04-01-2016 PENSAR EN NACION
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2015 UNA INVITACIÓN A Levantar LA MIRADA COMO NACIÓN 2016
RECOMENDADO E INVITACIÓN A INTEGRAR PENSAR EN NACIÓN EN G+
Crimen y política, el legado más tenebroso de la era K
Carlos PagniLA NACION
La fuga de Martín y Cristian
Lanatta y de Víctor Schillaci significa, reducida a escala, lo que representó
para México la de "el Chapo" Joaquín Guzmán de un penal mexicano de
máxima seguridad. Más allá de su atractivo cinematográfico, pone en evidencia
el nivel de penetración del crimen organizado en la estructura estatal de la
provincia de Buenos Aires. En su policía, en su sistema penitenciario, en su
Poder Judicial. Es difícil encontrar un aspecto más perturbador de la herencia
del kirchnerismo. Quien con mayor claridad advirtió ese drama fue el electorado
bonaerense. El 25 de octubre los votantes realizaron lo que se creía imposible.
Mediante un multitudinario corte de boletas, repudiaron a Aníbal Fernández y
confiaron la administración a María Eugenia Vidal.
Fernández había sido señalado por
Martín Lanatta, uno de los tres fugitivos, como "la Morsa", el
poderoso funcionario que daba protección a una banda de traficantes de efedrina
para la que ellos trabajaban. Fernández, por supuesto, rechazó la imputación. En
la perspectiva de la larga duración es una anécdota: al votar contra "La
Morsa", quienquiera que sea, los ciudadanos rechazaron una vinculación
entre delincuencia y política con raíces extensísimas. José Luis Cabezas, Julio
López, Candela Rodríguez, los adolescentes masacrados a manos de dealers de
José León Suárez, Luciano Arruga, y los millones de vecinos que están a merced
de los delincuentes que prosperan en el conurbano son, todos, víctimas de
alguna "Morsa".
El "no a la Morsa" fue
el principal mandato que recibió Vidal. Es un imperativo para regenerar la
política allí donde ésta se muestra más densa, más opaca: el aparato represivo
del Estado. Satisfacer ese encargo es uno de los principales desafíos de Vidal.
Y también de Mauricio Macri. Importa poco cuánto quiera aproximar su imagen al
fuego del problema. Él sabe que el destino de su presidencia depende en gran
medida de cómo satisfaga las expectativas del electorado bonaerense. En su
discurso inaugural dijo que uno de sus tres objetivos principales es derrotar
al narcotráfico. Y en 2017 se vuelve de disputar el liderazgo de la provincia.
Sergio Massa y Margarita Stolbizer entrarán en esa competencia discutiendo, con
distintas modulaciones, sobre la seguridad. Ese duelo es decisivo para Macri.
Vidal adoptó una estrategia controvertida para superar este reto. Ensayó
un acuerdo parcial con el orden preexistente. Para administrar el Servicio
Penitenciario confirmó a César Albarracín, alter ego de Ricardo Casal, el
ministro de Justicia de Daniel Scioli. En Seguridad designó a Cristian Ritondo,
quien reemplazó al jefe de la Policía Hugo Matzkin por Pablo Bressi, quien
venía de ser Superintendente de Drogas Ilícitas. Ritondo pactó con Alejandro
Granados, su antecesor, la continuidad del resto de la conducción. Podrían
esgrimirse atenuantes para evaluar ese curso de acción. Vidal, que procede de
la administración porteña, fue puesta de improviso al frente de un gobierno sin
mayoría en la Legislatura. Y depositó la Seguridad en manos de Ritondo,
dirigente de su máxima confianza que tampoco es bonaerense. El criterio puede
haber sido asentarse en el nuevo territorio para, recién entonces, modificar el
esquema recibido. No funcionó.
El fracaso de la receta es
progresivo. Se va demostrando a medida que los Lanatta y Schillaci siguen
escapándose. La primera señal fue la fuga. Las autoridades denuncian la
connivencia de los carceleros con los tres condenados por el triple crimen de
General Rodríguez. Pero para advertir esa complicidad no era necesario que
escaparan. No sólo la entrevista de Martín Lanatta con Jorge Lanata se realizó
con la venia de las autoridades del penal. También fue necesario ese visto
bueno para un encuentro mucho más escabroso: el que mantuvieron Lanatta y
Schillaci con el abogado Antonio Solibaret, que ingresó en la cárcel como
emisario de Aníbal Fernández para negociar. Esa reunión fue filmada y divulgada
de modo fragmentario. Quienes vieron la versión completa dicen que es explosiva
para la suerte de Fernández.
La evasión de los tres presos fue misteriosísima. ¿Tiene sentido salir de un
presidio para deambular por el gran Buenos Aires? Se podría pensar que alguien
les prometió que a la salida se encontrarían con dinero, logística y documentos
que nunca aparecieron. Que alguien los ayudó a fugarse, pero los dejó expuestos
a la cacería policial. ¿O huyeron sin plan alguno porque presentían que dentro
del penal estaban más expuestos a la muerte que fuera de él? Esta es la tesis
que anoche divulgaba la familia Lanatta a través de uno de sus abogados:
"No fue una fuga. Les dieron algo de plata, les abrieron la puerta, y les
dijeron que terminen con las denuncias". De ser así, los presidiarios
deben evadirse de dos perseguidores. Los policías y los que, puede suponerse,
podían liquidarlos tras las rejas. ¿El motivo? La conjetura más firme es que
los presidiarios pidieron declarar en febrero en la causa que sigue Servini de
Cubría por tráfico de efedrina. La hipótesis de que alguien los incitó a una
fuga suicida busca perjudicar a Aníbal Fernández, blanco de las imputaciones de
Lanatta. En los tribunales se afirma que Fernández está inquieto con el
expediente de Servini. Y que intentó, sin éxito, tomar contacto con el fiscal
Gerardo Pollicita para hablar del tema.
La búsqueda de los Lanatta y
Schillaci es la segunda burla del aparato de Seguridad bonaerense a Vidal. Los
prófugos sólo estuvieron cerca de la policía cuando, el jueves, atacaron a
tiros a los agentes Lucrecia Yudati y Fernando Pengsawath. Es un episodio muy
raro. Carecían de dinero para vivir, pero tenían armas largas para defenderse.
Ese día circuló la versión de una negociación con el abogado de Schillaci, Hugo
Icazati, que se habría aproximado a la investigación a través de un periodista.
La propuesta habría sido que su cliente se entregaría si se lo destinaba a una
cárcel federal. Pero las autoridades y la familia de los presos niegan esa
posibilidad. Aunque la esposa de Schillaci estaría por plantear que el triple
crimen debe pasar a la esfera federal porque el juicio en Mercedes estuvo
sometido a la influencia de Aníbal Fernández. Más allá de las desmentidas,
funcionarios cercanos a la Bonaerense insisten: "Cuando el abogado dijo que
ya no tenía contacto con Schillaci, el jefe de la policía, Bressi, pidió a
Ritondo que declarara que los tenía cercados".
El único cerco que se tendió la
noche del año nuevo se habría basado en la identificación de los celulares de
los fugitivos. A esa altura, la crisis bonaerense entraba en una segunda fase.
Ya se había demostrado la infiltración de la delincuencia en las cárceles.
Ahora quedaba en evidencia que alcanzaba a la fuerza policial. El indicio más
elocuente fue que Christian Lanatta pudo visitar a su ex suegra, en busca de
dinero y de un vehículo. Si lo hizo, razonan los investigadores, es porque
alguien le avisó que esa casa no era vigilada. Lo mismo puede decirse de la
internación en la quinta del pizzero Marcelo Melnyk, "el Faraón". Esa
propiedad estaría a nombre de un pariente de Schillaci. El "Faraón"
visitaba a los condenados de General Alvear. Se le atribuye administrar una
cadena de restaurantes que servirían para lavar dinero de la droga, en Quilmes.
A medida que advertían cómo se
filtraban hacia los perseguidos los detalles de la investigación, Vidal y
Ritondo fueron descubriendo la red de connivencias en la cúpula policial.
Comenzaron por reemplazar al jefe de la Delegación Departamental de
Investigaciones (DDI) de Quilmes, Roberto Di Rosa. Y siguieron con una
reestructuración regional: la DDI Quilmes fue vaciada y cubierta con personal
de La Plata. Y la Jefatura Departamental con sede en esa ciudad fue disuelta.
Será absorbida por las de Lanús y Lomas de Zamora. Ayer la limpieza subió un escalón
jerárquico: Ritondo relevó a Néstor Larrauri, jefe de Investigaciones de la
Bonaerense. Larrauri, superior de Di Rosa, iba a ser el jefe de la Policía en
caso de que ganara las elecciones Aníbal Fernández. ¿Se lo advirtió Granados a
Ritondo? Desde ayer Larrauri está a disposición de Asuntos Internos, que debe
determinar si incurrió en algún tipo de encubrimiento. Las nuevas autoridades
prestan especial atención al entramado policial de Quilmes por sus conexiones
con Fernández. Allí se produjo, en agosto de 2008, el crimen por el que están
condenados los tres prófugos. El comisario de la zona era Carlos Grecco. El 18
de septiembre de 2013 un tribunal oral ordenó investigarlo por presunto
encubrimiento del secuestro de Leonardo Bergara. Pero Granados lo mantuvo al
frente de la zona Conurbano Oeste de la policía, de donde fue desplazado en
noviembre de 2014 por alquilar patrulleros. Viejos colegas suyos aseguran que,
si se consultara a su hermano, Aurelio Greco, se obtendría información sobre
los vínculos entre los Lanatta, Schillaci, el tráfico de drogas en Quilmes y la
cobertura policial.
La fuga de los tres presos de
General Alvear plantea incógnitas rebeldes. Sus familias sugieren que fueron
inducidos a escapar por quienes podrían ser víctimas de sus imputaciones. Pero
las autoridades sospechan de la protección de policías vinculados a Fernández.
Nadie sabe a qué bando responde cada actor. Ni siquiera si hay bandos. Sobre
estas arenas movedizas Vidal y Ritondo avanzan con la purga de la Bonaerense.
Después de Larrauri, llegaría a Marcelo Chebriau, el jefe de Delitos Complejos
y Crimen Organizado. Chebriau estaba al
frente de la DDI de La Matanza cuando asesinaron a Candela Rodríguez. La
comisión senatorial que siguió ese crimen pidió su exoneración. Pero Granados
lo ascendió.
Vidal y Ritondo resolvieron una intervención de facto sobre la
Bonaerense. Desde
anteayer intervienen en la persecución de los prófugos la Policía Federal y la
Gendarmería. La AFI brilla por su ausencia. El responsable operativo, Diego
Dalmau, un conocido de Silvia Majdalani, la segunda de esa agencia, tiene
buenas calificaciones como profesor de la Escuela de Inteligencia. Pero carece
de experiencia práctica. El encargado de
coordinar los operativos bonaerenses, que ayer produjeron 37 allanamientos, es
Román Di Santo, el jefe de la Federal. El protagonismo de Di Santo abre otros
enigmas. ¿Utilizará este policía los servicios prestados para demorar el
traspaso de 21000 efectivos a la Policía Metropolitana? ¿Renunciará Bressi a la
Bonaerense? Se presumía que, como ex Superintendencia de Drogas, resolvería
rápido el caso de una banda de narcos. No fue así.
Macri y Vidal están cayendo en la cuenta de lo que el electorado había
advertido con claridad. El contubernio entre crimen y política es el legado más
tenebroso del kirchnerismo. Involucra a Aníbal Fernández. Pero también a la ex
presidenta, que en 2007 se financió con el dinero de los traficantes de
efedrina. Y a Scioli, que dejó avanzar el delito en la estructura del Estado
bonaerense. Por
complicidad. O tal vez por negligencia. La misma negligencia que lo lleva, como
único pronunciamiento en medio de la crisis, a continuar una extemporánea
campaña por la Bristol, mientras divulga su foto con Carlitos Balá.
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