RUTA DE SANGRE
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| Allanamientos a lo largo y ancho del país (Fotografía: "La Razón") |
En
los días que siguieron a las exequias de Oberdan Sallustro y el general
Sánchez, se produjeron varias novedades.
El
Torino blanco robado por los secuestradores al huir de la casa de Castañares
5413, apareció horas después, abandonado sobre la calle Rafaela, entre Mozart y Moreno, pleno barrio de
Floresta. Por otra parte, la autopsia practicada al industrial, una vez
ingresado en la morgue, permitió establecer que había sido alcanzado por tres
de los cuatro disparos que se le hicieron a corta distancia, los dos primeros con
acceso por el tórax y el tercero a la altura de la cabeza, ejecutado desde
arriba. Ninguno de ellos pertenecía a armas policiales.
Por
otra parte, la búsqueda de los responsables de ambos atentados era intensa y en
ese sentido, tanto la policía, como el Ejército y la Gendarmería Nacional
practicaban allanamientos, cortes repentinos en las rutas, requisas y
detenciones.
Para
entonces, se habían emitido una serie de comunicados tendientes a dar con los
asesinos. Uno de ellos, fechado el 11 de abril, solicitaba información sobre el
paradero de Mario Klachko, sindicado a esa hora como el responsable de los
disparos que habían acabado con la vida del industrial.
Se
solicita la colaboración de la población a los efectos de lograr el paradero de Mario Raúl Klachko, cédula de identidad
de la policía de la provincia de Buenos Aires Nº 2.647.726, argentino, de 26
años, casado con Guiomar Schmidt, brasileña, de 26 años, por estar implicado
en el secuestro y asesinato del doctor Oberdan Guillermo Sallustro. Cualquier
información al respecto deberá ser proporcionada a la autoridad policial más
próxima.
En
horas de la noche del mismo 11 de abril, tuvo lugar un hecho que intensificó
las alertas en las que habían sido puestas las fuerzas de seguridad y motivó la
movilización de buena parte de ellas. En la oportunidad, ingresaba el embajador
de Perú a su residencia ubicada en Av. Libertador 1720, cuando un individuo joven
salió corriendo de entre las sombras e intentó ingresar en la propiedad.
-“¡Auxilio!...
–gritó evidenciando nerviosismo– ¡Pido asilo!
El
desconocido fue detenido por el agente de guardia y encontrándose en pleno forcejeo,
volvió a pedir protección
-
¡¡Señor embajador, escúcheme…!!!
Para
entonces, el diplomático había descendido de su auto y el agente había logrado
reducirlo al intruso y lo mantenía sujeto contra el piso.
-No
hagamos un escándalo –dijo embajador- Lo dejaré pasar.
El
efectivo policial acató la orden y aún sujetándolo por los brazos, levantó al
extraño de un tirón.
Una
vez dentro, el desconocido dijo llamarse Piccone o Rincone, tener 23 años, ser
ex seminarista de tendencia peronista “sin Perón” y manifestó pertenecer al ERP,
explicando luego que su tarea en la organización consistía en falsificar
documentos y patentes automovilísticas. Al parecer había participado en el
robo de un rodado que posteriormente fue usado para el secuestro aunque agregó
que ignoraba el destino que se le pensaba dar. Manifestó conocer a muy pocas
personas dentro de la agrupación y manejar escasa información porque esa era la
política que imperaba y volvió a rogar por ser admitido en la legación pues
temía por su vida.
El
embajador accedió pero aclarándole previamente que no se lo aceptaba como
asilado sino en calidad de alojado, condición muy diferente a aquella.
El
personaje en cuestión, figuraba en la nómina de personas buscadas por la
policía en relación al secuestro, de ahí su premura por ser admitido en la
representación peruana.
Por
entonces, la prensa italiana cuestionaba la actuación del gobierno argentino a
la hora de resolver el caso. Desde Buenos Aires, el corresponsal de “La
Stampa”, Francesco Rosso, escribía punzantes artículos acusando a la policía de
inoperancia, al gobierno de haber impedido las negociaciones y a Perón, no haber
condenado los crímenes.
El
domingo 16 de abril el equipo del Napoli, donde había jugado Sallustro en los
años treinta, salió a la cancha luciendo brazaletes negros en señal de duelo,
ello mientras la prensa fustigaba especialmente a la junta militar por haber sido
la principal responsable de la muerte del empresario.
En
una declaración formulada al “Corriere de la Sera”, Lucchino Revelli, asistente
de Umberto Agnelli, administrador general de la FIAT, manifestó: “La Fiat-Concord estaba totalmente dispuesta
a satisfacer las exigencias de los guerrilleros, para salvar la vida de Oberdan
Sallustro, pero la negativa del gobierno argentino a autorizar todo contacto
con aquellos la colocó en situación crítica”. Acto seguido rechazó con
énfasis las acusaciones de desentendimiento por parte de la corporación que circulaba
en aquellos días y se refirió a la extremadamente difícil situación en que la había
sido puesta la empresa por el gobierno argentino, hecho que, en definitiva,
dejó a Sallustro librado a su suerte. Lanusse y su equipo no parecían entender lo
que ocurría y no se amoldaban a los hechos aún cuando cada ultimátum, si bien con nuevas prórrogas, evidenciaba un tono cada vez más amenazador. Revelli
explicó también que no se tomaron en cuenta otras alternativas, la principal,
negociar a través de la familia, mucho menos comprometida que la empresa y el
gobierno militar y negó rotundamente que los trabajadores se hubieran
solidarizado con los asesinos.
 |
| Umberto Agnelli
Administador
general de la
FIAT
|
Mucho
más duro fue Attila Sallustro, al dialogar con los representantes de “Paese
Sera” de Nápoles: “La culpa de la muerte
de mi hermano Oberdan recae sobre el gobierno de Buenos Aires. ¡Por qué el
gobierno argentino nos impidió por todos los medios que negociáramos con los
secuestradores de Oberdan? Habíamos logrado juntar el millón de dólares del rescate
y bastaba con que nos concedieran esas 48 horas que ningún gobierno del mundo
nunca habría –o nunca ha negado- a una familia en las condiciones en que nos
encontrábamos nosotros. Fue absurdo. Todas nuestras exhortaciones en nombre del
humanitarismo, fueron rechazadas. Debí decir, lamentablemente, que se dejó
predominar a la violencia. Estamos indignados, porque no se quiso hacer nada
por salvar la vida de nuestro pariente”.
El
mismo día del sepelio, Umberto Agnelli asistió a la misa que se celebró en memoria
del industrial asesinado en la iglesia de San Filippo de Turín, acompañado por
directivos, gerentes, personal jerarquizado y trabajadores.
Siguiendo
con la prensa itálica y sus cuestionamientos, uno de los comentarios más
punzantes y acertados lo hizo “La Stampa”, al tratar la situación de crisis que
vivía la Argentina:
¿Fue
únicamente la Argentina debilitada por la evolución económica desfavorable (al
igual que el resto de los países del Tercer Mundo) y arrastrada al centro de un
crisis de dimensiones continentales, dominada por la violencia que se propaga
por todo el mundo¿ El asunto es más complicado y tiene raíces profundas en el
movimiento fascista-populista de Perón y luego en el derrocamiento del
peronismo por parte de militares que se proponían, en un principio nada más que
restituir el país a la democracia, pero que luego renovaban sus golpes de
estado aún contra presidentes elegidos regularmente, como Frondizi o Illia. En
el origen de todas estas convulsiones se hallaba el insoluto problema del
peronismo, de cómo reintegrar a una manera de vivir democráticamente a un
movimiento que aún estaba vivo y fuerte en las masas populares, pero que no era
fácil reintegrar a una normalidad electoral. Sin embargo, lo menos que se puede
decir es que los militares, autotitulados tutores del país, no quisieron o no
supieron resolver este problema restaurando la democracia. Por el contrario,
imponiendo regímenes cada vez más autoritarios. ¿Cómo romper el círculo vicioso
que comenzó en la destrucción de las instituciones democráticas y que genera
interminablemente fascismo, dictaduras militares, violencia de izquierda o e
derecha? No lo sabemos, pero sabemos que nada justifica la barbarie terrorista.
Los problemas arduos y delicados de la convivencia humana nos e resuelven con
el culto de la irracionalidad, fundamentalmente fascista, con la idolatría de
la acción violenta entendida como solución milagrosa de todos los males. Estas
ideologías arcaicas nacen sólo de reacciones primitivas e inconsultas por parte
de quien no confía en el sentido común humano y menos aún en la acción política
organizada de las masas. Pero fuera del uso de la razón, la tolerancia, el
espíritu amplio y crítico no existe respuesta a nuestra crisis.
Desgraciadamente el terrorismo si no se detiene a tiempo (y esto significa
necesariamente que los gobiernos deben negarse a tratar con los terroristas) puede
conducir en un futuro no lejano a chantajes de dimensiones siniestras. Los
gobiernos del mundo, para salvar la cohesión civil, no pueden permanecer
inertes frente a estos problemas o lavarse las manos pensando, cada vez, que
el asunto interesa sólo a los vecinos. Afecta en cambio a todas las naciones en
una época que amenaza con ver arrolladas a todas las civilizaciones por el culto
antisocial de la violencia.
Por
su parte, “Il Giorno” de Milán, publicó:
El
asesinato de Oberdan Sallustro no es sólo un delito sino también y sobre todo
un error estúpido y anacrónico. Al parecer, los grupos del ERP pasan por ser
trotskistas, pero Trotsky actuó y escribió en época totalmente diferente. Según
él, el péndulo de mla historia volvía, en su oscilación, a la época del
Renacimiento, superándola en sus crueldades bestiales. Las leyes e la mecánica
política descriptas por Maquiavelo eran la culminación del cinismo. No existían
problemas morales para él así como no lo son para un jugador de ajedrez. La
época de Trotsky se parecía a la del Renacimiento en el sentido que se vivía al
borde de la división de dos mundos. Esta
vieja página es fascinante pero vieja: se adecúa el viejo mundo preatómico,
cuando la guerra sólo mataba a los hombres. Ahora la guerra puede matar a la
humanidad, no se puede aceptar fatalísticamente esta exhortación remota, esta
anacrónica resignación a la violencia. De esta manera, los hombres del caso
Sallustro han caído en un error: se equivocaron de senda. Pretenden marchar en
el sentido de la historia pero toman un camino qu está fuera de la era atómica
y conduce hacia atrás. Ostentan apasionadamente etiquetas de hombres de
izquierda pero objetivamente le hacen el juego a la derecha y a la reacción.
Mientras
tanto, fuerzas combinadas de de Prefectura Naval, Gendarmería, Policía Federal
y su par de la provincia de Buenos Aires, desplegaban sus hombres por la
Capital Federal y el cono urbano, para ubicar a los extremistas, un gigantesco
operativo de rastrillaje que comprendió las localidades de Vicente López,
Olivos, La Lucila, Martínez. Acassuso, San Isidro, Beccar, Victoria, San
Fernando, Tigre y aledañas, todo bajo la supervisión del I Cuerpo de Ejército,
que también aportó elementos.
Dosmil
hombres provistos de armas largas, perfectamente bien equipados, patrulleros, celulares,
camiones aturaron el área en busca de los implicados o al menos, indicios que
llevasen a su captura.
El
director de Seguridad Urbana, comisario mayor Jorge Silvio Adeodato Colotto,
estuvo a cargo de la movilización y fue quien mantuvo informado permanentemente
al comandante de la X Brigada de Infantería en sus cuarteles de Palermo.
El
operativo comenzó la noche del mismo 10 de abril, luego de ser acuartelada la
Guardia de Infantería de la Policía Federal. Sus efectivos fueron movilizados a
las 4 a.m., en dos grupos, tomando el primero hacia el norte, en dirección a la
comisaría de Beccar y el segundo en dirección sur, más precisamente a la localidad de Merlo. A las 05:35 a.m. se inició
el registro de viviendas, casa por casa, previo corte del tránsito y ubicación
de piquetes en diferentes puntos del dispositivo.
Para
ello, la Zona Norte fue dividida en dos sectores, el Nº 1, comprendido por las
calles Neuquén, Intendente Neyer, M. Corte y Uruguay, límite esta última entre
los partidos de San Isidro y San Fernando y el Nº2, entre Newbery, Av. Juan B.
Justo, Pampa, Marconi y Julián Navarro. De esa manera, se acordonó un amplio
sector en el que se impidió la circulación de vehículos desde afuera hacia
adentro y se procedieron a practicar las primeras etenciones, todo a la vista
de los efectivos de la Brigada Antiguerrillera de la Policía Federal, quienes
fuertemente armados, vigilaban las esquinas o hacían recorridas por las desiertas
calles.
Durante
el operativo, fueron detenidas numerosas personas. Dos de ellas se tirotearon
con las fuerzas policiales y lograron escapar en el automóvil que utilizaban,
siendo perseguidos durante un trecho, de manera infructuosa.
En
Beccar, fue allanada una cantera en la que fueron secuestrados 250 kilogramos
de dinamita, 500 detonadores y 1000 estopines, elementos propios de esa
actividad. Al ser interrogados, los encargados manifestaron que se trataba de
elementos sobrantes de ciertos trabajos realizados recientemente en Tres
Arroyos y aunque presentaron la documentación probatoria, fueron conducidos
hasta el Departamento Central de Policía para ampliar su declaración. Horas
después, trascendió que había sido arrestado en su quinta de Escobar el general
retirado Francisco Imaz pero la versión fue desmentida por el Dr. Darío
Saráchaga, amigo del militar y la esposa del mayor (RE) Hugo Raúl Miori Pereyra,
que fue interrogada al respecto por la prensa.
En
la edición de “Estrella Roja”, correspondiente al mes de abril, el ERP mostró
todo su cinismo al referir los asesinatos de Sallustro y el general Sánchez y
haber actuado como “representante de la voluntad del pueblo argentino” y “ejecutor
de su voluntad”.
Hace
algunos días el largo brazo de la justicia popular alcanzó a dos representantes
de los explotadores; ambos se habían distinguido, cada cual a su manera, como
verdugos de los trabajadores. Sallustro, uno de ellos, máximo dirigente de la
empresa monopolista Fiat en Argentina, fue responsable principal de los
despidos y encarcelamiento [sic], con los que el año pasado la empresa y la
dictadura intentaron destruir el combativo movimiento de los obreros de Fiat.
Fue antes y lo sigue siendo después, responsable de la explotación de miles de
obreros argentinos y del robo de la riqueza del país a favor del monopolio que
él presidió. El E.R.P. interpretando los justos reclamos del pueblo, que pedía
el castigo de este explotador, procedió a detenerlo en la cárcel del pueblo.
Pidió a cambio de él una serie de exigencias (liberación de dirigentes obreros combatientes
revolucionarios, indemnización al pueblo argentino en forma de reparto de
útiles a niños de escuelas pobres, etc.). La dictadura militar, poniendo una
vez más en evidencia que nada le importa la vida humana con tal de salvaguardas
sus intereses económicos, prefirió sacrificarlo; no negocio, siguió su
insensata política represiva y obligó a nuestros combatientes a ajusticiar a
Sallustro, tal como lo habíamos advertido en nuestros comunicados. El General
Sánchez el otro ajusticiado, tiene un triste historial. Como jefe del II Cuerpo
de Ejército, propició en Rosario y toda la zona bajo su influencia, la
instalación del más bárbaro régimen de tortura contra los combatientes
populares de que se tenga noticia. En Rosario fueron asesinados, con su
consentimiento, Luis Pujals, Segundo T. Gómez y cientos de revolucionarios y
luchadores, como Norma Morillo y otros sufrieron inimaginables e inhumanas
torturas a manos de los miserables torturadores policiales y de los oficiales de
ejército de la burguesía.
El
se sentía seguro. ¿Quién se atrevería a tocar a un “General” de la Patria? Pero
la justicia del pueblo se atrevió. Nuestro comando, conjuntamente con los de
la organización hermana F.A.R., ejecutaron la sentencia que el pueblo le había
impuesto.
El
explotador y jefe de la represión fueron objetivos del mismo odio de su pueblo.
Su ejecución era un deseo de las masas; el ERP y la organización hermana F.A.R.,
sólo fueron el brazo ejecutor de ese sentimiento.
La
histérica y mentirosa campaña que la dictadura militar lanzó a través de la
prensa de los explotadores, no logró ocultar el sentimiento de aprobación y
simpatía con que las mas[a]s recibieron el doble ajusticiamiento, Solo puso en
evidencia, el pánico que invadió a todos aquellos que tienen muchos crímenes
contra el pueblo en su cuenta.
Tienen
razón en temer. Como a Sánchez y Sallustro, el largo brazo de la justicia del
pueblo también los alcanzará a ellos1.
En
la misma edición, la dirigencia del ERP creyó oportuno reproducir el comunicado
Nº 2 que había emitido oportunamente, destinado a despejar dudas con respecto a
las causas que motivaron su proceder. Precedido por un recuadro, en el que se
leía: “Durante la acción del secuestro
del explotador Sallustro nuestra organización emitió una serie de comunicados,
de los cuales, por su importancia publicamos el segundo”, el mensaje en
cuestión establecía:
Los
diarios de ayer publican la noticia de la condena impuesta a dos
revolucionarios por la justicia del régimen; 18 y 19 años de cárcel
respectivamente, por el delito de repartir alimentos en una villa de emergencia
de Rosario. Pero no sólo aparecen condenas a revolucionarios, casi todos los
diarios se ven forzados a publicar denuncias de torturas, detenciones y
asesinatos a cargop de los servicios de seguridad de la dictadura. No hace
mucho que todo el pueblo se enteró del secuestro y posterior asesinato de
Mestre y su esposa, de Luis Pujals o de Segundo Gómez o de inocentes pibes de
una villa de emergencia a quienes fusiló la policía en un descampado. Para estas
cosas no funciona la “justicia” de la dictadura: de estas cosas se entera todo el
pueblo, pero no los jueces de la “Cámara Federal”, muy ocupados en presenciar personalmente la tortura de los
detenidos a quienes después juzgarán. En Octubre de 1971 la Gendarmería ocupó
la fábrica Fiat, se despidió a 259 trabajadores y simultáneamente se detuvo a
los dirigentes gremiales elegidos democráticamente por los obreros. Todo el
pueblo se enteró de ello pero no los jueces de la dictadura, a quienes debe
parecerles muy normal que los trabajadores desempeñen sus tareas bajo amenaza
de las armas, mientras sus dirigentes son presos y sus compañeros despedidos.
Todo el pueblo sabe que aquí se tortura, los jueces no. Todo el pueblo sabe que
aquí los servicios de seguridad cometen cualquier tropelía, y ellos no.
Nosotros pensamos que no es justo que el pueblo sepa, por vivirlo en carne
propia, de las miserias a que los condena esta dictadura y que por no vivirlo
en carne propia, los personeros del régimen, los jueces, los explotadores, los
generales, los delicuentes económicos, torturadores, digan que no lo saben.
¿Así
que no saben que aquí se tortura a los revolucionarios? Entérense, Sandoval,
Sanmartino y Agarotti eran tres torturadores. ¿Así que no saben que el Ejército
y la Policía están para reprimir al pueblo? Entérense: el E.R.P. y las demás
organizaciones revolucionarias son el brazo armado del pueblo. ¿Así que no
saben que la Fiat echó a los obreros más combativos y llevó a la cárcel a sus
diri. Así, se irán enterando quienes se hacen los desentendidosgentes?
Entérense: el director general de Fiat está en la cárcel del pueblo. Así se
irán enterando quienes se hacen los desentendidos, porque ejecutaremos a los
asesinos del pueblo, llevaremos a la cárcel a quienes lo explotan y persiguen.
Desarrollando la guerra construiremos poco a poco la justicia del pueblo que
reemplazará a la del régimen miserable.
Tantos
años de explotación, de persecuciones, de huelas apaleadas, de odio reprimido,
de coraje asesinado, empiezan a ser parte del pasado en este camino que ha
emprendido el pueblo para conquistar sus derechos, su libertad y su justicia.
¡A
vencer o morir por la Argentina!
Ejército
Revolucionario del Pueblo2
En
19 de abril de 1972, en el sector montañoso de San Javier, 25 km al oeste de
Tucumán, la policía detuvo a Roberto Eduardo Coppo y Manuel Negrín, ambos
prófugos de la cárcel de Villa Urquiza, echo acaecido el 6 septiembre de 1971. Junto
a ellos, fueron arrestados dos lugareños, Abel Lucas Sosa de 36 años, dueño del
rancho donde fueron hallados los subversivos y Rubén Enrique Barrionuevo, de
18, oriundo de Yerba Buena, acusados ambos de haber dado refugio a los
fugitivos.
El paraje en cuestión, se encontraba a 5 kilómetros al sudoeste de la hostería “San Javier”, próxima a Villa Nougués, a 1200 de altura a nivel del mar y 800 metros dentro de una quebrada de tupida vegetación, lugar ideal por poseer dos vías de escape hacia la ruta nacional 38, uno de ellos muy próximo a San Javier y el otro en dirección a la carretera de Lules. En la oportunidad, se allanaron otras cuatro viviendas, habitadas por parientes del campesino, portadores del mismo apellido.
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| Roberto Eduardo Coppo al ser capturado (Imagen: "La Razón") |
El paraje en cuestión, se encontraba a 5 kilómetros al sudoeste de la hostería “San Javier”, próxima a Villa Nougués, a 1200 de altura a nivel del mar y 800 metros dentro de una quebrada de tupida vegetación, lugar ideal por poseer dos vías de escape hacia la ruta nacional 38, uno de ellos muy próximo a San Javier y el otro en dirección a la carretera de Lules. En la oportunidad, se allanaron otras cuatro viviendas, habitadas por parientes del campesino, portadores del mismo apellido.
Sosa
vivía junto a su esposa, Isabel Martín y sus seis hijos, el mayor de los cuales
tenía 13 años de edad y el menor 3. En un quinto rancho sin ocupar, se encontraron
armas, municiones y documentación vinculada con el ERP.
La
policía se apropió de todo ello y se llevó detenidos a los cuatro individuos
para ser interrogados. Al día siguiente, Coppo y Negrín fueron trasladados en
avión hacia la Capital Federal, donde fueron puestos a disposición de la Cámara
Federal en lo Penal de la Nación, que entendía en la causa del accionar
subversivo.
Habían
sido sorprendidos mientras dormían, armados ambos, durante un operativo de rastrillaje
a cargo jefe policía de Tucumán, coronel Enrique George, quien contó con la
asistencia del subjefe Hugo R. Nadal.
Los
efectivos, llegaron en horas de la noche, fuertemente armados y tomaron
ubicaciones en torno al rancho, aguardando las primeras luces del día.
Los
sospechosos no ofrecieron resistencia. Fueron maniatados y trasladados al
Departamento Central de la Policía Provincial, provocando con su presencia gran
revuelo entre los medios informativos de la ciudad, quienes se hicieron
presentes de inmediato para cubrir la novedad.
Según
se pudo establecer, a Coppo se le secuestró una pistola 45, calibre 11,25 mm,
cuyo número de serie era 85262, sustraída al teniente Asúa durante el ataque al
camión militar en Pilar y a Negrín una Browning 9 mm, número de serie 1331, perteneciente
a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. También se incautaron planos de
la región donde se señalaban diferentes puntos, rutas de escape, poblaciones y
accesos, varios ejemplares de “El Combatiente”, partes de guerra que hacían
referencia a las últimas acciones del ERP en diferentes puntos del país, dos
hamacas paraguayas, carpas, indumentaria de abrigo, volantes del PRT e
impresos, la mayoría destinados a los trabajadores rurales.
Coppo
había cambiado su apariencia; lucía un pequeño bigote, sus cabellos se
encontraban revueltos y se veía muy delgado. Llevaba puesto un rompevientos
negro bastante grueso, pantalones de lona verdes y medias de lana gastadas.
Los
cuatro individuos llegaron a la jefatura de policía amarrados y con los ojos cubiertos.
Una vez en la dependencia, se les tomaron las huellas dactilares y tras
responder unas las preguntas de rigor relacionadas con las tramitaciones, fueron
colocados contra una pared, donde permanecieron varias horas de pie.
Del
análisis de los elementos secuestrados, surgieron varios nombres y direcciones
que permitieron nuevos allanamientos. Llamó poderosamente la atención una nota
manuscrita del propio Coppo que, además de hacer referencia a los asesinatos de
Oberdan Sallustro y el general Sánchez, mencionaba al general Della Croce, al
jefe de la policía provincial, comisario George y otras personalidades como
posibles víctimas de secuestros.
La novedad fue informada al Ministerio del Interior y a la propia gobernación, cuyo titular, Oscar Emilio Surrulle, se hizo presente en el Departamento para interiorizarse de los echos y ponerse en contacto telefónico con el Dr. Mor Roig. Poco después llegó el comandante interino del V Brigada de Infantería, coronel Luciano Benjamín Menéndez, quien reemplazaba al general Ernesto Della Croce, ausente en esos momentos en Córdoba (enterado, emprendió el regreso de inmediato).
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| Ranchos de Abel Lucas Sosa en pleno monte tucumano, donde se escondieron Coppo y Negrín (Fotografía: "La Razón") |
La novedad fue informada al Ministerio del Interior y a la propia gobernación, cuyo titular, Oscar Emilio Surrulle, se hizo presente en el Departamento para interiorizarse de los echos y ponerse en contacto telefónico con el Dr. Mor Roig. Poco después llegó el comandante interino del V Brigada de Infantería, coronel Luciano Benjamín Menéndez, quien reemplazaba al general Ernesto Della Croce, ausente en esos momentos en Córdoba (enterado, emprendió el regreso de inmediato).
Paralelamente,
se llevaron a cabo nuevos procedimientos en distintos puntos de la provincia,
entre ellos una finca ubicada en Juan B. Terán 134, morada de Leocadio Paz
Sosa, hermano del propietario del rancho donde se habían refugiado los
subversivos y varias viviendas de los alrededores.
De
esa manera, diez de los catorce evadidos de la tucumana cárcel de Villa Urquiza
fueron recapturados, permaneciendo prófugos aún, Juan Manuel Carrizo, Juan
Santiago Mangini, Mario Díaz y Jorge Benito Urteaga, quienes eran intensamente
buscados.
Por
la misma época, finalizó la indagatoria de los veinte detenidos puestos a
disposición de la Vocalía 7ª de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, a
cargo del Dr. Jaime Smart, secretaría de instrucción del Dr. Eduardo Frola, quienes
llevaron a cabo las indagatorias de Carlos Tomás Ponce de León, Ángel Augusto
Averame, José Luis Da Silva Parreira, Elena María Da Silva de Antelo, Mirta
Adriana Mitidiero de Da Silva Parreira -participes directos del secuestro-,
Mirta Alicia Abregó, Liliana OIga Montanaro de Beccari, Rosa Victorina Vallejos
de Pérez, Adela Leonarda Jorge, Emma Angelina Elide Debenedetti, Irma Rosa
Andreu de Bentancourt, Carlos Durdos, Emma Francischetti de Colautti, Norberto
Rey, Silvia Urdampilleta, la italiana Elena Codan y cuatro procesados más
quienes, una vez levantada la incomunicación, fueron trasladados al penal de
Villa Devoto3. La justicia dispuso también el sobreseimiento del
abogado Gustavo Soler, yerno del Dr. Arturo Illia, acusado de encubrimiento y de
haber actuado como garante al ser alquilada la propiedad de Martiniano Leguizamón
4441.
En
Retiro jurisdicción comisaria 46ª, personal de la Superintendencia de Seguridad
halló la camioneta con la que, supuestamente, había sido trasladado Sallustro desde
Chilavert a Villa Lugano.Por otra parte, se supo que el juez de sentencia Margelo
Manigot, había rechazado el recurso de habeas corpus presentado en favor de
Liliana O. Montanaro y Marta Abregú, por sus estados de embarazo.
Mientras
tanto, se llevaban a cabo operativo rastrillo en diferentes puntos de la
provincia de Córdoba, especialmente Río Ceballos, Unquillo y Cabana, donde la
policía detuvo al Dr. Silvio Frondizi, de 61 años, hermano del ex presidente de
la Nación, en esos momentos profesor de Derechos Humanos de la Facultad de
Periodismo de la Universidad de La Plata, cuya casa de campo, “Las Yayas”, se
hallaba ubicada a escasos 3 kilómetros de la última localidad.
Policías
y efectivos del Ejército rodearon la propiedad y procedieron a efectuar una
minuciosa inspección que incluyó el sótano, de resultas de la cual, fue secuestrada
bibliografía de izquierda, en especial los cuatro tomos de Las memorias del Che, dieciseis números de la revista “América
Latina” y copias de una publicación denominada La valija cubana, del que el dueño de casa era autor.
Junto
al Dr. Frondizi fueron detenidos su hijo Julio, de 21 años, estudiante de
sociología, Alejandro Demo, de 18, hijo de un conocido médico de la zona, un
matrimonio boliviano de apellido Irigoyen-Cuéllar, que estudiaba (al menos el
hombre) arquitectura, Ciro Cuéllar (hermano de la mujer), quien tramitaba en
esos momentos un certificado de residencia en el país y el casero Miguel
Giglione, un hombre mayor a quien se le secuestraron explosivos -nada raro en
esa zona de sierras y canteras- y una estrella roja supuestamente del ERP,
tallada en madera. También fue decomisada una carabina de colección propiedad
del Dr. Frondizi.
Al
ser interrogado, Giglione manifestó ser empleado de una mina cercana y en su
descargo, mostró los recibos que probaban la compra de la dinamita. En cuanto a
la estrella roja, dijo tenerla desde hacía más de diez años y que no pertenecía
a la referida organización terrorista sino que la utilizaba durante las
procesiones religiosas que tenían lugar cada año, enseñando mientras respondía,
una fotografía alusiva.
Veinticinco
arrestos se efectuaron ese día, incluyendo los de la casa de fin de semana del
Dr. Frondizi. Los detenidos fueron conducidos al Departamento Central de
Policía con el objeto de ser interrogados y sólo permanecieron en la finca, la
hija del propietario, Silvia Frondizi, estudiante de abogacía de 19 años, su
madre y Marcela Demo4.
En
cercanías del cementerio de Juárez Celman, localidad contigua a Unquillo y
Cabana, la policía efectuó excavaciones que dieron como resultado el descubrimiento
de un importante arsenal, oculto bajo un tanque australiano de considerables
dimensiones. Fueron halladas tres cajas de municiones de guerra calibre 7,65
(2000 proyectiles), un fusil, dos carabinas calibre 22, una escopeta del 12,
tres pistolas plásticas, una pistola automática calibre 11,25, una pistola
Beretta, cuatro equipos de radio, numerosas cajas de munición servida de 11,25
mm, granadas de mano, artefactos explosivos con sus circuitos eléctricos, productos
químicos y cuatro uniformes completos de policía, todo a 70 centímetros de la
superficie, muy bien embalado y envuelto en lonas.
Según
declararon vecinos del lugar, 48 horas antes de su descubrimiento alrededor de
diez desconocidos llegaron al lugar para excavar y ocultar varios bultos,
llevándose la tierra extraída para no dejar rastros.
Un
clima de especial tensión se vivía en Rosario la noche del 10 de abril, tras la
llegada de de unos 300 efectivos de la Brigada Antiguerrillera de la Policía
Federal procedentes de Mendoza, provistos de todo su armamento y equipo.
En
horas de la mañana la policía encontró el Peugeot 504 utilizado por los
terroristas, abandonado en cercanías de la Facultad de Medicina y en su
interior, dieron con varios frascos de vidrio repletos de clavos “miguelitos”,
así como un embalaje de cartón de procedencia alemana, con cartuchos para una
escopeta automática 8,8. Averiguaciones posteriores permitieron establecer que
la patente del rodado había sido cambiada.
Las
autoridades tenían esperanzas de dar con la pick-up Chevrolet utilizada durante
al ataque dado que la misma llevaba la inscripción “Córdoba” en su parte
anterior aunque se especulaba con que a esas horas, debía haber sido camuflada.
Según la policía, se trataba de la misma que varios desconocidos sustrajeron
días antes, durante el asalto a un garage de la calle Jujuy.
Al
día siguiente, los diarios daban cuenta de que centenares de hombres
fuertemente armados continuaban buscando a lo a lo largo y ancho de la ciudad,
así como en su zona de influencia, bloqueando todos sus accesos y efectuando
intensos registros en viviendas y la vía pública. Setenta personas fueron
arrestadas, la mayoría en averiguación de antecedentes y un número superior de
automotores detenido para su inspección.
También
hubo requisas en la ciudad de Santa Fe, donde, entre otros objetos, fueron
incautados un bolso con explosivos, armas, municiones y detonantes, luego de
que las fuerzas del orden irrumpieran en una finca abandonada ubicada en Las
Heras 5536, jurisdicción de la comisaría 7ª.
La
noche del 10 de abril tuvieron lugar las exequias de la señora de Araya. Las
mismas se llevaron a cabo en la funeraria ubicada en Cafferatta 618, donde se
dio cita una nutrida concurrencia para despedir sus restos, destacando de
manera especial la delegación del Comando del II Cuerpo de Ejército que se hizo
presente para ofrecer sus respetos a los deudos.
Durante
un enfrentamiento que tuvo lugar en inmediaciones del Hipódromo rosarino, dos
jóvenes fueron heridos y un hombre mayor detenido junto a dos mujeres que resultaron
pertenecer a otra organización subversiva, sin vínculos con las que llevaron a
cabo el ataque al general Sánchez5.
El
hecho se produjo a las 16:30 cuando fuerzas de Gendarmería, reforzadas por
unidades policiales, conducidas por el propio comandante Agustín Feced,
rodearon una vivienda ubicada en Pasaje Tiscornia 2932, a sólo media cuadra del
Hipódromo y dos del Parque Independencia y se desencadenó un tiroteo en el que
dos de los moradores fueron alcanzados por las balas. Conducidos al Hospital
Central, se pudo determinar que uno de ellos presentaba un impacto en la cabeza,
con orificio de salida por la boca y el otro en la espalda, donde permaneció
alojada sin producir daños graves.
Luego
de ser detenidos, los moradores fueron trasladados a jefatura de policía donde
se pudo establecer que pertenecían todos a la organización Montoneros y que se
les había secuestrado una pistola calibre 45, otra marca Browning calibre 9 -sustraídas
ambas a la Policía-, un uniforme de sargento primero del Ejército y un aparato
explosivo que los expertos debieron desactivar para colocarlo posteriormente en
la tolva de la sección Bombas y Explosivos, en la Jefatura de Policía. Uno de
los heridos, René Oberlín, era intensamente buscado por su participación en un frustrado
atentado contra el intendente municipal de la ciudad de Santa Fe, Conrado
Puccio. Las dos mujeres apresadas resultaron ser Soledad Aráoz Mariño y la
estudiante tucumana María Luisa Cerviño, de 23 años.
Sobre
la ruta nacional Nº 9 fue interceptado un camión Ford rojo, con patente de Río
Cuarto, que transportaba un cargamento de armas y equipos de guerra. Fueron
detenidos su conductor, el acompañante y los cuatro ocupantes del Peugeot 404,
patente RAG-6520, que lo seguía pocos metros detrás.
Investigaciones
posteriores permitieron establecer que el cargamento en cuestión era material
de descarte, adquirido de manera legal por un chatarrero de la zona, razón por
la cual, los imputados fueron puestos en libertad.
 |
| Se intensifican los procedimientos (Imagen: "La Razón") |
En
otro procedimiento, efectivos armados con ametralladoras irrumpieron en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Rosario,
efectuando una exhaustiva revisión de las instalaciones y un minucioso control
del alumnado, sin hallar nada fuera de lo normal.
A
las 10 hs. a.m., las fuerzas del orden detuvieron en el retén caminero de
Ibarlucea, al Dr. Felipe Rodríguez Araya, a su esposa y su hijo de 4 años,
quienes procedían de Rafaela, a donde habían ido a visitar a familiares. Los
dos últimos fueron liberados a las 16:00 pero el jefe de familia terminó conducido
al Departamento de Policía, donde permaneció demorado hasta las 22:00.
Otros
procedimientos realizados en Presidente Roca 1615 y Solis 3180, terminaron con
el arresto de Hugo Urgo, profesor de educación física, y Valerio Aramayo,
dirigente vecinalista. La policía irrumpió violentamente, con orden de
allanamiento y se llevó a los imputados, lo mismo a Andrés Soroeta, aprendido
en la florería Amambay, situada en Entre Ríos y San Lorenzo
Mientras
tanto, en el resto del país se sucedían otros acontecimientos. Dese Mendoza se
anunció que el monto total de los destrozos ocasionados durante las
manifestaciones del 4 de abril ascendían a $100.000.000, la mayoría sin
cobertura de seguros. Una joven resultó herida en el barrio Las Heras, cuando
soldados que viajaban en un camión militar abrieron fuego contra un desconocido
que no había acatado la voz de alto. La muchachas, Silvia Olga Luceron,
domiciliada en 3 de febrero 2260 del barrio Independencia, recibió varios
proyectiles en ambos muslos y fue trasladada al Hospital Central en el mismo
vehículo del que partieron los disparos.
En
Tucumán, mientras la CGT evaluaba el paro para el jueves 13, patrullas
policiales rastrillaban la zona de Toro Loco, en el límite con Salta, donde,
según varias denuncias, se movían elementos extraños.
En
Córdoba, agrupaciones políticas e instituciones culturales y de bien público
manifestaron su rechazo por ambos atentado (muertes de Sallustro y Sánchez),
las filiales de la FIAT se mantuvieron cerradas en señal de duelo, la CGT
eligió a su nueva mesa directiva y Agustín Tosco fue trasladado a la cárcel de
Rawson.
Había
indicios de que los terroristas pertenecerían a los comandos “Segundo Telesforo
Gómez” del ERP y “Juan Pablo Maestre” de las FAR y que no habían podido
abandonar la ciudad, razón de los dispositivos de cerrojo que se instrumentaron
para impedir su fuga.
El
12 de abril la Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado condenando
los atentados y pidió al pueblo deponer la agresividad, ya fuera física,
psicológica o espiritual.
Nuevamente
el crimen ha sacudido a toda la nación. Una cadena de crímenes inhumanos y de
inconcebibles hechos delictivos nos advierte que estamos viviendo una hora de
extrema gravedad. Lamentamos y condenamos toda muerte violenta en cualquier
campo que ocurra. Nos duele porque toda muerte injusta es abominable para Dios y
es horrenda para la conciencia humana. Pero nos preocupa aún más descubrir de
que modo ha generado en el corazón de algunos argentinos esta absurda pasión por
la violencia, este desprecio por la vida humana, este frío coraje para el
crimen […], Ha llegado la hora de deponer toda agresividad física, psicológica
o espiritual. Pedimos a todos, cualquiera sea su poder o la misión que cumpla, un
esfuerzo para ver al hombre y a los hombres con los ojos de Dios. Pedimos grandeza
de alma para perdonar y conciencia evangélica para disuadir o persuadir. Nos
queda esta opción; o vencer amando o destruirnos. La fe y la historia nos piden
lo primero.
El
arzobispado de Buenos Aires hizo lo propio con la firma de su titular, monseñor
Juan Carlos Aramburu.
El
país entero está viviendo momentos aciagos al haberse enterado con
estupefacción de dos alevosos crímenes que han conmovido a la conciencia
nacional y han herido profundamente sus sentimientos humanitarios y cristianos
[…]. La Iglesia rechaza la violencia e inculca el respeto del valor sagrado de
la vida humana.
También
los obispos de Bahía Blanca, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego se pronunciaron en el mismo sentido.
Hemos
recibido consternados obre los criminales hechos ocurridos en nuestra patria
que han afectado al pueblo argentino. Este recrudecimiento de la violencia
amenazan con sumergirnos en una lucha cruenta y estéril de la cual el pueblo
argentino será el único perjudicado.
El
texto finaliza con una exhortación a los dirigentes de todos los sectores a
hacer “…un esfuerzo común que salve al
país del peligro en el que se encuentra” y cierra pidiendo a Dios que
reconforte a los familiares de las víctimas.
Dos
días después, 14 de abril, el embajador argentino en España, brigadier (RE) Jorge
Rojas Silveyra, criticó duramente a Perón, por guardar un silencio cómplice
sobre los trágicos acontecimientos del 10 de abril.
Ningún
ciudadano argentino puede dejar de definirse ante tales acontecimientos, que
sea a favor o que sea en contra. El que no se define, no tiene posición
tomada”.
Perón
no hizo declaraciones si los dirigentes que viajaron a Madrid para
entrevistarlo. López Rega dice que no hará comentarios.
El
13 se produjeron cincuenta nuevas detenciones
en Rosario y los medios hablan de que estaría identificado el guerrillero que
disparó contra el general Sánchez. Mientras tanto, en Mendoza, Félix Gibbs reemplazó
al interventor Luis Carlos Gómez Centurión, quien se hallaba a cargo del Poder
Ejecutivo desde el día 4 de aquel mes y el Partido Demócrata celebraba la
novedad, de cara a su reorganización.
En
lo que al general Sánchez se refiere, la policía pudo determinar que la
planificación del atentado se llevó a cabo en una finca de Río Cuarto y que
desde allí los subversivos pasaron a Rosario, en forma individual o grupos
reducidos, para concentrarse en la vivienda de Crespo 680.
De
esa manera, fueron detenidos: Ulises A. Penayo, Jorge Caravello, Lucía Mirta
Swica, Eduardo A. Morrogh, Mónica I. Sabatello y María A. Virué, todos ellos oriundos
de Buenos Aires a excepción de la última y vinculados a numerosos ataques
extremistas (asalto banco Liniers, copamiento puesto de guardia de Campo de
Mayo y sección automotores Regimiento de Infantería 7 de La Plata).
El
24 de abril, en horas de la madrugada, tres conscriptos circulaban por la ruta
nacional Nº 9, en dirección a la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos,
situada en las afueras de Villa María, cuando una camioneta se detuvo junto a
ellos y se ofreció a llevarlos. El acompañante le indicó al más locuaz que
subiese a la cabina y les dijo a los otros que hiciesen lo propio en la caja.
Era
noche cerrada en momentos que la pick-up patente X-026114, de la localidad de
Inriville, se detuvo en uno de los puestos de guardia para que los soldados
descendiesen. Al centinela el detalle no le llamó la atención pues era habitual
que ocasionales automovilistas acercasen reclutas hasta el lugar cuando
regresaban de un franco. Sin embargo, ese día la cosa fue bien diferente.
Los
dos civiles que viajaban en la camioneta echaron pie a tierra presurosamente y
esgrimiendo pistolas calibre 45, redujeron a los efectivos, le quitaron la
ametralladora FAL al soldado de guardia y se retiraron a gran velocidad,
perdiéndose en la obscuridad.
Repuestos
de la sorpresa, los conscriptos dieron parte a la superioridad y de manera
inmediata se montó un operativo cerrojo para atrapar a los desconocidos.
Nada
ocurrió hasta pasadas varias horas y nadie hubiese imaginado el desenlace que
tendría lugar.
Cerca
de las 16:30 de ese mismo día, un patrullero en el que viajaban el oficial
Carlos Bonella y los agentes Hugo Juárez y Omar Aldeco, se desplazaba por la
mencionada ruta, a 10 kilómetros de Villa María, cuando de manera repentina,
se cruzó con la camioneta utilizada en el ataque, lanzándose en su
persecución.
Sin
acatar la voz de alto ni las señales que en ese sentido se le hicieron, los
terroristas aceleraron y mientras huían, comenzaron a disparar contra el
vehículo policial, cuyos ocupantes repelieron la agresión.
En
plena carrera, sin dejar de intercambiar disparos, el conductor de la pick-up
perdió el control y se estrelló de frente contra un Fiat 600 en el que viajaban
cuatro personas al tiempo que patrullero efectuaba un pronunciado viraje para
evitar colisionar contra la camioneta. Al hacerlo, dio de frente contra un
camión que avanzaba en sentido contrario, quedando hecho una masa de hierros
retorcidos a un costado de la ruta.
Pese
a los daños que había sufrido, la camioneta retrocedió haciendo chirriar sus
neumáticos sobre el pavimento y se perdió por un camino de tierra, en dirección
a Pampayasta.
Dos
muertos –ambos ocupantes del pequeño Fiat– y cinco heridos fue el saldo de las
trágicas colisiones, incluyendo a los tres agentes de policía que se
desplazaban en el patrullero, quienes fueron socorridos por personas que transitaban
ocasionalmente por el lugar y derivados a diversos nosocomios y asistencias de
la cercana Villa María.
Como
siempre ocurría en esos casos, se montó un riguroso dispositivo para dar con
los extremistas, el cual incluyó una sección de perros especialmente entrenados
para seguir rastros.
Esa
misma tarde, la policía emitió un parte dando a conocer los nombres de las dos
personas fallecidas durante la acción, Agustín W. Baigorri, de 25 años y Norma
E. Salluso, de 22, ambos de Villa Nueva, población aledaña a Villa María.
También informó que los heridos se hallaban fuera de peligro y que uno de los fugitivos
se apellidaba Ghaspini, a quien se creía oriundo de Inriville.
La
guerrilla asesina se había cobrado otras dos víctimas inocentes, jóvenes de la
zona, ajenos a la violencia y los vaivenes de la política, plenos de sueños,
proyectos y esperanzas, enlutando una vez más a familias argentinas y sumiendo
en el desconcierto a toda una sociedad.
El
27 de abril los diarios anunciaban que Cámpora acababa de regresar de España
con un documento de Perón en el que se desligaba completamente de Jorge Daniel
Paladino. Se autotitulaba “Para nuestra autocrítica” y debía ser empleado
cuando las circunstancias lo requiriesen:
“Cuando un solo
hombre quiere manejar personalmente todo, termina por ser una rueda loca que
gira sin engranar sino con muy pocas personas, y, en consecuencia, puede haber
de todo menos conducción”, decía el escrito.
Eso
era lo que, al decir del líder justicialista, ocurría con su ex delegado
personal, a quien acusaba de haber tomado parte por un bando en los
enfrentamientos que dividían a los peronistas.
“Paladino terminó por
quedar aislado e impotente de cumplir su misión; eliminó a los dirigentes que
no cumplían al pie de la letra sus órdenes, auyentando a los mejores elementos,
para retener tan sólo a los dóciles y obsecuentes; no toleró al autocrítica y
no comprendió que para conducir, existe una conducta privada y otra pública”.
 |
| Paladino en "Primera Plana" |
Perón
criticaba la presencia excesiva de secretarias y allegadas en el torno de su emisario,
algo que a su entender podía significar una muy mala imagen para el movimiento
al derivar en una vida licenciosa, en extremo perjudicial a la causa. Para más,
no supo cuidar el detalle y exageró el contacto con Lanusse y Mor Roig, llegándose
a tuteándose con Rojas Silveyra, manifestando, al mismo tiempo, demasiado
acercamiento con elementos de reconocida filiación antiperonista. El documento
alertaba sobre las desmedidas ambiciones de Paladino y lo acusaba de ocultar sus
entrevistas con los máximos representantes del gobierno y -lo más grave-,
utilizar a La Hora del Pueblo para gestionar por su cuenta en favor del líder
supremo del movimiento, intentando de negociar solo.
Sostenía
Perón en su misiva que el aludido no supo nunca coordinar acciones con los
diversos grupos del movimiento y finalizaba manifestando: “Personalmente lo reuní con el doctor Porto, del Encuentro de los
Argentinos; con el señor Gelbard, de la Confederación General Económica; con
varios muchachos de los grupos activistas, con el secretario general de la CGT,
aparte de hacerlo también con la señora Juana Larrauri. Pero el compañero
Paladino o no los atendía, o lo que es peor, terminó peleándose con ellos”.
La
mañana de ese mismo día (10:30) una camioneta Ford F-100 verde se detuvo frente
al destacamento policial de Villa Río Tala, apacible poblado rural distante a escasos
10 kilómetros al sur de San Pedro y de su interior descendieron siete
desconocidos fuertemente armados, cuatro de la caja posterior y tres de la
cabina, para dirigirse al destacamento policial.
Los
pobladores que pasaban en esos momentos por el lugar, los vieron desplegarse en
abanico y a quien parecía ser su jefe dirigirse directamente a la entrada, para
tocar el timbre.
En
esos momentos, se encontraba de guardia el encargado de la seccional, sargento
Mario Otelo González, quien salió a atender el llamado. El confiado suboficial
no terminó de abrir la puerta cuando el extraño que se encontraba en el umbral le
efectuó varios disparos, tomándolo completamente por sorpresa. Una de las balas
le ingresó por el cuello y le perforó la carótida, provocándole una terrible
hemorragia que dejó el lugar cubierto de sangre y las restantes ingresaron por
el torso, matándolo al instante.
Los seis extremistas que aguardaban afuera se lanzaron a la carrera, hallando al agente Casimiro Basualdo sentado frente a la máquina de escribir en la que redactaba un sumario. Los terroristas accionaron sus ametralladoras y prácticamente cercenaron su cuerpo en dos, dejándolo irreconocible. Inmediatamente después, se dedicaron a revisar el sitio, apoderándose de armas, municiones y documentación, para retirarse inmediatamente después con la misma premura con la que acababan de ingresar6.
 |
| Destacamento policial de Villa Río Tala (Fotografía: "La Razón") |
Los seis extremistas que aguardaban afuera se lanzaron a la carrera, hallando al agente Casimiro Basualdo sentado frente a la máquina de escribir en la que redactaba un sumario. Los terroristas accionaron sus ametralladoras y prácticamente cercenaron su cuerpo en dos, dejándolo irreconocible. Inmediatamente después, se dedicaron a revisar el sitio, apoderándose de armas, municiones y documentación, para retirarse inmediatamente después con la misma premura con la que acababan de ingresar6.
Uno
de ellos se encaminó al depósito de frutas y hortalizas contiguo a la unidad
policial y apuntándole a Inocencio Novo, su encargado, le indicó que
permaneciese en el lugar, sin moverse, lo mismo la docena de empleados que
tenía a su cargo. Mientras tanto, otro insurgente se dirigió hacia la cercana Escuela
Nº 12, sta en la esquina de Güemes y Juan Dámaso Camelino –a escasos 50 metros
de la subdelegación-, y le dijo a los alumnos (en esos momentos en pleno
recreo), que regresasen inmediatamente a las aulas.
En
ese preciso momento, dobló por Camelino una estanciera policial, conducida por
el cabo Benegas, quien llevaba a su lado al comisario de San Pedro, Fermín
Armesto y al sargento primero Novaro, que venía a hacerse cargo de la
delegación7.
Al
verlos avanzar, los subversivos abrieron fuego acribillando el vehículo desde
diferentes ángulos. Al sentir los impactos, Benegas frenó bruscamente, al
tiempo que el comisario Armesto les ordenaba arrojarse fuera, para ofrecer el
menor blanco posible.
Los
alumnos de la Escuela Nº 12 corrieron hacia las aulas y se arrojaron cuerpo a
tierra, debajo de los bancos en tanto el tiroteo se intensificaba y los
transeúntes huían en diferentes direcciones intentando ponerse a cubierto, lo
mismo los empleados del depósito de frutas y verduras en el interior del local.
El
comisario Armesto fue alcanzado por al menos tres disparos, uno en el abdomen,
otro en la pierna derecha y el restante en un brazo, quedando tendido sobre el
pavimento en grave estado.
Al
sargento primero Novaro una bala le voló la gorra y otra se le incrustó en la
chaquetilla, sin llegar a herirlo, mientras Benegas recibió sobre su rostro decenas
de astillas del parabrisas destrozado.
Pese
a las heridas, el comisario Armesto se arrastró hasta la Plaza Pueyrredón y una
vez allí, cubierto detrás de una tipa que se alzaba justo frente al
destacamento, apuntó con su arma y efectuó varios disparos, repeliendo el
ataque.
Los
guerrilleros concentraron el fuego sobre ese sector, impactando varios
proyectiles contra el frente del establecimiento educativo, uno de los cuales
hizo estallar el percheros de 5º grado, sin consecuencias para alumnos y
maestros.
La
subdelegación policial, donde yacían sin vida el sargento González y el agente
Basualdo, parecía alcanzada por las esquirlas de una bomba ya que muchos de los
orificios que perforaron sus paredes, presentaban entre cuatro y cinco
centímetros de diámetro.
En
pleno tiroteo, el comisario Armesto corrió hasta el edificio policial y una vez
dentro se sentó en una de las sillas, junto a los cadáveres y allí se
encontraba desangrándose, cuando el ataque finalizó.
 |
| Sargento Mario Otelo González (Fotografía: "La Razón") |
Los
terroristas corrieron hacia la camioneta y una vez a bordo, se alejaron en
dirección a Alsina, pequeña localidad al sudoeste de Baradero, donde según
algunas versiones, abordaron el tren Nº 402 que desde San Nicolás de los
Arroyos se dirigía a Retiro.
Al
ver ingresar a varios vecinos al destacamento, Armesto, en muy grave estado,
les pidió que lo trasladasen urgentemente al hospital de San Pedro de ahí que,
entre varios de ellos, lo introdujeron en un vehículo particular y lo
condujeron hasta la ciudad cabecera, más precisamente a la Clínica San Martín,
donde fue sometido a una intervención quirúrgica que duró varias horas.
Según
trascendió posteriormente, el ataque tenía por finalidad acabar con la vida del
comisario Armesto dada la intensa labor antiguerrillera que había desarrollado
en Bahía Blanca, cuando cumplía servicios en ese destino. De acuerdo a las
declaraciones de varios testigos, la camioneta y sus ocupantes, habían sido
vistos las noches anteriores merodeando por el lugar, lo mismo durante las
horas previas al atentado, oportunidad en que varios pobladores la vieron
rondar en torno a la Plaza Pueyrredón. Era la prueba de que los guerrilleros
habían realizado trabajos de inteligencia previa y que conocían perfectamente
el escenario.
Alertadas
las fuerzas policiales, se establecieron piquetes en las posibles rutas de
escape para dar con los extremistas y se requisaron los trenes que se
detuvieron en las estaciones Zárate, José León Suáres y San Martín, sin
resultados positivos.
El
domingo 29 de abril, poco antes de las 11:00, el grupo comando “Pablo Mestre”
del ERP atacó el puesto de guardia de la Subprefectura Nacional Marítima, situado
en la prolongación del camino que conduce a los grandes tanques de combustible que
tenían allí las grandes empresas petrolera8.
A
la hora indicada, dos automóviles ocupados por tres hombres y cuatro mujeres,
se aproximaron al puesto de vigilancia que tenía por misión controlar la
entrada y salida de automóviles al sector portuario, a metros del Riachuelo.
Una
de las muchachas descendió para hacer una pregunta y cuando el soldado de guardia
se dispuso a responderle, varios jóvenes le apuntaron con sus armas y lo
obligaron a ingresar a la caseta. El efectivo fue desarmado y retenido en tanto
otros atacantes procedían a colocar una bomba en el lugar.
Ni
bien terminaron, le indicaron que se alejase del lugar y ellos hicieron lo
mismo, subiéndose a los automóviles para partir velozmente por el mismo camino por
el que habían llegado. Minutos después, una poderosa explosión sacudió el
lugar, destrozando por completo el puesto de guardia.
La
descarga sobresaltó al vecindario y sobre todo al personal que se desempeñaba
en el puerto, en especial la tripulación del petrolero “Estrella Patagónica”,
que en esos momentos ingresaba en la dársena principal.
Creyendo
que la embarcación había sufrido una avería, los marinos se asomaron por la
borda para evaluar los daños pero al ver la columna de humo gris que se elevaba
de la caseta, comprendieron que algo raro había ocurrido.
Personal
de la PNA, cuyo cuartel se encontraba a unos mil metros del sitio, acudió
presurosamente para comprobar los daños y verificar si se habían producido
víctimas al tiempo que por radio se ordenaba cerrar todos los accesos y se
establecieron controles en diferentes puntos9.
Pese
a los esfuerzos del gobierno por contener la escalada de violencia, las
acciones se sucedían.
El 4 de mayo el ERP incendió dos camiones militares en Córdoba. El 10, los montoneros mantuvieron un enfrentamiento con la policía al intentar tomar una sucursal del correo en Buenos Aires, resultando heridos dos de sus cuadros.
 |
| Puesto de guardia en el acceso al sector portuario de Dock Sud, completamente destruido por un artefacto explosivo (Fotografía: "La Razón") |
El 4 de mayo el ERP incendió dos camiones militares en Córdoba. El 10, los montoneros mantuvieron un enfrentamiento con la policía al intentar tomar una sucursal del correo en Buenos Aires, resultando heridos dos de sus cuadros.
Cuatro
días después, otro comando del ERP trató de desarmar a un agente de policía en
Santa fue alcanzado pro un proyectil.
El
16, el comando “Felipe Vallese” de las FAP atacó un puesto policial en Bernal arrojando
una bomba contra su frente, tiroteándose con los efectivos de turno y pocas
horas después hizo lo propio contra otro en Wilde. Al día siguiente, el ERP copó
una establecimiento secundario en Lanús y repartió volantes entre el alumnado y
el 18, Montoneros atacó la guardia de la empresa Chrysler, en Monte Chingolo,
apoderándose de numerosas armas.
En
una acción relámpago, el comando “Luis Pujals” del ERP, se apoderó el 21 de mayo
de $50.000.000, haciéndose de armas y documentos de inteligencia que se
encontraban en un escondite allanado por la policía en Buenos Aires; el 26, la
organización izó una bandera en una escuela porteña y colocó un artefacto de
bajo poder explosivo (que no estalló) en las oficinas del decano de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UBA, lo mismo en la sucursal Lomas de Zamora del
Citibank.
La
acción más importante del mes tuvo lugar el sábado 27, cuando las FAR atacaron
el Grupo de Artillería Nº 1 de Ciudadela, apoderándose de numerosos fusiles
FAL. Ese mismo día, el ERP izó sus banderas en Villa Soldati y Bahía Blanca y
el 29, los montoneros se empeñaron en combate contra la policía en Adrogué, al
intentar una acción, pereciendo tres de sus combatientes.
El
5 de abril, los diarios dieron cuenta de un importante operativo
realizado en la localidad de San Martín, donde fue descubierto un nuevo
refugio subversivo.
Así lo anunció “La Prensa” ese mismo día, en su página 12, agregando: “Capturóse a uno de los inculpados, que tenía armas robadas durante el asalto a un camión del ejército”.
Todo
comenzó el 2 de mayo de ese año, cuando Daniel Tolchinsky, argentino de
20 años y Sergio Paz Berlín, joven de la misma nacionalidad, un año
menor, se presentaron en el domicilio de Sebastián Mazzeo, sobre la
calle Necochea al 1900, para alquilar el local contiguo, situado al 1942
de la mencionada arteria, donde pensaban abrir un negocio de reparación
de electrodomésticos. Los acompañaba el padre del primero, Ricardo
Tolchinsky, quien, de acuerdo a lo convenido, estaba allí para salirles
de garante.
Firmada
la documentación, los locadores pagaron el adelanto de los $25.000
mensuales de alquiler y se hicieron de las llaves, cerrando el trato con
un fuerte apretón de manos.
Exactamente
dos meses después, el 3 de julio de 1972, se produjo una explosión
dentro del negocio, que llamó la atención de todo el vecindario. Varias
personas corrieron hasta el lugar, entre ellas Mazzeo y una vez en la
puerta, encontraron a los dos jóvenes visiblemente nerviosos, aunque en
perfecto estado
Al
ser indagados, explicaron que había estallado un calentador en el cual
estaban hirviendo agua para servirse unos mates y que estaba todo bien.
Pasadas
dos semanas, el 20 de julio, se presentó en lo de Mazzeo el padre de
Tolchinsky para informar que su hijo y Berlín deseaban rescindir el
contrato, pues no iban a continuar con la actividad.
 |
| Sergio Paz Berlín (Imágen: "La Razón") |
A
las 23:00 horas de ese mismo día (11 p.m.), fuerzas policiales se
aproximaron al lugar y después de ingresar por la finca lindera,
tumbaron el alambrado que las separaba para pasar a la parte posterior
del local y violentar la puerta del fondo.
Como
era de esperar, el inmueble se encontraba vacío, de ahí la rigurosa
inspección metro a metro que los efectivos llevaron a cabo. La misma,
arrojó como resultado el hallazgo de un verdadero depósito de explosivos
en el que abundaban detonadores, relojes, planchas de metal para
fabricar carcasas, dispositivos
eléctricos, rollos de alambre de cobre para hacer conexiones, un
tocadiscos destinado a pasar proclamas y detonar cargas, un aparato para
escuchar conversaciones telefónicas y otros elementos.
En tanto parte del personal inspeccionaba esos objetos, el resto continuaba registrando el lugar, moviéndose con mucha cautela.
Fue
así como dieron con un sector del piso, al otro lado del tabique que
dividía el ambiente, donde destacaba un cuadrado de 1 x 1 metro, que
acababa de ser cubierto por baldosas nuevas.
Removidas
las mismas, los agentes encontraron una tapa de cemento que al ser
abierta, dejó a la vista una suerte de sótano de aproximadamente dos
metros de profundidad, en cuyo fondo se destacaba una carpa de lona.
La
policía interrogó al propietario del local y éste les dio una
dirección: Obligado 1750, Capital Federal, donde al parecer, vivía la
familia Tolchinsky.
 |
| Daniel Tolchinsky (Foto: "La Prensa") |
Hacia
allí partió presurosamente una brigada de la Policía Federal, que halló
a los padres y hermanos de Daniel, pero no a éste, razón por la cual,
el domicilio fue examinado hasta el último rincón, sin hallar nada que
comprometiese a sus moradores.
Al
ser indagados sobre su hijo, sus progenitores se manifestaron
sorprendidos de sus posibles vínculos con la subversión y dijeron
desconocer cualquier tipo de afiliación.
Afuera,
en la calle, policías de civil se apostaron en diferentes sectores para
atrapar al muchacho ni bien apareciese por el lugar y en esas estaban
cuando a la mañana siguiente vieron llegar a un joven con un portafolio
quien, al ser abordado, mostró un documento de identidad a nombre de
Hugo Oscar Victoria.Los
agentes le ordenaron abrir el maletín y al hacerlo, descubrieron que en
su interior, había dos pistolas calibre 45 y cinco cargadores
completos.
Victoria
fue esposado y conducido a la seccional, donde después de un examen
dactilar, se pudo comprobar que se trataba de Sergio Paz Berlín, hijo de
León Berlín, presidente de la poderosa empresa Odol y que las armas que
portaba habían sido sustraídas durante al asalto al camión militar en
el que murió acribillado el teniente Azúa. También se le secuestró una
lista de vehículos entre los cuales, se encontraba una pick-up Ford
recientemente secuestrada por la policía en otro punto del Gran Buenos
Aires y otros documentos que sirvieron para determinar que el aludido
pertenecía a la organización Montoneros.
Berlín
confesó esa filiación, que el documento a nombre de Victoria era falso y
que las armas se las había entregado una persona conocida por el apodo
de “Juan”.
De
manera inmediata, fue allanado su domicilio, ubicado en Darragueira
2980 Piso 5º, Dto. “A”, de la Capital Federal, sin hallarse pruebas que
pudieran comprometerlo con alguna actividad ilícita.
Finalizados
los operativos, el comisario Roberto Ostrowsky, titular de la comisaría
1ª de San Martín, abrió su despacho a la prensa para hacer
declaraciones. Interrogado al respecto a la participación de Berlín en
el ataque al camión del Ejército en Pilar, negó tener esa información,
pero explicó que, al parecer, el joven detenido no había alcanzado aún
la etapa de combatiente sino la de activista callejero y correo, razón
por la cual puso en duda su presencia en el referido combate. Como para
reforzar esa suposición, agregó que el imputado había sido arrestado el
12 de mayo, en el marco de los incidentes estudiantiles que tuvieron
lugar en La Plata, junto a otros tres manifestantes y que cuatro días
después, recuperó la libertad.
El 1 de junio se llevó a cabo en el cementerio de la Recoleta el acto conmemorativo por el segundo aniversario del asesinato del general Aramburu, oportunidad en la que el almirante (RE) Isaac Francisco Rojas pronunció una dura alocución que alcanzó, incluso al propio gobierno, al que acusó sin miramientos, de haber demorado la investigación.
Partidarios
de la Revolución Libertadora, unas doscientas personas aproximadamente, vivaron
cada una de sus palabras, entonaron estribillos y arrojaron volantes.
El 1 de junio se llevó a cabo en el cementerio de la Recoleta el acto conmemorativo por el segundo aniversario del asesinato del general Aramburu, oportunidad en la que el almirante (RE) Isaac Francisco Rojas pronunció una dura alocución que alcanzó, incluso al propio gobierno, al que acusó sin miramientos, de haber demorado la investigación.
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| El almirante Rojas habla en La Recoleta durante el acto por el 2º aniversario del asesinato de Aramburu Al finalizar, sus partidarios atacaran a la prensa (Imagen: "La Prensa") |
Muchos
de los representantes de prensa cayeron al piso, donde siguieron siendo aporreados
y los más debieron huir a la carrera para no sufrir las consecuencias.
-¡¡Antes
de la Revolución Libertadora no tenían libertad de expresión, y ahora que la
tienen tergiversan todo para acomodarse con los que vendrán!! – les gritaban
Se les recriminaba, con métodos violentos, el doble juego al
que acostumbran incurrir los periodistas de nuestro país, a sus constantes
cambios de posición y sobre todo, su falta de seriedad y escaso profesionalismo.
En la primera semana de julio, Lanusse se encontraba de gira
por el interior. El 14 llegó a Corrientes, acompañado por una nutrida comitiva
encabezada por el ministro del Interior, Arturo Mor Roig. Lo recibió el
gobernador, Adolfo Navajas Artaza junto a varios de sus ministros, con quienes
dialogó sobre temas relacionados con la problemática local. También concedió
audiencias a representantes de los dos partidos mayoritarios de la provincia,
el Autonomista Nacional y el Liberal, a la dirigencia de la Asociación de
Producción, Industria y Comercio y a los máximos exponentes de las fuerzas
vivas, con quienes intercambió ideas y escuchó reclamos.
Al mediodía visitó la hilandería Tipoiti, situada sobre la
av. Armenia y aprovechando el asado criollo que se le sirvió en la ocasión, pronunció
lo que la prensa calificó como un enérgico discurso en el que dejó bien en
claro que las Fuerzas Armadas no tolerarían una vuelta al pasado.
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| Simpatizantes de la Revolución Libertadora atacan a la prensa al finalizar el acto por la muerte de Aramburu en la Recoleta (Imagen: "La Prensa") |
Tres días antes, hubo agitación en el sur cuando en la provincia de Río Negro se produjo un estallido social que tuvo en vilo al gobierno a causa de ciertas medidas y decisiones adoptadas por su titular, el general Roberto Vicente Requeijo, ex interventor designado por Onganía, quien había decidido presentar su candidatura en las elecciones de mayo.
Requeijo había creado un nuevo juzgado en la ciudad de
Cipolletti -donde en 1969 se produjo el alzamiento por el cual fue designado
interventor-, medida que fue mal interpretada en la ciudad de General Roca,
motivando la violenta reacción de sus pobladores.
Su viaje a Buenos Aires, para manifestarle a Mor Roig que de
momento no pensaba renunciar, generó los desmanes y acarreó al decisión de la
Junta de Comandantes, de declarar a la localidad “zona de emergencia”,
instaurando medidas extremas para quienes alterasen el orden, además de la
constitución de un Consejo de Guerra que tendría a su cargo impartir justicia.
Las mismas contemplaban multas, arrestos, detención por tiempo indeterminado y
la pena de muerte,
Las disposiciones comenzaron a regir desde las 3 a.m. del 11
de julio, a poco de que el comandante del V Cuerpo de Ejército, general Manuel
Ceretti, designara en Bahía Blanca al teniente coronel Guillermo A. Whith, a
cargo de las fuerzas militares de la región, quien respondería directamente a
la Junta Militar.
Dada la ola de ataques y destrucción que tuvo lugar en
General Roca, el gobernador Requeijo se apresuró a aclarar que sus instigadores
eran un grupo reducido que respondía a agrupaciones subversivas que desde la
emisora clandestina Roca Libre, incitaban constantemente a la violencia.
Ese mismo día, grupos de manifestantes atacaron las
dependencias de la Dirección General de Rentas (DGR), destruyeron toda la
documentación e iniciaron un incendio que redujo a escombros el edificio (algo
similar había ocurrido la semana anterior). También fueron atacadas las
dependencias de Gas del Estado y el cuartel de la Policía Provincial donde los agentes
de guardia repelieron la agresión a tiros.
El clima de tensión obligó al cierre de comercios, escuelas,
entidades bancarias y establecimientos públicos, más cuando la turba intentó llegar
hasta la sucursal del Banco de la Provincia de Río Negro, por entender que el
mismo iba a ser utilizado para financiar la campaña del gobernador.
En vista de la gravedad de los hechos, el comandante de la VI Brigada de Infantería, general Alberto Numa Laplane, viajó expresamente a la ciudad para reunirse con la comisión municipal que estaba a cargo interinamente del gobierno, la cual le solicitó que se dirigiese a la población por radio, a través de LU18, la estación regional que en esos manos se hallaba en poder de los militares.
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| Incidentes en General Roca durante el denominado "Rocazo" |
En vista de la gravedad de los hechos, el comandante de la VI Brigada de Infantería, general Alberto Numa Laplane, viajó expresamente a la ciudad para reunirse con la comisión municipal que estaba a cargo interinamente del gobierno, la cual le solicitó que se dirigiese a la población por radio, a través de LU18, la estación regional que en esos manos se hallaba en poder de los militares.
De nada valieron los llamados a la calma y el retorno a la
normalidad que efectuaron el titular del PE y el comando de la zona de emergencia,
el clima tenso continuó y se agravó con el retiro masivo de fondos del Banco
provincial.
Como para agravar aún más la situación, el presidente del
Colegio de Médicos, Dr. Horacio Muñoz, salió al cruce para acusar a Requeijo de
organizar grupos de rompehuelgas y fomentar la detención y tortura de los
manifestantes en manos de la policía.
En contraposición, se organizó en Choele Choel una junta
provincial de apoyo al gobernador entre cuyos integrantes se encontraba el Dr.
Pedro Moguillonsky de Cipolletti, puntal de la política regional, además de
dirigentes justicialistas que apoyaban la candidatura del mandatario
provincial. Su comisión decidió el envío de telegramas al presidente Lanusse,
al ministro Mor Roig y al general Ceretti, solicitando una audiencia para
abordar esos asuntos, aclarar que los revoltosos eran un grupo minoritario y
que Requeijo era la única opción para una salida pacífica.
Una vez restablecida la paz, el comando de la zona de
emergencia emitió una serie de bandos, informando a la población sobre el
establecimiento de las penas arriba mencionadas, las normas a seguir y la
sujeción a la autoridad militar de la población, funcionarios y empleados
públicos provinciales y municipales.
1º- Se pone en conocimiento de la población de la zona de
emergencia que las actividades públicas y privadas se desarrollarán
normalmente, debiendo concurrir cada uno a sus actividades habituales.
2º- Se mantendrán normalmente los horarios de actividades de
oficinas y establecimientos públicos, sean éstos nacionales, provinciales y
municipales. Los bancos, asimismo, continuarán con sus actividades y horarios
normales.
3º- La vigencia de la zona de emergencia comprende la
facultad del comandante de dictar bandos, que tienen fuerza de ley, así como de
aplicar por sí y sin recurso alguno la sanción de arresto, conforme al bando
que se efectivizará, de acuerdo con reglamentaciones.
4º- Las penas que impongan los Consejos de Guerra serán de
muerte, reclusión, prisión y multa.
5º- La población, funcionarios y empleados públicos
provinciales y municipales, dentro de la zona de emergencia, quedan sujetos a
la autoridad del comandante de la misma.
6º- Se exhorta a la población de General Roca a prestar el
más estricto cumplimiento a los bandos y órdenes impartidas por las autoridades
militares y fuerzas de seguridad, a fin de evitar la aplicación de sanciones y
sometimiento a los tribunales militares.
7º- El presente comunicado será difundido por los medios
orales y escritos existentes en la zona.
Dos días después, tuvo lugar la reunión de la Junta de
Comandantes, seguida por otra con los altos mandos (generales, coroneles,
almirantes, contraalmirantes, vicealmirantes y brigadieres), en las que se
decidió la aplicar la ley de inhibición que impediría competir en las
elecciones, a todas aquellas personas que no tuviesen residencia fija en el
país. La medida contemplaba también a las autoridades en ejercicio salvo que
renunciasen antes del 25 de agosto, tal como lo haría el brigadier Ezequiel
Martínez para encabezar la Alianza Popular Revolucionaria.
La novedad fue anunciada
en rueda de prensa por el vocero Eduardo Sajón a quien los periodistas tuvieron
la ocasión de formularle preguntas.
El 26 de julio de 1972, los montoneros llevaron a cabo uno de los actos más ruines y cobardes de la guerra sucia.
En horas de la mañana, seis desconocidos llegaron a la Plaza Bartolomé
Mitre de San Isidro, frente a la Catedral y una vez fuera de sus automóviles,
colocaron media docena de bultos en diferentes puntos de la misma, para
retirarse presurosamente, luego de dejar un tosco busto de Eva Perón, junto a la leyenda “Si Evita Viviera
Sería Montonera. Peligro explosivo” y otro con la inscripción "Peligro. Plaza minada",
ambos sobre el sector en pendiente que da hacia el ramal clausurado del
Ferrocarril Mitre (hoy Tren de la Costa), donde se encuentran los
canteros y las palmeras.
Según
versiones periodísticas, en horas de la madrugada, el sereno de la
plaza advirtió la presencia de los extraños cuando cavaban unos pozos y
efectuaban una suerte de tendido, tareas que les demandó cerca de una
hora.
Temeroso
de lo que pudiera suceder, el empleado, hombre de avanzada edad, esperó
que los extraños se retirasen y dio aviso aviso a
la seccional 1ª, ubicada sobre la calle Alsina, a unas seis cuadras del
lugar, en dirección a la distante Rutra Panamericana, desde donde se
envió una comisión para efectuar una inspección y acordonar el lugar, al
tiempo que se establecía comunicación con cercano el cuartel de
Bomberos Voluntarios, sito en Av. Santa Fe, en la vecina localidad de
Acassuso, requiriendo la presencia de la sección Explosivos, a efectos de desactivar las posibles bombas, si de eso se trataba.
El
primero en llegar fue un patrullero (05:10 a.m.), del cual descendieron
dos agentes que de manera inmediata, iniciaron una minuciosa inspección
del lugar. Los efectivos bajaron las escalinatas que daban hacia las
vías y continuaron recorriendo el paseo lentamente, rebuscando en cada
rincón. Amanecía ya cuando dieron con un envase de lata y los letreros, arriba mencionados.
Poco después llegaron los bomberos, seguidos por más vehículos policiales. El Cabo Carlos Adrián Ayala, nominado como el mejor bombero en
los años 1970 y 1971, era parte de la dotación, lo mismo Ricardo Niro, Alfredo
Gattinoni y los agentes Bernardo Cazzola, Cecilio Rojas y Silvino Portillo.
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| Alfredo Gattinoni varios años después |
Ayala y Niro comenzaron a trabajar en el primero de ellos,
intentando desactivar el dispositivo de ignición cuando repentinamente, los mecanismos
estallaron.
El cabo Ayala voló hacia atrás con el rostro desfigurado, luego
de perder sus brazos, sufrir traumatismo de cráneo y fractura de mandíbula,
quedando tendido inconsciente sobre un cantero de la plaza. Niro salió despedido varios metros hacia Av. Libertador, en tanto Cazzola, Gatinati, Rojas y Portillo, cayeron sobre las baldosas, perdieron parcialmente la audición, piernas, dedos, y
en el caso de Niro, un ojo. La pierna izquierda del primero aparecería tirada en un cantero, a 15 metros del lugar.
Varias ambulancias se hicieron presentes para
socorrer a los heridos. Alfredo Gattinoni fue
uno de los que ayudó a cargarlos, asistiendo a enfermeros, paramédicos y
policías.
“Nunca lo voy a olvidar -rememora Gattinoni cuatro décadas después-,
fue el 26 de julio de 1972 y todavía me vuelve a la cabeza como un fantasma.
Era el aniversario de Eva Duarte y habían minado la plaza. Teníamos que cercar
el lugar para que no se acerquen los civiles. Carlitos Ayala era bombero y
sabía bastante de explosivos, Ricardo Niro integraba la administración. En el
momento en que se acercaron al lugar una bomba explotó. Carlitos murió en el
acto y Ricardo quedó sordo y ciego”10.
En realidad, Ayala murió a los dos días, luego de atroces
padecimiento y Niro perdió la visión de un solo ojo, además de la audición11.
Ante
los desesperados llamados de colaboración efectuados por radio y
televisión, decenas de personas acudieron al hospital regional para
donar sangre, en tanto personal policial de diferentes jurisdicciones,
acudía en apoyo para continuar la búsqueda de artefactos explosivos e
iniciar las pesquisas. A las 9 a.m.. un funcionario de la Municipalidad
que se encontraba en el lugar advirtió que en la parte superior del
monumento a Mitre, entre ambos pies, había un extraño artefacto metálico
del cual emergía un cable, lo que obligó a los bomberos a despejar
nuevamente el área, para proceder a su retiro.
Trascendió
poco después, que los montoneros habían dejado un comunicado en el
lugar, una nota sin membrete en la cual se atribuían el atentado:
Esa era la forma en que combatían los “jóvenes idealistas”, a
los que Raúl Alfonsín llamó en tono paternal, varios años después “…descarriados
muchachos salidos del viejo tronco radical”12.
Unidades básicas revolucionarias procedieron hoy a colocar bombas
en los domicilios de personajes e instituciones de la oligarquía, del partido
militar y de los monopolios rindiendo homenaje, de esa manera, a Eva Perón.
Montoneros
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| Desde la izq. cabo Carlos Adrián Ayala y agentes Silvino Portillo y Bernardo Cazzola horriblemente mutilados en el atentado de la Plaza de San Isidro |
Al brutal atentado de San Isidro, le sucedieron otros hechos de
sangre que elevaron la atención a niveles desconocidos hasta entonces.
La
madrugada del 26 de julio de 1972, Buenos Aires fue virtualmente bombardeada
por Montoneros y otras organizaciones terroristas, quienes hicieron detonar numerosos
artefactos de alto poder, en diferentes puntos de su geografía.
Entre
las 2 y las 3 a.m. de aquel miércoles de invierno, el domicilio del
controvertido periodista Jacobo Timmerman, director del diario “La Opinión” (Heredia
1575), se vio sacudido por una fuerte explosión que provocó severos daños en su
frente. Artefactos similares, estallaron en la sucursal del Banco de Londres,
ubicada en Uruguay 1100; en la del Banco de Shaw, sita en Quintana 1300; en la
del Boston (Av. Callao y Vicente López) y el Supervielle (Callao 1991), ocasionando
en todos los casos, averías de consideración. Otros dos dispositivos detonaron
en Vicente López al 1200 y Moreno y Tacuarí, en plena vía pública, sin
ocasionar víctimas.
La
firma automotriz Perkins Argentina (Bolívar 372) y la concesionaria FIAT
situada en Jorge Newbery 1578 también sufrieron ataques, lo mismo el
domicilio
de Alberto Gainza Paz, director de “La Prensa” (Villanueva 1234), el
Banco
Argentino de Comercio (Montevideo y Guido) y la firma Bullrich & Cía
(Av.
Libertador 716). Una semana antes, el 19 de julio, sufrió un hecho
similar la financiera Bullrich S.A. Inversiones, propiedad de la misma
familia, cuyas oficinas atendían en av. Diagonal Norte 540.
Horas
antes, en la tarde del martes 22, estalló otro dispositivo en las oficinas de
United Press, ubicadas en Belgrano 271, del barrio de Monserrat.
Alertado
sobre la presencia de un extraño paquete, entre el segundo y tercer piso del
edificio, el Primer Cuerpo de Vigilancia envió hacia el lugar un patrullero
cuyo personal, pudo determinar que se trataba de un aparato explosivo, un
cilindro envuelto en papel madera, conectado a una caja de plástico a través de
dos cables.
De
manera inmediata, se procedió a desalojar el lugar (unos 300 empleados
pertenecientes a la agencia noticiosa, las bodegas La Rural, una inmobiliaria y
una compañía comercial) y a establecer un perímetro de seguridad, cortando el
tránsito y el paso de transeúntes. Una hora después arribó un camión jaula de
la Brigada de Explosivos de la Policía Federal llevando al equipo encargado de
desactivar el aparato pero cuando el personal se disponía a llevar a cabo su
cometido, aquel explotó, ocasionando severos daños al edificio, aun cuando los
bomberos lo habían cubierto con una malla protectora para minimizar sus
efectos.
Otras
doce cargas no llegaron a estallar, una de ellas colocada en dependencias que
la Gendarmería Nacional tenía en Av. Gaona 1460, otra en el edificio de
departamentos ubicado en Zapiola 2222, dos más en farmacias sindicales, una de
ellas correspondiente al Ejército, la Dirección de Electrotécnica Naval (Cabello
esquina Ugarteche) y en otros lugares, muchas de ellas desactivadas por las
brigadas antiexplosivos de la Policía Federal y Bomberos.
En
Morón y otras localidades del Gran Buenos Aires también se registraron
atentados. En Corrientes, dos subversivos incendiaron la sede del Jockey Club
local, provocando pérdidas por $30.000 Ley 18.138.
Los individuos se presentaron en horas de la madrugada esgrimiendo armas de fuego y después de reducir al encargado, Raúl Muñoz, al mayordomo Moisés Miño y al empleado Urbano Ríos, los encerraron en el salón de ajedrez y procedieron a rociar los accesos con varios galones de nafta, prendiéndole fuego y dándose luego a la fuga, no sin antes pintar leyendas alusivas en las paredes.
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| Oficinas de la financiera Bullrich destruidas en Diagonal Norte 540 (Imagen: "La Razón") |
Los individuos se presentaron en horas de la madrugada esgrimiendo armas de fuego y después de reducir al encargado, Raúl Muñoz, al mayordomo Moisés Miño y al empleado Urbano Ríos, los encerraron en el salón de ajedrez y procedieron a rociar los accesos con varios galones de nafta, prendiéndole fuego y dándose luego a la fuga, no sin antes pintar leyendas alusivas en las paredes.
Algo
similar ocurrió en el distinguido Club Rosarino de Pelota, situado en San Luis
402 de esa ciudad, cuando cerca de las 13:00, ingresaron seis desconocidos (uno
de ellos mujer) llevando sus rostros semicubiertos por las solapas de sus sacos.
Los
recién llegados apuntaron a los presentes con sendas pistolas ametralladoras y
los obligaron dirigirse a los fondos, donde se hallaba ubicada la cancha de
pelota.
Se
encontraban presentes, en esos momentos, el presidente de la institución, Dr.
Ciro Sugasti, el escribano Tomás Molinari, y otros dos socios, uno de ellos
Luis Ángel Carreras, además de Aníbal Peirolo, hijo del administrador; Omar
Julio Basso (28) y su esposa Doris (26), quienes tenían la concesión del buffet.
-Va
a haber una explosión –dijo el jefe del grupo- pero a nadie le ocurrirá nada si
obedecen. Esto es contra la institución.
De
camino hacia la cancha de paleta, al pasar por el sector de la pileta, uno de
los subversivos escribió en la pared: “No hay perdón ni olvido. Evita” y la
característica “V” de “Vuelve”, con la “P” de Perón encima, amén de la consabida
inscripción “Montoneros”.
Mientras
no de los subversivos tomaba posición en la vereda, otro colocó en dos puntos
diferentes, carteles con la inscripción: “Peligro: zona dinamitada”.
Una
vez en la cancha de pelota, los asaltantes ordenaron a los prisioneros
arrojarse al suelo y después de maniatarlos y esposarlos, regresaron al frente,
llevando consigo a Peirolo, para que una vez producida la explosión, alertase a
la policía.
Como
el aludido tenía su vivienda en la institución, pidió a sus captores que le permitieran
alejar del lugar a su hijo de tres años y a una sobrina algo mayor y les rogó
que no pusiesen la bomba cerca de las habitaciones, cosa que aquellos
aceptaron.
Mientras
tenía lugar esa conversación, el Dr. Sagasti se desprendió de sus ligaduras y
se escondió en un ambiente contiguo, esperando el momento oportuno para poder
escapar y alertar a las autoridades.
Eso
ocurrió mientras los insurgentes colocaban la bomba en la entrada del edificio.
De esa manera, el presidente de la institución logró escapar por una salida
lateral y ya en la calle, se topó con un muchacho al que le rogó que fuera
hasta la comisaría para advertir lo que sucedía. Para su sorpresa, se trataba
del subversivo que oficiaba de centinela, razón por la cual, amenazado con un
arma corta, fue obligado a regresar.
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| Estado en el que quedó el aristocrático Club Rosarino de Pelota tras el ataque (Imagen: "La Razón") |
Al
percatarse de lo sucedido, los insurgentes le propinaron varios golpes y después
de maniatarlo junto al resto de los rehenes, se retiraron, no sin antes pintar
leyendas partidarias
A
las 13:07 se produjo el violento estallido que conmocionó a la zona céntrica de
la ciudad, una carga de dinamita de 70 kg que destruyó parte del edificio,
demoliendo los techos de la administración y el sector social, la ochava y
varias paredes, además del tanque de agua y las correspondientes cañerías, todo
ello sin que se registraran víctimas. El hecho recordó el atentado dinamitero
contra el Jockey Club de la misma ciudad, acaecido el 26 de julio del año
anterior, perpetrado por la misma organización.
Para
cubrir su retirada, los subversivos arrojaron dos bombas molotov, una contra el
automóvil del escribano Molinari y otra contra el frente y desaparecieron en
dos vehículos que los esperaban fuera.
Poco
después, explotó un coche-bomba en el pasaje Araya, entre las calles Entre Ríos,
San Luis, Mitre y Rioja, cerca de las cocheras del Hotel “Presidente” (Av.
Corrientes 919), un Fiat 1600 rojo, patente W014.515 en cuyo interior, los
agentes del orden encontraron munición de ametralladora chamuscada. Un llamado
anónimo efectuado al diario “La Razón” a las 16:55, alertó sobre un comunicado
que los autores de ambos hechos habían dejado en un banco de la Iglesia Santa
Rosa (Mendoza al 1300), adjudicándose los ataques.
Otras
cinco bombas estallaron en la ciudad de Tucumán, la primera a las 02:25 a.m. en
las oficinas de la razón social Nougués Hnos., ubicadas en 24 de septiembre al
800; otra en la sede del ingenio Santa Bárbara, a solo dos cuadras de la
anterior y la tercera en una vivienda que había pertenecido a la familia Paz
Posse, antiguos propietarios del ingenio San Juan.
Explosivos
dejados en las oficinas de la Unión Cañeros Independientes, la estatal CONASA,
la Sociedad Rural y la casa del dirigente de Nueva Fuerza José de Gregorio, no
llegaron a detonar, pero sí lo hicieron el que colocaron en la firma CAPUANO
S.A. (Catamarca 4444), volando sus amplias vidrieras frontales donde se
exhibían los camiones y vehículos a la venta y en el domicilio del comisario
inspector Hugo Roberto Vidal, ex jefe de la policía local, en esos momentos
jefe regional en el interior de la provincia.
La
noche del 23 de julio, estallaron tres poderosos artefactos en una finca
situada en Monroe 5726, pleno barrio de Villa Urquiza, provocando llamaradas de
varios metros de altura.
Las
detonaciones llamaron la atención del vecindario que, alarmado salió a la calle
para ver que ocurría. En la vereda donde su alzaba el inmueble, se toparon con
miembros de la conocida familia Olivera, quienes intentaron a todo trance,
mantener a la gente alejada.
Los
vecinos permanecieron en el lugar y de ese modo, pudieron observar extraños
movimientos en los fondos de la vivienda y a tres desconocidos salir de entre
la humareda, con sus rostros ennegrecidos y sus ropas chamuscadas, para abordar
un automóvil Citroen y alejarse del lugar.
Alertada
la policía, se hicieron presentes varios patrulleros de la cercana seccional, para
efectuar la inspección correspondiente. Durante la misma, fueron hallados seis artefactos
sin estallar, hecho que motivo las detenciones que se sucedieron a
continuación, para determinar si el grupo en cuestión tenía alguna conexión con
células extremistas.
Resultaron
ser elementos de la Juventud Peronista que desde hacía un tiempo, venían perpetrando
una serie de acciones, por lo cual, quedaron demorados Rafael Francisco Vallone
(25), Ricardo Olivera (22) y Francisco Alejandro Flores (19), los tres jóvenes
heridos (en esos momentos internados en el Hospital Durand), Beatriz Alicia
Belascuer (20), novia del primero y su madre, Elena Vera de Belascuer (38).
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| Efectivos policiales inspeccionan un auto tras las explosiones acaecidas en la finca de Monroe 5726 en el barrio de Villa Urquiza(Imagen: "La Razón") |
La seguidilla de atentados continuó el jueves 27 cuando se recibió una denuncia sobre la presencia de un extraño artefacto en la residencia del ministro de Economía, Dr. Carlos Moyano Llerena (Echeverría 3422), el cual no llegó a estallar. No ocurrió lo mismo en el restaurant El Lagar, de Ayacucho 1679, donde una bomba detonó en momentos en que la brigada antiexplosivos intentaba desactivarla. Hubo un tercer dispositivo en las oficinas de la ITT (International Telegraph and Telephone Inc.), ubicadas en San Martín 299, que causó daños menores, lo mismo el que estalló en la casa de cambios Velox, sobre la vereda de enfrente y las cinco bombas incendiarias colocadas en el predio ferial de la Sociedad Rural Argentina (Oro y Juncal), donde se exhibían ejemplares de las razas Shorthon, Heresford y Charolais.
La
intención de quienes perpetraron este último hecho era hacerlas estallar cuando
hubiera mayor afluencia de público, a efectos de generar el mayor pánico
posible, tal como sucedió.
Las
llamas afectaron un restaurant y nuevas descargas obligaron a evacuar el área,
sin que se registraran víctimas.
A
las 21:00, ocupantes de un automóvil balearon Radio Antártida en la localidad
de Ciudadela, siendo repelidos por personal de vigilancia; en Bahía Blanca, un
grupo extremista (dos hombres y una mujer) abordó un ómnibus que se dirigía a
Puerto Galván, para hacer una arenga revolucionaria y en Munro, un grupo
guerrillero integrado por cinco hombres y una mujer (uno de ellos luciendo
prendas femeninas), tiroteo a dos efectivos policiales (09:40) cuando circulaban
en un móvil del Comando Radioeléctrico de la Regional San Martín, matando al
cabo primero Ramón González e hiriendo de gravedad al agente Omar Enrique
Ibáñez. Los terroristas, quienes horas después se identificaron como
pertenecientes al Comando Descamisados Lizaso, se desplazaban en un Citroen patente
B-410.733 y un Dodge 1500, a bordo de los cuales, huyeron hacia Tigre.
El
cabo González, de 38 años de edad, era casado y padre de dos niños, el mayor de
13 años y el menor de 11, otro hogar argentino quedaba librado a su suerte por
las balas terrorista.
El
18 de agosto por la noche (22:30), el Dr. Carlos Enrique Malbrán, juez de la
Cámara Federal en lo Penal de la Nación, detuvo su Ford Fairlane blanco,
patente C-402823 frente a su domicilio, sito en Rondeau 474 de la localidad de
Beccar, partido de San Isidro, y se dispuso a ingresar en su vivienda.
En
el preciso momento en que cerraba con llave la puerta del vehículo, apareció
por Acassuso, una pareja joven que comenzó a caminar hacia él, sin despertar
ninguna sospecha.
Al
ver qul letrado se dirigía a la entrada, los extraños apuraron el paso y cuando
se encontraban a cinco metros de distancia, extrajeron dos pistolas 45 y abrieron
fuego. El Dr. Malbrán, cayó herido en ambas piernas, en tanto el hombre y la
mujer se daban a la fuga por Juan José Díaz, en dirección a un automóvil que
los esperaba con el motor encendido.
Advertidos
por los disparos, el agente de guardia salió corriendo a la calle, seguido por
los familiares del juez y para su sorpresa, allí lo encontraron tirado sobre un
charco de sangre aunque consciente, señalando el lugar por donde se habían
retirado los agresores.
El agente de consigna, salió en persecución de los atacantes pero al llegar a la esquina, los mismos habían desaparecido razón por la cual, sin perder tiempo, ordenó a los vecinos que se habían acercado que lo cargaran en el auto de un de ellos13 y lo condujeron hasta el cercano Sanatorio San Lucas, en pleno centro de San Isidro, donde se le practicaron las primeras curaciones.
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| Domicilio del Dr. Carlos Enrique Malbrán, Rondeau 424 Beccar, frente al cual fue atacado a balazos por dos desconocidos (Fotografía: "La Razón") |
El agente de consigna, salió en persecución de los atacantes pero al llegar a la esquina, los mismos habían desaparecido razón por la cual, sin perder tiempo, ordenó a los vecinos que se habían acercado que lo cargaran en el auto de un de ellos13 y lo condujeron hasta el cercano Sanatorio San Lucas, en pleno centro de San Isidro, donde se le practicaron las primeras curaciones.
El
parte médico estableció que el Dr. Malbrán había recibido dos impactos en las
piernas que le atravesaron los muslos, sin tocar ningún hueso14.
Mientras
el letrado se reponía, tomó intervención la comisaría Nº 5 de Beccar, labrando
el correspondiente sumario e iniciando las investigaciones del caso. Las
declaraciones del juez y los peritajes efectuados a posteriori, permitieron
establecer que el ataque había sido perpetrado por elementos de escasa experiencia,
dada la impericia y falta de efectividad de los disparos.
Ese
mismo día, en horas de la madrugada, elementos no identificados intentaron
tomar por asalto la Compañía de Intendencia 181 de Bahía Blanca, ubicada en
Saavedra 10, Villa Floresta, trepando varios de ellos por el portón lateral de
la unidad.
Percatado
de tales movimientos, el centinela de turno impartió la voz de alto y al no
obtener respuesta, abrió fuego con su carabina, hiriendo a uno de los
desconocidos, un joven de 24 años, que quedó tendido en la vereda después de
correr un par de metros.
Al
comprobar que se había perdido el factor sorpresa, los merodeadores se dieron a
la fuga, dejando un arma en la huida15.
Alertados
por los vecinos, se hicieron presentes varios patrulleros y una ambulancia en
la que el desconocido fue trasladado a una unidad sanitaria cercana y luego al
Hospital Penna.
Poco
después, fuerzas militares y policiales detuvieron a diecinueve personas, en
distintos sectores de la zona noroeste de la ciudad, ello en el marco de lo que
establecía la Ley 19.081, algunas sospechadas de actividad subversiva y otras
por no llevar la documentación encima. Las primeras fueron puestas a disposición
de la Cámara Federal Penal de la Nación y las restantes quedaron retenidas en
averiguación de antecedentes, la mayoría en la comisaría Nº 2 de esa
jurisdicción. Durante las requisas efectuadas en las humildes viviendas del
referido sector, fueron hallados explosivos y cócteles molotov
Imágenes
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| Rastrillajes en la Zona Norte (Imagen: "La Razón") |
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| Cantera allanada en la localidad de Beccar (Fotografía: "La Razón") |
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| Lucas Abel Sosa el campesino que les dio refugio a Copo y Negrín en el monte tucumano (Fotografía: "La Razón") |
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| Isabel Martín de Sosa junto a algunos de sus hijos, junto a su rancho en la selva (Fotografía: "La Razón") |
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| Escuela Nº 12 de Villa Río Tala. Recibió numerosos impactos de bala durante el enfrentamiento del 27 de abril de 1972 (Fotografía: "La Razón") |
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| La Estanciera policial en la que viajaban el comisario Fermín Armesto, el cabo Benegas y el sargento primero Novaro, al momento de ser atacados (Fotografía: "La Razón") |
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| Agente Casimiro Basualdo muerto en acción en Villa Río Tala. Su cuerpo quedó prácticamente cercenado (Fotografía: "La Razón") |
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| Deudos del agente Basualdo. En el centro, su madre, con un pañuelo en la cabeza. Le entregaron a su hijo por partes (Fotografía: "La Razón") |
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| La esposa, hijas y una hermana del sargento Mario Otelo González esperan información (Fotografía: "La Razón") |
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| Este vecino señala los impactos de bala en la Escuela Nº 12 de Villa Río Tala. Un alumno observa (Fotografía: "La Razón") |
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| Peones y operarios del depósito de hortalizas contiguo al destacamento policial de Villa Río Tala relatan los echos a las autoridades policiales (Fotografía: "La Razón") |
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| Ford Fairlane patente C-402823, propiedad del Dr. Malbrán (Fotografía: "La Razón") |
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| Explosivos y equipo hallado durante
el allanamiento al refugio subversivo
encontrado en Necochea 1942 de la
localidad de San Martín (P.B.A.)
(Fotografía: "La Razón")
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| El hijo del Dr. Malbrán se dirige a hacer la denuncia acompañado por su abogado (Fotografía: "La Razón") |
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| Personal policial inspecciona la Plaza de San Isidro (Fotografía: "La Razón") |
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| En el monumento a Mitre apareció otro artefacto (Fotografía: "La Razón") |
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| El personal herido ha sido evacuado hacia el Hospital de San Isidro (Fotografía: "La Razón") |
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| Club Rosarino de Pelota tras el atentado (Imagen: "La Razón") |
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| Otro aspecto de los daños. Techos y paredes desmoronados (Imagen: "La Razón") |
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| Camión de la Brigada Antiexplosivos de la Policía Federal en el edificio de United Press (Imagen: "La Razón") |
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| Misteriosas explosiones en Monroe 5726, VIlla Urquiza (Imagen: "La Razón") |
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| Residencia del ministro de Economía, Dr. Carlos Moyano Llerena en el barrio de Belgrano (Imagen: "La Razón") |
Notas
1 “Estrella Roja” Nº
12, abril de 1972, p. 8.
2 Ídem, p. 2.
3 Los acusados estaban
implicados en el asalto a un camión de caudales en Yocsina, del que fueron sustraídos $120.000.000, así como en numerosos atentados explosivos en Córdoba,
Rosario y Santa Fe. Durante un allanamiento realizado en un departamento de
Caballito, ubicado en Yerbal 87 4º “E”, la policía debió romper la puerta para
ingresar pues el mismo se hallaba vacío. Fueron encontradas cargas explosivas,
panes de trotyl y una máquina de escribir con la que se habían redactado
diversos comunicados.
4 Frondizi y su hijo
recuperaron la libertad al siguiente mediodía.
5 Los imputados
pertenecían a Montoneros.
6 Antes de hacerlo,
pintaron consignas del ERP.
7 Novaro llegaba para
reemplazar al sargento González, quien se había desempeñado al frente de la
repartición los últimos veinte años.
8 Calle Coronel Suárez
en su intersección con las vías del Ferrocarril Roca.
9 El ERP ubica este
hecho el 1 de mayo.
10 Alfredo
Gattinoni “Con una
gorra y una chaquetilla prestada salí a enfrentar mi primer incendio”, Bomberos
Voluntarios de la República Argentina.
http://bomberosdeargentina.org.ar/noticias.phpp_idnoticia=263&seccion=Revista%20de%20%20Bomberos&ed=1
11 Hoy una
placa recuerda el hecho. El busto de Evita fue retirado en 1976.
12 Jorge Joaquín Negre,
op. Cit., http://jorgenegre.com.ar/web/index.php/2016/02/04/asesinato-del-teniente-general-juan-carlos-sanchez/
13 Según otras fuentes,
lo condujeron en su propio auto.
14 Otras versiones dan
cuenta de que sólo una bala provocó el daño.
15 Al parecer, era el
arma que el herido había arrojado en su intento de huida.
Fuentes
-Ramón Genaro Diaz Bessone, Guerra revolucionaria en la
Argentina (1959-1978), Círculo Militar, Bs. As., 1988.
-Diarios “La Nación”, “La Prensa”, “Clarín” y “La
Razón”, abril de 1972, revista “Estrella Roja”, Nº 12 (Abril de 1972), Nº 13 (Junio
de 1972), 14 (Octubre de 1972).
