José M. Garcia Rozado
Argentina está viviendo
en estas horas aciagas un verdadero golpe de Estado contra la Justicia y la Constitución Nacional;
los argentinos de bien debemos conjurarnos para “resistir” este avasallamiento a los poderes del Estado mediante la
participación y la “toma de la calle”.
Cuando se recuperen los poderes del Estado el pueblo debe exigir juicio y
castigo para todos aquellos que participaron en este “alzamiento antidemocrático”.
El poder ejecutivo acaba de implementar
en connivencia con el poder legislativo –o una parte importante y mayoritaria
de éste- un verdadero “golpe de Estado
contra el tercer poder del Estado”, mediante los últimos tres proyectos
enviados al Senado de la Nación, un Senado que además es cómplice y partícipe
necesario del desfinanciamiento más perverso del que se tenga memoria en la
historia nacional. Pero si esto es en connivencia con la traición de los
gobernadores nacionales que se “dejan
someter” por el poder central a través de dádivas y prebendas, aquello
otro, el golpe institucional contra la justicia tiene nombres y apellidos
perfectamente identificables: iniciándose con La Presidente, su gabinete de
ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, los asesores rentados o no
–Vertbisky, Laclau- la
Procuradora Gils Carbó y las autoridades y
legisladores que acepten votar este avasallamiento del poder judicial.
Existen, además, partícipes necesarios
y tanto o más responsables que aquellos ejecutores directos de este verdadero “golpe de Estado”, que así como
existieron históricamente en todos y cada uno de los golpes de Estado militares
de la historia argentina, ahora también suelen ocultarse y operar desde la
sombra, no dando la cara siendo verdaderamente culpables por acción o por
omisión, y en este rubro están implicados una enorme proporción de la “dirigencia nacional”, tanto política,
como sindical, empresarial, social y de los respectivos representantes de los
consejos profesionales –no sólo del ámbito judicial, sino de todas y cada una
de las profesiones-; ya que sin el silencio y la complicidad que de él se
desprenden esta verdadera arbitrariedad del cristikirchnerismo nunca podría
llevarse a cabo, por lo cual el pueblo todo del país (pues en eso nos hemos
convertido, apenas en un país sin destino, y muy alejados del concepto de
Nación y mucho menos de Patria) debe reaccionar y el próximo 18 de Abril hacer
tronar su voz mediante una activa presencia en las calles, las plazas y los
sitios de reunión que se han preestablecido.
Los tres pilares sobre los que se
asienta el presente “golpe de Estado”
que encara el cristikirchnerismo son: el Proyecto de modificación del Consejo
de la Magistratura, el Proyecto de Creación de las tres Cámaras de Casación
–Comercial, Civil y Previsional-, y por último el Proyecto de limitación a
favor del Estado de las Medidas Cautelares. Existen además otros tres proyectos
que acompañan este “alzamiento faccioso
contra el Poder Judicial”, que son meros caramelitos de engaño y que
contienen ciertas medidas de transparencia y control –lógico si fueren
propuestas por un régimen republicano y verdaderamente democrático- y que
acompañan la presentación simplemente para brindarle al presente avasallamiento
una seudo pátina de legalidad y ecuanimidad, del que verdaderamente carece la sórdida
intención de la supuesta “democratización
del Poder Judicial”. Estos últimos son los proyectos que se han entrado por
la Cámara de Diputados y que al igual que con lo que sucedió en el Senado
–salvo la honrosa oposición del Diputado Jorge Yoma (PJ La Rioja)- también
descontamos que serán de trámite Express y sin discusión ni modificación alguna
en sus contenidos.
Venimos alertando desde hace rato,
respecto de la metodología de acumulación desmedida de poder por parte del
cristikirchnerismo, sistema que aplicare desde sus comienzos mismos allá por
1987 en la municipalidad de Río Gallegos, luego desde 1991 desde el gobierno
santacruceño y por último trasladado directamente al gobierno del país desde su
asunción en mayo de 2003. Este sistema siempre se basó en los mismos tres
conceptos básicos: cooptación por las buenas o las malas de las voluntades
políticas, utilización principesca de las “cajas
económicas”, y cooptación, avasallamiento y sumisión del Poder Judicial a
sus intereses y designios; por lo cual lo que está sucediendo por estas horas
es simplemente la puesta en marcha del tercer paso, ya que los dos primeros
fueron llevados a la práctica durante los primeros nueve (9) años del régimen K.
Cumplidos largamente aquellos, y tras un inicio donde Néstor Presidente “depurara la Corte menemizada”, un seudo
logro que en realidad escondía la intención, no lograda, de “sumisión” del Poder Judicial, a través
del recambio de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por jueces adictos.
Esto no lo lograron porque ante la
presión popular de trasparencia y lucha contra la corrupción del sistema de los
90, y del gobierno aliancista que nos condujera por el barranco de la crisis de
diciembre de 2001, Néstor fue eligiendo jueces con cierto grado de innata
capacidad y probada trayectoria, lo que devino en que la casi totalidad de los
actuales miembros del alto tribunal, no acompañen los desaguisados y las
trapisondas que lleva a cabo el régimen cristinista. Una parte muy importante
del Poder Judicial logró ser “colonizado”,
y otra por su pasado teñido de corrupción fue cooptado por el régimen, quedando
a salvo un sector no tan minoritario como ellos hubieren preferido, por lo cual
y ante los traspié sufridos en los tribunales en los últimos años encararon
este última batalla por la absoluta colonización del Poder Judicial, para lo
cual se desdicen hasta de aquellas cosas que ellos mismos propusieran no hace
tanto tiempo. Así vemos como ahora proponen aumentar de 13 a 19 miembros el Consejo de
la Magistratura cuando hace apenas unos años, la por entonces Senadora Cristina
Fernández fuere la verdadera impulsora y cerebro del “achicamiento” de los miembros –de 20 a 13- del mencionado
Consejo.
Así como “se depuró” la Corte menemista, se utilizó el tema de los DDHH y la
venganza impulsada por las organizaciones como Abuelas, Madres e H.I.J.O.S y la
izquierda vernácula y más retrógrada, contando con la complicidad hasta de la propia CSJN, quien en
una arbitraria interpretación del cumplimiento constitucional derogara los
indultos presidenciales –y encima en forma sesgada y parcial- llevados a cabo
por el ex Presidente Menem, asentados en atribuciones constitucionales
avasalladas por ésta misma CSJN. Asimismo y por presión de aquellas
organizaciones de seudo derechos humanos Cámaras y jueces del fuero penal
iniciaron lo que es una verdadera persecución sobre sectores de las fuerzas
armadas y de seguridad, sin llevar a cabo una verdadera determinación respecto
de ambas partes de los contendientes de aquella “guerra” según lo definiera hace pocos días Estela de Carlotto. Siempre
aseveramos que el delito constitucional de
“sedición” que llevaron adelante las cúpulas militares golpistas, también
fueron llevadas adelante por las cúpulas terroristas de Montoneros, FAR, FAP y
ERP, quienes se alzaron en armas contra el gobierno democráticamente electo en
1973 y por un increíble 64% de las preferencias populares. Esta es una de las
deudas que nos debemos los argentinos, la otra es que nunca se vio que
judicialmente se hallan acusado de delitos a los subordinados, por el principio
de “obediencia debida”, un principio
reconocido hasta por los Tribunales Internacionales, como Nuremberg, la Corte Penal
Internacional de la Haya y varios otros que juzgaron y
condenaron a las cúpulas de los “vencidos”,
ya que se debe aclarar, que nunca se juzgó a los vencedores en ningún caso.
Asentados en estos “dos pilares”,
Néstor primero y Cristina después llevaron adelante una política de
concentración cuasi absoluta del poder del Estado, tomando a este como un
verdadero rehén y utilizándolo para su propio y exclusivo beneficio, tal como
lo hicieran desde sus comienzos en Río Gallegos. Así llegamos a la actualidad
donde Cristina Fernández ante la adversidad de dos fallos judiciales que le
impiden llevar a la práctica sus designios de dominación de la prensa inicia
una escalada contra el sistema judicial, y en esa escalada llega a la
barbaridad de pretender partidizar la justicia, un poder del Estado que basa su
independencia justamente en la imposibilidad –o el intento constitucional de
que no se pueda participar de política
mientras se ejerza un cargo judicial- de politizar y mucho menos
partidizar el poder judicial. Pero como una cosa es lo que ella piensa y otra
la que las conveniencias coyunturales le imponen, CFK borra hoy con el codo lo
que escribió ayer con la mano, y todo aquello que decía defender durante sus
años de legisladora son atacados y desdecidos ahora que ejerce el máximo poder
desde el ejecutivo nacional.
La diputada nacional opositora Elisa
Carrió de la que me separan ideológicamente muchas cosas, le ganó de mano con
el discurso al resto de la oposición al acusar al gobierno de Cristina
Fernández de practicar un "golpismo
con la intención de suprimir las instituciones en la misma línea que el golpe
de 1976". El kirchnerismo se mostró escandalizado por esa declaración.
Pero el senador K Marcelo Fuentes le alteró la interpretación: "antes el correctivo era un golpe
militar; ahora quieren gobernar con fallos". ¿De quién habla? Nada
menos que de Clarín. Según admitió, la reforma surge por el conflicto por la
Ley de Medios. "Cada vez que se
limitan privilegios, se afectan intereses. Antes, el correctivo era el golpe
militar. Ahora, la Justicia es la prolongación de la política por otros medios;
se quiere gobernar con las sentencias. Un ejemplo es la confrontación
estratégica contra la Ley de Medios", aseguró el senador Marcelo
Fuentes en una entrevista con el diario 'La Nación'. El legislador
kirchnerista defendió el paquete de leyes que envió la Presidente al Congreso
para reformar el Poder Judicial y admitió que está estrechamente ligado con la
disputa abierta con el Grupo Clarín por la aplicación de la totalidad de la Ley
de Medios.“Articularon alianzas esperando
una derrota electoral. Como no se produjo, vino el plan B: prolongar el
conflicto judicial a la espera de un mejor escenario. Han desplazado la
resolución de los conflictos políticos del Congreso y las elecciones a los
tribunales”, argumentó. Fuentes resaltó que además del caso Clarín, hay
medidas cautelares en el fuero previsional y “amenazas de que con cuatro sentencias se voltea a un gobierno” que
reflejan la idea de que la Justicia quiere gobernar a través de sus decisiones.
El senador trató de explicar el cambio de posición de Cristina Fernández, quien
en 2005 defendió como senadora la reducción del Consejo de la Magistratura y
hoy como Presidente envió una ley que amplía su composición a través del voto
popular. Según dijo, aquella reforma
no dio el equilibrio que se esperaba “en
contra del sector corporativo de los jueces” y apuntó directamente a la UCR
por “no generar una agenda autónoma”
a los intereses de algunos grupos económicos. Tres de los seis proyectos que
envió Cristina al Congreso quedaron en condiciones de ser aprobados en el
Senado la próxima semana, luego de que el oficialismo firmara los
correspondientes dictámenes en soledad por la decisión de los bloques
opositores de no dar el debate. Ayer, la diputada nacional opositora Elisa
Carrió escandalizó al kirchnerismo cristinista con sus dichos: "Técnicamente estamos en presencia de
un golpe de Estado. Esta es la verdad, que es dura. Vamos a hacer denuncias por
golpistas, en la sesión, en la Organización de Estados Americanos, la
Organización de las Naciones Unidas, y la Justicia argentina", dijo. "El Gobierno lo hace con la intención
de suprimir las instituciones en la misma línea que el golpe de 1976". Dijo
que Cristina "tiene miedo a ir
presa", por lo tanto, "necesita
jueces dependientes para garantizar su impunidad, por todos los delitos
cometidos por ella y su ex esposo (Néstor Kirchner)".
Algunos párrafos de la entrevista: ¿Reconoce
que esto responde a la disputa con el Grupo Clarín? “Así es. Articularon alianzas esperando una derrota electoral. Como no
se produjo, vino el plan B: prolongar el conflicto judicial a la espera de un
mejor escenario. Han desplazado la resolución de conflictos políticos del
Congreso y las elecciones a los tribunales. Pero estamos ante una Corte Suprema
con prestigio. Tiene prestigio por la manera en que ha sido designada. Todavía
no ha avalado con actos concretos ese prestigio.” ¿Además del caso Clarín,
en que otro caso la Justicia quiere gobernar a través de sus sentencias? “Básicamente a partir de una serie ilimitada
de cautelares en materia previsional y alguna amenaza deslizada de que con
cuatro sentencias se voltea un gobierno. Algunos plantean que lo más peligroso
de la reforma del Consejo de la Magistratura es la mayoría simple para designar
y remover jueces. La mayoría hay que construirlas. Hoy sos mayoría y mañana sos
minoría. Es una estupidez ese planteo. La oposición dice que se crean cámaras
de casación para ocuparlas con jueces favorables al Gobierno. La casación penal
ha sido una experiencia exitosa, que abrevia los procedimientos y unifica
jurisprudencia; por eso lo hacemos. Decir que tiene por finalidad poner gente
adicta es no discutir la
casación. Se acusa a esta reforma de ser un intento del
kirchnerismo por "colonizar" la Justicia”. ¿Usted que cree? “Que me digan dónde abrevan algunos jueces,
con la judicatura de las américas; que me digan a qué van cuando van a
simposios. Colonización de la justicia es ser funcional a los lobbies. La
oposición dice que la reforma judicial presentada prepara el terreno para
proteger al kirchnerismo cuando deje el poder...¡¿Una justicia adicta que una
vez que te vas del poder sigue siendo adicta?! Están diciendo que esa justicia
es permeable al poder, por lo tanto
cuando cambió el poder es permeable al nuevo poder. ¡¡¡Es una pelotudez!!!”
A confesión de partes relevo de
pruebas, dice el refrán popular, la entrevista al senador
ultracristikirchnerista refleja con absoluta claridad el pensamiento y el
accionar del régimen y de su conductora y jefa, por lo que queda muy poco para
discutir, el cristikirchnerismo va por la cooptación del sistema de justicia,
último valuarte que no ha conseguido domesticar, por lo que solo queda que el
pueblo deje en claro que a todos los causantes e involucrados en esta maniobra
golpista de desestabilización del sistema judicial, y por lo tanto del sistema
democrático argentino se les va a aplicar, más temprano que tarde las
penalidades que la
Constitución Nacional fija para aquellos que cometen el delito
de traición a la Patria y sedición. Por último debemos ser conscientes que para
pararlos es necesario ganar la calle, por lo que el próximo 18 de Abril todos a
la calle en defensa de las instituciones y la libertad de expresión, como nos
enseñara el viejo general, “dentro de la
Ley todo, fuera de la Ley nada”.
Buenos
Aires, 12 de Abril de 2013.
Arq. José M.
García Rozado
MPJIRucci –
LIGA FEDERAL –
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