del Poder Judicial.Seríainteresante hacer una encuesta preguntándoseles a los ciudadanos si qué opinansobre la permanencia de las normas actuales o la necesidad de substituirlas. Nosoy un experto en estadísticas pero estoy seguro del resultado: a los ciudadanosno les interesa; el pueblo -ese pueblo del que formo parte- tiene cosas muchomás apremiantes que lo preocupan; la gente ve con cierto recelo a la clasepolítica ocupada en asuntos de los que son los únicos interesados; se opinaríaque han sido elegidos para cumplir una función verdaderamentepolítica, a ocuparse de la procuración del bien común, del bien de toda lasociedad, y no sólo de lo particularmente les atañe.
¿Podemos suponerque el obrero del surco, la maestra, el operario de fábrica, el comerciante, eloficinista, el aprendiz de un oficio en el que no hay puestos vacantes, sehallen muy afligidos por pensar que no podrán reelegirse a las actualesautoridades en las próximas elecciones -para las que todavía falta una largaetapa- si es que no se modifica la actual Constitución? ¡Ni les importa, y tienen razón en noafligirse por esto!. Si la sociedadargentina -por más que los casos graves ocurran en otras jurisdiccionesconformamos una misma sociedad- está sin lograr que funcionen eficazmente susinstituciones tradicionales, justicia y policía, ¿no sería un despropósitoponernos a programar instituciones perfectas mientras fallamos en la base, sufuncionamiento? Se necesita quelas constituciones sean normas más o menos permanentes, estables, firmes,constantes. La Constitución, norma respetable a la cual le debemos acatamientoreverente, si deberá someterse al supremo poder político – por las buenas o lasmalas -.
La habríamosrebajado a la categoría de simple táctica electoral, de método para procurarvotos, de ardid para aprovechar cada circunstancia según cómo se presente.
Hay un principiomuy aceptado en toda comunidad política: una nueva ley, con disposiciones quefavorezcan a los que la dictan, sólo debe ser aplicada en el futuro, enbeneficio de otros -aún no precisados quienes serán- y no favoreciendo a losmismos que la establecen.
El criterio esválido, ya que muestra que se ha dispuesto un cambio considerando que esbenéfico para la sociedad, y no por un apetito egoísta. Pasa al revés que conla ley penal: si en materia criminal se dicta una norma que beneficia al reo,porque la comunidad ha cambiado su criterio sobre esa materia, al reo se lojuzga con la ley nueva, ya que él no tuvo ninguna participación en el cambio dela norma. Cuidado: si las reformas surgen como necesidad para presentarse conmejores posibilidades a los comicios, a esa Constitución, que debiera sernorma superior para reglar la vida cívica, la habríamos degradado a medio, ainstrumento, a mero subterfugio para ser empleado con fines electorales.
Que esta protesta masiva sirva de reflexión a losactuales gobernantes que deben velar por el bien común y a una oposición que sepersuada que no es suficiente con la declamación. “Para los hombres se hanhecho las empresas decía nuestro celebre general San Martín, coincidente consarmientos que aducía que el que país que traicione los principiosrepublicanos serán llamados “Presidiarios”
DR. JORGEB. LOBO ARAGON
jorgeloboaragon@gmail.com
jorgeloboaragon@hotmail.com
Juan sin Tierra reinaba en Inglaterra por ausencia desu hermano Ricardo cuando la nobleza -obispos, condes, altos barones, abades-le exigieron que por escrito reconociera los derechos que les correspondían. Seplasman esas aspiraciones en un documento: reconoce la libertad de la Iglesiapara gozar de sus derechos y libertades; limita y define las obligaciones delos señores feudales; prohíbe establecer ningún impuesto sin consentimiento dela nación, y deberán aplicarse en modo equitativo; reconoce las antiguaslibertades de las ciudades, villas y aldeas; a nadie se privaría de sulibertad, ni se le declararía fuera de la ley, ni se lo desposeería de susbienes, sino ateniéndose a las leyes del país y al legal juicio de los pares;permite la libre entrada y salida del país; acepta la libertad de los bosques,para corregir la conducta de los reyes normandos que -por proteger la fauna-condenaba a los cazadores furtivos a cortársele los pies o las manos. Un preámbulo y sesenta y tres cláusulas a las quedeberá someterse el supremo poder político.
Ante la negativa del rey a aceptarestas exigencias, cuatro nobles encabezaron la rebelión. Se proclamaron“Ejército de Dios y de su Santa Iglesia” y el 24 de mayo entraron en Londres enmedio de aclamaciones populares. El 9de junio de 1215 el rey aceptó conceder esta carta, a la que se consideró“magna” por su trascendencia y sería modelo de ordenamiento político para otrospueblos.
Las “cartas” son muy distintas -y hastaopuestas- a las “Constituciones”’, encuanto son concesiones que -por las buenas o por las malas, un soberanohace a sus súbditos y no me refiero por su similitud a nuestra presidente-. En cambio las Constituciones son acuerdos entreciudadanos que gozan de iguales jerarquías y de idénticas libertades. Pero, a pesar de esas diferencias, este documentode junio de 1215 merece el homenaje por quien suscribe de haber sido el primeroque ha reconocido por escrito los derechos del ciudadano a gozar de sus fueros,a no ser agobiado con injustos impuestos, a no condenárselo sin un juicioprevio. Unaserie de normas que se mantienen a través de los siglos, con las oportunasmodificaciones acorde las circunstancias han ido aconsejándolas, y con laestabilidad y permanencia que la prudencia aconseja para verificar sus frutos enla vida política de la nación.
En el año queentramos a pesar de las predicciones Mayas no se sabe si el gobierno quiereimplementar una carta magna como una concesión que un soberano hace a sussúbditos. Me refiero al poder que otorga supuestamente para algunos la mayoría. Un preacuerdo firmada por una oposición debilitada y sin rumbo, no conforma a una sociedad que salió a las calles a manifestar aviva voz que no se dejará aplastar por el “vamos por todo”.
Es indudable que el país vivemomentos aflictivos, crisis que afectan a los ciudadanos en sus vidaspersonales, problemas ante los que la sociedad se muestra impotente, sinsoluciones a ofrecer.
Cambios que han producido unagravísima disminución del empleo, con miles de jóvenes -y de viejos también-fuertes, capacitados, instruidos, vigorosos, con el ánimo bien dispuesto paraser útiles a la comunidad brindando su trabajo, y que sin embargo se venmarginados, despreciados por un país que no precisa de sus servicios.
Este es el problema más angustiante dehoy, y un desafío a la clase política que tiene la obligación de procurar elmejor ordenamiento posible para la sociedad. Que enestos momentos, ante una clase media que desaparece, un ordenamiento deseguridad de las personas que en gran parte ha perdido la confianza de lagente, drogas, corrupciones, los Legisladores– Diputados y Senadores -, se aboquen a avanzar contra el poder judicialcon leyes inconstitucionales jactándose de su mayoría, parecería una actitudagraviante hacia los afligidos, los dolientes, los padres de chicos con hambre,los desesperados que interrumpen el tránsito en los caminos para que susreclamos sean oídos por quienes tengan alguna posibilidad de solucionarlos.
No digo que el ordenamiento jurídicodel Estado no tenga fundamental importancia ni deba ser dejado de lado. Simplemente me parece que los males que puedanseñalársele a la Justicia actual no puedetratarse a escondida con una celeridad engañosa,de espalda al pueblo y de manera como para crear otro campo de conflictos, deenfrentamientos, de discordias entre quienes están obligados a dedicar sus mejores energías al análisis y al remedio de cuestiones que son demucha mayor enjundia. Haymuchísimos asuntos que nos preocupan, pero ninguno proviene de las modificacionespracticadas de manera absurda avasallando la independencia del Poder Judicial.Seríainteresante hacer una encuesta preguntándoseles a los ciudadanos si qué opinansobre la permanencia de las normas actuales o la necesidad de substituirlas. Nosoy un experto en estadísticas pero estoy seguro del resultado: a los ciudadanosno les interesa; el pueblo -ese pueblo del que formo parte- tiene cosas muchomás apremiantes que lo preocupan; la gente ve con cierto recelo a la clasepolítica ocupada en asuntos de los que son los únicos interesados; se opinaríaque han sido elegidos para cumplir una función verdaderamentepolítica, a ocuparse de la procuración del bien común, del bien de toda lasociedad, y no sólo de lo particularmente les atañe.
¿Podemos suponerque el obrero del surco, la maestra, el operario de fábrica, el comerciante, eloficinista, el aprendiz de un oficio en el que no hay puestos vacantes, sehallen muy afligidos por pensar que no podrán reelegirse a las actualesautoridades en las próximas elecciones -para las que todavía falta una largaetapa- si es que no se modifica la actual Constitución? ¡Ni les importa, y tienen razón en noafligirse por esto!. Si la sociedadargentina -por más que los casos graves ocurran en otras jurisdiccionesconformamos una misma sociedad- está sin lograr que funcionen eficazmente susinstituciones tradicionales, justicia y policía, ¿no sería un despropósitoponernos a programar instituciones perfectas mientras fallamos en la base, sufuncionamiento? Se necesita quelas constituciones sean normas más o menos permanentes, estables, firmes,constantes. La Constitución, norma respetable a la cual le debemos acatamientoreverente, si deberá someterse al supremo poder político – por las buenas o lasmalas -.
La habríamosrebajado a la categoría de simple táctica electoral, de método para procurarvotos, de ardid para aprovechar cada circunstancia según cómo se presente.
Hay un principiomuy aceptado en toda comunidad política: una nueva ley, con disposiciones quefavorezcan a los que la dictan, sólo debe ser aplicada en el futuro, enbeneficio de otros -aún no precisados quienes serán- y no favoreciendo a losmismos que la establecen.
El criterio esválido, ya que muestra que se ha dispuesto un cambio considerando que esbenéfico para la sociedad, y no por un apetito egoísta. Pasa al revés que conla ley penal: si en materia criminal se dicta una norma que beneficia al reo,porque la comunidad ha cambiado su criterio sobre esa materia, al reo se lojuzga con la ley nueva, ya que él no tuvo ninguna participación en el cambio dela norma. Cuidado: si las reformas surgen como necesidad para presentarse conmejores posibilidades a los comicios, a esa Constitución, que debiera sernorma superior para reglar la vida cívica, la habríamos degradado a medio, ainstrumento, a mero subterfugio para ser empleado con fines electorales.
Que esta protesta masiva sirva de reflexión a losactuales gobernantes que deben velar por el bien común y a una oposición que sepersuada que no es suficiente con la declamación. “Para los hombres se hanhecho las empresas decía nuestro celebre general San Martín, coincidente consarmientos que aducía que el que país que traicione los principiosrepublicanos serán llamados “Presidiarios”
DR. JORGEB. LOBO ARAGON
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jorgeloboaragon@hotmail.com
