Las peripecias de nuestra fragata Libertad en un puerto de Ghana, y
los sofocones que nos obsequió últimamente el juez norteamericano Thomas
Griesa han reavivado la cuestión de la deuda externa y eterna. Hoy,
pocos son los argentinos, incluidos los políticos “oficiales“ (los que
juegan en el equipo del gobierno, o más precisamente, de Cristina, y
los que hablan desde la oposición de su majestad), que no se percaten
que la deuda externa-eterna es uno de los principales problemas a
resolver.
Hasta que supimos del tropezón de la fragata y del hartazgo del juez
Griesa con las picardías y bravuconadas del cristikirchnernismo, sólo un
puñadito de “locos” profetizábamos que la deuda “resucitaría” o, mejor
dicho, que seguía vivita y coleando.
Ahora hay muchos “parvenu”, que juegan de “especialistas”. No nos interesan.
Sí, en cambio, nos interesan los argentinos de buena voluntad (un
poco más que un puñadito sistemáticamente ignorado por la prensa
“seria”) que invariablemente se jugaron contra el endeudamiento
irresponsable y hoy buscan una salida a este atolladero.
Desde la fatídica dupla Videla-Martínez de Hoz hasta la última dupla,
la patagónica que construye relatos desde 2003, todos son responsables
de la deuda, sin olvidar a Raúl Ricardo Alfonsín que legitimó una
deuda manifiestamente odiosa, a la segunda dupla, Menem-Cavallo, que
reinó en los ’90, a la Alianza centro-izquierdista-progre que no dejó
barrabasada por hacer entre1999 y 2001, y el interregno apenas distinto
del dúo Duhalde-Lavagna.
Hoy, la deuda vuelve a angustiarnos, en algún sentido casi tanto como en 2001.
La preocupación central para nosotros es saber si algún día podremos
sacarnos este peso de encima para que, recordando la profecía de Mons.
Aguer (¡ésa, sí, que fue una profecía!), no vivamos pagando para morir
debiendo.
La clave de bóveda de esa preocupación es, hoy como ayer, la llamada
prórroga de jurisdicción (o competencia), es decir, la renuncia de
nuestro país a que sólo los jueces argentinos entiendan en los
conflictos surgidos con una contraparte extranjera: en este caso, por el
pago de la deuda externa.
La verdad es que hemos regalado nuestra “soberanía judicial”…como
diría la presidente adicta a la cadena nacional y al relato. Y lo peor
de esa pesadilla es que, desde Videla-Martínez de Hoz, hasta Cristina la
del relato, todos nuestros presidentes han ratificado expresamente que
mantienen ese generoso e irresponsable regalo a favor de los “odiados”
jueces de Nueva York. Esos jueces que, según Cristina en su relato cada
día más parecido al “verso”, practican el “imperialismo judicial”, del
cual ella recién parece enterarse… cuando ya es medio grandecita para
descubrir que los Reyes Magos son los padres.
Un poco de historia reciente
Desde que tenemos un Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación-CPCCN, y hasta que llegó el Proceso de Desorganización y Entrega
Nacional, su artículo primero siempre estableció:
La competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable.
Pero en 1976 cambió la historia: los militares y civiles golpistas,
amigos (y alguno de ellos, socio) de los banqueros extranjeros,
derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón e, inmediatamente
después, crearon el cáncer de la deuda externa-eterna, para que
viviéramos pagando y muriéramos debiendo.
Al asumir el gobierno peronista de 1973 debíamos 8.500 millones de
dólares en números redondos. Cuando los golpistas nos derrocaron, la
deuda era menor: 7.300 millones de dólares. En escasos tres años, la
habíamos reducido en 1.200 millones, el 14%.
Antes de que cantara el gallo (sólo un mes después) el gobierno de
facto comenzó a engordarla, hasta hacerla llegar en 1983 a 45.000
millones, siempre en dólares y en números redondos.
Pero, para que viviéramos pagando y muriéramos debiendo, hacía falta
una vuelta de tuerca más: derogar el artículo primero del CPCCN, el que
custodiaba nuestra “soberanía judicial”. Y el Proceso lo derogó.
Todo quedaba atado y bien atado, realmente, no como supuso Francisco
Franco que dejaba a España luego de sus casi 40 años de reinado.
En diciembre de 1983, huyó el gobierno de facto y volvió la
“democracia” (de alguna manera hay que llamarla…), con la cual, suponían
algunos ingenuos, necesariamente se podría comer, vestirse, curarse,
educarse… y repudiar la deuda odiosa, es decir, tramposa por haber sido
contraída a espaldas del pueblo por un gobierno dictatorial
cívico-militar.
Craso error.
Alfonsín demostró que “su” democracia era inseparable de los
banqueros buitres. Recuerdo que, en junio de 1984, a sólo seis meses de
haber asumido la presidencia don Raúl Ricardo, Isabel Perón viajó a
nuestro país y, a su instancia, se firmó una crucial Acta de
Coincidencias Nacionales. Un instrumento de unidad y estrategia
nacionales apreciablemente mejor y más completo que el trajinado Pacto
de la Moncloa.
Quiso el destino, la voluntad de Dios y la generosidad de Isabel
Perón que yo fuera designado como representante del peronismo para
debatir y redactar ese documento, junto con Antonio Troccoli, delegado
por Alfonsín.
Lo recuerdo bien: la formulación de una política económica libre de
las recetas tóxicas del FMI, que incluyera una revisión honesta y
profunda de la deuda externa, fueron dos puntos liminares de ese
acuerdo.
El Acta se firmó con toda solemnidad en el Salón Blanco de la Casa
Rosada, y lo suscribieron 14 jefes de partidos políticos, además de
Alfonsín e Isabel. Creo que fueron todos, menos el Partido Comunista y
el de Alvaro Alsogaray. Dios los cría…
Debió ser un acuerdo histórico. Sólo fue una golondrina de verano.
Dos meses después, en agosto de ese mismo año, el gobierno radical
envió al FMI una propuesta de acuerdo y refinanciación de la deuda que
dejaba todo como antes, incluida la derogación del artículo primero del
CPCCN. Dicha nefasta derogación dejó de ser “procesista”, para ser
“progresista”.
En ese momento, y a manos del centro-izquierdista Alfonsín, perdimos
la ocasión (la única ocasión segura, irrebatible) de repudiar la deuda
externa-eterna por ser odiosa (contraída por un gobierno dictatorial a
espaldas del pueblo argentino).
De ahí en más, esa triste historia de Alfonsín se convirtió en
rutina de sus sucesores. De todos, sin excepción, con los del relato
patagónico incluidos.
Varios de los presidentes “democráticos” quisieron dejarlo por escrito para mayor seguridad jurídica… de los bancos buitres.
Así:
Menem y Cavallo restituyeron el artículo primero del CPCCN, pero le
agregaron un segundo párrafo, de modo que esa norma clave se transformó
en la siguiente y actual burla:
La competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable.
… exceptúase la competencia territorial en asuntos exclusivamente
patrimoniales, que podrá ser prorrogada (con la) conformidad de (las)
partes. Si estos asuntos son de índole internacional, la prórroga podrá
admitirse aun a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúe
fuera de la República…
Lo que se dice un traje a medida para el juez Thomas Griesa y para el
temido CIADI, el organismo arbitral del Banco Mundial que ya nos ha
condenado a pagar una fortuna en dólares que, por supuesto, Cristina no
paga y le deja el felpudo de regalo al próximo gobierno.
Cuando De la Rúa y Cavallo (también Daniel Marx) encararon el
megacanje de 2001, dictaron un decreto en el que expresamente
confirmaron lo escrito por Menem y Cavallo en el segundo párrafo del
artículo primero del CPCCN. Ése fue uno de los motivos por los cuales
propuse a un grupo de amigos denunciar judicialmente a los tres citados
(más su “socio” norteamericano, David Mulford) por estafa agravada
contra la Nación y otros graves delitos. En ese juicio y, con los años,
muchos años, se ha logrado procesar a Cavallo y Marx.
Digo, de paso, que esa denuncia penal fue firmada por Carlos
Traboulsi (democracia cristiana), Alberto Guerberof (inolvidable amigo
de la izquierda nacional; fallecido), Héctor Valle (del desarrollismo,
hoy miembro del Directorio de YPF), Jorge Eneas Spilimbergo (otro
inolvidable amigo de la izquierda nacional; también fallecido) y por mí.
Nos patrocinó como abogado un tercer e inolvidable amigo fallecido: el
radical Juan Carlos Iglesias. Mi homenaje a los que se fueron.
Las puntadas finales de la trampa
La dupla Duhalde-Lavagna, si bien manejó el tema de la deuda con
cierta prudencia, dejó incólume la trampa del primer artículo del CPCCN
fabricada por Menem-Cavallo.
Y los Kirchner hicieron algo peor: para que no quedara duda alguna y
los banqueros buitres pudieran dormir totalmente tranquilos, “él”, el de
la película inventada a muy buen precio por la señora Paula de Luque,
dictó en 2004 el decreto Nº 319.
Veamos cómo nos defendieron los K con ese decreto, ante el peligro de los buitres y caranchos:
* En el artículo primero, designaron como Bancos Organizadores
Internacionales a cuatro de nuestros más queridos amigos y
benefactores: Barclays Capital Inc; Merril Lynch; Pierce, Fenner &
Smith, y a la Unión de Bancos Suizos Limited.
** En el artículo cuarto les reconocieron a nuestros buitres y
caranchos bancos “benefactores” una jugosa comisión del 0,625% que, para
los 47.000 millones canjeados, significaron una utilidad de 293
millones 750 mil dólares. Además, se le abonó un “honorario fijo” de U$S
100.000 por mes durante un año a cada banco, más todos los “honorarios
razonables” de los abogados que debieran contratar esos bancos
“organizadores”…
*** Y en el artículo octavo de ese decreto perverso, “él”, el héroe
de la historieta de la señora Luque, dejó escrita la frase maldita que
nos condena a vivir pagando para morir debiendo:
Y que “ella” no venga a decirnos ahora que recién descubre que los
Reyes Magos son los padres. Cristina es muy grandecita para fingirlo, y
nosotros para creerlo.
Pisar tierra
Invito a aquéllos a quienes dediqué esta nota desde el principio (los
argentinos de buena voluntad que invariablemente se jugaron contra el
endeudamiento irresponsable y hoy buscan una salida a este atolladero) a considerar fríamente los datos de la realidad:
1.- La dictadura cívico-militar nos endeudó criminalmente y nos dejó
en manos de los banqueros buitres al derogar el artículo primero del
CPCCN.
2.- El subsiguiente gobierno constitucional, el del Dr. Alfonsín,
cometió la necedad (y algo peor) de no rechazar esa deuda por ser
odiosa, y mantuvo la derogación del protector artículo primero del
CPCCN.
3.- El segundo gobierno constitucional, el del Dr. Menem, ratificó
expresamente el zafarrancho armado por su antecesor, al redactar
tramposamente ese artículo del CPCCN.
4.- El tercero, el del Dr. De la Rúa, volvió a ratificarlo con el decreto que reguló el megacanje.
5.- El cuarto, el del Dr. Duhalde, dejó las cosas como estaban.
6.- Y el quinto (el de “él”) y el sexto (el de “ella”), nos regalaron un entierro de lujo: el decreto 319/2004.
Ante esa realidad, podemos estar seguros de dos cosas:
a)- La presidente Cristina seguirá hablando por cadena nacional
contra los bonistas buitres y caranchos y contra el “imperialismo
judicial” del juez Griesa, pero, como es su costumbre (heredada de
“él”), pagará como un chabón todas las facturas que ellos le pasen, con
los gastos del juicio incluidos, y mantendrá a rajatabla el decreto
319/2004 (otra herencia de “él”).
b)- Con el lastre de cinco gobiernos constitucionales libremente
elegidos por el pueblo, que han reconocido la legitimidad de la deuda y
la prórroga de la jurisdicción soberana, salir nosotros en este momento a
pedir que la Argentina repudie ambas lacras (la deuda y la prórroga) es
hacer el ridículo, justo lo que nuestros acreedores están esperando.
Estimo que nuestra tarea inmediata es intensificar la campaña que
venimos haciendo desde hace años, para esclarecer a nuestro pueblo sobre
lo expuesto más arriba, y preparar el clima para que:
- Ambas cuestiones (ilegitimidad de la deuda y prórroga de la jurisdicción) sean uno de los ejes fundamentales de las elecciones parlamentarias a efectuarse en 2013.
- Apoyar a los candidatos que nos aseguren que, apenas se inicie el período parlamentario de 2014, será tema de máxima prioridad la investigación real de la deuda, tal como lo pide el fallo que logró Alejandro Olmos. Ese fallo que duerme en el Congreso de la Nación debido al silencio cómplice de la gran mayoría de los senadores y diputados, tanto de los oficialistas como de los opositores.
Sólo es posible lograr esa investigación después de que hayamos hecho
acabadamente nuestro trabajo en la campaña electoral que se aproxima.
Ahora, ni pensarlo, aunque se puede y se debe comenzar la tarea ya
mismo.
Con dicha investigación concluida, será fácil demostrar ante el mundo
la necesidad y la exigencia moral de revisar todo lo concerniente a
nuestra deuda externa.
Sin ella, será muy difícil, sino imposible encararlo con alguna
posibilidad de ser escuchados sin una sonrisa irónica o acusadora.
