Significado de la palabra:
"OTROSÍ" Nro. 36 – junio del 2002
"Nada se perdona",
"Esta insoportable justicia",
"Quienes son o no son terroristas" y
"La vergüenza de ser juez".
A la buena de Lita de Lázari
– mujer meritoria si las hay, de ésas que hacen el bien modesto y
concreto, con preocupación cierta de las necesidades contantes y
sonantes de sus semejantes, sin ningún declamacionismo ni vedetismo más o
menos rentable- le costó caro una afirmación obvia y evidente: que la cifra de 30.000 desaparecidos es harto exagerada y falsa.
Con esa declaración - por lo demás una verdad conocida por la
sociedad y reconocida por los propios jueces, muchos de ellos
comprometidos con los pseudos defensores de los pseudos derechos humanos
- la señora de Lázari rompió el discurso único que la izquierda y la paraizquierda viene articulando desde su vuelta. Fue como gritar "¡el rey está desnudo!"
en medio de una larguísima, inextinguible ceremonia - que ya lleva casi
20 años - en la que a nadie le convenía que nadie denunciara la
impostura.
Todos más o menos estaban conformes con la farsa
¿quién podía demostrar lo contrario, quien podía contar los caídos en
una guerra que, por su naturaleza, tuvo que ser disputada con métodos
clandestinos? La maniobra estaba al alcance de los militantes
(sobrevivientes y advenedizos), echar a rodar una cantidad arbitraria
puesto que nadie estaría en condiciones de rectificarla pero tampoco de
ratificarla. Pues bien, esta modesta luchadora por los consumidores,
esta combatiente de la gente que vive y que nunca mató ni secuestró,
con unas pocas palabras derribó el montaje de un escenario que se
sostenía, justamente, en el principio de que nadie hablara y de que
todos entraran en la complicidad de aceptar esa cifra mágica. Que no se
discutiera ni siquiera se pusiera en duda los datos dogmáticos de la
CONADEP.-
La respuesta ante semejante indiscreción no se hizo esperar; un
grupo de vindicantes muchachos "scracharon" a la disonante y a su
organización
dedicada a defender a los consumidores: escándalo, insultos, gritería y
pintada, todo el ritual propio de estos casos para que ella y todos
aprendieran que las imposiciones de los posarmados no se discuten sino
que se acatan y si no es con convicción por lo menos con pasividad.-
El episodio demuestra varias cosas.
Además de la instrumentada tosquedad de estos jóvenes siempre
dispuestos a actuar a la primera orden recibida de las Madres y de las
Abuelas, quedó acreditado que para ellos, por encima de los méritos de
las personas está su militancia por la que exclusivamente se las juzga,
es decir que se las valora más por la afinidad que por las obras.
Entonces ¿por quienes se interesan en realidad estos fieros militantes de los derechos humanos,
por los beneficiarios de una ONG no comprometida ideológicamente (y que
se ocupa por los que en verdad necesitan que se los proteja y ayude) o
por los asesinos que no volvieron? Las contradicciones a que pueden
llevar estas distorsiones, estos falsos y hasta divertidos
redentorismos, empiezan a salir a la superficie. Y así estamos sabiendo quien es quien y qué bienes persigue cada uno.-
Casi simultáneamente con la reiteración de la prisión de los ex
comandantes en jefe, la Cámara de Apelaciones dispuso la libertad de
nueve de los terroristas condenados por el asalto al regimiento de la
Tablada. Es tanta la insensibilidad de estos jueces (¿) y tanta la debilidad para resistir a las presiones extrajudiciales
que cada tanto se ponen en juego que ni siquiera se preocuparon por
establecer un ritmo en sus malandanzas, por administrar el tiempo para
sus trapisondas de manera que las injusticias que toman a su cargo pasen
un poco desapercibidas a la sociedad.
Pero no lo hicieron así; no ya elegancia - que es mucho pedir para ciertos individuos - ni siquiera pudor, ni siquiera picardía para conservar la imagen. ¿Indiferencia, resignación, impavidez, descaro? ¿O simple torpeza? Como
alguno propuso no habrá más remedio que declarar a todo el poder
judicial en comisión como uno de los primeros pasos para retener esta
república que se nos agoniza entre las manos.-
Es imposible de entender
- no llegamos a entrever qué propósito ni qué inspiración la movieron -
cómo y porqué la Unión Europea decidió suprimir a las FARC colombianas
de la lista de organizaciones terroristas del mundo. Es demasiado
chocante, demasiado cómplice, demasiado opuesta a la evidencia más
palpable y dolorosa la decisión como para explicarla. Puede ser que se
trate no más de una maniobra de alta (o de baja) diplomacia que se daría
en el marco del enfrentamiento entre el viejo continente y Estados
Unidos; diferencias que son profundas y vienen de lejos y que pareciera
que se agudizan con ocasión del problema del terrorismo que se vuelca
sobre el mundo, en especial a partir del ya mítico 11 de septiembre.
Lo que fuere y cualquiera sean los intereses y especulaciones puestos en movimiento, debería
quedar por completo fuera de discusión y de duda que los terroristas
colombianos lo son y en grado mayúsculo e irreversible. Son asesinos
desde hace 38 años y se cobran casi 40.000 víctimas por año entre
muertes y secuestros; desarrollan una violencia inaudita sin parangón
aun en este tipo de guerras con una crueldad racionalizada que habla de
una patología sistemática, perversa y planificada.-
¿O será, tal vez, que una izquierda residual – todavía algo
coherente y profundamente lasciva, comprometida en todos los negocios y
negociados - se mueve en los intestinos de la socialdemocracia europea
y, aliada con el liberalismo capitalista, insiste en apoyar a los que
permanecieron del otro lado del Atlántico con las armas en las manos?
Por su parte la sociedad colombiana dio su clara respuesta
al otorgarle al disidente Alvaro Uribe un triunfo contundente en la
primera ronda de las elecciones para presidente del 26 de mayo. La
importancia de esta victoria reside en que Uribe levantó la bandera del
exterminio de la guerrilla que asuela a su país. El pueblo rechazó de
esta manera el proyecto de su antecesor, el actual presidente Pastrana,
consistente en negociar con el terrorismo de igual a igual. Los
resultados no pudieron ser peores. Se perdieron más de tres años en
conversaciones inútiles y dilatorias que no detuvieron la violencia, que
continuó más o menos solapada, sin que nadie se hiciera cargo de ella.
Tiempo que, por supuesto, las FARC utilizaron para rearmarse y para
incorporar nuevos soldados corridos más por el hambre que por la
convicción. Con este pronunciamiento –que nadie podrá ignorar en
adelante- Colombia dijo que el único camino a la paz es la guerra
represiva hasta terminar con ese enemigo implacable que, asociado más
que aliado al comercio de drogas, la colocó al borde de su partición o
de su disolución.-
El terrorismo es un fenómeno ubicuo y multiforme que usa mil disfraces y recurre a mil excusas. Esto le permite apoyarse en uno o en otro operador político o cultural alternativamente y recibir tratamientos opuestos,
beneficiándose en ocasiones con la comprensión de quienes lo
combatirían en otras circunstancias (como el gobierno español); o con la
complacencia de quienes se autoengañan deseando ver en sus bárbaros
militantes a héroes idealistas y desinteresados (como el gobierno
francés de Miterand); o de quienes desean utilizarlos en provecho propio
(Cuba y China) o de quienes se manejan por afinidades inocultables
(como las diversas organizaciones universitarias o de derechos humanos
que pululan por Occidente).-
En un número anterior nos dedicamos a despanzurrar un fallo del entonces inminente camarista (hoy ya lo es) Daniel Cavallo
en el que declaraba la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y
23.521, dictadas por Carlos Menem que encerraban, sin duda alguna,
amnistías que ponían fin a los de otro modo interminables juicios contra
los miembros de las Fuerzas Armadas a propósito de supuestos delitos
cometidos durante la guerra antisubversiva. Fue un esfuerzo más político que jurídico (lo que por cierto no les quita mérito ni legalidad, antes al contrario) para llevar paz al interior de la sociedad argentina.
Esfuerzo tanto más necesario cuanto que los sucesores de los
terroristas de los 60 y 70 se habían reorganizado en torno al culto de
sus muertos y a la mala memoria de los vivos. Y contando, además, con un poder judicial cómplice o temblequeante que
les dio vía libre para practicar sus más obscenas experiencias
procesales como los "juicios de la verdad" o el afán por encontrar la
prueba de un plan sistemático de robo de hijos de desaparecidos.-
Ahora
es el juez federal Claudio Bonadío quien dictó, con una ramplonería
científica que alarma e indigna, la inconstitucionalidad y la nulidad de
ambas leyes según fallo de octubre del 2001. La sentencia es extensa como resulta necesario para sostener y explicar lo insostenible e inexplicable.
Recordemos dos circunstancias no menores que sirven de adecuado contexto al pronunciamiento. La primera es el fenomenal desprestigio
que rodea a la magistratura nacional pero, en especial, a la del fuero
federal que, por lo demás, no se recata de recibir instrucciones del
poder político (lo que ha dado lugar a presentaciones en su contra); y en segundo término
es que el juez Bonadío en cuestión se halla implicado en un doble
homicidio todavía no aclarado y que la prensa se ha cuidado de hacer
olvidar.-
La fragilidad de los fundamentos de la sentencia mereció la crítica
de la mejor doctrina nacional. En pocas palabras la cuestión planteada
se refiere a delitos diversos achacados a varios oficiales de la Armada
sin probanza definitiva. Dicho entre paréntesis pronunciarse sobre
normas cuya aplicación es dubitativa con respecto a hechos no
acreditados equivale a resolver en abstracto, es decir a tratar temas no planteados o sea a casos no concretos lo
que hace que la actividad jurisdiccional aquí empeñada se convierta en
mera preocupación académica o, lo que sería mucho peor, ideológica. Y hay también prejuzgamiento lo que inhabilitaría a Bonadío para seguir entendiendo en el caso.-
La
base de la decisión de éste es que los delitos imputados son
imprescriptibles porque serían de los considerados de lesa humanidad.
Si dejamos de lado que, a pesar del estado actual de la legislación
internacional, no se coincide entre los tratadistas qué es un delito de
lesa humanida, hay que detenerse en que construcciones como las
indicadas hacen retroceder al derecho penal varios siglos, por lo menos
más allá de la Carta Magna inglesa de 1215 que establece el principio
esencial e irrenunciable de que no hay crimen ni pena sin ley anterior
que lo disponga (el célebre "nulla poena sine lege"), recogido con la mayor explicitud por el art. 18 de nuestra constitución.
Por eso el juez debió dirigir su esfuerzo central a disminuir la importancia y aun la vigencia de la citada norma
para lo cual le acuerda preeminencia a los tratados internacionales
sobre derechos civiles de las personas, tal la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, incorporada a nuestra
legislación en 1995 y con jerarquía constitucional en 1997.-
¿Una norma así es aplicable a presuntos delitos que se habrían cometido varios años antes? El magistrado contundentemente entiende que sí. Para lo cual tuvo a bien olvidar una prestigiosa tradición doctrinaria y jurisprudencial pero, además, textos expresos que bloquean sus pretensiones como la Declaración
Universal de Derechos Humanos (art.11), Convención Americana de
Derechos Humanos (art. 9) y el Pacto Internacional de Derechos Políticos
(art.15) entre otros
¿No es demasiado? ¿Desaprensión o grave ignorancia del derecho? Tanto la Cámara Federal que había intervenido en otro caso similar como el juez se remiten a unos abstractos e inubicables "principios reconocidos por la comunidad internacional"
que, por supuesto, aun aceptando su existencia, ceden ante textos
nacionales e internacionales tan claros, prestigiosos, indispensables y
obligatorios como los citados. –
No le va mejor al bueno de Bonadío (sin juego de palabras) cuando
debe también burlar otra exigencia fundamental del derecho penal, que
la norma invocada ha de ser "cierta, escrita y estricta" porque si
no lo hace no puede aplicar los principios en que fundamenta su decisión
(una decisión, como se ve, ya adoptada desde el principio mismo de su
intervención ¡Vaya garantía de juez!)
Pero él, de cualquier manera se
apresura a sacar las dos conclusiones que le interesan: a) los delitos
son imprescriptibles y b) no necesitan de una ley anterior.
Groseramente se puede decir que es un viva la pepa. Con semejantes criterios todo y nada vale, el derecho se distorsiona hasta hacerse papilla en las manos de estos jueces muy presionados o muy ideologizados, que devienen en virtuales legisladores (al hacerle decir a la ley lo que no dice y silenciar los principios que no conviene a sus fines) y que destrozan las garantías de los particulares según el bando en el que hayan militado durante la Guerra Subversiva.-
FOTOCOPIE Y DISTRIBUYA
Dr. Víctor Eduardo Ordóñez
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