Gravísimas
acusaciones pesan sobre el juez Carlos Rozanski, quien emplearía las
causas sobre derechos humanos para conservar su puesto
El Consejo de la Magistratura es una institución que
se incorporó a la Constitución con la reforma de 1994, a fin de
independizar de la vida política los nombramientos y remociones de los
magistrados. Lamentablemente, este propósito no se logró aún y en la
actualidad el Consejo, manejado por una mayoría kirchnerista, es una
herramienta de presión oficial sobre los jueces. La reglamentación de su funcionamiento debía
mantener el equilibrio entre los representantes de los órganos que
surgían de la elección popular, los magistrados, los abogados y los
académicos. El Congreso, con su actual composición, no respetó este
espíritu y la situación se agravó con la sanción de
una ley redactada por la entonces senadora Cristina Kirchner, que
rompió el equilibrio de estamentos establecido por la Constitución, al
otorgarle una mayor representación al sector político. Así, una
proporción predominante del oficialismo permite orientar la selección de
los magistrados según las conveniencias político-partidiarias y
amenazar con procesos de remoción a los que evidencian una independencia
de criterio desde sus funciones, al tiempo que se protege a quienes son
funcionales al Gobierno.
Un
escandaloso ejemplo de esta última situación lo constituye el desempeño
de Carlos Rozanski, integrante del Tribunal Oral Federal N° 1 de La
Plata. Conocido por su actuación en algunas causas por delitos de lesa
humanidad, no han trascendido como debieran las gravísimas acusaciones
que existen en su contra y que desnudarían la temible cara oculta del
magistrado junto con un manejo interesado del tema de los derechos
humanos, según se refleja en los expedientes a su cargo. Estas
irregularidades fueron denunciadas por otro juez del mismo tribunal y
por sus propios empleados. Las acusaciones, radicadas en el Consejo de
la Magistratura y referidas, por un lado, a crueles maltratos y amenazas
en las que habría incurrido el juez y, por el otro, a un caos
organizativo que derivó en la prescripción de sumarios muy importantes,
no han prosperado debido, precisamente, al manejo que habría realizado
Rozanski de su imagen como juez en causas por violaciones a los derechos
humanos.
El
de Rozanski es un abuso más de los muchos que se cometen en nombre de
los derechos humanos. Deberían ser las organizaciones serias abocadas a
ese tema -las que no se han corrompido ni han perdido su independencia-
las primeras en intentar separar la paja del trigo.
Las
graves sospechas parecen tener asidero. En 2009, cuando Pablo Bertuzzi
fue nombrado tercer integrante del tribunal oral que desde 2006 había
presidido Rozanski, descubrió una vieja causa que había prescripto por
falta de trámite y gracias a la cual la banda acusada de robar el dinero
del secuestro del padre del actor Pablo Echarri había quedado en
libertad. Bertuzzi se presentó ante el Consejo de la Magistratura y
solicitó la urgente realización de una auditoría que determinara el
estado de situación del tribunal. En su presentación, el denunciante
describió también el grave estado de abandono total en que se habían
dejado caer todas aquellas causas que no tenían vinculación con delitos
de lesa humanidad. Estimó en un millar la cantidad de expedientes
librados a su suerte al punto de que, en La Plata, se referían al
Tribunal Oral Federal N° 1 como "Prescribilandia".
Tras
la presentación de Bertuzzi, dos auditores enviados por el Consejo de
la Magistratura comprobaron que en 2008 prácticamente no se habían
llevado adelante juicios "comunes" y que existían unas cuatrocientas
causas sin radicar. Pero agregaron que el atraso estaba justificado por
la magnitud de los juicios que había tramitado el tribunal, en
referencia a los de violaciones de los derechos humanos.
Bertuzzi
y Horacio Alfredo Insaurralde, el tercer juez del Tribunal, intentaron
en vano poner orden, razón por la cual fueron denunciados por Rozanski
aduciendo que intentaban sabotear una causa. La Justicia rechazó en el
acto la denuncia presentada, Insaurralde se jubiló y Bertuzzi pasó a
otro tribunal.
Como
puede advertirse, las acusaciones contra el juez revisten una gravedad
tal que claramente justifican el inmediato inicio de una rápida y
esclarecedora investigación. Una conducta violenta e intimidatoria para
con sus empleados, un constante afán de revancha y una personalidad
proclive a la arbitrariedad y al desorden permanente constituyen rasgos
imposibles de conciliar con los esperados de un juez de la Nación.
Si
además sumamos su dudoso manejo de las causas por violaciones a los
derechos humanos a su cargo, tendiente a obtener una publicidad que
contrapese las acusaciones en su contra, el cuadro resulta aún más
turbio y lleva a preguntarnos si en su conducta prima el afán de
búsqueda de la verdad y la Justicia o si, por el contrario, en sus
sentencias se refleja una posición personal definida de antemano y al
margen de las pruebas recolectadas.
La
defensa de los derechos humanos y la sustanciación de los juicios por
sus violaciones han sido banderas de las que el kirchnerismo se apoderó
al llegar a la Presidencia en 2003, luego de haberlas ignorado
rotundamente mientras fue gobierno en la provincia de Santa Cruz. Es
sabido que esas banderas también le sirvieron de pantalla para montar un
régimen que se ha caracterizado por la ininterrumpida sucesión de
escándalos de corrupción, muchos de los cuales hoy se difunden en
distintos medios periodísticos.
Casos
como el mencionado muestran la intención del oficialismo de coartar la
independencia del Poder Judicial, al proteger a quienes son magistrados
afines a sus intereses, para impedir que se los investigue como dispone
la ley. Además, sientan un preocupante precedente que genera una
razonable desconfianza en la ciudadanía, al poner claramente en
evidencia la falta de transparencia y ecuanimidad reinante en el sistema
de remoción de los magistrados.
