Queridos amigos:
La obtención de los objetivos fijados en una institución de
cualquier naturaleza sólo puede alcanzarse a través de una adecuada
organización y un ordenado planeamiento. La carencia de estos dos elementos
esenciales en la integración y coordinación de los recursos humanos y
materiales de una institución y en la secuencia de acciones a ejecutar, bloquea
el camino entre los líderes y su visión ya que aunque tengamos resuelto el
“qué” o sea el objetivo y el “quién” o sea el recurso humano, nos faltará un
elemento esencial que es el “cómo” para guiar
la acción en forma eficiente y
eficaz hacia la obtención de las metas establecidas.
El proceso de planeamiento es relativamente
sencillo de desarrollar en ambientes estructurados pero tiende a complicarse en
ambientes de alta incertidumbre, como sucede en las complejas sociedades
actuales, obligando a trabajar creando escenarios alternativos y dotando al
sistema de una gran flexibilidad. Cuando se llega al extremo de que el ambiente
se torna caótico, es decir que se transforma en un sistema sin leyes, el
planeamiento y la previsión se tornan de imposible cumplimiento y obligan a
actuar simplemente reaccionando a los estímulos, dominados por el azar y buscando la supervivencia a
través del aprovechamiento de las oportunidades que puedan surgir en medio del
caos.
Este ambiente caótico se ha instaurado en la
Argentina desconcertando tanto a los simples ciudadanos como a los empresarios
y productores. Los primeros, condenados a convivir en condiciones anormales de inseguridad, normas que cambian
constantemente, precios fluctuantes, presión impositiva y mensajes
contradictorios que emanan de quienes deberían ser sólidos y confiables
referentes sociales, deben resignarse sin otra arma que la espera del cambio
que puede producir una elección o el efecto de una protesta activa. Los otros,
hombres de empresas serias nacionales o
extranjeras, se retraen y retiran tratando de preservar su capital y proteger a
sus accionistas, dejando el terreno libre para aventureros, aprovechadores de
“río revuelto” y empresarios cómplices de funcionarios inescrupulosos que son
los únicos que pueden usufructuar los nichos de negocios.
Un ejemplo muy claro de esta situación es el
tratamiento que han sufrido los temas energéticos, en particular en lo
vinculado al petróleo. En Argentina se han vivido variados episodios de
apertura a la participación extranjera que luego fueron anulados por gobiernos
de distinto signo. La novedad que estamos viviendo en este momento histórico es
un cambio de reglas de juego ejecutado por un mismo gobierno, llevando al
sistema de la alta incertidumbre al caos. Solo así puede encasillarse la acción
de expropiar YPF a la empresa española REPSOL
con argumentos de fuerte tono nacionalista para firmar 15 meses después
un contrato con la empresa norteamericana CHEVRON, a la que se le conceden
prerrogativas y ventajas para la
explotación que se negaron a su antecesora. Lo cierto es que el gobierno que suceda
a la Presidenta Cristina Fernández, autora de estos desaguisados, tendrá entre sus legados que enfrentar los
juicios iniciados por Repsol, los compromisos por 35 años generados con Chevron,
la pérdida de autoabastecimiento, la disminución de reservas y
varios años de fuertes inversiones para comenzar recién, en caso de ser
exitoso, a revertir el grave déficit en
la producción de hidrocarburos. Eso, siempre y cuando las actuales autoridades,
en su caótico accionar, no generen nuevos entuertos que compliquen aún más esta
crítica situación.
La labilidad del sistema normativo que impone
el gobierno, se manifiesta en la adaptación de las reglas a la cambiante necesidad
o voluntad presidencial, aun cuando ello implique sonoras contradicciones con sus
propias premisas, tal cual se hizo evidente en el tratamiento de la situación
del General César Milani. La propuesta de ascenso del nuevo Jefe de Estado
Mayor General del Ejército ha sido cuestionada con los mismos remanidos e
insustentables argumentos con que muchos militares han sido acusados,
encarcelados y truncados en sus carreras y ascensos. El Operativo
Independencia, por ejemplo, ordenado por un gobierno democrático para enfrentar
en Tucumán a movimientos guerrilleros que amenazaban y atacaban al gobierno
para tomar el poder por la fuerza, fue una operación legítima y honrosa.
Cualquiera que en su transcurso hubiere cometido un delito deberá responder por
ello como ante cualquier delito común o militar, con sus procedimientos y
prescripciones, ya que de modo alguno la participación de las Fuerzas Armadas
en ese escenario se puede encuadrar en la definición de “lesa humanidad” que incluye
delitos que se configuran cuando se cometen como parte de un “ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de
dicho ataque” (Estatuto de Roma. Artículo 7).
Por otra parte, y tal como citaron los miembros del Centro de
Estudios Legales y Sociales y la presidente de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, no se debe prejuzgar y citando textualmente a
Carlotto: “si presumimos que cada
miembro de una fuerza que estuvo en un lugar determinado es responsable,
tenemos que juzgar a todos sus integrantes”.
Cabe acotar que estas elementales normas
jurídicas se han ignorado sistemáticamente hasta el presente y es de estricta
justicia que todos los recaudos e investigaciones que se toman para evaluar la
situación del señor General Milani, sean inmediatamente aplicados a todos los
casos en curso ante situaciones
similares en que ha bastado la acusación de un testigo aislado o el haber
ocupado un cargo determinado, para que el causante sea procesado y encarcelado
sin más trámite.
La diferencia de criterios, particularmente
por parte de las pseudo asociaciones de derechos humanos al acusar a militares,
policías, jueces y empresarios, parecen ensañarse con quienes son opuestos al
actual gobierno y mostrar singular benevolencia con quienes muestran afinidad
al oficialismo. Digamos que la justicia para ellos, es solo una justicia de
amigos.
Esta cuestión de la existencia de una justicia
benévola para los amigos ha tenido singular repercusión con las órdenes de
detención y posterior eximición de la misma en el caso del ex Secretario de
Transportes, Ricardo Jaime. Luego de prolongadas demoras, de descartar pruebas
por razones de procedimiento y de acumular causa sobre causa, finalmente el Juez Federal Claudio Bonadío y
el fiscal cordobés Maximiliano Hairabedíán, pidieron la captura de Jaime en dos
causas diferentes. Desde su situación de prófugo, inclusive con pedido de captura
internacional, Jaime tramitó y obtuvo la eximición de prisión por parte de la
Sala I de la Cámara Federal porteña que fue seguida por el Tribunal Oral
Federal Número 2 de Córdoba. A los ojos de un lego, estos tribunales no
deberían haber tratado la eximición si antes el procesado no se presentaba
detenido y dejaba su situación de prófugo ya que su actitud de rebeldía no era
una presunción sino un hecho concreto. Sin embargo, Ricardo Jaime solucionó el
entuerto con una fianza de200.000 pesos y nos dejó la sensación de que hasta
que quienes fueron sus amigos y
compañeros en la función pública no dejen el poder, su situación procesal se
desarrollará con la misma lentitud con que se tratan las acusaciones contra
Lázaro Báez, Schoklender y otros imputados
que estuvieron próximos al oficialismo.
Cabe acotar que las virulentas críticas
presidenciales a la justicia, cuando los fallos no favorecen los designios del
gobierno, brillaron ahora por su ausencia y que Jaime no está procesado por
cuestiones de su vida privada sino por supuestos delitos de corrupción,
cometidos en ejercicio de su cargo como funcionario, que debió haber sido
controlado y supervisado por sus jefes y
los órganos institucionales de control.
Quienes no pueden escapar al caos son, sin
dudas, los sufridos automovilistas que en las rutas argentinas y muy
especialmente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedan
prisioneros y rehenes de los piquetes, marchas y demás formas de protesta que toman a las calles como
escenario. Sabido es que el actual gobierno ha sacralizado estas formas de
manifestación ciudadana y hasta ha hecho
doctrina de su negativa a “criminalizar la protesta social”. Ante estas
evidencias de casi diez años de resignación, la pretensión del Secretario de
Seguridad, Sergio Berni, de cargar la responsabilidad de disolver los piquetes
en el gobierno de la Ciudad y su policía metropolitana es más de lo que puede
soportarse aun en medio de una campaña electoral. Hasta la desvergüenza verbal
y declarativa debería tener un límite.
El mismo funcionario señaló que en Tigre (obviamente en el municipio de un
opositor político) “se refugian los mayores narcotraficantes del mundo”
olvidando quizás que el narcotráfico es un delito federal y no una
contravención municipal. Pero todo parece valer a la hora de tratar de ayudar
en la campaña electoral denigrando opositores aun con argumentos harto falaces.
Llegamos así a la mentada campaña, madre de
todas las batallas y no precisamente por ser el campo de batalla de las ideas
como dijera Friedrich Hayek.
El oficialismo, que ha perdido espacio según
las encuestas, realiza maniobras extrañas en la provincia de Buenos Aires donde
apuesta buena parte de su futuro. Es inédito que su primer candidato a diputado
nacional recorra la Provincia sin hablar casi, mostrándose junto a la imagen
del gobernador Scioli y escuchando pasivamente los discursos que solo pronuncia
la señora presidente. ¿Qué clase de representante del pueblo puede ser este
señor sin voz, ni proyectos, ni personalidad? Su subordinación y dependencia a
la figura presidencial es harto evidente y resignada y además la asume sin
complejos ni pudor. Tampoco puede explicarse en la tribuna de campaña a la
señora Estela Carlotto que ya ni siquiera disimula su condición de oficialista
militante que claramente perjudica a la
causa a la que nominalmente adscribe, como titular de la organización de
Abuelas de Plaza de Mayo. Pero todo parece valer en la luchas por aferrarse al
poder, y los subsidios y demás prebendas
que de él devienen.
Lejos de tanto despliegue de medios, de las
luces de Tecnópolis y las excusas de las inauguraciones, los opositores de
verdad, los que no queremos ser la continuidad del modelo ni una versión
adecentada de un progresismo decadente, esperamos los segundos de radio y televisión que el Ministerio del Interior se
digne asignarnos a partir del lunes 22 de julio para que en medio de una maraña
técnico administrativa, intentemos competir contra el omnipresente aparato
estatal. Si a pesar de tanta desigualdad y discrecionalidad comenzamos a
percibir que la coraza oficialista se resquebraja, es porque las cosas andan
tan mal en la Argentina que el enseñoramiento del caos se hace muy visible y cada día se hace más duro sobrevivir en
este ambiente.
Paciencia y fortaleza queridos compatriotas,
que en pocos días, voto mediante, empezaremos a cambiar nuestro destino y si
Dios quiere será para bien.
Un abrazo para todos.
Juan Carlos Neves, presidente de Nueva Unión
Ciudadana
www.nuevaunionciudadana.org
