El PP niega a sus afiliados el derecho a defenderse ante los acosos y agresiones
Hoy ha sido noticia el exdiputado del PP canario Sigfrid Soria
por unos comentarios hechos en Twitter en los que especulaba sobre cuál
sería su reacción en caso de que tanto él como alguna de sus hijas
fuesen agredidos por los mismos energúmenos que se están dedicando,
estas últimas semanas, a acosar y amenazar a dirigentes de su partido.
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Aquí podéis ver algunos de los comentarios más polémicos de este exdiputado:
Se pueden criticar sus formas -él mismo se ha disculpado por usar un lengua inapropiado-, pero es comprensible su enfado ante la violencia que están sufriendo sus compañeros, y desde luego comparto el fondo: si alguien agrediese a un familiar mío, para frenar la agresión yo no usaría ni dulces palabras ni simples caricias. El derecho a la legítima defensa ante una agresión es algo universalmente reconocido. Si
este señor viese como ultras de izquierda agreden a sus hijas, lo que
le reprocharía es que no hiciese nada por impedir la agresión, aunque frenarla requiera el uso legítimo y proporcionado de la fuerza.
Lo que no entiendo que este señor quiera dar una “ostia” (es decir, una “ostra”, según la RAE) a quien le agreda. Él mismo reconoció anoche que escribió la palabra deliberadamente sin H “pues no quiero semejanza alguna con la de la principal acepción de la RAE”. Desde luego, si alguien me agrede a mí lo último que se me ocurriría sería invitarle a cenar moluscos…
Público y El País convierten la ‘ostia’ (ostra) en ‘hostia’ (golpe)
Teniendo en cuenta lo anterior, me parece digna de mención la burda manipulación que han hecho el diario socialista El País y el diario ultraizquierdista Público de las palabras del exdiputado.
El segundo ha suprimido, sin más, la parte en la que Soria se refiere a
una posible agresión y poniendo en su mano haber escrito “hostia” (según la tercera acepción de la RAE, “golpe, trastazo, bofetada”), lo cual no es verdad:
Para colmo, el diario de Roures afirma que “entre tanta crítica y ataque siempre puede haber algún dirigente conservador que se extralimite”. De la violencia de los escrachistas, ni pío. El País también ha decidido añadir esa hache que Soria no escribió:
El PP impone su política de ‘brazos caídos’ al exdiputado y le sanciona
De lo antes expuesto deduzco que en la dirección del PP se deben
orientar por lo que publican El País y Público, y que deben considerar
más grave que un diputado exprese su enfado y su propósito de defenderse
en Twitter, a que sus dirigentes y sus familias sean acosados y
amenazados en sus domicilios particulares. Y es que el PP de Canarias ha publicado una nota desmarcándose de Soria y anunciando sanciones contra él, entre ellas “la
separación automática de Sigfrid Soria de cualquier responsabilidad
orgánica en el Partido Popular y la apertura inmediata de un expediente
disciplinario como afiliado del partido”. Lo más sorprendente es leer la justificación que hace el PP canario de estas medidas:
“El Partido Popular de Canarias advierte por último que la única respuesta válida a los acosos se fundamenta en la legalidad y en ningún caso en la violencia, sea ésta física o verbal, proceda de dónde proceda.”
Me ha llamado la atención ese rechazo absoluto de la violencia, porque eso implica que ante una agresión el agredido, según el PP, no puede usar la violencia física ni verbal. Es más: limitando la respuesta a “la legalidad” y rechazando que en respuesta a una agresión se pueda usar la violencia, “proceda de dónde proceda”, ¿hemos de deducir que la Policía tampoco puede usar la violencia para frenar la agresión?
Porque cuando la Policía usa la fuerza para frenar una agresión,
señores del PP, eso también es violencia. Violencia legítima, por
supuesto. Y es que no toda violencia es ilegítima, pero parece que en el PP ignoran el derecho de sus propios afiliados a la legítima defensa, hasta el punto de negársela incluso de palabra.
Ante un comunicado así me imagino el cuadro: por ejemplo, un afiliado
del PP agredido por ultras de izquierda, y el PP sancionándole por haber
llamado “cabrones” a los agresores, en vez de haber dicho “malos” o
“desagradables”, o por decir cualquier taco en vez “cáspita” o
“córcholis” cuando le pegaban.
Lo anterior es aún más sorprendente teniendo en cuenta que el PP no ha emprendido como partido ninguna acción ante la justicia para proteger a sus afiliados de los acosos. A lo más que ha llegado el partido de Rajoy, el pasado 25 de marzo, es a anunciar que no descarta una posible denuncia global, sin que ese anuncio se haya traducido hasta ahora en ninguna acción concreta.
En fin, viendo como el PP deja a sus afiliados a los pies de los
caballos, no puedo hacer otra cosa que compadecer a éstos al tiempo que
me solidarizo con los acosados
