LA MASACRE DE TRELEW

Aeropuerto de Trelew, 15 de agosto de 1972. Los subversivos que se habían
apoderado de la estación aérea, deponen su actitud
(Imagen: Emilcer Pereyea)

El 15 de agosto de 1972, un centenar de guerrilleros integrantes de las organizaciones Montoneros, ERP, y FAR, se disponían a evadirse del penal de máxima seguridad de Rawson, provincia de Chubut, con la idea de dirigirse al Chile socialista de Salvador Allende, para pedir asilo político. De ellos, apenas veinticinco lo lograron aunque al cabo de unas horas, diecinueve se entregaron para ser conducidos a la Base Aeronaval “Almirante Zar” de la ciudad de Trelew, donde fueron fusilados, una semana después. Sólo seis lograron el objetivo de huir al extranjero, luego de secuestrar un avión comercial y volar hacia Puerto Montt. La acción en sí y su fatal desenlace, producto del apresuramiento y la torpeza del gobierno, incrementaron la violencia y dieron pie al baño de sangre que se sucedió a continuación. Inexplicablemente, tres de los ajusticiados sobrevivieron, para relatar los hechos y señalar a los responsables.

La fuga

Los sucesos acontecieron de manera vertiginosa. Cerca de las 18:30 del martes 15, un camión militar con personal uniformado se detuvo con el motor encendido en la entrada del Instituto de Seguridad y Resocialización de Rawson (U 6). El efectivo de guardia se acercó al conductor para solicitarle la documentación correspondiente y cuando lo hacía, varios sujetos saltaron a tierra y redujeron al personal. Uno de ellos abrió la barrera de acceso y así ingresaron a la unidad, dirigiéndose velozmente al edificio principal.

Coordinando sus movimientos con los reclusos, los atacantes se apoderaron del Pabellón I, destinado a los presos comunes y abrieron las celdas para dejar salir a sus compañeros. Ni bien salió de su celda, Marcos Osatinsky, uno de los integrantes del comité encargado de planificar la huida, recibió su arma y echó a correr por los pasillos, seguido por varios compañeros. Al llegar al patio, cerca de la entrada principal, al menos tres guardiacárceles intentaron cerrarles el paso, generando un breve enfrentamiento en el que cayó el ayudante de 5ª, Juan Gregorio Valenzuela. El suboficial yacía en el suelo, cuando según versiones posteriores, María Antonia Berger le apuntó con su pistola y lo remató de un disparo en la cabeza. Los otros dos guardias, Justino Galarraga y Marcelo Bonalzo, recibieron heridas de consideración.

Sin perder tiempo, mostrando una perfecta sincronización, los reclusos se colocaron los uniformes que les entregaron sus cómplices y después de apoderarse de más armas, ganaron el exterior, hombres y mujeres, para abordar el camión y otros vehículos que aguardaban en el lugar, uno de ellos conducido por Carlos Goldenberg (nombre de guerra "Tomás"), militante de las FAR. Había también un par de taxis, llamados ex profeso por los asaltantes.

A los cabecillas les sorprendió la ausencia del camión. Miraron en todas direcciones pero no lo encontraron, por lo que corrieron decididos hacia el Ford Falcon de Goldenberg y uno de los taxis, introduciéndose en ellos para escapar a toda velocidad.

Lejos de allí, el camión que conducía Jorge Lewinger, de las FAR, se alejaba a la carrera, seguido por otros dos conductores. Cuatro décadas después, Soledad Capello, madre de Eduardo, lo acusará de cobarde. "El culpable fue Lewinger: tuvo miedo y retrocedió y los otros dos conductores lo siguieron. Sino se iban  todos"¹. El aludido se defenderá diciendo que malinterpretó una señal y creyendo que la operación había sido abortada, puso primera y escapó. "Retrocedimos en dirección a Trelew pero, pocos kilómetros después, me di cuenta del error y volvimos al penas; para entonces, ya había rondas de penitenciarios y policías y tuvimos que irnos. Pero no sentimos miedo, si no, no hubiéramos regresado"².

Luciendo indumentaria de la Gendarmería, los extremistas, tomaron la Ruta 7, que une Rawson con Trelew y enfilaron hacia el aeropuerto, decididos a apoderarse de una aeronave y escapar hacia Chile. Según algunas versiones, en el camino se tirotearon con personal de la comisaría de Dolavon, localidad distante a 30 kilómetros de Trelew, resultado herido uno de los efectivos, de apellido Arevales, el cual fue evacuado hacia una clínica de Rawson, donde quedó en estado de observación.

Los terroristas habían sincronizado bien sus movimientos, estudiando detenidamente los horarios y las frecuencias de los vuelos pues, al momento de su llegada, aguardaba en pista el BAC 1-11 matrícula LV-JNS (vuelo 811) de la empresa Austral, que acababa de hacer escala en su viaje a Buenos Aires, procedente de Comodoro Rivadavia.

La treintena de hombres armados que se apoderó del lugar sorprendió a los pasajeros, más cuando se percataron de que varios de ellos eran mujeres y que portaban ametralladoras y fusiles largos, los cuales, al parecer, estaban dispuestos a utilizar.

Un grupo se apoderó de la torre de control y otro tomó de rehenes a parte del personal –empleados, azafatas y maleteros–, así como a varios viajeros, sesenta personas aproximadamente, que quedaron retenidas bajo amenazas.

La vanguardia del grupo atacante, es decir, los siete subversivos que llegaron en primer lugar, se dirigieron al avión que se encontraba detenido en la plataforma cargando combustible (19:50) y abordaron a la tripulación para informarle que existía una amenaza de bomba y por esa razón, debían revisar la aeronave. Eran Mario Roberto Santucho, Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, Domingo Menna, Fernando Vaca Narvaja, Carlos Goldenberg, Roberto Quieto³ y Marcos Osatinsky, los tres primeros del Ejército Revolucionario del Pueblo, el cuarto de Montoneros y los restantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

-Tenemos que revisar el avión. No es necesario que el pasaje descienda.

Convencidos de que efectivamente, se trataba de militares, piloto y copiloto acataron la decisión y recién cuando estuvieron dentro y los vieron extraer sus armas, se percataron de que eran secuestradores.

Santucho y Gorriarán Merlo apuntaron al piloto y le ordenaron levantar vuelo.

-Una vez en el aire sabrá a donde nos dirigimos – dijo el primero.

El comandante Eduardo Ford tomó los mandos y después de una serie de indicaciones al copiloto, Abelardo Calay, tomó el micrófono y le solicitó al pasaje que ajustase sus cinturones porque se encontraban próximos a partir. Ninguna de las noventa y seis personas que aguardaban en sus asientos imaginaba que el mismo se hallaba en poder de un grupo terrorista y que su destino final era Chile, ni siquiera Emilio Ferrari, el gerente de Austral en Comodoro Rivadavia, sentado cerca de la puerta delantera.

La sorpresa la dieron tres pasajeros distribuidos a lo largo de los asientos, Alejandro Ferreyra Beltrán, Víctor Fernández Palmeira y Ana María Weissen, de 23 años, cuando se pusieron de pie y de entre sus ropas extrajeron sendas pistolas, anunciando a  viva voz, que formaban parte del comando extremista.

Desde la cabina, Ford se comunicó con los extremistas que controlaban la torre para informar que despegaban e inmediatamente después comenzó a rodar por la plataforma, en dirección a la cabecera de la pista. Una vez allí detuvo la marcha y medio minuto después inició el carreteo, dándole máxima potencia a las turbinas.

El BAC 1-11 se elevó sin inconvenientes y al llegar los 10.000 metros de altura, viró hacia el oeste, dejando Gaimán a su izquierda para comenzar a sobrevolar el Bajo de la Tierra Colorada, más allá de Dolavón.

-Ponga rumbo a Puerto Montt – dijo secamente Santucho siempre apuntando con su pistola.

Ni bien corrió la noticia de que numerosos presos se habían evadido del penal, las autoridades pusieron en marcha los mecanismos de represión, movilizando fuerzas de las tres armas, así como las de seguridad (Prefectura, Gendarmería, policía provincial, bomberos), las cuales cerraron los accesos y montaron controles en las rutas.

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Desde Comodoro Rivadavia, el Ejército despachó un Boeing con efectivos del Regimiento Infantería Mecanizado 8 al mando del teniente coronel Alberto Podestá, en tanto, en Bahía Blanca se ordenó el alistamiento de un avión Aerocomander, en el cual el  general Eduardo José Ignacio Betti, jefe de la XI Brigada de Infantería, recientemente designado comandante militar de la región (declarada zona de emergencia), se trasladaría a la zona de crisis, acompañado por integrantes de su estado mayor.

Para ese momento, circulaban versiones de todo tipo, las más audaces, la existencia más prófugos huyendo en automóvil hacia la Cordillera o merodeando por las inmediaciones de San Antonio Oeste; el hallazgo de un Torino blanco volcado cerca de esa localidad, con armas en su interior (se trataría de un taxi con patente de Trelew), cuyos ocupantes se habían refugiado en los montes circundantes y un tiroteo en un lugar no especificado⁴, razón por la cual, el comando del V Cuerpo de Ejército despachó a un oficial para corroborar esos trascendidos y de ser ciertos, dirigir la búsqueda.

Para entonces, las fuerzas de seguridad habían rodeado el aeropuerto y conminaban a los subversivos a entregarse.

Dada la gravedad de la situación, el fiscal de Estado de Chubut, Dr. Héctor Risso, constituyó su despacho en el Juzgado Federal de Rawson a cargo del Dr. Alejandro Godoy, en tanto el gobernador de la provincia, contralmirante Jorge Costa, declaró la zona en emergencia y decretó asueto administrativo, bancario y escolar.

El penal de Rawson, dependiente del Servicio Penitenciario Federal,  ocupaba un predio de 38 hectáreas sobre la Ruta 3, en el trayecto que une esa ciudad con Puerto Madryn; contaba con diversos talleres, carpintería, herrería y una granja donde los reclusos realizaban trabajos, así como una biblioteca, sala de conferencias y aulas, además de tres casas destinadas al personal superior y otras cincuenta y ocho para el subalterno. Desde el 5 de mayo del año anterior, dependía del Comando en Jefe del Ejército (Ley 19.594) dado que, a partir de ese momento, comenzaría a alojar a elementos subversivos; como cárcel funcionaba desde su inauguración, el 23 de marzo de 1935 y tenía por finalidad reeducar moral e intelectualmente a los detenidos para reinsertarlos en la sociedad.

Pabellón I del penal de Rawson (U-6) donde se hallaban alojados los subversivos
(Fotografía: "La Prensa")

Al momento de partir el avión con destino a Chile, los reclusos se habían amotinado y a través capellán del penal, del presbítero Pedro Nikora, que oficiaba de mediador, solicitaban la presencia de un abogado (según los diarios, el Dr. Malza), para garantizar su integridad física. La unidad se hallaba cercada y algunos helicópteros sobrevolaban el área.

En el aeropuerto, mientras tanto, las cosas se complicaban para los subversivos, quienes al ver frustrados sus intentos de apoderarse de un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas, que debía hacer escala a las 20.35⁵, decidieron deponer las armas y entregarse a las autoridades, sabiendo que toda resistencia iba a ser inútil. Para ello, exigieron la presencia del Dr. Godoy, un médico y representantes de la prensa pues, según hicieron saber, temían represalias y querían dejar constancia de su situación. El juez llegó en menos de media hora, acompañado por el galeno, e inmediatamente después lo hicieron los periodistas. Asomados por los accesos, los extremistas, les hacían gestos para que avancen y en vos alta, les decían que podían acercarse, hecho que generó muchas expectativas. Los hombres de prensa caminaron con cautela aunque sin temor, comprobando al ingresar, la presencia de varios individuos armados, entre ellos algunas mujeres. Fueron sometidos a un prolijo examen para comprobar que no llevaban armas y finalizado el mismo, se les permitió pasar.

Una vez dentro, los voceros del grupo dijeron que aun cuando la mayoría de ellos no había podido evadirse, consideraban la operación un éxito porque sus cabecillas volaban en esos momentos hacia Chile y esa era la meta y el fin del operativo.

-…nuestros compañeros han podido volver a la lucha activa en procura de nuestros ideales – manifestó uno de ellos.

Al ser interrogados por los periodistas, los rehenes manifestaron haber recibido un trato correcto y según habían escuchado, sus captores deseaban regresar al penal, sin resistencia de ninguna clase.

Conocida la novedad, el Partido Justicialista hizo llegar al Ministerio del Interior, un telegrama firmado por Jorge A. Llamparart, en el cual se exigía a su titular, Dr. Arturo Mor Roig, respeto por los derechos humanos de los presos políticos alojados en el penal de Rawson, responsabilizándolo directamente por su estado físico:

Reclamamos respeto derechos humanos presos políticos unidad carcelaria de Rawson responzabilizándolo por su integridad física amenazada por medidas de represión anunciadas.

Ni bien se conoció el mensaje, la dependencia exigió, a través de su oficina de Prensa y por el mismo medio (telegráficamente), que se precisase a que medidas concretas de represión se hacía referencia y cuáles eran las amenazas a la integridad física y derechos humanos con relación a los responsables de los sucesos en la víspera en Rawson y Trelew. Exigía una pronta respuesta y finalizaba diciendo que el Poder Ejecutivo nacional no aceptaba que mediante acción psicológica, se pretendiese mostrar a los protagonistas de tan luctuosos sucesos como víctimas.

Infiltrado por elementos de izquierda e incluso ultraizquierda, el movimiento peronista recurría a una estrategia bien elaborada, destinada a confundir a la población con la terminología propia de quienes llevaban adelante la guerra subversiva.

Los subversivos deponen las armas

Por entonces, el avión de Austral sobrevolaba los primeros contrafuertes andinos y sus pasajeros comentaban alarmados las incidencias del vuelo. Sus captores los vigilaban apuntándoles con sus armas, impidiendo a las azafatas, Nora Peirano, María Pizarro y Cora Walsoe, desempeñar sus funciones normalmente. Mientras tanto, en la cabina, Santucho y Gorriarán Merlo vigilaban a los pilotos, así como a la encargada de a bordo, María del Carmen Goday⁶, a quien tampoco permitieron abandonar su asiento. Esperaban llegar a Puerto Montt en una hora y luego de reponer combustible, seguir rumbo a Santiago, donde pensaban pedir asilo o permiso para continuar a La Habana.

En Buenos Aires, mientras tanto, el comandante en jefe de la Armada, almirante Carlos Coda y su par de la Fuerza Aérea, brigadier Carlos Rey, mantenían permanente contacto con el personal asignado en el área, siguiendo minuto a minuto el desarrollo de los acontecimientos, lo mismo el jefe del Estado Mayor de la FAA, brigadier Luis Fautario y el comandante de operaciones aéreas, Luis Antonio Cochella.

Los ministerios también se hallaban en alerta, en especial los de Interior y Justicia, cuyos titulares, Dr. Arturo Mor Roig y Dr. Gervasio Colombres, tenían sus líneas abiertas con el gobernador provincial.

La Armada comisionó al almirante Hermes Quijada para dirigirse a la zona de operaciones. El alto oficial abandonó el Edificio Libertad a las 07:30 y se dirigió presurosamente al Aeroparque Metropolitano para abordar el avión que lo esperaba y partir hacia su destino a las 08:10.

Debido la magnitud de los hechos, el primero dispuso reforzar las unidades carcelarias de todo el país, especialmente las de Buenos Aires, redoblando la vigilancia e incrementando su personal, lo mismo en los hospitales Durand, Muñiz y la Maternidad Sardá. El BAC 1-11 de Austral, aterrizó en el aeropuerto de El Tepual, Puerto Montt, alrededor de las 21:30 y luego de reabastecer combustible, partió nuevamente, con destino a Santiago (22:02), donde aterrizó poco antes de medianoche.

A poco de decolar, el jefe del aeropuerto estableció contacto radial con su par de Pudahuel, en la capital trasandina, para indicar que los exiliados se hallaban en vuelo y que aterrizarían allí en el lapso de una hora y media. A esa altura, los subversivos que esa tarde coparon el Aeropuerto de Trelew, se habían entregado. Con Mariano Pujadas y Rubén Pedro Bonnet oficiando como voceros, el grupo pactó su entrega, anunciando su intención de deponer las armas.

-Queremos entregarnos, pero con condiciones – le dijo el primero al juez Godoy.

Para entonces, los marinos habían montado un equipo de radio sobre el lateral derecho de la estación aérea y desde allí monitoreaban las negociaciones al tiempo que retransmitían las directivas que llegaban desde Buenos Aires. Efectivos del Batallón de Infantería de Marina Nº 4 al mando del capitán de fragata Rubén Norberto Paccagnini, tenían rodeada el área y se disponían a avanzar sobre el edificio.

Paccagnini había enviado al guardiamarina Menéndez al frente de una treintena de conscriptos, para cortar cualquier intento de escape por la parte posterior y se mantenía alerta, siguiendo las tratativas con atención. Las versiones que ubican allí al capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, son falsas⁷.

Depuesta la actitud, el Dr. Atilio Viglione revisó uno a uno a los insurgentes, constatando que se encontraban en perfecto estado y una vez finalizado el examen, ganaron el exterior donde, a pedido suyo, aguardaban camarógrafos del Canal 3 de Trelew, para registrar la escenas. De ese modo, se alinearon en el hall de acceso, pronunciando en voz alta sus nombres y apellidos al tiempo que depositaban las armas en el suelo. Minutos antes, habían liberado a las mujeres y los niños que retenían en el lugar, permitiéndoles salir en grupos de cuatro a cinco personas, las que, de manera inmediata, eran puestas a resguardo por las fuerzas de seguridad.

Los infantes de marina se aproximaron cautelosamente al edificio, ordenándoles a los guerrilleros que se pusieran de rodillas y colocasen sus manos sobre la cabeza pero enseguida, los mandaron incorporarse nuevamente y aguardar allí parados, sin hablar, ni moverse. Los insurrectos obedecieron sin emitir sonido y allí esperaron, mientras el fotógrafo Emilser Pereyra registraba las escenas con su cámara. No se los veía inquietos ni atemorizados; más bien se hallaban tranquilos e incluso confiados, algunos sonriendo desafiantes.

Los insurgentes luego de rendirse, aguardan ser trasladados
(Imagen: Emilser Pereyra)

Al cabo de algunos minutos, media hora tal vez, se detuvo un ómnibus junto a la acera y el capitánPaccagnini les ordenó subir; lo hicieron en silencio, siempre con sus guardias apuntándoles y una vez dentro, se acomodaron en los asientos, profiriendo apenas alguna palabra. Pasado un tiempo, el vehículo se puso en marcha y comenzó a alejarse del edificio, precedido por dos patrulleros y con dos camionetas militares como escolta. Un Ford Falcon gris, sin identificación, abría la marcha.

Al ver que en lugar de tomar el acceso que conducía a la Ruta 3, el ómnibus cruzaba la pista de aterrizaje y se dirigía a la contigua Base Aeronaval “Almirante Zar”, situada unos metros al sur, los detenidos se miraron e intentaron dialogar, asombrados seguramente por el cambio de itinerario, pero sus captores les ordenaron hacer silencio y permanecer quietos en sus asientos. Habían pedido ser trasladados de regreso al penal pero, por lo que se veía, estaban siendo conducidos a una unidad militar, que para más, pertenecía a la Armada.

Piratas aéreos

Con la crisis en pleno desarrollo, Lanusse, en su carácter de comandante en jefe del Ejército, llamó a los altos mandos castrenses a una reunión de urgencia en la Quinta Presidencial de Olivos, para analizar la situación y buscarle una salida. Se hicieron presentes el titular de la Armada, almirante Carlos Coda, el de la Fuerza Aérea, brigadier Carlos Alberto Rey y el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, brigadier (RE), Eduardo Mac Loughlin quienes, luego arduas deliberaciones, acordaron exigirle al gobierno de Chile la extradición de los evadidos.

Esa misma tarde, el ministro Mac Loughlin tuvo una serie de encuentros con funcionarios de su dependencia y tras evaluar distintas variantes, se comunicó nuevamente con el Poder Ejecutivo para llevarle las conclusiones. Al momento de ser interrogados por la prensa, ninguno de ellos formuló declaraciones.

En el Edificio Libertador, sede del comando en Jefe del Ejército, así como en el de la Armada y el de la Fuerza Aérea, se vivieron momentos tensión a lo largo del día. Coda mantuvo conversaciones con su jefe del Estado Mayor General Naval, vicealmirante Eugenio Fuenterosa, en las que estuvieron presentes  oficiales superiores y jefes de unidades, en tanto el brigadier Rey lo hizo con sus pares, los brigadieres mayores Luis A. Cochella, comandante de operaciones aéreas y Héctor Luis Fautario, jefe del Estado Mayor de la FAA, quienes estuvieron en permanente comunicación con la Casa de Gobierno y el Ministerio del Interior, a través del jefe de la Casa Militar, brigadier Roberto D. Bortot.

Esa misma tarde (15:30), el jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división José Rafael herrera, mantuvo un encuentro a puertas cerradas con sus pares de la Armada y la Fuerza Aérea, vicealmirante Eugenio Fuenterosa y brigadier mayor Luis Héctor Fautario, quien concurrió acompañado por su segundo, brigadier Osvaldo Cacciatore.

Pasadas las 9 p.m., Lanusse habló finalmente con su par chileno, Salvador Allende. Lo hizo de manera no oficial para adelantarle que su gobierno iba a solicitar la extradición de los insurgentes. El mandatario trasandino respondió que procedería con la claridad que Chile acostumbraba hacerlo en esos casos, ajustándose a las leyes internacionales y a continuación, le transmitió las últimas noticias que acababa de recibir: el avión secuestrado volaba hacia Pudahuel y los captores exigían la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores e Interior, así como la de representantes de los partidos de izquierda, a efectos de garantizar su seguridad. Al ser requerido al respecto, el mandatario araucano aseguró que ninguno de los funcionarios acudiría a la cita y volvió a reiterar que se iba a mover de acuerdo a los protocolos internacionales.

A las 03:55 hora argentina (02:55 del país trasandino), los secuestradores se entregaron a las autoridades chilenas.

La aeronave matrícula LV-JNS se posó suavemente en la pista principal y después de poner las turbinas en reversa, redujo la velocidad, para comenzar a rodar lentamente hasta la plataforma contigua al edificio central.  Desde las 23:50, el aeropuerto se hallaba cerrado al tránsito aéreo y todos los vuelos comerciales eran desviados a Los Cerrillos, que por entonces funcionaba para servicios de cabotaje.

Cuando se encontraban a 200 metros del edificio, los captores le ordenaron a Ford detener la marcha y restablecieron contacto con la torre para iniciar las conversaciones. A través de los altavoces, se le indicó al pasaje mantener la calma y esperar en sus asientos, en tanto en el hall central, el público y decenas de reporteros pugnaban por obtener información y tomar imágenes de la aeronave.

Inmediatamente después, se comunicó con ellos el director general de Investigaciones, así como su par de Aeronáutica, general Osvaldo Croquevielle, quienes iniciaron las negociaciones mientras las fuerzas de seguridad (personal de Carabineros y efectivos de la Fuerza Aérea Chilena), rodeaban el aeropuerto y despejaban buena parte de él, en espera de nuevas directivas.

Los piratas aéreos anunciaron que liberarían los primeros rehenes, cinco mujeres e igual número de niños y para ello solicitaron que algún vehículo se aproximara al avión. Minutos después, aparecieron dos ambulancias que se detuvieron junto a la aeronave, sin detener sus motores.

Personal de la base se aproximó llevando la escalinata y luego se colocarla en la puerta delantera, hizo señas indicando que todo estaba listo. La compuerta se abrió y por ella asomaron cinco mujeres llevando consigo los cinco niños que se encontraban a bordo. Asistidos por personal paramédico y aeroportuario, ascendieron a las ambulancias y partieron hacia las oficinas de la policía internacional. Al tiempo que un camarero caminaba hacia el avión, llevando un termo con café y posiblemente algunas viandas, todo a la vista de los carabineros y efectivos de aeronáutica apostados en puntos estratégicos.

Mientras tenían lugar las deliberaciones entre los secuestradores y las autoridades policiales, en la Casa de La Moneda, sede del gobierno chileno, se llevaba a cabo una reunión de urgencia a la que asistieron, además de Allende, el ministro del Interior, Jaime Suárez; el de Defensa, José Thoa, el subsecretario del Interior, Daniel Vergara, el director general de Carabineros, general José María Sepúlveda Galindo y otros funcionarios, quienes barajaron varias alternativas para acordar la entrega del avión y la libertad de los pasajeros.

Las mismas se prolongaron cuatro horas hasta que a las 02:55 hora local (03:55 argentina), los piratas aéreos decidieron entregarse. Enrique Gorriarán Merlo fue el encargado de dialogar con las autoridades locales y hasta bajó a la plataforma para dialogar con el personal, en dos o tres oportunidades.

El BAC 1-11 matrícula LV-JNS de Austral vuela secuestrado hacia Puerto Montt
(Fotografía: "La Prensa")

Los diez guerrilleros descendieron por la puerta delantera y bajo una lluvia torrencial, en medio de vientos huracanados, escoltados por personal militar y policial, se introdujeron en él edificio del aeropuerto, donde fueron conducidos directamente a la sala presidencial⁸. Una vez dentro, se cerraron las puertas y luego de revisarlos cuidadosamente, se entablaron las primeras conversaciones. Se dice que antes de ingresar, Santucho miró al público y emitiendo una sonrisa, levantó su puño derecho, haciendo el saludo comunista.

Cinco minutos después, los noventa pasajeros comenzaron a salir del avión, muchos de ellos con marcadas muestras de cansancio, aunque tranquilos y resignados. Ya en el hall central, personal aeroportuario se ocupó de su atención, lo mismo médicos y enfermeros y a la vista de los curiosos que se encontraba en el lugar se les sirvió un refrigerio en tanto los medios de prensa trataban de cubrir la escena.

En el salón vip, se encontraban presentes el director general de policía, comisario Arsenio Pupin, a cargo de los detenidos; el general Osvaldo Croquevielle y otras autoridades, entre ellas, funcionarios de la embajada argentina, encabezado por el encargado de negocios Gustavo Figueroa y el cónsul en Santiago.

Pupin fue el primero en hablar. Le dijo a los captores que su situación era provisoria y que el gobierno chileno se hallaba renuente a brindarle asilo por haber asesinado a un efectivo del servicio penitenciario de Rawson (se referían a Valenzuela) y provocado heridas a otros dos.

Se les comunicó que iban a ser trasladados a la Dirección de Investigaciones de la Policía, ubicada en pleno centro de esa capital y que aguardarían allí hasta que la crisis fuera resuelta.

Cuando el secretario del Interior, Daniel Vergara, anunció en conferencia de prensa que aún no se contemplaba el pedido de asilo por parte de los piratas aéreos, se sabía que los mismos habían aceptado someterse a las leyes chilenas y que estaban dispuestos a acatar cualquier decisión salvo la de ser devueltos a la Argentina. En ese mismo instante, personal aéreo terminaba de inspeccionar el avión y lo abastecía de combustible para su regreso a Buenos Aires. Una nueva tripulación, encabezada por el comandante Allan C. Whitengton, volaba en esos momentos desde la capital argentina, enviada especialmente por la empresa Austral.

Desde la Casa de la Moneda se anunció que hasta tanto la justicia chilena no fuese notificada del pedido de detención preventiva, primer paso en el inicio de un proceso inmediato de extradición, los diez prófugos permanecerían en el país en calidad de “personas en tránsito”.

En la Argentina, mientras tanto, continuaba la tensión. Varios comunicados habían sido emitidos por las autoridades y se aguardaba con expectativas la decisión del gobierno de Chile. De los diecinueve evadidos que se habían entregado en Trelew, poco y nada se sabía, salvo que se encontraban alojados e incomunicados en la Base Aeronaval “Almirante Zar” y que posteriormente, había sido llevado también hasta allí el abogado Mario Abel Amaya, vicepresidente y apoderado del comité de la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Chubut, quien había intentado interiorizarse sobre la suerte de aquellos.

Agitación y expectativas A las 04.15 del 16 de agosto, el comando del V Cuerpo de Ejército, con asiento en Bahía Blanca, emitió el siguiente comunicado:

Aproximadamente a las 19 horas del 15 de agosto de 1972, llegó un camión con personal uniformado al penal de Rawson, que luego de copar la guardia penetró dentro del mismo y con la ayuda de reclusos dominaron la situación. Posteriormente, los extremistas fugados se dirigieron al aeropuerto civil de Trelew vestidos con uniformes de Gendarmería, donde lograron secuestrar el avión matrícula LV-JNS de la compañía Austral, mediante el ardid de informar que dentro había  sido colocada una bomba. Los terroristas, luego de hacer detener el avión en la cabecera de la pista ascendieron al mismo y con intimación consiguieron ser trasladados a Puerto Montt, y, posteriormente, a Santiago de Chile. Otro grupo de terroristas simultáneamente copó la torre de control, pero fracasaron en su intento de secuestrar el Boeing de Aerolíneas Argentinas que, en vuelo procedente de Comodoro Rivadavia, se dirigía a Buenos Aires, estos extremistas fueron reducidos y actualmente se encuentran detenidos en dependencias de la base de aviación naval. El general José Ignacio Betti, comandante de la XI Brigada de Infantería, nombrado comandante de la zona de emergencia, por decreto 5.427, llegó a las 2 a Rawson, para hacerse cargo de la misma. En estos momentos, tropas del Ejército, dependientes del Comando del V Cuerpo de Ejército, patrullan todas las rutas de escape para lograr la detención de posibles fugados y/o implicados en los hechos.

En esos momentos, el guardiacárcel Valenzuela era velado en el Círculo Policial de Rawson y ya se tenían todo dispuesto para su entierro en el panteón policial del cementerio local, a las 10 a.m. del día siguiente. El segundo comunicado estaba dirigido a los reclusos amotinados en el penal.

Se intima al personal de reclusos URS Nº 6 a deponer de inmediato su actitud de amotinamiento y retención del personal de guardiacárceles de la misma, así como la entrega de todo armamento que posean.

Así mismo deberán retornar a las celdas correspondientes en su totalidad. Una vez realizados estos pasos el director de la unidad y personal de la misma procederá a recorrer y controlar el cumplimiento de lo dispuesto, así como la revisión de todas las dependencias y la requisión de elementos no correspondientes, volviendo con ello a la normalidad del instituto.

La salida del personal de guardiacárceles con el armamento de referencia será la comprobación del acatamiento a lo intimado. La aceptación de la presente intimación traerá aparejadas la suspensión de las medidas de represión preparadas.

Para entonces, Rawson y Trelew se hallaban militarizadas, tal como lo consigna el comunicado que la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación emitió a las 0:30 del 16 de agosto.

A partir de las 23 del día 15 de agosto de 1972, quedó declarada zona de emergencia la ciudad de Trelew y sus proximidades, así como las ciudades de Rawson y Puerto Madryn, y restantes localidades vecinas.

La instrumentación legal correspondiente, fue formalizada por el Poder Ejecutivo constituido en la residencia de Olivos, desde donde el presidente de la República, teniente general Alejandro Agustín Lanusse, se halla abocado personalmente al tratamiento de los hechos ocurridos en Rawson y Trelew, así como al secuestro de un avión de la compañía Austral, en permanente contacto con los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea y la Armada, y los ministros y secretarios del Poder ejecutivo, el jefe de la Casa Militar, y el jefe del Estado Mayor Conjunto.

Minutos antes de las 23, hora en que comenzó a regir el estado de emergencia en los lugares indicados el presidente Lanusse le comunicó el texto legal correspondiente al comandante del V Cuerpo de Ejército, general de división Manuel Ceretti, quien puso al frente de la zona declarada en emergencia al oficial más antiguo allí destinado hasta tanto arribe el comandante de la XI Brigada con asiento en Comodoro Rivadavia, general de brigada Eduardo J. I. Betti, quien, de un momento a otro estará presente en los ligares comprendidos por la disposición legal que estableció la zona de emergencia.

Temprano, por la mañana, las autoridades militares pusieron a la población al tanto de las medidas adoptadas para dar con elementos prófugos.

A las 23 horas del 15 de agosto de 1972, se produjo la detención de Ciriaco Isidro Gutiérrez Martínez o Jorge Luis Marcos, de 30 años de edad. Se le secuestró:

a). Una pistola Browning calibre 9mm Nº 13252 de la Policía Federal Argentina, con dos cargadores; b) Una pistolera de cuero; c) Una licencia de conductor Nº 849595, categoría 5ª, a nombre de Gutiérrez Martínez Isidro Ciriaco; d) En ambos bolsillos del saco y en el interior del pantalón guardaba 1.300.000 moneda nacional, y e) Una peluca de color castaño claro.

2º Se localizó un automóvil Fiat 128, volcado en cercanías de Dolavon. En su interior se encontró:

a). Una encomienda vía aérea que contenía dos fusiles FAL, cinco cargadores y munición; b) Cigarrillos, inyecciones de distinto tipo y pelucas.

3º A las 23.15 del 15 de agosto de 1972, se rindieron en el aeropuerto de Trelew, ante la acción e efectivos de la Base Aeronaval Trelew, 19 individuos subversivos (14 hombres y 5 mujeres) que habían copado dicho aeropuerto. Los mismos fueron trasladados a la Base Aeronaval donde permanecen detenidos. Entregan armas, explosivos, clavos miguelitos, uniformes y otros elementos.

4º A las 7 hs. del 16 de agosto de 1971, se toma conocimiento que un automóvil Torino, negro con techo blanco, taxi, robado en Puerto Madryn en la noche del 15 al 16 de agosto, fue localizado volcado en San Antonio Oeste. Sus ocupantes, que continuaron la huida a pie, son perseguidos por elementos de fuerzas de seguridad y policiales de Río Negro. En el interior del automóvil se encontró documentación relacionada con la evasión.

5º A la misma hora son detenidos en Viedma, Río Negro, con intenciones de cruzar el río Colorado, un grupo constituido por tres hombres y dos mujeres.

6º A las 8 hs. los subversivos amotinados en la cárcel, ante las medidas adoptadas por el Cte. De zona de emergencia para la represión militar con efectivos del Ejército y la Marina y la intimidación previa, resolvieron deponer su actitud entregando las armas. Se mantuvieron en sobre la cárcel, hasta comprobar el cese de la actitud de rebelión de los reclusos.

Un cuarto parte, dirigido a la población de Dolavon, tuvo por finalidad lograr la colaboración de los ciudadanos y con ello pistas que condujeran a supuestos terroristas fugitivos. Las fuerzas de seguridad habían hallado los vehículos utilizados por las unidades de apoyo guerrilleras y trataba de dar con sus ocupantes. El primero, un Ford Falcon abandonado en las afueras de la ciudad, fue descubierto por el Ejército. Poco después la policía dio con una Pick Up Chevrolet averiada, en cuya caja hallaron al propietario de un taxi maniatado, eso en los alrededores de Rawson, así como el rodado en cuestión (nos referimos al taxímetro), volcado a la vera del camino, antes de llegar a San Antonio Oeste. El Fiat 128 desde el cual los terroristas balearon al oficial Arevales en Dolavon, tenía en su interior un paquete con dos fusiles dentro y el Ford Falcon que el grupo de vanguardia utilizó para llegar al Aeropuerto, varios explosivos. Pasado el mediodía, las autoridades entregaron a los medios de prensa una gacetilla con el detalle de los procedimientos practicados desde el inicio de la crisis:

La evolución de la situación en el Instituto de Resocialización y Seguridad permite en este momento informar a la población que las medidas ejecutadas por los efectivos militares sobre dicho instituto penal han permitido:

1º) Impedir la evasión de un mayor número de reclusos.

2º) Neutralizar posibles acciones a desarrollar por elementos subversivos que hubieran hecho peligrar vidas de personas inocentes.

3º) Retomar el control total del personal, sin necesidad de producir hechos de sangre ni acciones de violencia.

Al retornar el control del I.R.S.O.G. se ha comprobado la fuga de 25 reclusos, de los cuales fueron capturados en la acción desarrollada en el aeropuerto de Trelew 19 subversivos. Es decir que lograron evadirse 6. Estos fueron los que coparon y secuestraron el avión e Austral, obligándolo a dirigirse a Chile.

En definitiva, los evadidos son: Roberto Jorge Quieto, Roberto Mario Santucho, Mario Heraldo [sic[ Gorriarán⁹, Fernando Vaca Narvaja, Marcos Osatinski y Domingo Menna.

A los 19 capturados en el aeropuerto de Trelew, se les secuestraron; 13 fusiles FAL, 23 cargadores para FAL, 440 proyectiles para FAL, 20 pistolas 9 milímetros marca Browning, 34 cargadores para pistolas de 9 milímetros, una pistola Colt 11,25 milímetros, 140 proyectiles calibre 11,25…

Otros hechos relacionados con la fuga vinieron a aumentar la tensión al día siguiente. En Buenos Aires, manos anónimas dejaron en el baño del bar “Los Cocos”, ubicado en la esquina de Avenida de Mayo y Perú, un extenso comunicado firmado por las FAR, el ERP y un ignoto Comando de Prisioneros de Guerra de Montoneros, atribuyéndose los sucesos de Rawson y Trelew. El mismo comenzaba y finalizaba con la leyenda “Perón Vuelve” y en él se informaba que la operación se había planificado de manera conjunta, a pesar de la concentración de efectivos militares y de seguridad en la zona y que la misma se hallaba inscripta dentro del proceso de liberación que el pueblo argentino y su líder habían iniciado el 17 de octubre de 1945, jalonado a su vez, por el levantamiento de1956 cuando se buscaba conformar un ejército popular, lo mismo durante el Cordobazo, el Rosariazo y el Tucumanazo.

No sabemos que nuevas trampas estarán imaginando los Rucci y los Coria, en su incansable intento de embretar en el Movimiento Peronista –finalizaba la nota–, pero sabemos que debemos luchar por el retorno del pueblo y Perón al poder y construir con él una Argentina socialista¹⁰.

El miércoles 16, por la mañana, se produjo en cercanías del penal de Rawson un confuso episodio, en el cual resultó herido el periodista Horacio Augusto Finoli de Associated Press. El incidente tuvo lugar a las 10:45, cuando el vehículo en el que circulaba junto a otros colegas, fue tiroteado por efectivos de la policía de Chubut en momentos en que se desplazaba frente al edificio de la Caja Nacional de Previsión Social, a cuadra y media del dispositivo de seguridad que rodeaba la unidad carcelaria.Al parecer, uno de los guardias apostados en el murallón vio avanzar al rodado y considerándolo sospechoso, abrió fuego, obligando al conductor a frenar bruscamente. Cuando los reporteros intentaron descender para mostrar sus credenciales, otro agente, apostado en la calle, hizo lo propio, alcanzando a Finoli en la región lumbar-El reportero fue conducido a la clínica Santa Teresita de Rawson y de ahí derivado al Hospital de Trelew, donde fue sometido a una intervención sin que su estado revistiera gravedad.Poco después, el general Betti autorizó al periodismo a recorrer las inmediaciones del penal, fuertemente custodiados por personal militar y un vehículo blindado, al mando de un oficial.

Tensión con Chile

La actitud a adoptar por el gobierno de Salvador Allende mantuvo en vilo al país, el jueves 17 y el viernes 18 de agosto.

“Retiene la  policía de Chile a los terroristas que fugaron de Rawson”

se leía en la primera plana de “La Prensa” el día 18; “El gobierno argentino inició el trámite para su extradición solicitando la detención preventiva de los delincuentes”.

Siguiendo los carriles adecuados, la petición fue cursada, al Ministerio de Relaciones Exteriores del país trasandino, el cual debía derivarla a la Suprema Corte de Justicia, encabezada por el Dr. Enrique Urrutia Manzano, para que la misma se expidiera, tramitaciones que, según algunos medios, podían prolongarse un mes. Se especulaba entonces sobre los procedimientos que utilizaría el vecino país para resolver la situación, más cuando era factible su negativa en caso de que hubiese presunción de que fuese aplicada la pena de muerte.

La defensa de los extremistas fue asumida por el abogado Arturo Yuseff, quien luego de entrevistarse con ellos, manifestó que había recibido un llamado telefónico desde Buenos Aires, más precisamente de la dirigencia de una denominada Comisión Para la Defensa de los Derechos Políticos Argentinos, solicitando información sobre su condición.

Mientras tanto, la cúpula del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), entre cuyos fundadores destacaba el historiador trotskista argentino Luis Vitale, organizó una manifestación frente al Palacio de Gobierno, para exigir la concesión del asilo político a los subversivos. En la oportunidad, fue leída una proclama y luego de gritar consignas partidarias, la columna se dirigió al Departamento de Policía, para hacer lo mismo. Durante la marcha, se produjeron incidentes que motivaron la intervención de fuerzas policiales y el uso de gases lacrimógenos para dispersarla. Al día siguiente, se repitieron los mismos hechos, con idénticas consecuencias, tanto en la capital como Antofagasta y otros puntos del país.

Por su parte, el diputado socialista Erik Schnake, dio a conocer el apoyo que su partido brindaba a los evadidos, manifestando que su movimiento estimaba a los argentinos  no factibles de ser procesados por delitos comunes porque se trataba, “en un ciento por ciento”, de revolucionarios a los que, en todo caso, les cabían acusaciones por presuntos delitos políticos. Para la dirigencia socialista eran combatientes que intentaban derribar estructuras de poder que subyugaban a su país, apuntando especialmente al denominado “partido militar”.

Casi al mismo tiempo, el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Clodomiro Almeyda, anunció que los extremistas trasandinos se hallaban a disposición de las autoridades administrativas hasta tanto fuesen derivado a la Corte Suprema de Justicia. Aclaraba que el gobierno iba a proceder de acuerdo a las leyes y que los argentinos podrían hacer uso de los derechos que las mismas otorgaban. Según sus declaraciones, Buenos Aires tenía un  plazo de sesenta días para solicitar la extradición y volvió a recalcar que los guerrilleros contarían con el amparo de la legislación chilena la cual, una vez iniciado el proceso, pondría a su alcance todo lo necesario para su defensa.

El avión secuestrado aterrizó en el Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery” el 16 de agosto, a las 07.34 a.m., procedente de Santiago de Chile. Lo hizo en medio de un feroz temporal de lluvia, viento y relámpagos, ante la expectativa de los numerosos medios de prensa que se habían congregado en el lugar, amén de familiares y allegados de los pasajeros, quienes aguardaban con ansiedad el momento de reencontrarse con sus seres queridos.

A causa de la tempestad, la visibilidad era prácticamente nula y eso fue lo que el comandante Whitengton manifestó desde la cabina, informando a la torre que tenía dificultades para ubicar la pista. Cuando se posó, lo hizo apoyando el tren izquierdo fuera de la cinta asfáltica, provocando una tremenda sacudida que generó sobresalto en el pasaje y quienes seguían las incidencias desde el edificio.

En esas condiciones carreteó unos 300 metros sobre el barro y con sus turbinas en reversa al máximo, logró detener la marcha. Las mujeres gritaban y los niños se aferraban a sus madres en tanto los hombres aguardaban en silencio aferrándose con fuerza  los mangos de sus asientos y otros, los menos, intentando ver a través de las ventanillas.

-Me alarmó más este accidentado aterrizaje que todas las peripecias que debimos soportar desde Trelew – le dijo Gerardo Kunstler a su compañero de viaje – si llegaba a capotar el jet, no íbamos a poder contar nuestra aventura – le relataría a los medios de prensa que lo interrogaron al entrar en el edificio.

El avión todavía carreteaba cuando cuatro dotaciones de bomberos, una grúa y al menos una ambulancia, salieron como disparados en dirección a la pista, seguidos por personal aeroportuario. Quince minutos después, se aproximaron dos ómnibus para trasladar el pasaje hasta el edificio central. Se detuvieron junto a la máquina y esperaron que la escalerilla quedase asegurada en la compuerta delantera.

Minutos después, los viajeros comenzaron a salir, parte por adelante y parte por la puerta de cola, siempre bajo el intenso aguacero que se cernía en esos momentos sobre la capital. Cuando el último de ellos se hallaba a bordo, los ómnibus arrancaron y regresaron al punto de origen para dejar a la gente en la oficina de Aduana. 

El avión secuestrado de regreso en el Aeroparque Metropolitano
(Fotografía: "La Prensa")

Personal policial y de seguridad, provisto de armas largas y perros adiestrados, vigilaban desde lugares estratégicos, dentro y fuera del hall central, incluyendo la plataforma donde debía detenerse el aparato, ofreciendo cobertura y registrando a quienes entraban y salían de la estación aérea, tanto a pie como en vehículos. El presidente Lanusse y otros integrantes de su gobierno se encontraban en el lugar, de ahí la fuerte presencia de personal de custodia y el intenso movimiento que se apreciaba a su alrededor. Desde las grandes puertas de cristal, señaladas con los números 8, 9 y 10, familiares y amigos pugnaban por reconocer a los suyos, muchos de ellos ansiosos y sobresaltados. Cuarenta minutos después, se produjo el encuentro, registrándose escenas conmovedoras y algo de agitación también. Abrazos, risas, llantos, gritos de alegría, se prolongaron por varios minutos mientras los flashes de las cámaras fotográficas se sucedían intermitentemente. Al ser interrogados por los periodistas, los pasajeros relataron los hechos cada uno a su modo, exteriorizando sus emociones de diferente manera. Fue cuando comenzaron a circular versiones fabulosas de una muchacha morocha, de fuerte carácter y unos 25 años de edad, comandando el operativo e impartiendo órdenes con decisión, cosa que sabemos, no fue así, porque quienes estuvieron a cargo en todo momento fueron Santucho y Gorriarán Merlo¹². A las 13:50 del día siguiente, hizo su arribo el avión especial que la gobernación de Chubut puso a disposición para trasladar a Horacio Augusto Finoli, el periodista de Associated Press, herido en cercanías del penal de Rawson. Numerosos colegas se acercaron hasta el Aeroparque para registrar su arribo, pero su labor fue dificultada por los diferentes cambios de destino que los encargados de informes brindaron en diferentes ocasiones. En un primer momento se dijo que la aeronave iba a aterrizar en la zona militar de la estación aérea, pero luego se cambió al sector civil, para volver a indicarse nuevamente el primer punto y así sucesivamente. Las autoridades vedaron el acceso al periodismo. Solamente los los familiares del reportero fueron autorizados a pasar, ni que hablar del secretario de Prensa y Difusión, Aulo Sila Almonacid, quien se acercó al lugar para interesarse por su estado. Finalmente, el arribo se produjo en el sector civil. El Beachcraft “Tehuelche 1”, matrícula LG-JGT, apareció por entre las nubes que cubrían la ciudad y se posó sin inconvenientes sobre la pista, para desplazarse seguidamente hasta la plataforma contigua al edificio central, donde detuvo sus motores. Una ambulancia se acercó a él y una vez abierta la puerta, los paramédicos retiraron al periodista herido, quien llegó acompañado por el camarógrafo Manuel Martínez. Los reporteros allí presentes lo vieron recostado boca abajo, cuando cruzaba unas pocas palabras con sus seres queridos. Según el informe del médico que lo revisó, tenía una esquirla alojada en la región lumbar, de ahí las precauciones que se adoptaron al ser cambiado de camilla. Con mucho cuidado, los enfermeros lo introdujeron en la parte posterior de la ambulancia y pocos después partieron en dirección a la clínica de la Pequeña Compañía de María, donde sería sometido a una nueva intervención quirúrgica. Interrogado por sus colegas, Martínez dijo que al momento de ser tiroteados, se encontraban a 150 metros del penal y que de nada valieron sus esfuerzos por identificarse como representantes de la prensa.
-Yo bajé del automóvil para obtener una vista de la cárcel y cuando dirigía la cámara hacia ella, observé que un guardia apuntaba hacia nosotros. El interior del auto me gritaron que subiera, pues podían disparar. Así lo hice y mientras abandonábamos el lugar, mostramos nuestros elementos de trabajo por las ventanillas, para identificarnos y fue entonces cuando dispararon.
Cuatro proyectiles dieron en la parte posterior del rodado, perforando su carrocería; eso amortiguó los impactos y esa fue la razón por la que apenas una esquirla alcanzó a Finoli. El ministro Mor Roig, tomó conocimiento de lo acaecido y desde el primer momento siguió la evolución del reportero¹³, preocupándose por su estado y su bienestar. Ese mismo día, la Secretaria de Prensa y Difusión de la Presidencia informó que el día anterior, por la noche, el gobierno argentino inició los trámites previstos por los organismos internacionales para la extradición de los subversivos refugiados en Chile. A todo esto, la Suprema Corte de Justicia del vecino país activaba los resortes para iniciar el proceso, siempre en espera de que Buenos Aires enviase los antecedentes del caso (tenía sesenta días para hacerlo). Recién entonces, el presidente del organismo, Dr. Enrique Urrutia Manzano, procedería a los interrogatorios y una vez expedido, el Poder Ejecutivo se pronunciaría al respecto. El gobierno argentino había designado a los doctores Eugenio Velasco, antiguo decano de la Escuela de Leyes de la Universidad de Chile y Julio Zenteno, como sus representantes, por eso la entrevista que mantuvieron ambos con Urrutia para ajustar los procedimientos. Finalizada la reunión, Zenteno manifestó a los periodistas que no había nada en concreto de su participación en el proceso pero se manifestó deseoso de tomar parte en el mismo. Los piratas aéreos, por su parte, estarían representados por los criminalistas Arturo y Juan  Yuseff, quienes habían sido contratados para ese fin por el mencionado Comité Pro Derechos de los Presos Políticos, con sede en la capital argentina y por otros cuatro letrados, Juan Bustos Ramírez y Tomás Chadwick, de conocida militancia socialista; el comunista Fernando Ostornol y el radical Enrique Schepeller.

Carriers y efectivos de Ejército y la Infantería de Marina vigilan los accesos
al penal de Rawson el 16 de agosto de 1972
(Fotografía: "La Prensa")

Según se informó oportunamente, los prófugos se hallaban en Chile “en tránsito”, una condición que les daba ciertas garantías frente a las exigencias del gobierno argentino, tal como se los señaló durante su visita el senador Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista de Chile, uno de los que integraba la Unión Popular que gobernaba la nación araucana. Poco después se le comunicó a los medios que Altamirano fue a llevar su solidaridad a los subversivos argentinos y con ella, la del movimiento que dirigía. Se había reunido primeramente con el director de la Policía Civil, Arsenio Pupin y luego con los guerrilleros, quienes se hallaban alojados provisoriamente en el salón de conferencias de la dependencia. Su visita duró dos horas y junto a él acudió el abogado socialista Juan Bustos, quien se presentó a la prensa como patrocinante del grupo¹⁴. Para ese momento, corría con insistencia la versión de que un alto militar argentino había viajado a la capital trasandina para exigirle a Allende la entrega de los evadidos, aunque ninguna fuente oficial confirmó el trascendido. Buenos Aires aguardaba la decisión del gobierno chileno cuando se supo de manera extraoficial, que las agrupaciones de izquierda del país trasandino presionaban para que los prófugos fuesen reconocidos “refugiados políticos”. Eso fue lo que manifestantes socialistas exigieron a viva voz durante la tercera marcha de apoyo a los subversivos –esta vez sin incidentes-, que se organizó el día 18, frente al Palacio de Gobierno. El 19, la Argentina hizo llegar la solicitud de extradición. Los extremistas enfrentaban cargos por delitos comunes y piratería aérea y basándose en ellos, fue redactado el petitorio en base al cual, debían ser interrogados. La Moneda, ordenó pasar el documento a la Suprema Corte y esta se dispuso a analizarlo para emitir su fallo. La tensión iba en aumento al otro lado de la cordillera (en la Argentina, se entiende) y los ánimos comenzaban a exacerbarse contra la nación vecina, más cuando a cada instante llegaban versiones dando cuenta de la posibilidad de concederles asilo o permitirles salir hacia un país comunista. Requerido por la prensa en cuanto a la situación de los exiliados, el canciller chileno manifestó:
-Es bien difícil dar una opinión sobre si los delitos que a primera vista parecen comunes son asuntos políticos. Pareciera que esto es posible en este caso porque los antecedentes de ellos son políticos.
Sectores allegados al gobierno chileno estimaban, a esa altura, que los evadidos no eran delincuentes comunes y hasta se solidarizaban con ellos, incluyendo elementos de Unidad Popular, el movimiento al que pertenecía el presidente de la República. Según fuentes extraoficiales, Allende estaba dispuesto a respetar el principio de “solidaridad revolucionaria” ante los acuerdos internacionales que contemplaban la extradición y eso llevaría las cosas a una situación en extremo tirante entre ambas naciones.
Salvoconducto a La Habana El balde de agua fría cayó en la Argentina la mañana del 25 de agosto, cuando Salvador Allende anunció por cadena nacional que su gobierno había otorgado salvoconducto a los diez subversivos evadidos de Rawson, para viajar a Cuba en un avión de esa nacionalidad. La indignación cundió por los pasillos de la Casa Rosada, así como en ministerios, secretarías y dependencias castrenses pues si bien había algunas presunciones al respecto, se presumía otra resolución. La desazón e incluso la furia que evidenciaban la mayoría de los funcionarios era notable, ni que hablar de los militares. En momentos en que el presidente chileno hablaba a la nación, los diez insurgentes salían del cuartel general de la policía en un ómnibus y se dirigían al Aeropuerto Internacional para abordar el aparato de Cubana de Aviación, que aguardaba estacionado en la plataforma contigua al edificio. Allende explicó que si no había concedido el asilo político al principio, fue porque los evadidos se negaron a identificarse y dar a conocer los detalles de su situación, pero luego de investigaciones efectuadas posteriormente, llegó a la conclusión de que podía otorgarlo en conformidad a los principios internacionales y las disposiciones de la Carta de los Derechos Humanos. Para ello, hizo alusión a la Convención de Montevideo, firmada en 1933 por ambos países, una de cuyas clausulas estipulaba que ningún Estado estaba obligado a entregar a otro, a ciudadanos que hubieran cometido delitos políticos o conexos con ellos.

En esta oportunidad –dijo frente a las cámaras y los micrófonos- mi gobierno desea reiterar su voluntad de mantener y robustecer aún más, si fuera posible, las tradicionales relaciones con la hermana República Argentina, que esta administración ha fortalecido con el satisfactorio resultado que es de conocimiento público. Consecuente con lo anterior, el gobierno no aceptará que, de ninguna manera, aún del modo más indirecto, puedan manifestarse en Chile actividades que pudieren estimarse como políticas, dirigidas hacia lo asuntos internos de Argentina. Demostración de ello ha sido el celo y diligente cuidado  para evitar que los ciudadanos argentinos detenidos preventivamente emitieran cualquier pronunciamiento respecto de situaciones políticas internas de su país. Chile no acepta, no aceptará, que ningún argentino que se encuentre exiliado aquí realice actividades políticas o de cualquier orden en perjuicio de la República Argentina.

Espero que este gesto de mi gobierno sea comprendido y apreciado por la comunidad internacional.

Según la opinión generalizada, tanto en Chile como en medios internacionales, Allende había acertado al adoptar esa medida, satisfaciendo al mismo tiempo, las exigencias de la izquierda de su país y las del gobierno argentino, ello aún a costa de las críticas que debió soportar por parte de la oposición, en especial, los círculos castrenses.

Como respuesta, la Argentina llamó de regreso a su embajador, Javier Teodoro Gallac y por medio de su ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Eduardo Mac Laughlin, hizo entrega al embajador chileno, Ramón Huidobro Domínguez, de la esperada nota de protesta. Decía el documento:

Es extraña la decisión de dicho ministerio –decía el texto de la nota- cuando el mismo reconoce que existen dudas razonables sobre el particular y, por tanto, es lesiva para la justicia argentina, ya que si ésta procesa a delincuentes y reclama su extradición, cuando se refugian en un país amigo, lo hace sobre bases jurídicamente serias. Y, en todo caso, e sólo a las autoridades judiciales de Chile a quienes compete resolver si corresponde o no la extradición.

Ha causado mucho desagrado a mi gobierno este proceder de VE, pues en la historia de nuestras relaciones siempre nuestros países se habían atenido estrictamente al cumplimiento de los tratados vigentes.

Y tras hacer una reseña del historial diplomático entre ambas naciones, culminaba sentenciando:

Resulta ahora que frente a hechos de extrema gravedad para el pueblo argentino, el gobierno de Chile desconoce un tratado internacional que nos obliga. Por ello, expresamos nuestra más severa y formal protesta por el acto de gobierno de VE, que, apartándose esta vez de la tradición que nos es común, deja de lado el derecho internacional y en particular no da cumplimiento a la convención de extradición  de 1933 vigente entre la Argentina y Chile.

El trascendido de que un militar chileno de alta graduación había viajado subrepticiamente a Buenos Aires, comenzó a circular por lo bajo, del mismo modo que lo había hecho días atrás, el de un alto oficial argentino a Santiago.

Según fuentes no oficiales, esa persona habría mantenido conversaciones reservadas con militares y mandatarios de nuestro país, intentando dejar en claro la posición de las Fuerzas Armadas trasandinas y sus futuros procedimientos.

La prensa chilena reaccionó de diferentes maneras con respecto a la evolución de los hechos. Para “El Mercurio”, se trató de una clara victoria de la extrema izquierda en tanto “La Tercera, se refería a una circunstancia delicada “…frente a las excelentes relaciones que hemos mantenido con la Argentina”.

Prescindiendo de si la extradición era o no procedente –editorializaba el primero-, o si los delitos eran comunes o políticos, y reconociendo además que la extradición no desvirtúa el alcance del derecho de asilo, lo que desconcierta es el cambio de tesis en cuanto a la autoridad competente para dictaminar sobre el asilo y para dejar en libertad a los inculpados. El domingo, el ministro de Relaciones Exteriores (Clodomiro Almeyda) atribuía la jurisdicción respectiva a los tribunales y el viernes el presidente de la república asumió por sí mismo dichas facultades.

El cambio de una tesis jurídica responde a una influencia política determinada. El sector socialista dominante y el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) querían desafiar en este caso el sistema jurídico internacional en que está inserta la república, así como han desafiado tantas veces el sistema jurídico interno de Chile. Les parecía humillante someter este asunto a la Corte Suprema, tan combatida por ellos, y juzgaban un acto revolucionario conveniente el provocar el viaje de los extremistas a Cuba.

El presidente Allende no ignora el profundo deterioro que representa para su propia política la solución que se le ha impuesto. Si será doloroso sufrir el enfrentamiento de las relaciones con la República Argentina, lo que el presidente ha tratado de evitar por todos los medios, tal vez tenga más trascendencia la quiebra en el ámbito internacional de la fórmula legalista con que llegó al poder la Unidad Popular y que constituía el mayor interés de la política del presidente Allende.

El desconocimiento de las normas jurídicas internacionales ha sido pues, una victoria del extremismo, que éste celebró en el aeropuerto de Pudahuel expresando que el pueblo había triunfado sobre las debilidades y vacilaciones del gobierno.

Después de evocar las entrevistas entre Lanusse y Allende en Salta y Antofagasta, “La Tercera” agregó:

La solidaridad argentina es algo tangible, real. Existe un activo intercambio comercial en el cual resultamos netamente favorecidos: hay importaciones de carne, alimentos, vehículos y otras especies, que nuestro país cancela en ventajosas condiciones. Nunca con más razón que ahora pudo afirmarse que los Andes no separan sino que unen a ambas naciones.

¿Qué fue lo que no marchó bien en el operativo político-judicial relativo a los guerrilleros? En primer término, la indecisión en su entrega a los tribunales de justicia, luego de un categórico anuncio oficial en los primeros momentos. Seguidamente la actitud de algunos sectores políticos que intentaron presionar al Ejecutivo en la concesión del asilo.

En círculos allegados a la Cancillería chilena, se supo que el embajador Huidobro había sido llamado por su superior, el canciller Clodomiro Almeyda, para “realizar consultas relativas al exilio de los diez extremistas y su salida hacia Cuba”. No fueron pocos los que creyeron que se trataba de una acción  reflejo al llamado del representante argentino ante una inminente ruptura de relaciones. Allende estaba preocupado por la reacción de sus vecinos e intentaba poner paños fríos a toda costa.

El gobierno desea  reiterar su honda preocupación por mantener la tradicional amistad con la República Argentina –dijo-. Consecuente con lo anterior, el gobierno no aceptará que puedan manifestarse en Chile actividades que pudieran estimarse como políticas, dirigidas hacia los asuntos internos de Argentina.. Demostración de ello ha sido el cuidado para evitar que los ciudadanos argentinos detenidos preventivamente emitieran cualquier pronunciamiento respecto de situaciones  políticas internas del país. Por estas mismas razones, y como una manifestación más de este firme propósito de que no se alteren las cordiales relaciones mantenidas con el gobierno del pueblo hermano, se ha dispuesto la salida del territorio nacional de las personas referidas.

El mandatario chileno dejaba al descubierto su complejo de culpa y su debilidad, más cuando el tratado de 1971 firmado por ambas naciones, estipulaba que el cargo de piratería aérea era delito común y por esa razón, motivo de extradición.

Poco después, el subsecretario de Relaciones Exteriores chileno, Luis Orlandini, hizo saber que su gobierno preparaba la respuesta a la severa nota de protesta que la Argentina había cursado a través de su Cancillería  y desestimó la versión de que el embajador Huidobro fuese llamado a Santiago. Desde Colombia, los medios de prensa, con “El Espectador” a la cabeza, hablaban de un clima de tensión entre ambos países como consecuencia directa del asilo concedido a los diez guerrilleros y el salvoconducto que les permitió volar a La Habana, afirmación que parecieron confirmar fuentes allegadas al Ministerio de Relaciones Exteriores del país araucano cuando expresaron su preocupación por la situación que se había generado, aclarando que tenían puestas sus esperanzas en mantener las buenas relaciones con sus vecinos.

Los terroristas argentinos abordan el avión Iliushin de Cubana de Aviación
que los llevará a La Habana (25 de agosto de 1972)
(Fotografía: "La Razón")

Orlandini explicó a los medios que en esos momentos la Cancillería estudiaba los términos de la nota argentina “con la prudencia que el caso ameritaba” y expresó que se estaba procediendo “con serenidad y mesura”.

A esas horas, los guerrilleros se hallaban en La Habana, luego de un vuelo de once horas, sin escalas, manifestando su gratitud y satisfacción por las muestras de solidaridad y disposición de los gobiernos amigos de Chile y Cuba, para resolver el caso.

En el Aeropuerto de Rancho Boyeros se organizó una improvisada conferencia de prensa, en la que Santucho, Osatinsky y Vaca Narvaja llevaron la voz cantante

-Las vacilaciones propias del proceso chileno, inclusive del compañero Salvador Allende, fueron superadas por la movilización del pueblo de Chile que fue el artífice de la solución aplicada –dijeron los subversivos a poco de pisar suelo cubano- Nos encontramos felices y confiadísimos por estar en Cuba y nuestro primer y único objetivo es reintegrarnos a la lucha.

El Iliushin de Cubana de Aviación, había partido de Santiago a las 21:45 y aterrizó en Rancho Boyeros a las 05:15 hora local (06:15 de la Argentina), en medio de un gran operativo policial. El comandante Manuel Piñeyro en persona los recibió al pie de la escalerilla¹⁵.

Finalmente, el 26 de agosto a las 17:15 hora argentina, el embajador Gallac partió de regreso a Buenos Aires, llamado por su gobierno.

El representante llegó a Pudahuel acompañó el ministro consejero, Gustavo Eduardo Figueroa, quien quedaría a cargo interinamente de la legación, dialogó con él durante la espera, eludiendo a los medios que intentaban entrevistarlo y al cabo de media hora abordó el avión de Aerolíneas Argentinas, que lo llevó de regreso a su país. La situación había llegado a un punto de extrema tensión¹⁶.

La masacre

¿Por qué Allende se apresuró en adoptar la decisión que tomó, aun sabiendo que lo hacía pasando por alto la jurisdicción de los tribunales y que ello le acarrearía la de crítica de todo el espectro político, incluyendo su propia coalición?

Rawson y Trelew se encontraban bajo la ley marcial; desde el 16 de agosto imperaba el toque de queda y sus habitantes no podían abandonar las ciudades sin el correspondiente pase, sellado y firmado por la autoridad militar competente. La gente comentaba en susurros lo que había acontecido, tanto en el penal como en el aeropuerto y aguardaba la decisión del gobierno de Chile con respecto a los piratas aéreos que habían secuestrado un avión de Austral.Los relojes de la Base Aeronaval “Almirante Zar” marcaban las 03:40, cuando se produjo un nuevo motín que acabó con la vida de trece reclusos y dejó a otros seis gravemente heridos, sin contar al capitán Luis E. Sosa, que sufrió algunas escoriaciones y al Dr. Mario Abel Amaya, alojado también en la unidad militar, víctima de un infarto de miocardio¹⁷.

Las versiones de lo que sucedió aquel fatídico día son encontradas.Según los responsables de la unidad militar, en horas de la madrugada, el segundo comandante, capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, terminaba de efectuar la recorrida de rutina cuando en determinado momento (las fuentes no precisaban cómo), fue rodeado por varios detenidos, los cuales le arrebataron su ametralladora y lo redujeron.Utilizándolo como escudo, los subversivos se dirigieron a la sala de armas, pero advertido el personal militar, se produjo un violento tiroteo que terminó con la vida de los trece delincuentes mencionados y dejó moribundos a los seis restantes.

De acuerdo con otra versión, los guerrilleros tomaron el despacho del capitán Sosa, al que llegaron con la excusa de formular un petitorio¹⁸ y después de desarmarlo, se dirigieron con él hasta la sala de armas, para proveerse de ellas y escapar. Fue entonces que se produjo el enfrentamiento.En un primer momento, las fuentes dieron por muertos a los diecinueve extremistas pero cuando los militares repartieron la nómina de muertos y heridos, se conocieron las cifras reales. Se supo entonces, que entre los primeros se encontraban Mariano Pujadas, de Montoneros; María Angélica Sabelli y Carlos Heriberto Astudillo, de las FAR; Jorge Alejandro Pulia, Adrián Humberto Toschi, Eduardo Catello, Humberto Suárez, Clarisa Rosa Leaplacer, Mario Delfino, Alberto Carlos del Rey, José Ricardo Mena y Ana María Villarreal de Santucho, esposa de Mario Roberto Santucho, todos ellos del ERP. Los heridos eran Ricardo René Haidar (Montoneros), Pedro Rubén Bonnet, Miguel Ángel Politti (ambos del ERP), María Antonia Berger, Miguel Alberto Camps y Alberto Elías Kohon (FAR), tres de ellos de extrema gravedad. Las listas le fueron entregadas al contraalmirante Hermes J. Quijada, cuando en su carácter de emisario de la Armada, llegó a la base en compañía del general de brigada Edgardo Demesio Daneri y el coronel Santiago para conocer los pormenores de lo sucedido y éste, de inmediato, ordenó pasárselas a la prensa.

La Base Aeronaval "Almirante Zar" vista a la distancia
(Fotografía: "La Razón")

Cuando el juez de instrucción de la Zona de Emergencia procedía a labrar las primeras actas, los periodistas intentaron acercarse a la base, con el fin de obtener información. Sin embargo, los piquetes militares les bloquearon el paso y tuvieron que regresar con las manos vacías. Cerca de las 05:00, la unidad cursó un radiograma al Comando de Aviación Militar, con asiento en la Base Aeronaval “Comandante Espora”, solicitando el envío de un avión-ambulancia, para trasladar a dos de los heridos a Bahía Blanca. Se especulaba que los mismos eran parte del grupo guerrillero y que iban a ser internados en el Hospital Naval de Puerto Belgrano aunque en las primeras horas, no se tenía certeza de ello. En esos momentos, el comandante de la Aviación Naval, capitán de navío Horacio Mayora, se encontraba en viaje de inspección por las unidades del sur, previendo llegar a Río Grande, ese mismo día, pero después de pernoctar en Comodoro Rivadavia, tras su paso por Trelew, decidió regresar a la zona de conflicto para imponerse de la situación. Casi al mismo tiempo, el vicealmirante Rubén Raúl Giavedoni, jefe del Comando de Operaciones Navales, organizaba una reunión en la sede de la dependencia a su cargo (Puerto Belgrano) y se cursaba una nota aclaratoria, destinada a los medios de prensa, dando cuenta que toda información relacionada con los sucesos acaecidos en la base “Almirante Zar”, la suministraría el Estado Mayor Conjunto desde Buenos Aires. Eso significaba que toda novedad vinculada al caso iba a ser procesada y analizada, tal como acontece en toda situación de guerra. En vista de tan graves acontecimientos, la Junta de Comandantes y el gabinete llevaron a cabo una nueva reunión. Pasado el mediodía, después que un vocero de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia manifestara a los periodistas que el gobierno preparaba un comunicado, el Poder Ejecutivo Nacional se abocó de lleno al estudio de posibles modificaciones en el Código Penal, tema que se trató posteriormente con ministros, secretarios y asesores. La Base “Almirante Zar”, ubicada a 7 kilómetros de la ciudad de Trelew, fue construida en 1946 como asiento del Batallón de Infantería de Marina Nº 4 (600 efectivos), de la Primera Escuadrilla Aeronaval Nº 2 de Propósitos Generales (300 efectivos), la Escuadrilla de Búsqueda (50 hombres) y Salvamento y la de Transportes Aeronavales (50 hombres). De ella dependían las subáreas de Golfo Nuevo y Puerto Deseado y su jurisdicción comprendía un área de 50 kilómetros del litoral atlántico. Efectivos del BIM 4 controlaban los accesos a la unidad, sobre el sector derecho de la guardia, donde se alzaba el pabellón destinado a oficiales y suboficiales; frente al mismo se encontraba el alojamiento para la tropa, el comedor, la cocina y hacia la izquierda, la plaza de armas, rodeada entonces por un camino de tierra. Mientras se aguardaban novedades desde Buenos Aires, se supo, según fuentes militares, que los subversivos habían tomado como rehén al capitán Sosa y que poco después, se produjo el tiroteo. Cuando el avión-ambulancia solicitado al Comando de la Aviación Naval volaba hacia Puerto Belgrano llevando a René Ricardo Haidar y Miguel A. Camps, se hizo saber que tanto Rubén Pedro Bonnet como Miguel Ángel Polti acababan de fallecer. A las 19:00 el vicealmirante Quijada y el general Daneri volaron de regreso a Buenos Aires para informar al presidente Lanusse en tanto Trelew, Rawson y el aeropuerto continuaban bajo estricto control militar, con efectivos de Infantería de Marina, Ejército y Fuerza Aérea, estableciendo controles en carreteras y accesos, reforzados por la policía provincial y gendarmería. Los pasajeros que debían embarcar en la estación aérea eran sometidos a celosa revisión en tanto soldados de las tres armas recorrían rutas y calles portando ametralladoras y fusiles con bayonetas caladas. Había retenes policiales y navales entre Rawson y Trelew y entre la capital y Gaiman, Dolavon, Puerto Madryn y la ruta que conduce a Comodoro Rivadavia, lo mismo en torno al Hotel Provincial, donde se hallaba alojado el juez Jorge Vicente Quiroga, de la Cámara Federal Penal, que entendía en la causa.

El presente gráfico muestra como
se sucedieron los hechos
(Imagen: "Crónica")

Dada la proliferación de versiones, las autoridades militares salieron al cruce para aclarar lo ocurrido esa madrugada.

En un primer momento, se dijo que tras la inspección de rutina que el capitán de corbeta Luis E. Sosa hizo en el sector de las celdas, Ana María Villarreal de Santucho manifestó sentirse descompuesta, por lo que el oficial se inclinó hacia ella para ver que le ocurría. En forma repentina, la mujer se abalanzó sobre él, sujetándolo con fuerza de los brazos y eso le permitió al resto de los detenidos reducir al oficial. Mariano Pujadas se apoderó de su arma, una pistola ametralladora Pam y con ella abrió fuego, intentando abatir a los guardiacárceles. En ese preciso instante Sosa se libró de sus captores y tras arrojarse al suelo, comenzó la balacera. Al menos esa fue la primera versión que se dio. Todo lo demás es producto de diferentes transcripciones, algunas de las cuales sitúan a los guerrilleros saliendo a la plaza de armas en fila india y otras llevando a Sosa como escudo humano. La historia, desde el punto de vista subversivo, difiere completamente. Según la misma, lo que ocurrió fue, lisa y llanamente, una ejecución en masa. De acuerdo al relato que comenzó a circular tiempo después, las autoridades de la unidad sacaron a los subversivos de sus celdas, los formaron en doble hilera en el pasillo interno y a una orden de Sosa, los fusilaron sin mediar palabra. Según relataron los “damnificados” varios años después, algunos de ellos intentaron arrastrarse hacia el interior de las celdas y otros recibieron disparos de gracia. De acuerdo a las declaraciones de la sobreviviente Berger, quienes se salvaron de la balacera fueron compelidos a declarar conforme a la versión oficial, más ante la negativa de ceder a las pretensiones de sus guardias, fueron rematados. A los heridos se los trasladó luego a la enfermería y recibieron atención médica varias horas después¹⁹. El 24 de agosto, el mayor Laroca, integrante del comando de la Zona de emergencia, suministró una nueva versión de los hechos, en este caso “la definitiva”, acompañando su explicación con un plano de la base. Según sus palabras, cuando el capitán Sosa hizo la requisa de rutina, se encontraba acompañado por el oficial Emilio Jorge del Real y el suboficial Carlos Amadeo Marandino, provistos ambos de pistolas-ametralladoras Pam. Una vez dentro, Sosa les ordenó a los detenidos, abandonar sus celdas y formar una hilera en el pasillo, con Mariano Pujadas ubicado en primer lugar. El segundo oficial se apostó en la puerta de acceso, cubriendo a su superior en tanto el tercer efectivo lo hizo desde una sala contigua. El capitán Sosa comenzó a recorrer lentamente el pasillo hacia el fondo y una vez finalizada la revista, se dispuso a regresar. Cuando pasó junto a Pujadas, éste lo tomó desde atrás y aplicándole un golpe de yudo, logró desarmarlo para colocarlo delante de sus hombres a manera de escudo. En esos momentos, los subversivos rompieron filas y se abalanzaron sobre los marinos, con la intención de reducirlos, pero justo en ese momento, Sosa logró desasirse de su captor y arrojándose al suelo, le ordenó a su gente abrir fuego. Los marinos accionaron sus armas al tiempo que un tercer efectivo, el guardiamarina Roberto Bravo, llegaba corriendo desde el puesto de guardia alertado por los estampidos. Pujadas alcanzó a disparar en tres ocasiones pero enseguida cayó abatido; sus proyectiles impactaron en la pared delantera, provocando sendos orificios, uno arriba de la puerta de la sala que ocupaba el suboficial Marandino, otro a media altura y el tercero algo más abajo. Para entonces, todo el personal convergía sobre el sector de las celdas, empuñando sus armas; al parecer, una de las alarmas conectada al comando de la Zona de Emergencia en Rawson, no funcionó y eso impidió la llegada de refuerzos destinados a neutralizar posibles grupos provenientes del exterior.

Un hecho que llamó la atención y puso a todo el mundo en guardia fue la extraña presencia de un ex oficial del Ejército, el teniente Julián Francisco Licastro, militante del Movimiento Nacional Justicialista, quien llegó a la zona (05:15 p.m.) con el propósito de realizar “una investigación”, para la agrupación a la que pertenecía. Siguiendo instrucciones del comando, Licastro fue arrestado en la misma habitación del hotel que ocupaba en la capital provincial y conducido a dependencias de la Gendarmería Nacional, donde quedó alojado, a disposición de las autoridades militares.

El capitán de corneta
Luis E. Sosa se dirige
a los subversivos por
medio de un megáfono

Informado el Estado Mayor Conjunto, este dispuso aplicarle una sanción de 30 días de arresto (por inmiscuirse en asuntos que no le competían) y enviarlo en un avión militar a Esquel, para ser alojado en un calabozo del Regimiento 3 de Caballería. Al mismo tiempo, trascendió que el comandante mayor de Gendarmería Juan Ramón López Carvallo, jefe de la Agrupación Chubut, acababa de ser designado director del penal, en reemplazo de José Ramos (quien fue enviado a un nuevo destino) y se desestimaron las versiones que daban por detenido a parte del personal. Al ser interrogado, Licastro manifestó encontrarse en el lugar por pedido expreso del consejo superior del Movimiento Nacional Justicialista, el cual le habría encomendado investigar los hechos, para luego elevar un informe. Su compañero de viaje, Julio Saiegh, dirigente de la Juventud Peronista, quedó en libertad y hasta pudo dialogar con el detenido antes de que fuera trasladado a Esquel. En cuando a los integrantes de la Asociación Gremial de Abogados, doctores Adalberto Caviglia, Rafael Lombardi, Hugo Mario Landaburu y Manuel Salgado, arribados al día siguiente de los hechos para ponerse a disposición de los familiares de las víctimas, su presencia pasó prácticamente desapercibida, de ahí su prematura partida, sin más intervención que algunas gestión menor. Otro letrado que llegó a la zona fue Héctor Sandler, quien lo hizo acompañado por Jorge Capello, hermano de Eduardo Adolfo Capello, militante del ERP muerto en la refriega. En su condición de patrocinante, miembro del Foro de los Derechos Humanos y ex diputado de UDELPA, Sandler ofreció una conferencia de prensa para explicar que su representado había se encontraba allí en nombre de su familia, con el fin de reclamar el cuerpo de su hermano y que no había podido entrevistarse con el general Betti, como era su deseo, como tampoco con el capitán Paccagnini, oficial a cargo de la Base Aeronaval, porque al preguntar por ellos, mandaron decir que no estaban disponibles. Fue el encargado de guardia, quien les notificó que los cadáveres iban a ser entregados en sus respectivos domicilios y que al respecto, no tenían más información.
-Estamos pensando que hay evidentemente un asunto oscuro –afirmó Sandler– Una vez muerta la persona, el cadáver pertenece a la familia; no hay ninguna razón para que al mismo no lo quieran entregar. Y cerró diciendo que junto a otros abogados, había concurrido los registros civiles de Rawson (09:30 del día anterior) y Trelew (10:30), donde los fallecidos no figuraban ingresados.
-…cuando es norma del funcionario público hacerlo en el acto.
Por su parte, antes de partir, el Dr. Landaburu le dictó a un auxiliar un recurso de habeas corpus para el ex teniente Licastro y otro reclamando la devolución del cuerpo de Capello, gestiones que no hallaron eco. En vista de tales acontecimientos, el comando de la Zona de Emergencia emitió un nuevo comunicado:

La población de este sector de la provincia de Chubut, dando muestras de civilidad, madurez y deseos de paz y tranquilidad, desenvuelve sus actividades en un ambiente de orden y  trabajo que facilita la tarea específica que se debe desarrollar en la zona de emergencia, a los efectos de cumplir su cometido y dar término al mismo sin inconvenientes.

Un segundo parte, dado a conocer horas después, especificaba lo siguiente:

Es intención del comando de la zona de emergencia el continuar con la emisión de comunicados a los fines de que la población esté debidamente informada de la evolución de los acontecimientos en apoyo del cumplimiento de las tareas de los medios de difusión.

El día 24, cerca de las 14:00, aterrizó en Puerto Belgrano, el avión naval que transportaba a Miguel Alberto Camps y René Ricardo Haidar, quienes fueron derivados, de manera inmediata, al Hospital Naval de esa unidad, donde quedaron internados con pronóstico reservado. Dos horas después, hicieron su arribo desde Buenos Aires, los padres del primero, luego de abordar un avión comercial en el Aeroparque Metropolitano, pero al llegar al citado nosocomio, se les impidió el ingreso. Minutos antes, se había dado a conocer una nueva declaración del Comando Operativo Naval²⁰, dando cuenta de la prohibición de recibir visitas que pesaba sobre los heridos, hasta tanto el juez interviniente no lo autorizase. Ante la insistencia de los medios de prensa, esa misma mañana el comando del V Cuerpo de Ejército comunicó, que toda información con respecto a los acontecimientos ocurridos en Rawson y Trelew iba a ser suministrada por el comando de la Zona de Emergencia, con asiento en la primera de aquellas ciudades El mismo día fue trasladada al Hospital Naval de Puerto Belgrano María Antonia Berger. Su estado se había agravado al sufrir un shock postoperatorio, y resultaba imperioso someterla a una nueva intervención para luego derivada a terapia intensiva. Con respecto a los tres  subversivos heridos, circulaba el nuevo comunicado del comando de la Zona de Emergencia (Nº 15), aclarando algunos puntos con respecto a ellos:

Ante versiones que no coinciden con la real situación clínica, se comunica que los extremistas Alberto Miguel Camps, René Ricardo Haidar y María Antonia Berger, heridos en el intento de evasión de la base aeronaval de Trelew, fueron intervenidos quirúrgicamente con resultado favorable. Los mismos se encuentran internados en el hospital naval de Puerto Belgrano, siendo su estado estacionario y en general satisfactorio.

De acuerdo con el parte ofrecido luego de las operaciones, Haidar presentaba una perforación de bala de grueso calibre, que le ingresó por el tercer intercostal derecho y salió por el quinto del mismo lado, luego de atravesar parte del pulmón, en tanto Berger acusaba sendos balazos en el maxilar inferior y la región subumbilical, que le afectaron la garganta y el estómago, este último al salir por la espalda. Curiosamente, al menos en aquel primer momento, no se brindó información sobre Miguel A. Camps. A Berger fue necesario practicarle una traqueotomía para permitirle respirar pero en horas posteriores, su estado se complicó, de ahí la necesidad de su traslado a Bahía Blanca.

Desde la noche del 22 de agosto, regía la prohibición de difundir noticias atribuidas a grupos insurgentes, ello a través del artículo Nº 212 de la Ley 19.797 del Código Penal, sancionada por el Poder Ejecutivo Nacional, luego de la reunión de emergencia celebrada por la Junta de Comandantes en horas de la tarde. La misma establecía:

Artículo1º.- Incorpórase como artículo 212 del Código Penal de la Nación el siguiente:

Artículo 212.- El que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicaciones o imágenes provenientes de o atribuidas o atribuibles a asociaciones ilícitas  o a personas o a grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o de terrorismo, será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

La idea era impedir a las organizaciones subversivas utilizar los medios de comunicación para propagar trascendidos que llevasen sobresalto e inquietud a la población.

La ubicación de la norma en el capítulo III del título VIII del Código penal obedece a que el bien jurídico preponderantemente protegido a través de ella es el de la tranquilidad pública. Y por asumir la modalidad de una intimidación pública, se le sitúa en el lugar correspondiente al artículo 212 del Código Penal, que fuera derogado por la ley número 17.567.

El proyecto adjunto está encuadrado en la política número 35 aprobada por el decreto número 46/70 de la Junta de Comandantes en jefe, sobre políticas nacionales, del 17 de junio de 1970, y ha sido elaborado en ejercicio de las funciones que a este ministerio atribuye el artículo 37 ter, introducido por la número 19.103 a la ley de ministerios.

Un nuevo bando destinado al área militarizada causó inquietud y sobresalto por su tenor:

1º) El que incurra en actitudes que perturben la normal convivencia, el orden y la tranquilidad pública será reprimido con sanción de arresto, salvo que el hecho constituya una infracción más grave, en cuyo caso será juzgado según corresponda.

2º) La sanción de arresto implicada en el número anterior será aplicada por orden irrecurrible y se cumplirá en el lugar que se determine y conforme a las disposiciones del caso para esta zona de emergencia.

A las 23:30 de ese mismo día, el gobierno dio a conocer la Ley Nº 19.799, complementaria de la anterior, por medio de la cual, se establecía que la Cámara Federal en lo Penal de la Nación juzgaría en instancia única el delito previsto en el artículo 212 del Código Penal, sancionado por la Ley Nº 19.797, la cual comenzaría a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial. El mismo 24 de agosto, el comando de la Zona de Emergencia comenzó a despachar los cadáveres. En el sector militar del aeropuerto, se vivieron escenas propias de una guerra convencional, con las ambulancias conduciendo los cajones hasta la pista, y los efectivos retirándolos de su interior para cargarlos en los aviones. Se supo por diversas fuentes, que a las 18:30 del día anterior, se solicitaron desde la Base trece féretros, los cuales fueron provistos por la empresa Melluso, de Trelew y que un Fokker con efectivos de la Policía Militar había llegado desde El Palomar, la noche anterior. Entre un hecho y otro, se vio al general Betti dirigirse a la unidad naval, acompañado por el coronel Guillermo Muñoz, jefe de Operaciones y el secretario del comando, mayor Arnaldo Jorge De la Serna, aunque no hubo trascendidos al respecto. Los primeros cuerpos en ser evacuados fueron los de Eduardo Adolfo Capello y María Angélica Sabelli, que lo hicieron a bordo del Fokker, en horas de la tarde. Poco después hizo lo propio el de Ana María Villarreal de Santucho y algo más tarde el de Carlos Alberto del Rey, éste último con destino a Rosario, el cual fue retirado de Fisherton²¹, por personal de la casa mortuoria que funcionaba en Gaboto 945, de esa ciudad. Los operativos se llevaron a cabo bajo estricto control de las fuerzas de seguridad, en prevención de posibles incidentes. Los cuerpos restantes fueron derivados a Pergamino, Santa Fe, Córdoba, Concordia y Tucumán, siempre en transportes de la Fuerza Aérea y la Aviación Naval en tanto en el penal de Rawson se restablecía la calma, luego de las manifestaciones de protesta que los reclusos protagonizaron en la madrugada, al conocer la suerte de sus compañeros a través de una radio portátil que habían mantenido oculta, ocasionando la consabida alarma en el vecindario.

La pérdida de vidas humanas siempre es penosa –expresó el Comando del III Cuerpo de Ejército desde Córdoba–, aunque las mismas pertenezcan a delincuentes que asesinan para imponer por la sangre y la violencia, políticas que no responden a la esencia del ser argentino. El dolor que los sucesos de Trelew en Córdoba tienen cierto grado de validez.

Llama poderosamente la atención que ese pesar su utilice como bandera de desorden e inculque violencia. Como contrapartida, ninguna voz se ha levantado para señalar su pesar por el asesinato de un humilde trabajador que desempeñaba funciones de guardiacárcel y se esforzaba por proporcionar dignas condiciones de vida a su modesta familia en lugares alejados del país. Su muerte fría, calculada, innecesaria e injusta, parece que no ha tocado la sensibilidad ni de asociaciones, ni de organizaciones y de ninguno de los bulliciosos exponentes del pasar causado por la muerte de los delincuentes: ni siquiera el tiro en la nuca que, ya muerto, desgarró con un sadismo que resulta difícil conjurar en la condición de mujer del ejecutor del hecho calificado.

A modo de epílogo Cuarenta años después de los hechos, se llevó a cabo el juicio a los responsables por la masacre de Trelew. De resultas del mismo, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, presidido por el Dr. Enrique Jorge Guanzoroli e integrado por los Dres. Nora María Teresa Cabrera de Monella y Juan Leopoldo Velázquez, en sustitución legal del Dr. Pedro José de Diego, Secretaría de los Dres. Luis Fernando De Luca y Marta Gutiérrez, condenó a cadena perpetua a Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino, Roberto Bravo (ausente) y Luis Emilio Sosa, absolviendo a Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Enrique Bautista, éste último acusado de encubrimiento. En otro de los tantos ciclos de arrebato justiciero que tuvieron lugar en nuestro país tras el advenimiento de la democracia, se tomaron en cuenta las declaraciones de los testigos y protagonistas de los hechos. Testigos y protagonistas que nada vieron ni oyeron, porque ninguno estuvo ahí. Ni los tres ex conscriptos que declararon, ni los médicos, ni los civiles vieron nada de lo sucedido y los tres sobrevivientes de la masacre se hallaban muertos desde hacía décadas.

René Ricardo Haidar desapareció misteriosamente en Brasil (1982); María Antonia Berger fue abatida en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas (16 de octubre de 1979) y Alberto Miguel Camps durante otro tiroteo acaecido el 16 de agosto de 1977, luego de haber sido detenido y torturado por el gobierno de Perón, en 1974. Con increíble parcialidad, dejándose influenciar por el gobierno de turno y sus militantes, especialmente las organizaciones de derechos humanos, jueces y abogados dieron por sentado que el suceso fue una masacre planificada y perpetrada con premeditación y que lo del intento de fuga había sido una excusa. Y una vez más se colocó a los asesinos en la condición de “víctimas” y a aquellos que los combatían en la de verdugos. Por milésima vez, los criminales eran elevados a la categoría de “héroes” y su contrapartida a la de carniceros. La pregunta que nadie se hizo entonces, cae todavía de madura. ¿Cómo es posible que quienes idearon y llevaron a cabo semejante atentado, hayan dejado testigos vivos? ¿En qué cabeza cabe que los responsables de semejante acción, sabiendo que el régimen militar tenía los días contados y que se venía un gobierno popular, de marcado tinte izquierdista (Héctor J. Cámpora), dejasen vivir a tres de sus víctimas? ¿No era conveniente rematarlos y acabar con cualquier posibilidad de sospecha? ¿Puede uno tragarse semejante cuento?

Juan Gregorio Valenzuela.
Ni una palabra
en su memoria

Para el común denominador de la gente, para el pueblo pusilánime que se deja arrastrar e influenciar con facilidad, los malvados militares eran los culpables y sus víctimas, “jóvenes idealistas” -como los definió uno de los tantos crápulas de esta democracia que nos iba a salvar, a educar, curar y crear fuentes de trabajo-, seres angelicales que luchaban por el desvalido, el desprotegido, el marginado y explotado. Ellos sí podían asesinar, secuestrar, torturar y colocar bombas; para ellos era lícito tomar poblaciones, asaltar bancos, fusilar a sangre fría y matar personas indefensas, incluyendo niños, pero eso no importa porque lo suyo era una lucha “justa”. Cuando ellos matan, todo está bien, pero cuando se los toca, quien lo hace es un genocida, un asesino, un delincuente y un criminal. Hubo condena para los responsables materiales del hecho, el periodismo vociferó a los cuatro vientos que se había hecho justicia, pero no se pronunció una palabra por el ayudante de 5ª Juan Gregorio Valenzuela, rematado en el piso por María Antonia Berger, cuando yacía herido. Nadie sostuvo su foto en el tribunal como lo hicieron los paladines de las luchas justas con las de Alberto Carlos del Rey, Susana Graciela Lesgart, María Angélica Sabelli y el resto; ninguna señora se ató el pañuelo blanco en la cabeza por él, ni sus hijos fueron fotografiados llorando de ira e impotencia mientras se escuchaban los alegatos, como ocurrió con los de las “víctimas”. Y como nadie resultó condenado por su muerte, no hubo tampoco abrazos, gritos de euforia, llanto y cánticos reivindicatorios. Total era otro “represor” que ni justicia merece, que tenía que morir por ser lo que era. ¿Y qué era Valenzuela? Un modesto trabajador, sostén de familia y padre de cinco hijos, que cayó cumpliendo con su deber. Los medios de prensa, saturaron al público mostrando a los familiares de los “fusilados”, dándoles micrófono y espacios, relatando sus vidas, enseñando sus rostros pero ni uno solo se acordó de la modesta familia Valenzuela, condenada a la indigencia al no contar con quien era su puntal. Por eso el tenor de estas palabras y nuestro homenaje a ese argentino olvidado que dio su vida por un país que no merece hijos como él.

Imágenes

Acceso a la U-6 de Rawson
(Imagen: "La Prensa")

Efectivos del Ejército apostados frente al penal
(Imagen: "La Prensa")

Vista aérea de la Base Aeronaval "Almirante Zar", contigua
al aeropuerto de Trelew
(Imagen: "La Prensa")

Itinerario de los piratas aéreos
(Imagen: "La Prensa")

Familiares aguardan en el Aeroparque Metropolitano
la llegada de sus seres queridos
(Imagen: "La Razón")

El matrimonio Rojo se reencuentra con los suyos en el Aeroparque
(Imagen: "La Razón")

Oscar Fabiani y Juan J. Rosso relatan las vicisitudes del vuelo
al enviado del diario "La Prensa"

La comisaria de a bordo María
del Carmen Goday a poco de su
arribo a Buenos Aires
(Imagen: "La Prensa")

El guardia Justino Galarraga convalece.
En la imagen junto a un familiar
(Imagen: "La Prensa")

El embajador argentino Javier Teodoro Gallac abandona
Santiago de Chile por orden de su gobierno
(Imagen: "La Prensa")

María Antonia Berger, Mariano Pujadas y Rubén Pedro Bonnet dialogan con la prensa en el aeropuerto de Trelew, momentos antes de entregarse

Tres de los terroristas abatidos en Trelew
(Imagen: "La Prensa")

Tropas en torno al penal de Rawson
(Imagen: "La Prensa")

Batidas por los alrededores
(Imagen: "La Prensa")

Vista exterior de la base aeronaval donde sucedieron los hechos
(Imagen: "La Prensa")

Familiares de los subversivos aguardan novedades
(Imagen: "La Prensa")

Los abogados Hugo Mario Landaburu, Adalberto Caviglia,
Mario Lombardi y Héctor Sandler intentaron mediar por los
familiares, sin éxito (Imagen: "La Prensa")

Fuerzas militares bloquean los accesos
(Imagen: "La Prensa")

Capitán de corbeta
Luis Emilio Sosa
(Imagen: "Página 12")

Notas

¹ Danae Alexia Tzicas; “La génesis del terrorismo en la Argentina”, edición “Publicable” (Escuela de Periodismo), Buenos Aires, lunes 17 de septiembre de 2012, http://www.diariopublicable.com/trelew-40-anos/547-genesis-terrorismo-masacre-trelew.html

² Ídem.

³ En un primer momento se dijo que se trataba de Alberto Prieto. A poco de producirse el hecho, se dijo que entre los fugados se encontraba el líder sindicar Agustín Tosco pero la información fue desmentida por el ministro Mor Roig.

⁴ Se referían, posiblemente, al enfrentamiento con los efectivos policiales de Dolavon, en la Ruta Nacional 25. Pocas horas después, las fuerzas de seguridad detuvieron a Jorge Omar Lewinger, de las FAR.

⁵ Se trataba del vuelo 617, procedente de Río Gallegos, con destino a Buenos Aires, el cual debía hacer escalas en Comodoro Rivadavia, Trelew y Bahía Blanca. Por orden del comando militar, regresó a Comodoro Rivadavia y se mantuvo allí a la espera. Su comandante se apellidaba Haramburu (o Aramburu).

⁶ Entre los pasajeros se encontraban los integrantes del popular grupo folklórico Los Chalchaleros, Juan Carlos y Facundo Saravia, Eduardo Polo Román y Ricardo Francisco "Pancho" Figueroa, quienes se encontraban de gira por el sur del país.

⁷ Reemplazaba en esos momentos a su titular, capitán de fragata IM Alfredo José María Fernández, quien se hallaba de licencia en Buenos Aires.

⁸ Siglas de la Fuerza Aérea Chilena.

⁹ Se refiere a Enrique Haroldo Gorriarán Merlo.

¹⁰ Es evidente que el texto fue redactado por la organización Montoneros puesto que el ERP jamás reivindicó a Perón como su líder.

¹¹ Lo mismo ocurrió en Antofagasta, donde la filial del MIR hizo lo propio, siguiendo instrucciones del comité central.

¹² Una de las historias que mayor atención acaparó fue la de Guillermo Alfredo Barroso, niño de 13 años, que salió de su hogar en Comodoro Rivadavia, diciéndole a sus padres que iba al cine cuando en realidad había comprado un pasaje para cumplir su sueño de volar en avión y abandonar sus estudios en el Colegio Dean Funes, para comenzar a trabajar. Por sus propios medios llegó al aeropuerto local y sorteando todos los controles (no olvidemos que se trataba de un vuelo de cabotaje), abordó el BAC 1-11 de Austral, para viajar a Bahía Blanca, donde moraban sus tías y su abuela. Ignoraba que iba a vivir una aventura más espectacular que la planificada. A su llegada al Aeroparque Metropolitano, el muchacho narró las vicisitudes del viaje, con sus entretelones y hechos sobresalientes. Dijo que Ana, la subversiva que otros dieron como la “líder del grupo”, se mostraba más nerviosa que el resto de los pasajeros; que al llegar a Puerto Montt los retuvieron en el avión; que en Santiago; quien parecía ser el jefe (Gorriarán) bajó y subió varias veces del avión para dialogar con las autoridades chilenas y que recién allí les sirvieron café, una Coca Cola y un sándwich. Una vez en el Aeroparque, recibió el saludo del propio presidente de la Nación, general Alejandro Agustín Lanusse, el suceso que más emoción le causó y aunque no lo dijo, debería estar angustiado por la zurra que le darían sus padres una vez de regreso en su hogar. El “Corriere della Sera” de Italia, le dedicó grandes espacios a su aventura, como otros diarios del mundo.

¹³ Lo hizo a través del subsecretario del Interior, Guillermo Belgrano Rawson, quien estableció contacto telefónico con el gobernador de la provincia, contralmirante Jorge A. Costa y el director del Centro de Salud de Trelew.

¹⁴ Por entonces, comenzó a circular la versión de que el gobierno argentino le había entregado el oficio al secretario de la Suprema Corte de Justicia, Dr. René Pica, pero la misma fue desmentida.

¹⁵ “Barbarroja” Piñeyro era uno de los jerarcas de la Revolución Cubana. Al momento de estallar la crisis de los subversivos evadidos, ocupaba las funciones de Viceministro del Interior y encumbrado dirigente del Partido Comunista Cubano.

¹⁶ Medios de prensa argentinos confirmaron a poco de su llegada, que su ausencia de Chile era por tiempo indefinido.

¹⁷ Por disposición del Poder Ejecutivo nacional, sería trasladado al hospital de Trelew y de ahí a la cárcel de Resistencia, Chaco.

¹⁸ Solicitaban atención médica para un compañero enfermo.

¹⁹ Autos Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia.

²⁰ Llevaba la firma del encargado de relaciones del comando, capitán de corbeta Ezio Pizzagalli.

²¹ Suburbio de Rosario, en la zona oeste de la ciudad, donde se encuentra el aeropuerto.

Bibliografía

-Autos Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia.

-Ramón Genaro Díaz Bessone, Guerra revolucionaria en la Argentina (1959-1978), Círculo Militar, Buenos Aires, 1988.

Publicado 27th June 2016 por Alberto N. Manfredi (h)