De vergüenzas e iniquidades
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Suponer que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández
lograron verdaderas conquistas de los Derechos Humanos es una falacia
que también se intenta utilizar en contra del Gobierno de Mauricio
Macri, asegurando que es responsable de ciertas decisiones judiciales
que han otorgado a militares presos acusados de delitos de lesa
humanidad, lo que la ley otorga a cualquier preso que cumpla ciertos
requisitos relativos a la edad y a la salud. En realidad el Gobierno de
Macri no ha hecho nada al respecto. Sucede que al disponer de seguridad
personal y jurídica ciertos magistrados han actuado según derecho.
Néstor Kirchner y Cristina Fernández, lejos de haber sido campeones
de estas lides, en sus años australes tuvieron connivencia y convivencia
con el poder militar. La figura de Bendini fue una moneda de dos caras
en la que cada una de las partes se prosternó a la otra en distintas
épocas. Cuando el General era el poder en el sur, ellos fueron
reverentes y luego, cuando lo entronizaron como Jefe del Estado Mayor de
Ejército, le exigieron humillaciones que él otorgó con aguinaldo
subiéndose a un banquito desde el que arrojó su dignidad.
La política de entonces no fue la del imperio de la ley sino la de la
ejecución de la venganza. Los terroristas de los ‘70 se transformaron
en los jóvenes soñadores e idealistas, y quienes utilizaron sus mismos
métodos desde el Estado, se transformaron en genocidas.
A nadie cabe duda que aquellos años setenta fueron años de excesos,
de una y otra parte. Pero condenar a unos preservando a los que desde la
otra parte asesinaron y torturaron, ha privado de autenticidad y
justicia esas condenas.
No solo aconteció eso. Los imputados fueron condenados en muchos
casos con testigos falsos y con ellos no se aplicó la ley sino la
venganza. El trato, fuera de toda escala de respeto, no admitió
prisiones domiciliarias para muchos mayores de setenta años, y en muchos
casos –no sólo probados sino presentados ante la Corte Internacional de
Justicia– fueron privados de atención médica.
Ahora, el pasado 23 de diciembre, un Tribunal Oral Federal ordenó la
liberación de Luis Lucero, Miguel Ochoa, Oscar López, Jorge Quinteros y
Orlando Pérez, argumentando que se vencieron los plazos de las prisiones
preventivas. Esto de detenidos con prisiones preventivas varias veces
vencidas no es un caso aislado, muchos son los que están en esas
condiciones.
Considerar que decisiones de este tipo provienen del Gobierno de
Macri es un error, es solo el resultado de estar recuperando una
justicia parcialmente segura en un estado de derecho. Si el actual
Gobierno tomase la decisión de solicitar a la Justicia la revisión de
esas causas, no estaría llevando a cabo ninguna acción reprobable sino
ajustándose a la defensa de los derechos humanos –que son para todos– y
mostrando así una disposición reconciliadora. Pero sí aún no dependiendo
de él se le atribuyen estas medidas y por ellas se lo condena, a cuánto
más se podría llegar si fuese verdad que ha hecho un planteo a la
Justicia.
La realidad es que estos hechos están poniendo a la vista la
perversión de quienes jugaron a hacer justicia y montaron un negocio,
aún sobre la misma sangre de quienes decían reivindicar.
Estos hechos que vienen siendo denunciados desde hace tiempo, no sólo
ante la Justicia local sino en los foros internacionales por muchos,
entre los que se cuenta el Dr. Mariano Castex,
deben tener una respuesta final, pero esa respuesta debe ser de la
Justicia, no del Gobierno, porque es la que brindará autenticidad a una
decisión acorde a la Ley.
Es necesaria la Justicia para que recomience un proceso de
cicatrización de heridas, que alguna vez nos lleve a la reconciliación
cerrando un largo proceso de vergüenzas e iniquidades. (Diario Castellanos)
