- Colegio de Abogados: hacia una justicia arbitraria y parcial
- Colegio Público de Abogados de la Capital Federal: por una verdadera reforma judicial
- Desventajas de importar a la Argentina el juicio por jurados
Carlos Daniel Lasa
El caso que
hoy nos ocupa (o del que nos hacen ocupar) tiene que ver con la
propuesta formulada desde la Presidencia de la Nación Argentina en el
sentido de democratizar la justicia. En este sentido, la
propuesta presidencial estaría manejando la hipótesis que la justicia
argentina, tal como está configurada y tal como funciona hasta este
momento, se encuentra fuera del sistema democrático. Es preciso, antes
que nada, hacernos cargo del primer interrogante que se nos impone:
debemos determinar qué entiende la Presidente de la República Argentina
con el vocablo democracia.
La
democracia moderna refiere el intento de fundar y de construir el
ordenamiento y autoridad del Estado desde lo bajo hacia lo alto, es
decir, a partir del singular[1]. Todas las fórmulas usadas para
caracterizar la democracia así lo reflejan: “unidad (identidad) entre
gobernantes y gobernados” (Schnabel; Carl Schmitt); “gobierno del pueblo
a través del y por el pueblo” (A. Lincoln); “identidad del sujeto y del
objeto del dominio” (Hans Kelsen); “todo el poder del Estado procede
del pueblo” (art. 20 de la Constitución alemana).
De este modo, la voluntad del ciudadano
instaura la única realidad soberana existente en el Estado: la ley.
Fuera de ella no existe soberano alguno, ni siquiera aquellos que hayan
conseguido la mayoría en una votación. Si la ley es la única realidad
soberana en un Estado que se rotula de democrático, entonces será
menester asegurar la existencia de un Poder absolutamente independiente,
cual es el Poder Judicial, para que sea el garante de su aplicación.
Ciertamente que esta concepción no es la del actual gobierno para el cual la democracia se funda sobre el dominio o absolutismo de la mayoría.
La mayoría ha expresado su voluntad la cual encuentra su unidad en la
actual mandataria. Y si el único soberano, dentro de esta concepción, es
la voluntad mayoritaria del pueblo encarnada en el mandatario, resulta
lógico pensar que nada ni nadie (entre los que se cuenta la ley y el
Poder Judicial), podrán ponerse como obstáculo frente a esta voluntad.
Ahora bien, ¿cuáles son los presupuestos que anidan en la concepción que acabamos de señalar?
El actual gobierno posee una matriz peronista. En nuestro libro titulado Juan Domingo Perón: el demiurgo del praxismo en Argentina
[2] hemos intentado mostrar cómo la filosofía que configura al
peronismo, la cual ha dado lugar a la existencia de una política
praxista, se ha elaborado a partir de una voluntad de dominio autofundada y fundante de toda otra realidad.
De este modo, el Estado debe ser la fiel expresión de la referida
voluntad; en consecuencia, ninguna realidad podrá anteponerse a su
cumplimiento. La vocación de esta voluntad es, obviamente, totalitaria;
de allí que la violencia, ínsita en su esencia, se haya de ejercer,
tarde o temprano, para enfrentar y doblegar toda libertad que no quiera
plegarse a ella.
Otro
interrogante se nos impone en este momento: ¿por qué esta concepción
autoritaria de la política irrumpe, de modo recurrente, en la vida
política argentina?
Consideramos que esta concepción autoritaria de la política
no es sino la respuesta a una concepción de democracia que sólo
pretende asegurar la existencia de una libertad para los negocios, al
margen de todo intento de igualdad política y de justicia social. De
este modo, la política argentina alterna gobiernos dominados por un
espíritu autoritario y gobiernos dominados por un espíritu fenicio. La
dialéctica integrativa entre libertad y justicia no se alcanza jamás.
En
virtud de las afirmaciones precedentes, podemos pensar que la actual
democratización de la justicia tiene por finalidad allanar el camino en
el que se despliega una voluntad con vocación totalitaria (identificada,
en este caso, con el actual gobierno nacional). Pero también es dado
suponer que, detrás de esta propuesta formulada por el gobierno
nacional, y quizás de modo totalmente inconsciente, anide el ideal de la
realización de una justicia efectiva llevada a cabo por aquellos a
quienes compete interpretar y aplicar las leyes en nuestro país. ¿Será
éste el camino? No lo sabemos. Sí tenemos una certeza: resulta
imprescindible pensar y luchar por la existencia de un Poder Judicial al
margen de todo poder (no sólo gubernamental), que sea el garante de la
interpretación y aplicación de la ley. Claro está que, para ello, no
sólo se necesitará contar con un sistema judicial apto sino, además, con
jueces prudentes y con un alto sentido de lo justo para que, entre
otras cosas, las cárceles no estén sólo habitadas por los más
desposeídos.
Por esta
razón, en el diálogo que se inicia (esperemos que de eso se trate) será
necesario interrogarse también acerca de la formación que están
recibiendo todos aquellos que un día ejercerán la magistratura. Es
preciso que los formadores tengan plena conciencia del gran desafío que
se les presenta: ¿cómo hacer para transformar conciencias que sólo tienen un sentido de lo útil, en conciencias con un sentido de lo justo?
Notas
[1]
Cfr. Ernst-Wolfgang Böckenförde. Cristianesimo, libertà, democracia.
Brescia, Morcelliana, 2007, prima edizione, pp. 186-194.
[2] Cfr. Carlos Daniel Lasa. Juan Domingo Perón: el demiurgo del praxismo en Argentina. Bs. As., Editorial Dunken, 2012
