EL SECUESTRO DEL CADÁVER DE ARAMBURU
 |
| Sepulcro de Aramburu profanado (Imagen: "Gente y la Actualidad") |
El
8 de octubre de 1974, mientras se desarrollaba en Salta el Séptimo
Congreso Eucarístico Nacional, se conmemoró un nuevo aniversario del
nacimiento de Perón, el 79º para ser exactos, oportunidad en la que se
llevó a cabo una misa vespertina en la capilla Nuestra Señora de Lujan
de la Quinta Presidencial de Olivos, celebrada por el capellán Antonio
Héctor Ponzo. A ella asistieron además de la viuda del mandatario,
ministros, funcionarios, legisladores y representantes gremiales.
Perón había fallecido menos apenas tres meses atrás y su recuerdo estaba más fresco que nunca en la sociedad argentina.
A las 19 horas miles de personas se concentraron en la intersección de las avenidas General Paz y Cabildo, para marchar desde allí hasta la residencia presidencial. Portaban en sus manos antorchas y llevaban pancartas con inscripciones así como cartelones con el rostro del ex presidente.
A las 19 horas miles de personas se concentraron en la intersección de las avenidas General Paz y Cabildo, para marchar desde allí hasta la residencia presidencial. Portaban en sus manos antorchas y llevaban pancartas con inscripciones así como cartelones con el rostro del ex presidente.
A las 20:30 las 4000 personas que se habían dado cita cruzaron el puente de la General Paz y comenzó a avanzar por Av. Maipú1, en dirección norte. Otras 2000 se irían sumaron a lo largo del trayecto mientras entonaban estribillos, lanzaban consignas y cantaban la Marcha Peronista. La policía facilitó su desplazamiento desviando el tránsito hacia las calles laterales, medida más que acertada dado que la columna abarcaba ambas manos cubriendo parte de las veredas.
Encabezando la procesión destacaban legisladores nacionales y provinciales, autoridades y dirigentes, entre ellos Alejandro Álvarez y Esther Fadul de Sobrino.
Cuando la muchedumbre se encontraba a tres cuadras de su destino, llegó en un coche Juan Esquer, jefe de la custodia de Perón, para informar que por orden de la presidente se franquearían las puertas de la residencia para que el pueblo pudiese desfilar frente a los restos del líder. Como la consigna era organizar grupos reducidos, se les encomendó la tarea a los diputados quienes de inmediato pusieron manos a la obra valiéndose de megáfonos.
Los primeros de ellos ingresaron a las 22 (10 p.m.). Lo hicieron en silencio, en el más completo orden, sin generar problemas ni inconvenientes de ningún tipo. La gente atravesó los amplios jardines, ingresó en la capilla y frente a la mandataria y los funcionarios, bajo una estricta custodia, pasó delante del cajón, muda, respetuosa, incluso conmovida.
Pero la violencia no cejaba.
La noche del día siguiente, fue asesinado en el Sindicato de Empleados de Comercio de Avellaneda Horacio Oscar Ávalos, empleado de la filial de 27 años, casado con dos hijos de 2 años y 11 meses de edad.
Los hechos tuvieron lugar al terminar una asamblea, cuando los presentes subieron hasta el 2º piso del edificio ubicado en Av. Mitre 292, para continuar allí las deliberaciones. Varios de ellos se encontraban en un balcón cuando de repente sonó un estampido y la víctima se desplomó con un ojo perforado. El disparo provino de un edificio situado en los fondos y pertenecía a un arma corta, calibre 22.
Los agresores, integrantes de una facción disidente, treparon a los techos a través de un hotel cercano y tomaron ubicación para disparar desde allí. El sindicato se disponía a celebrar elecciones en las cuales debían dirimir la Lista Azul encabezada por su titular, Fermín Lorenzo, hombre que respondía a David Diskin y la Verde de Juan Gay2.
 |
| El abatido Ávalos y el lugar donde se produjeron los hechos (Imagen: "La Razón") |
La
mañana del 10 de octubre fue asesinado en Santa Fe el joven teniente
Juan Carlos Gambandé, oficial del Liceo Militar “General Belgrano” sito
en el barrio Las Flores, kilómetro 474 de la Ruta Nacional Nº 113.
Gambandé salió de su domicilio a las 6 a.m. (Av. Gobernador Freyre al 3300), ingresó en el garaje “Apolo” que funcionaba en Obispo Gelabert 3363 y se subió a su Fiat 600 patente S-173567 para dirigirse a la unidad militar donde prestaba servicios.
El oficial se desplazó lentamente dentro del estacionamiento y en momentos en que se disponía a descender la vereda llegaron caminando dos sujetos, según algunas versiones, uno de cada lado, según otras los dos del lado derecho y le efectuaron varios disparos que le dieron de lleno en la cabeza, el cuello y el torso.
Gambandé cayó sobre el volante, un tanto recostado contra la puerta del auto y ahí quedó sin conciencia al tiempo que los atacantes abordaban un Ford Falcon taxi patente C-120627 que apareció conducido por un tercer hombre y escapaban en dirección a la calle San Lorenzo, por donde desaparecieron contramano rumbo al oeste.
Un repartidor de leche que pasaba por el lugar sacó al militar del vehículo y lo condujo al cercano Hospital Italiano, distante a escasas dos cuadras, donde falleció minutos después de haber ingresado (06:35).
Pasadas dos horas, apareció el taxímetro en la esquina de Pedro Ferré y 4 de Enero. El mismo le había sido sustraído a Alberto Manasera, argentino de de 53 años cuando se encontraba frente a la terminal de ómnibus (05:45). En la oportunidad, dos hombres y una mujer abordaron el rodado y lo obligaron a conducirlos hasta Pasaje Rodríguez al 400, donde lo hicieron descender.
Los terroristas continuaron viaje, efectuando más adelante una segunda parada para cambiar las chapas patente; siguiendo el plan trazado oportunamente, la mujer se bajó dejando su lugar a un tercer sujeto, uno de los dos que disparó posteriormente contra el teniente.
Conocida la noticia, se hicieron presentes en el nosocomio los coroneles Saverio Salvati, director del Liceo Militar y Carlos A. Oruezabala, jefe del Comando 121 de Artillería, quienes fueron impuestos del deceso por uno de los facultativos.
Efectuados los trámites de rigor, se dispuso el traslado del cuerpo al mencionado instituto y de allí a Rosario, de donde era oriundo, para ser velados en el Comando del II Cuerpo de Ejército, por entonces a cargo del general de división Luis Carlos Gómez Centurión.
Gambandé había nacido el 6 de diciembre de 1949, egresó del Colegio Militar de la Nación el 30 de diciembre de 1970 y su primer destino fue la División Finanzas del II Cuerpo. El 4 de octubre de 1973 se casó con Juana Elsa Morelli y menos de tres meses después fue ascendido a teniente, pasando al liceo santafesino donde cumplía funciones al momento de ser asesinado.
Esa misma tarde, el ERP emitió un nuevo comunicado adjudicándose el hecho.
Gambandé salió de su domicilio a las 6 a.m. (Av. Gobernador Freyre al 3300), ingresó en el garaje “Apolo” que funcionaba en Obispo Gelabert 3363 y se subió a su Fiat 600 patente S-173567 para dirigirse a la unidad militar donde prestaba servicios.
El oficial se desplazó lentamente dentro del estacionamiento y en momentos en que se disponía a descender la vereda llegaron caminando dos sujetos, según algunas versiones, uno de cada lado, según otras los dos del lado derecho y le efectuaron varios disparos que le dieron de lleno en la cabeza, el cuello y el torso.
Gambandé cayó sobre el volante, un tanto recostado contra la puerta del auto y ahí quedó sin conciencia al tiempo que los atacantes abordaban un Ford Falcon taxi patente C-120627 que apareció conducido por un tercer hombre y escapaban en dirección a la calle San Lorenzo, por donde desaparecieron contramano rumbo al oeste.
Un repartidor de leche que pasaba por el lugar sacó al militar del vehículo y lo condujo al cercano Hospital Italiano, distante a escasas dos cuadras, donde falleció minutos después de haber ingresado (06:35).
Pasadas dos horas, apareció el taxímetro en la esquina de Pedro Ferré y 4 de Enero. El mismo le había sido sustraído a Alberto Manasera, argentino de de 53 años cuando se encontraba frente a la terminal de ómnibus (05:45). En la oportunidad, dos hombres y una mujer abordaron el rodado y lo obligaron a conducirlos hasta Pasaje Rodríguez al 400, donde lo hicieron descender.
Los terroristas continuaron viaje, efectuando más adelante una segunda parada para cambiar las chapas patente; siguiendo el plan trazado oportunamente, la mujer se bajó dejando su lugar a un tercer sujeto, uno de los dos que disparó posteriormente contra el teniente.
Conocida la noticia, se hicieron presentes en el nosocomio los coroneles Saverio Salvati, director del Liceo Militar y Carlos A. Oruezabala, jefe del Comando 121 de Artillería, quienes fueron impuestos del deceso por uno de los facultativos.
Efectuados los trámites de rigor, se dispuso el traslado del cuerpo al mencionado instituto y de allí a Rosario, de donde era oriundo, para ser velados en el Comando del II Cuerpo de Ejército, por entonces a cargo del general de división Luis Carlos Gómez Centurión.
Gambandé había nacido el 6 de diciembre de 1949, egresó del Colegio Militar de la Nación el 30 de diciembre de 1970 y su primer destino fue la División Finanzas del II Cuerpo. El 4 de octubre de 1973 se casó con Juana Elsa Morelli y menos de tres meses después fue ascendido a teniente, pasando al liceo santafesino donde cumplía funciones al momento de ser asesinado.
Esa misma tarde, el ERP emitió un nuevo comunicado adjudicándose el hecho.
PARTE DE GUERRA
SANTA FE
10 de octubre de 1974
AL PUEBLO
En el día de la fecha,
siendo las 6.30 horas, el Comando LUIS BILLIGER” perteneciente al EJERCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO, procedió a ajusticiar al Teniente Primero Juan
Carlos Gambande, una vez concluido el operativo los combatientes se retiraron
ordenadamente a sus bases operativas.
Ante la criminal actitud de
las FF.AA. opresoras en los hechos de Catamarca donde la oficialidad del
Ejército contrarrevolucionario ejecutó y ordenó ejecutar en el terreno entre 14
y 16 guerrilleros que no ofrecían resistencia. Actitud que no extraña en las
FF.AA. que se manifestó bajo Irigoyen [sic] en la Semana trágica y en la
matanza de la Patagonia, bajo Aramburu en los fusilamientos de José León Suárez,
bajo Lanusse en el crimen de Trelew.
El Comité Central del
PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES, dirección político militar del
EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO tomó una grave determinación. Ante los
asesinatos indiscriminados de nuestros compañeros, nuestra organización ha
decidido emplear la represalia contra el Ejército opresor.
Mientras el Ejército
contrarrevolucionario no tome guerrilleros prisioneros, el ERP no tomará
oficiales prisioneros y a cada asesinato responderá con una ejecución de
oficiales indiscriminada.
Es la única forma de
obligar a una oficialidad cebada en el asesinato y la tortura a respetar las
leyes de la guerra.
¡GLORIA A LUIS BILLINGER Y
A TODOS
LOS QUERIDOS COMPAÑEROS
CAIDOS EN CATAMARCA!
¡NINGUNA TREGUA AL EJERCITO
OPRESOR!
ERP
COMANDO
LUIS BILLINGER
EJERCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO4
Voces
de repudio se escucharon en Campo de Mayo, al día siguiente, durante el
acto conmemorativo por el cincuentenario de la Escuela de Infantería y
sus pares de Artillería y Comunicaciones5,
lo mismo el sábado 12, cuando María Estela Martínez de Perón visitó
Santiago del Estero en gira por el norte.
El día anterior, el Ejército hizo nuevos nombramientos, designando jefes
de unidades, directores de institutos y fábricas militares
 |
| Teniente Juan Carlos Gambandé (Imagen: "La Razón") |
El
13 de octubre dos desconocidos asesinaron a Gonzalo Fernández Palmeyro,
guerrillero español de 26 años, hermano de Víctor José, el subversivo
implicado en los crímenes de Oberdan Sallustro y Hermes Quijada, así
como en los frustrados intentos de secuestro del teniente general Julio
Alsogaray, el ministro de Defensa Rafael Cáceres Monié y su hijo José
Antonio.
Según relataron los vecinos, alrededor de la 1:30 a.m. escucharon a Fernández Palmeyro gritar e inmediatamente después varios disparos, seguidos por pasos apresurados que abandonaban la habitación.
Cuando las autoridades se hicieron presentes en el edificio (Scalabrini Ortiz 1765), hallaron al occiso en medio de un charco de sangre pero ninguna señal de sus agresores6.
Gonzalo Fernández Palmeyro pertenecía a la misma organización guerrillera que su hermano. Dado su parecido físico, el 11 de febrero de 1972 logró engañar a las autoridades carcelarias ingresando a la cárcel de Devoto como el abogado Alberto Cerviño Milo. Una vez dentro cambió sus ropas por las de aquel y eso posibilitó su fuga.
Sobre los autores del crimen, no costó mucho determinar que fue la Triple A aunque la organización nunca se expidió al respecto.
Mientras tanto, los atentados se sucedían uno tras otro.
El 16 de octubre fue volada la sede del Partido Justicialista de Parque Patricios (Gral. Urquiza 2193). Casi a la misma hora estallaron sendos artefactos en diferentes sucursales bancarias, las principales, la del Banco Ítalo-Belga de Av. Cabildo 887, la del Banco Tornquist en Av. Federico Lacroze y Luis María Campos y la del Bank of Tokyo en Rivadavia 8731.
En Moreno y Santiago del Estero explotó una bomba lanzapanfletos y otra de alto poder fue desactivada por la Brigada de Explosivos en Hipólito Yrigoyen 699.
Otros artefactos detonaron en una concesionaria de automóviles ubicada en Rivadavia y Escalada, en un edificio de Av. La Plata al 1200 y en Ángel Giménez 44, todos en la Capital Federal.
Por su parte, la policía retiró insignias del ERP aparecidas en Yerbal y Rojas y procedió a efectuar detenciones en distintos puntos de la ciudad, las primeras frente al comité de la JP que funcionaba en Obligado y Húsares y en México y Perú donde interceptó a cuatro desconocidos armados.
En Rosario cinco manifestantes, entre ellos tres mujeres jóvenes, arrojaron bombas incendiarias contra las agencias de “La Nación” y “La Capital” (Sarmiento al 700); hubo incidentes en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad local y se evitó el incendio de un depósito de Sancor en Av. Pellegrini y Avellaneda.
También se produjeron atentados en Salta, Bariloche y Tucumán, donde estallaron explosivos que destruyeron parte del Senado y el Archivo General de la Provincia en la primera, la vivienda del asesor gremial Ariel Assuad (Sindicato de Obreros Gastronómicos) en la segunda y el domicilio de la familia Coll Berón, en la tercera (Bolívar al 300), esta última destinada al dirigente juvenil justicialista Ernesto Andina Lizarraga, que vivía al lado. Hacía poco en su domicilio, Agustín Tosco, Raimundo Ongaro y otros dirigentes habían ofrecido una rueda de prensa.
La mañana del sábado 19 (08:50), Carlos Gil, empleado de la concesionaria Citroën ubicada en Montes de Oca 1280 (barrio de Barracas), notó que junto a la puerta del local había un bulto envuelto en una bolsa de plástico.
Gil se encaminó a la cercana comisaría 26ª para denunciar el hecho y desde ahí se radió un comunicado a la Brigada de Explosivos, que de inmediato envió un móvil para inspeccionar el objeto.
Mientras el oficial ayudante Juan Carlos Botti y el sargento Juan Carlos Petit procedían a desenvolverlo, personal de la mencionada seccional interrumpió el tránsito vehicular al tiempo que alejaba a los peatones, indicándoles tomar caminos alternativos.
Para entonces, el oficial Botti le había quitado la cubierta plástica al envoltorio, comprobando que en su interior había una caja metálica con un sistema de relojería incorporado. Tomando las precauciones de rigor, se dispusieron a desactivar el artefacto cuando este explotó con violencia, lanzando a ambos a varios metros de distancia.
Botti murió en el acto, no así su compañero que espantosamente mutilado fue trasladado al Hospital Churruca, donde murió ni bien ingresó.
Según relataron los vecinos, alrededor de la 1:30 a.m. escucharon a Fernández Palmeyro gritar e inmediatamente después varios disparos, seguidos por pasos apresurados que abandonaban la habitación.
Cuando las autoridades se hicieron presentes en el edificio (Scalabrini Ortiz 1765), hallaron al occiso en medio de un charco de sangre pero ninguna señal de sus agresores6.
Gonzalo Fernández Palmeyro pertenecía a la misma organización guerrillera que su hermano. Dado su parecido físico, el 11 de febrero de 1972 logró engañar a las autoridades carcelarias ingresando a la cárcel de Devoto como el abogado Alberto Cerviño Milo. Una vez dentro cambió sus ropas por las de aquel y eso posibilitó su fuga.
Sobre los autores del crimen, no costó mucho determinar que fue la Triple A aunque la organización nunca se expidió al respecto.
Mientras tanto, los atentados se sucedían uno tras otro.
El 16 de octubre fue volada la sede del Partido Justicialista de Parque Patricios (Gral. Urquiza 2193). Casi a la misma hora estallaron sendos artefactos en diferentes sucursales bancarias, las principales, la del Banco Ítalo-Belga de Av. Cabildo 887, la del Banco Tornquist en Av. Federico Lacroze y Luis María Campos y la del Bank of Tokyo en Rivadavia 8731.
En Moreno y Santiago del Estero explotó una bomba lanzapanfletos y otra de alto poder fue desactivada por la Brigada de Explosivos en Hipólito Yrigoyen 699.
Otros artefactos detonaron en una concesionaria de automóviles ubicada en Rivadavia y Escalada, en un edificio de Av. La Plata al 1200 y en Ángel Giménez 44, todos en la Capital Federal.
Por su parte, la policía retiró insignias del ERP aparecidas en Yerbal y Rojas y procedió a efectuar detenciones en distintos puntos de la ciudad, las primeras frente al comité de la JP que funcionaba en Obligado y Húsares y en México y Perú donde interceptó a cuatro desconocidos armados.
En Rosario cinco manifestantes, entre ellos tres mujeres jóvenes, arrojaron bombas incendiarias contra las agencias de “La Nación” y “La Capital” (Sarmiento al 700); hubo incidentes en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad local y se evitó el incendio de un depósito de Sancor en Av. Pellegrini y Avellaneda.
También se produjeron atentados en Salta, Bariloche y Tucumán, donde estallaron explosivos que destruyeron parte del Senado y el Archivo General de la Provincia en la primera, la vivienda del asesor gremial Ariel Assuad (Sindicato de Obreros Gastronómicos) en la segunda y el domicilio de la familia Coll Berón, en la tercera (Bolívar al 300), esta última destinada al dirigente juvenil justicialista Ernesto Andina Lizarraga, que vivía al lado. Hacía poco en su domicilio, Agustín Tosco, Raimundo Ongaro y otros dirigentes habían ofrecido una rueda de prensa.
La mañana del sábado 19 (08:50), Carlos Gil, empleado de la concesionaria Citroën ubicada en Montes de Oca 1280 (barrio de Barracas), notó que junto a la puerta del local había un bulto envuelto en una bolsa de plástico.
Gil se encaminó a la cercana comisaría 26ª para denunciar el hecho y desde ahí se radió un comunicado a la Brigada de Explosivos, que de inmediato envió un móvil para inspeccionar el objeto.
Mientras el oficial ayudante Juan Carlos Botti y el sargento Juan Carlos Petit procedían a desenvolverlo, personal de la mencionada seccional interrumpió el tránsito vehicular al tiempo que alejaba a los peatones, indicándoles tomar caminos alternativos.
Para entonces, el oficial Botti le había quitado la cubierta plástica al envoltorio, comprobando que en su interior había una caja metálica con un sistema de relojería incorporado. Tomando las precauciones de rigor, se dispusieron a desactivar el artefacto cuando este explotó con violencia, lanzando a ambos a varios metros de distancia.
Botti murió en el acto, no así su compañero que espantosamente mutilado fue trasladado al Hospital Churruca, donde murió ni bien ingresó.
 |
| Sargento Petit (izq.); oficial ayudante Botti Perecieron en forma espantosa al estallar la bomba que desactivaban (Imagen: "La Razón") |
Cuando
los bomberos se presentaron en el lugar la agencia automotriz mostraba
un estado calamitoso, con sus vidrieras destrozadas, los marcos de las
aberturas arrancados y un boquete de 15 cm de profundidad señalando el
lugar donde se encontraba la bomba. Varios edificios también sufrieron
las consecuencias
El oficial ayudante Botti tenía 22 años y se había casado hacía un mes en tanto Petit, de 43, quien se desempeñaba en la Dirección de Bomberos de la Policía Federal desde julio de 1951, se había casado en 1972 pero no tenía hijos.
Ese día por la noche, el teniente primero Luis Ahumada Recalde, de 30 años, salvó su vida en Córdoba al rechazar un ataque de varios extremistas.
El oficial regresaba desde el Regimiento de Infantería 14 (La Calera) conduciendo su coupé Chevrolet naranja patente K-010332, luego de la rutina diaria, cruzó la Avenida de Circunvalación y tomó por Colón.
Llegando al Alto Alberdi, su parabrisas estalló al tiempo que fuertes impactos le perforaban la carrocería.
Al verse blanco de un ataque, Ahumada se tiró sobre el asiento, extrajo su pistola reglamentaria calibre 11,25 y un revólver y repelió la agresión, poniendo en fuga a los atacantes que le disparaban detrás de los árboles. Conducido al Hospital Militar pudo comprobarse que no presentaba heridas de ningún tipo sino algunos cortes, producto de las astillas.
Enterado del suceso, el comandante del III Cuerpo de Ejército, general Federico Della Croce, se hizo presente en el nosocomio para imponerse del estado de su subalterno en tanto la policía montaba un operativo para dar con los insurgentes, algunos de los cuales habían huido del lugar a bordo de un Fiat 125.
Nueve días antes le había sucedido algo similar al teniente coronel de intendencia Santiago Romero Suárez, oficial del V Cuerpo de Ejército que fue atacado a balazos cuando pasado el mediodía circulaba por el Parque de Mayo en Bahía Blanca, en dirección a su domicilio. Si bien el militar resultó ileso, su automóvil recibió una decena de impactos, algunos de los cuales le hicieron estallar el parabrisas y los vidrios de ambos lados.
El domingo por la mañana, en medio de hondo pesar, fueron inhumados en el Panteón Policial el oficial Botti y el sargento Petit. El responso estuvo a cargo del padre Daniel Campagnale, capellán del cuerpo de bomberos.
Al llegar al cementerio, hicieron uso de la palabra el comisario Juan Carlos Codorniz, jefe de la Brigada de Explosivos de la Superintendencia de Bomberos y el señor Salvador Derigra por la Comisión Coordinadora Pro Hogares Policiales. Entre los presentes destacaban el secretario general y jefe de Relaciones Públicas de la Policía Bonaerense, inspector mayor Julio Oscar Salinas y el ministro de Educación de la Nación, Oscar Ivanissevich.
La tarde del 24, pasadas las 7 p.m., cinco militantes del ERP, entre ellos una mujer, atacaron la unidad básica justicialista “20 de Noviembre” en la localidad de San Martín, asesinando a su secretario general, Juan Carlos Mariani, de 35 años y al encargado del local, Juan Domingo Vera, además de herir de gravedad a María F. González, argentina naturalizada de 50 años, quien quedó paralítica de por vida.
Los agresores llegaron a bordo de una Chevrolet carrozada verde claro, patente B-933361, de la que bajaron un hombre y una mujer para ingresar en el inmueble y consumar la agresión.
Abrieron fuego indiscriminadamente contra los presentes, abatiendo al titular de la entidad y a su empleado. La señora Vera intentó huir y al hacerlo recibió un proyectil en la columna vertebral que la dejó completamente inmóvil.
Ni bien Mariani cayó al piso, los asesinos dispararon sobre él una nueva ráfaga de metralla destrozándole completamente el cráneo, acto seguido ganaron la calle, caminaron hacia la esquina de San Lorenzo y Pueyrredón y se subieron a un Peugeot que los esperaba con el motor en marcha, dejando la camioneta abandonada en el lugar7.
El oficial ayudante Botti tenía 22 años y se había casado hacía un mes en tanto Petit, de 43, quien se desempeñaba en la Dirección de Bomberos de la Policía Federal desde julio de 1951, se había casado en 1972 pero no tenía hijos.
Ese día por la noche, el teniente primero Luis Ahumada Recalde, de 30 años, salvó su vida en Córdoba al rechazar un ataque de varios extremistas.
El oficial regresaba desde el Regimiento de Infantería 14 (La Calera) conduciendo su coupé Chevrolet naranja patente K-010332, luego de la rutina diaria, cruzó la Avenida de Circunvalación y tomó por Colón.
Llegando al Alto Alberdi, su parabrisas estalló al tiempo que fuertes impactos le perforaban la carrocería.
Al verse blanco de un ataque, Ahumada se tiró sobre el asiento, extrajo su pistola reglamentaria calibre 11,25 y un revólver y repelió la agresión, poniendo en fuga a los atacantes que le disparaban detrás de los árboles. Conducido al Hospital Militar pudo comprobarse que no presentaba heridas de ningún tipo sino algunos cortes, producto de las astillas.
Enterado del suceso, el comandante del III Cuerpo de Ejército, general Federico Della Croce, se hizo presente en el nosocomio para imponerse del estado de su subalterno en tanto la policía montaba un operativo para dar con los insurgentes, algunos de los cuales habían huido del lugar a bordo de un Fiat 125.
Nueve días antes le había sucedido algo similar al teniente coronel de intendencia Santiago Romero Suárez, oficial del V Cuerpo de Ejército que fue atacado a balazos cuando pasado el mediodía circulaba por el Parque de Mayo en Bahía Blanca, en dirección a su domicilio. Si bien el militar resultó ileso, su automóvil recibió una decena de impactos, algunos de los cuales le hicieron estallar el parabrisas y los vidrios de ambos lados.
El domingo por la mañana, en medio de hondo pesar, fueron inhumados en el Panteón Policial el oficial Botti y el sargento Petit. El responso estuvo a cargo del padre Daniel Campagnale, capellán del cuerpo de bomberos.
Al llegar al cementerio, hicieron uso de la palabra el comisario Juan Carlos Codorniz, jefe de la Brigada de Explosivos de la Superintendencia de Bomberos y el señor Salvador Derigra por la Comisión Coordinadora Pro Hogares Policiales. Entre los presentes destacaban el secretario general y jefe de Relaciones Públicas de la Policía Bonaerense, inspector mayor Julio Oscar Salinas y el ministro de Educación de la Nación, Oscar Ivanissevich.
La tarde del 24, pasadas las 7 p.m., cinco militantes del ERP, entre ellos una mujer, atacaron la unidad básica justicialista “20 de Noviembre” en la localidad de San Martín, asesinando a su secretario general, Juan Carlos Mariani, de 35 años y al encargado del local, Juan Domingo Vera, además de herir de gravedad a María F. González, argentina naturalizada de 50 años, quien quedó paralítica de por vida.
Los agresores llegaron a bordo de una Chevrolet carrozada verde claro, patente B-933361, de la que bajaron un hombre y una mujer para ingresar en el inmueble y consumar la agresión.
Abrieron fuego indiscriminadamente contra los presentes, abatiendo al titular de la entidad y a su empleado. La señora Vera intentó huir y al hacerlo recibió un proyectil en la columna vertebral que la dejó completamente inmóvil.
Ni bien Mariani cayó al piso, los asesinos dispararon sobre él una nueva ráfaga de metralla destrozándole completamente el cráneo, acto seguido ganaron la calle, caminaron hacia la esquina de San Lorenzo y Pueyrredón y se subieron a un Peugeot que los esperaba con el motor en marcha, dejando la camioneta abandonada en el lugar7.
 |
| Tte. Cnel. Gardón (Imagen: "La Razón") |
La
misma agrupación asesinó ese mismo día al coronel médico José Francisco
Gardón, jefe de los servicios de Hemoterapia del Hospital Militar Campo
de Mayo y del Hospital Municipal “Raúl F. Larcade” de San Miguel8.
El alto oficial fue interceptado a las 18:15 en momentos que caminaba hacia el nosocomio de la localidad bonaerense bajo una intensa lluvia. Por falta de espacio, estacionó su auto en la cuadra siguiente, descendió, cerró la puerta con llave y caminó hacia la entrada principal apurando el paso para no empaparse.
En ese momento se le cruzaron dos hombres jóvenes vestidos de sport, los cuales escondían armas de fuego entre sus ropas. Los sujetos lo detuvieron para preguntarle si efectivamente era el coronel Gardón y ante la respuesta afirmativa, le apuntaron y dispararon, hiriéndolo mortalmente.
El militar cayó sobre la vereda en tanto los terroristas escapaban a la carrera para seguir el mismo modus operandi, es decir, abordar un vehículo con un tercer hombre al volante y desaparecer a toda velocidad.
Al escuchar los estampidos, personal del hospital salió a la calle para ver que ocurría y al reparar en el cuerpo tirado, corrieron hacia él con la intención de socorrerlo. Pensaban que aun estaba con vida y por eso lo introdujeron en el quirófano para someterlo a una intervención quirúrgica. Sin embargo, todo fue en vano. Por más esfuerzo que hicieron los médicos, a las 8.30 p.m. lo declararon muerto. Presentaba dos impactos de bala en la cabeza y otros dos a la altura del pecho.
Ese día también fue ultimado el secretario del Ministro de Obras Públicas de Mendoza, Héctor Mario Polvareda. El suceso tuvo lugar en horas de la noche (9 p.m.) cuando cuatro individuos llegaron en un Fiat 125 (o 128) a la vivienda de la manzana R, casa 9 del barrio Sanidad, donde vivía el funcionario. Como la víctima no se encontraba, redujeron a su madre, su esposa y su hijo, de nombre Alejandro, para esperarla en el interior. Cuando Polvareda llegó, los desconocidos se abalanzaron sobre bél y en esa situación se trabaron en lucha, descerrajándole tres balazos que acabaron con su vida.
Al darse a la fuga, a uno de los terroristas, un sujeto de cabellos largos, se le cayó la gorra, la cual fue secuestrada por la policía cuando se apersonó en el lugar9.
En el barrio de Once, personas que circulaban en un auto ametrallaron el local del Partido Socialista de los Trabajadores ubicado en 24 de Noviembre 225. Según versiones recogidas en el lugar, también arrojaron una granada que al estallar produjo grandes destrozos aunque ninguna víctima.
Era el caos generalizado, la locura sin control. Las agrupaciones subversivas estaban sufriendo duros golpes y necesitaban mostrar que tenían “resto”.
Las detenciones y los allanamientos practicados durante todo ese mes, las venían debilitando y las obligaba a reclutar apresuradamente nuevos cuadros y lanzar al combate a aquellos que aun no estaban preparados.
El 3 de octubre fueron apresados cinco subversivos en una finca ubicada en Condarco y Brasil, localidad de San Justo, donde fue recuperado armamento tomado a las fuerzas de seguridad. Otros cuatro cayeron en San Rafael, Mendoza, cuando la policía detuvo un Chevy 73 naranja, patente B-5840 en el que encontró un Winchester con sistema Itaka, un revólver 38 largo y municiones.
Al otro día fue arrestado Héctor Jorge Assadourian, uno de los atacantes de la Fábrica Militar de Explosivos de Villa María, argentino de 19 años y el 7 un total de 138 personas fueron encarceladas durante los 670 procedimientos que se realizaron en esa oportunidad.
En Barracas fue descubierto un importante arsenal, más precisamente en una marmolería que funcionaba en Rocha 1746, lo mismo en Bariloche, donde personal del Escuadrón 34 de la Gendarmería Nacional irrumpió en una casa de veraneo sita en el kilómetro 7 del camino al Hotel Llao Llao, donde decomisó otro importante arsenal. Inmediatamente después procediéndose a la detención de Aníbal Viton, vinculado a la Universidad del Comahue, propietario de la finca contigua, quien utilizaba el lugar como vaciadero10.
El alto oficial fue interceptado a las 18:15 en momentos que caminaba hacia el nosocomio de la localidad bonaerense bajo una intensa lluvia. Por falta de espacio, estacionó su auto en la cuadra siguiente, descendió, cerró la puerta con llave y caminó hacia la entrada principal apurando el paso para no empaparse.
En ese momento se le cruzaron dos hombres jóvenes vestidos de sport, los cuales escondían armas de fuego entre sus ropas. Los sujetos lo detuvieron para preguntarle si efectivamente era el coronel Gardón y ante la respuesta afirmativa, le apuntaron y dispararon, hiriéndolo mortalmente.
El militar cayó sobre la vereda en tanto los terroristas escapaban a la carrera para seguir el mismo modus operandi, es decir, abordar un vehículo con un tercer hombre al volante y desaparecer a toda velocidad.
Al escuchar los estampidos, personal del hospital salió a la calle para ver que ocurría y al reparar en el cuerpo tirado, corrieron hacia él con la intención de socorrerlo. Pensaban que aun estaba con vida y por eso lo introdujeron en el quirófano para someterlo a una intervención quirúrgica. Sin embargo, todo fue en vano. Por más esfuerzo que hicieron los médicos, a las 8.30 p.m. lo declararon muerto. Presentaba dos impactos de bala en la cabeza y otros dos a la altura del pecho.
Ese día también fue ultimado el secretario del Ministro de Obras Públicas de Mendoza, Héctor Mario Polvareda. El suceso tuvo lugar en horas de la noche (9 p.m.) cuando cuatro individuos llegaron en un Fiat 125 (o 128) a la vivienda de la manzana R, casa 9 del barrio Sanidad, donde vivía el funcionario. Como la víctima no se encontraba, redujeron a su madre, su esposa y su hijo, de nombre Alejandro, para esperarla en el interior. Cuando Polvareda llegó, los desconocidos se abalanzaron sobre bél y en esa situación se trabaron en lucha, descerrajándole tres balazos que acabaron con su vida.
Al darse a la fuga, a uno de los terroristas, un sujeto de cabellos largos, se le cayó la gorra, la cual fue secuestrada por la policía cuando se apersonó en el lugar9.
En el barrio de Once, personas que circulaban en un auto ametrallaron el local del Partido Socialista de los Trabajadores ubicado en 24 de Noviembre 225. Según versiones recogidas en el lugar, también arrojaron una granada que al estallar produjo grandes destrozos aunque ninguna víctima.
Era el caos generalizado, la locura sin control. Las agrupaciones subversivas estaban sufriendo duros golpes y necesitaban mostrar que tenían “resto”.
Las detenciones y los allanamientos practicados durante todo ese mes, las venían debilitando y las obligaba a reclutar apresuradamente nuevos cuadros y lanzar al combate a aquellos que aun no estaban preparados.
El 3 de octubre fueron apresados cinco subversivos en una finca ubicada en Condarco y Brasil, localidad de San Justo, donde fue recuperado armamento tomado a las fuerzas de seguridad. Otros cuatro cayeron en San Rafael, Mendoza, cuando la policía detuvo un Chevy 73 naranja, patente B-5840 en el que encontró un Winchester con sistema Itaka, un revólver 38 largo y municiones.
Al otro día fue arrestado Héctor Jorge Assadourian, uno de los atacantes de la Fábrica Militar de Explosivos de Villa María, argentino de 19 años y el 7 un total de 138 personas fueron encarceladas durante los 670 procedimientos que se realizaron en esa oportunidad.
En Barracas fue descubierto un importante arsenal, más precisamente en una marmolería que funcionaba en Rocha 1746, lo mismo en Bariloche, donde personal del Escuadrón 34 de la Gendarmería Nacional irrumpió en una casa de veraneo sita en el kilómetro 7 del camino al Hotel Llao Llao, donde decomisó otro importante arsenal. Inmediatamente después procediéndose a la detención de Aníbal Viton, vinculado a la Universidad del Comahue, propietario de la finca contigua, quien utilizaba el lugar como vaciadero10.
 |
| Héctor Jorge Assadourian (Imagen: "La Razón") |
Nuevos
depósitos fueron descubiertos en Nueva Pompeya y Barracas practicándose
otros cinco arrestos luego de desbaratarse una célula extremista en
Castelar. En Metán (Salta), las fuerzas del orden detuvieron a una mujer
y un menor que guardaban panes de TNT (la primera intentó resistir la
requisa con una pistola pero fue rápidamente reducida) y otro tanto
ocurrió en Bahía Blanca y Adrogué, donde se practicaron nuevos arrestos y
se decomisaron armas arrebatadas oportunamente a las Fuerzas Armadas y
de seguridad.
Tan comprometido se hallaba el gobierno en la lucha contra la subversión que a comienzos del mes de octubre organizó un nuevo operativo conjunto con efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas, en este caso, para ubicar un campamento guerrillero en San Luis, próximo al límite con La Pampa.
En la ocasión, efectivos de seguridad provinciales trabajaron con elementos de la V Brigada Aérea de Villa Reynolds para ubicar el acantonamiento que según una denuncia, se encontraba próximo a la Ruta 188, entre Nueva Galia y Camino Gómez, a 200 kilómetros al sur de Villa Mercedes.
El operativo se puso en marcha después que un transportista denunciara la presencia de un gran emplazamiento a la vera de la carretera, en el que advirtió la presencia de 60 milicianos y al menos 11 vehículos. Según su declaración, viajando en dirección a La Pampa recogió a dos jóvenes que lo pararon para solicitarle los acercara hasta el lugar. Según le explicaron, venían desde Mendoza para asistir a una reunión familiar. Ni bien los dejó se dirigió al puesto policial más cercano para radicar la denuncia y desde ahí se emitió un radiomensaje al comando advirtiendo lo que estaba sucediendo. De manera inmediata se dispuso la movilización de un centenar de efectivos policiales y el alistamiento de un avión Aero Commander para rastrear el área y entrar en combate de ser necesario.
Un buen número de camiones, jeeps y patrulleros con agentes fuertemente pertrechados se dirigió hacia el punto indicado en tanto desde la V Brigada Aérea con asiento en Villa Reynolds decoló el Aero Commmander 500U Shrike Commander matrícula T-139 para dirigirse a baja altura hacia el sur siguiendo el recorrido de la Ruta 148.
El operativo no arrojó resultados. Las fuerzas del orden se desplegaron por el terreno pero nada hallaron como tampoco el aparato de la Fuerza Aérea, que efectuó varios giros por el área, novedad comunicada a la prensa por el jefe de la policía provincial, teniente coronel (RE) Roberto Sánchez quien al ser consultado manifestó que las investigaciones continuarían.
Lo llamativo de todo esto fue que el lunes 7 de octubre, fueron detenidas en la misma Ruta 188 el abogado Roberto Alejandro Zaldarriaga y Alicia Elena Rosas, a quien en un primer momento se confundió con Norma Arrostito, dado su parecido físico y por llevar en las yemas de los dedos un callicida que anulaba las huellas digitales, lo mismo que su compañero.
Los ánimos se encontraban más exacerbados que nunca; el gobierno redoblaba sus esfuerzos por acabar con la guerrilla, los sectores de derecha presionaban solicitando la intervención de las FF.AA. y la izquierda respondía con ataques más temerarios. El juramento “¡Dios, Patria y Ciencia!”, que Ottalagano pronunció al poner en funciones al nuevo decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Raúl Aníbal Antequeda, sonó más a saludo fascista que a otra cosa y eso golpeó fuerte en la infiltrada dirigencia estudiantil que sin perder tiempo, elevó la novedad a sus respectivas conducciones.
Todo parecía indicar que la situación se agravaría.
A comienzos de octubre, la escalada de violencia era tal que ocho de las agrupaciones que conformaban el dilatado espectro de la política nacional se reunieron para coordinar una acción conjunta tendiente a hallar una solución al peor problema que enfrentaba la Argentina desde su nacimiento como nación.
El cónclave tuvo lugar en el estudio del Dr. Balbín, el martes 1 a las 17:30, con la presencia del dueño de casa, Francisco Rabanal, Enrique Vanoli y Carlos Contín por la UCR; Haydée Virgini por UDELPA; Fernando Scornik por UDELPA Liberación Nacional; Fernando Nadra y Héctor P. Agosti por el Partido Comunista; Enrique Inda y Víctor García Costa por el Partido Socialista Popular; Juan Carlos Coral y Arturo Gómez por el Partido Socialista de los Trabajadores; Rafael Martínez Raymonda y Horacio Thedy por el Partido Demócrata Progresista; Oscar Alende y Tomás Arana por el Partido Intransigente y Martín Dip y Federico Bauchwitz por el Partido Revolucionario Cristiano. Fueron de notar las ausencias de Héctor Sandler de UDELPA y Horacio Sueldo del Partido Intransigente, debido a las recientes amenazas que habían recibido de la Triple A (se excusaron de asistir por cuestiones de seguridad).
Tan comprometido se hallaba el gobierno en la lucha contra la subversión que a comienzos del mes de octubre organizó un nuevo operativo conjunto con efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas, en este caso, para ubicar un campamento guerrillero en San Luis, próximo al límite con La Pampa.
En la ocasión, efectivos de seguridad provinciales trabajaron con elementos de la V Brigada Aérea de Villa Reynolds para ubicar el acantonamiento que según una denuncia, se encontraba próximo a la Ruta 188, entre Nueva Galia y Camino Gómez, a 200 kilómetros al sur de Villa Mercedes.
El operativo se puso en marcha después que un transportista denunciara la presencia de un gran emplazamiento a la vera de la carretera, en el que advirtió la presencia de 60 milicianos y al menos 11 vehículos. Según su declaración, viajando en dirección a La Pampa recogió a dos jóvenes que lo pararon para solicitarle los acercara hasta el lugar. Según le explicaron, venían desde Mendoza para asistir a una reunión familiar. Ni bien los dejó se dirigió al puesto policial más cercano para radicar la denuncia y desde ahí se emitió un radiomensaje al comando advirtiendo lo que estaba sucediendo. De manera inmediata se dispuso la movilización de un centenar de efectivos policiales y el alistamiento de un avión Aero Commander para rastrear el área y entrar en combate de ser necesario.
Un buen número de camiones, jeeps y patrulleros con agentes fuertemente pertrechados se dirigió hacia el punto indicado en tanto desde la V Brigada Aérea con asiento en Villa Reynolds decoló el Aero Commmander 500U Shrike Commander matrícula T-139 para dirigirse a baja altura hacia el sur siguiendo el recorrido de la Ruta 148.
El operativo no arrojó resultados. Las fuerzas del orden se desplegaron por el terreno pero nada hallaron como tampoco el aparato de la Fuerza Aérea, que efectuó varios giros por el área, novedad comunicada a la prensa por el jefe de la policía provincial, teniente coronel (RE) Roberto Sánchez quien al ser consultado manifestó que las investigaciones continuarían.
Lo llamativo de todo esto fue que el lunes 7 de octubre, fueron detenidas en la misma Ruta 188 el abogado Roberto Alejandro Zaldarriaga y Alicia Elena Rosas, a quien en un primer momento se confundió con Norma Arrostito, dado su parecido físico y por llevar en las yemas de los dedos un callicida que anulaba las huellas digitales, lo mismo que su compañero.
Los ánimos se encontraban más exacerbados que nunca; el gobierno redoblaba sus esfuerzos por acabar con la guerrilla, los sectores de derecha presionaban solicitando la intervención de las FF.AA. y la izquierda respondía con ataques más temerarios. El juramento “¡Dios, Patria y Ciencia!”, que Ottalagano pronunció al poner en funciones al nuevo decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Raúl Aníbal Antequeda, sonó más a saludo fascista que a otra cosa y eso golpeó fuerte en la infiltrada dirigencia estudiantil que sin perder tiempo, elevó la novedad a sus respectivas conducciones.
Todo parecía indicar que la situación se agravaría.
A comienzos de octubre, la escalada de violencia era tal que ocho de las agrupaciones que conformaban el dilatado espectro de la política nacional se reunieron para coordinar una acción conjunta tendiente a hallar una solución al peor problema que enfrentaba la Argentina desde su nacimiento como nación.
El cónclave tuvo lugar en el estudio del Dr. Balbín, el martes 1 a las 17:30, con la presencia del dueño de casa, Francisco Rabanal, Enrique Vanoli y Carlos Contín por la UCR; Haydée Virgini por UDELPA; Fernando Scornik por UDELPA Liberación Nacional; Fernando Nadra y Héctor P. Agosti por el Partido Comunista; Enrique Inda y Víctor García Costa por el Partido Socialista Popular; Juan Carlos Coral y Arturo Gómez por el Partido Socialista de los Trabajadores; Rafael Martínez Raymonda y Horacio Thedy por el Partido Demócrata Progresista; Oscar Alende y Tomás Arana por el Partido Intransigente y Martín Dip y Federico Bauchwitz por el Partido Revolucionario Cristiano. Fueron de notar las ausencias de Héctor Sandler de UDELPA y Horacio Sueldo del Partido Intransigente, debido a las recientes amenazas que habían recibido de la Triple A (se excusaron de asistir por cuestiones de seguridad).
 |
| Cumbre en el estudio del Dr. Balbín. Representantes de ocho agrupaciones políticas, entre ellas la UCR, el PI y el PDP se reúnen para buscar una solución al tema de la violencia. En la fotografía, desde la izq. Francisco Rabanal, Carlos Contín, Enrique Inda, Víctor García Costa, Enrique Vanoli, Ricardo Balbín, Martín Dip, Federico Brauchwitz y Oscar Alende (Imagen: "La Prensa") |
Antes
de comenzar la reunión, Balbín aclaró a los periodistas que la
iniciativa no había sido de la agrupación a la que representaba sino una
autoconvocatoria decidida de común acuerdo por las conducciones de los
distintos partidos. Al ser interrogado sobre la posibilidad de solicitar
una entrevista con la presidente y retomar el diálogo interrumpido tras
la muerte de Perón, el dirigente fue claro al decir que eso dependía de
lo que decidiera la asamblea.
Mientras se llevaban a cabo las deliberaciones, se hizo presente el secretario general de CETERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), Alfredo Bravo, quien repartió una carpeta a cada representante con los antecedentes y estudios sobre la situación educativa, el problema docente y el de los jubilados.
La iniciativa pareció un tanto fuera de lugar pues no era el momento para esa patriada. Introducir en una convención convocada para abordar un tema tan específico y complejo como el de la guerra contra la subversión no fue una medida acertada pues desviaba la atención y entorpecía su marcha.
Finalizado el encuentro, Balbín y Vanoli refirieron a la prensa parte de lo tratado, a saberse, la necesidad de sostener las instituciones y el sistema democrático, las propuestas a adoptar, la toma de disposiciones y las acciones a encarar.
Aunque se trató de una reunión bien intencionada, la misma quedó en palabras; la violencia continuó creciendo y seguiría haciéndolo hasta desembocar en el tan temido golpe militar.
En otro orden de cosas, cuatro personas resultaron gravemente heridas la madrugada del 7 de octubre, al producirse el estallido de un proyectil de mortero calibre 81 que estaba siendo manipulado en un taller de Tres de Febrero.
Las víctimas resultaron ser Arturo Iturrias, de 43 años, propietario del inmueble; su esposa Modesta Gómez de 39 y dos de sus ocho hijos, José de 10 y Julieta de 8
Desde hacía tiempo, Iturrias se dedicaba a la compra-venta de armamento y para ello recorría los terrenos de Campo de Mayo en compañía de sus hijos mayores, buscando las vainas, carcazas y cartuchos servidos utilizados por el Ejército en sus prácticas de tiro, para reciclarlos y venderlos.
El domingo 6, como solían hacerlo habitualmente, el padre y sus vástagos dieron con varios proyectiles los cuales trasladaron a su casa, una precaria vivienda de chapas de zinc y madrera ubicada en la calle Paraná, entre Bartolomé Gurruchaga y Federico Lacroze, a tres cuadras del arroyo Morón, límite entre el partido homónimo y el de Tres de Febrero.
De regreso en su morada, Iturrias se puso a trabajar en los fondos, donde tenía montado el taller cuando cerca de las 2 a.m., la granada estalló, hiriéndolo gravemente y provocando un incendio que terminó consumiendo el galpón y la vivienda, además de dañar varias fincas linderas.
Dos dotaciones de bomberos se hicieron presentes para sofocar las llamas en tanto los heridos, todos por causa de las esquirlas, fueron derivados al Hospital Mariano Castex, donde quedaron internados con pronóstico reservado.
Si algo le faltaba a aquella Argentina siniestra era la profanación de tumbas. En esos años, como sucede hoy, el cementerio de La Recoleta abría sus puertas a las 7 de la mañana y cerraba a 6 de la tarde en punto.
El 15 de octubre, como se hacía todos los días, el personal de maestranza cerró los grandes portones y los responsables de la guardia, es decir, el subadministrador Vicente Orduna y el sereno Santos Berón, iniciaron la recorrida de rutina para comprobar que no hubiese nadie adentro. Al llegar a la puerta que da a la calle Vicente López descendieron los escalones que conducían a la vereda y cuando se disponían a colocar el candado, tres jóvenes armados les apuntaron con sus revólveres y los obligaron a volver sobre sus pasos. Les dijeron que guardasen silencio y obedeciesen todas sus indicaciones y siempre encañonándolos, los hicieron avanzar hacia la calle ancha que desembocaba en el portón principal hasta una bóveda de pequeñas dimensiones. Una vez allí los maniataron de pies y manos y los metieron dentro, siempre bajo amenaza de muerte.
Acto seguido, los desconocidos se dirigieron a la puerta y le franquearon el paso a otras 16 personas, entre ellas varias mujeres de pantalones vaqueros, las cuales se encaminaron resueltamente hacia la bóveda de la familia Aramburu, demostrando conocer perfectamente el camino. Una vez allí, forzaron la tapa, descendieron la escalera e iluminándose con linternas, procedieron a retirar el ataúd con los restos mortales del ex presidente. Lo primero que hicieron fue quitar las banderas y cintas que lo envolvían, lo tomaron de las manijas y comenzaron a subirlo, ayudándose posiblemente con sogas.
Mientras se llevaban a cabo las deliberaciones, se hizo presente el secretario general de CETERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), Alfredo Bravo, quien repartió una carpeta a cada representante con los antecedentes y estudios sobre la situación educativa, el problema docente y el de los jubilados.
La iniciativa pareció un tanto fuera de lugar pues no era el momento para esa patriada. Introducir en una convención convocada para abordar un tema tan específico y complejo como el de la guerra contra la subversión no fue una medida acertada pues desviaba la atención y entorpecía su marcha.
Finalizado el encuentro, Balbín y Vanoli refirieron a la prensa parte de lo tratado, a saberse, la necesidad de sostener las instituciones y el sistema democrático, las propuestas a adoptar, la toma de disposiciones y las acciones a encarar.
Aunque se trató de una reunión bien intencionada, la misma quedó en palabras; la violencia continuó creciendo y seguiría haciéndolo hasta desembocar en el tan temido golpe militar.
En otro orden de cosas, cuatro personas resultaron gravemente heridas la madrugada del 7 de octubre, al producirse el estallido de un proyectil de mortero calibre 81 que estaba siendo manipulado en un taller de Tres de Febrero.
Las víctimas resultaron ser Arturo Iturrias, de 43 años, propietario del inmueble; su esposa Modesta Gómez de 39 y dos de sus ocho hijos, José de 10 y Julieta de 8
Desde hacía tiempo, Iturrias se dedicaba a la compra-venta de armamento y para ello recorría los terrenos de Campo de Mayo en compañía de sus hijos mayores, buscando las vainas, carcazas y cartuchos servidos utilizados por el Ejército en sus prácticas de tiro, para reciclarlos y venderlos.
El domingo 6, como solían hacerlo habitualmente, el padre y sus vástagos dieron con varios proyectiles los cuales trasladaron a su casa, una precaria vivienda de chapas de zinc y madrera ubicada en la calle Paraná, entre Bartolomé Gurruchaga y Federico Lacroze, a tres cuadras del arroyo Morón, límite entre el partido homónimo y el de Tres de Febrero.
De regreso en su morada, Iturrias se puso a trabajar en los fondos, donde tenía montado el taller cuando cerca de las 2 a.m., la granada estalló, hiriéndolo gravemente y provocando un incendio que terminó consumiendo el galpón y la vivienda, además de dañar varias fincas linderas.
Dos dotaciones de bomberos se hicieron presentes para sofocar las llamas en tanto los heridos, todos por causa de las esquirlas, fueron derivados al Hospital Mariano Castex, donde quedaron internados con pronóstico reservado.
Si algo le faltaba a aquella Argentina siniestra era la profanación de tumbas. En esos años, como sucede hoy, el cementerio de La Recoleta abría sus puertas a las 7 de la mañana y cerraba a 6 de la tarde en punto.
El 15 de octubre, como se hacía todos los días, el personal de maestranza cerró los grandes portones y los responsables de la guardia, es decir, el subadministrador Vicente Orduna y el sereno Santos Berón, iniciaron la recorrida de rutina para comprobar que no hubiese nadie adentro. Al llegar a la puerta que da a la calle Vicente López descendieron los escalones que conducían a la vereda y cuando se disponían a colocar el candado, tres jóvenes armados les apuntaron con sus revólveres y los obligaron a volver sobre sus pasos. Les dijeron que guardasen silencio y obedeciesen todas sus indicaciones y siempre encañonándolos, los hicieron avanzar hacia la calle ancha que desembocaba en el portón principal hasta una bóveda de pequeñas dimensiones. Una vez allí los maniataron de pies y manos y los metieron dentro, siempre bajo amenaza de muerte.
Acto seguido, los desconocidos se dirigieron a la puerta y le franquearon el paso a otras 16 personas, entre ellas varias mujeres de pantalones vaqueros, las cuales se encaminaron resueltamente hacia la bóveda de la familia Aramburu, demostrando conocer perfectamente el camino. Una vez allí, forzaron la tapa, descendieron la escalera e iluminándose con linternas, procedieron a retirar el ataúd con los restos mortales del ex presidente. Lo primero que hicieron fue quitar las banderas y cintas que lo envolvían, lo tomaron de las manijas y comenzaron a subirlo, ayudándose posiblemente con sogas.
 |
| Sepulcro de la familia Aramburu en La Recoleta (Imagen: "Gente y la actualidad") |
Una
vez fuera, se valieron de uno de los carromatos utilizados para
trasladar los féretros, lo acercaron a la bóveda y bajo una persistente
llovizna colocaron el cajón sobre él para dirigirse a la pequeña puerta
de Vicente López. Al llegar quitaron el candado, tomaron el féretro y
bajaron cuidadosamente los peldaños hasta salir a la calle.
Afuera
estacionada, había una camioneta. En la parte trasera depositaron el
sarcófago y cumplido el cometido, algunos de ellos abordaron el vehículo
y se alejaron en él en tanto el resto se dispersaba en distintas
direcciones.
Recién a las 3 a.m., mientras se abatía sobre la ciudad una fuerte lluvia, el subadministrador y el sereno lograron desprenderse de sus ataduras y dirigirse a las oficinas para denunciar el hecho. Menos de quince minutos después se detuvieron frente al portón varios patrulleros con personal policial el cual, una vez franqueada la entrada, pudo comprobar que efectivamente, el sepulcro había sido profanado y el cajón con los restos de Aramburu sustraído.
Con las primeras luces del día llegó el director general de Cementerios, Adolfo Llanos, acompañado por el administrador de La Recoleta, Jorge Felipe Cheneaut, quienes luego de escuchar la declaración de ambos empleados, inspeccionaron personalmente la bóveda. Un par de horas después, llegaron el intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires, general de división (RE) José Embrioni y el general (RE) Bernardino Labayru. Se encontraban allí para acompañar al Dr. Eugenio Aramburu y otros allegados, quienes fueron impuestos de los detalles por Lllanos y Cheneaut.
Una leyenda pintada con aerosol en el sepulcro del teniente general Pablo Riccheri daba cuenta que los autores del atentado eran la misma banda terrorista que había asesinado al ex presidente.
Pasado el mediodía, el jefe de gobierno porteño emitió un comunicado informando a la población lo que había ocurrido:
Recién a las 3 a.m., mientras se abatía sobre la ciudad una fuerte lluvia, el subadministrador y el sereno lograron desprenderse de sus ataduras y dirigirse a las oficinas para denunciar el hecho. Menos de quince minutos después se detuvieron frente al portón varios patrulleros con personal policial el cual, una vez franqueada la entrada, pudo comprobar que efectivamente, el sepulcro había sido profanado y el cajón con los restos de Aramburu sustraído.
Con las primeras luces del día llegó el director general de Cementerios, Adolfo Llanos, acompañado por el administrador de La Recoleta, Jorge Felipe Cheneaut, quienes luego de escuchar la declaración de ambos empleados, inspeccionaron personalmente la bóveda. Un par de horas después, llegaron el intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires, general de división (RE) José Embrioni y el general (RE) Bernardino Labayru. Se encontraban allí para acompañar al Dr. Eugenio Aramburu y otros allegados, quienes fueron impuestos de los detalles por Lllanos y Cheneaut.
Una leyenda pintada con aerosol en el sepulcro del teniente general Pablo Riccheri daba cuenta que los autores del atentado eran la misma banda terrorista que había asesinado al ex presidente.
Pasado el mediodía, el jefe de gobierno porteño emitió un comunicado informando a la población lo que había ocurrido:
El intendente municipal,
general de división (RE) José Embrioni, se hizo presente hoy, a las 8:.30, en
el cementerio de La Recoleta, donde se informó sobre los detalles del hecho
delictivo que culminó con el robo del féretro que contiene los restos del
teniente general Pedro Eugenio Aramburu. Fue impuesto de estos hechos por el
director general de Cementerios, señor Adolfo Llanos y por el titular de la citada
necrópolis, Jorge Cheneaut. Posteriormente, el general Embrioni se trasladó al
Ministerio del Interior, donde informó a su titula, doctor Alberto Rocamora,
sobre el hecho de referencia.
Transcurría
la tarde cuando una serie de llamados a las redacciones de los diarios
(a excepción de “La Prensa”), informaron que la organización Montoneros
había sido la autora del secuestro y que para la devolución de los
restos se exigía la inmediata repatriación del cuerpo de Evita.
La indignación y el estupor se adueñaron de la población. Airadas voces de repudio llegaron desde diferentes sectores, los principales, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la presidencia a través de la Secretaría de Prensa y Difusión, la CGT, la UCR, el Partido Demócrata, el Movimiento Unión y Reorganización Radical, el Partido Demócrata Progresista y la Comisión de Homenaje al general asesinado. Pero fueron las palabras del hijo del ex mandatario, las que calaron más hondo en la ciudadanía.
La indignación y el estupor se adueñaron de la población. Airadas voces de repudio llegaron desde diferentes sectores, los principales, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la presidencia a través de la Secretaría de Prensa y Difusión, la CGT, la UCR, el Partido Demócrata, el Movimiento Unión y Reorganización Radical, el Partido Demócrata Progresista y la Comisión de Homenaje al general asesinado. Pero fueron las palabras del hijo del ex mandatario, las que calaron más hondo en la ciudadanía.
La profanación de los
restos de mi padre y los crímenes que se cometen a diario son consecuencia del
estado de impunidad en que vivimos. Estamos desamparados frente al crimen y a
merced de las bandas asesinas. La República y el régimen democrático no se
agotan en el juego formal de las instituciones. Ellas son solo un medio para
asegurar la justicia, la verdad, un régimen civilizado de vida que afirme la
dignidad del hombre.
Siento que guardar silencio
a esta altura de los acontecimientos significaría hacerme cómplice de quienes
por cobardía o especulación reniegan de la verdad, obstruyen la acción de la
justicia fomentando así el descreimiento en las instituciones republicanas. Los
argentinos necesitamos creer en las leyes y en quienes las aplican. Pero los
que ejercen el poder e invocan la paz y pregonan la vigencia de las leyes y de las
instituciones, si todo eso lo quieren y de veras lo respetan, están obligados a
buscar y declarar la verdad y demostrar que la ley y la justicia rigen para
todos, cualquiera fuere su ideología y posición social. Es por eso que
pregunto:
1) ¿Qué disposiciones
tomaron respecto de los responsables de las publicaciones en que se describe el
secuestro y el asesinato de mi padre y
sus actos preparatorios?
2) ¿Se investigó la
autenticidad de la carta atribuida al ex presidente Juan Domingo Perón por los
protagonistas del relato mencionado en
la pregunta anterior y por la que se pretende involucrarlo en el crimen?
3) La organización que se
adjudica el asesinato de mi padre publicó una lista de los crímenes cometidos
después del 25-5-73. ¿Por qué no fue declarada como otras, fuera de la ley?
4) ¿Cómo se explica la
impunidad con que operan las bandas que asesinan, roban y asuelan el país?
Los poderes públicos tienen
la obligación moral de dar inequívoca respuesta a los interrogantes propuestos.
Impuesto el secreto de sumario por el juez Juan Carlos Palacios, el comisario Villar ofreció una conferencia de prensa en la cual informó sobre el hecho aunque excusándose de brindar más datos porque la investigación se lo impedía.
El 18 de octubre (viernes) la Agrupación Democrática Argentina organizó un acto de desagravio a la memoria del general Aramburu. El evento tuvo lugar en horas de la mañana, frente al sepulcro familiar y contó con la asistencia de gran número de personas, entre ellas los generales de división Elbio Carlos Anaya -padre del comandante en jefe del Ejército- y José R. Herrera, el sacerdote Carlos Cucchetti, familiares y autoridades de diversas instituciones, tanto militares como civiles.
Imágenes
 |
| El general Horacio Rivera pasa revista a las tropas en Campo de Mayo durante el acto por el aniversario de las escuelas de Infantería, Artillería y Comunicaciones. Hubo voces condenando los últimos atentados (Imagen: "La Razón") |
 |
| María Estela Martínez de Perón llega a Santiago del Estero durante su gira por el norte argentino (Imagen: "La Razón") |
 |
| La multitud avanza por Av. Maipú hacia la Quinta Presidencial de Olivos el cumplirse el 79º aniversario del natalicio de Perón (Imagen: "La Razón") |
 |
| María E. Martínez de Perón en la misa del 79º natalicio de Perón celebrada en la capilla Nuestra Señora de Luján de la quinta de Olivos (Imagen: "La Razón") |
 |
| Acceso a una cárcel del pueblo del ERP hallada en una finca situada en Sáenz Peña 1061, Zárate donde fueron detenidas varias personas (Imagen_ "La Prensa") |
 |
| Atentado explosivo en la concesionaria de autos de Barracas donde perecieron el sargento Juan Carlos Petit y el oficial ayudante Juan Carlos Botti (Imagen: "La Razón") |
 |
| Víctor Hugo Casaña y Jorge Aníbal Castañeda, integrantes de la célula del ERP reducida en Zárate. Ambos de profugaron (Imagen: "La Prensa") |
 |
| Se practican allanamientos en todo el país, en este caso en un edificio de la calle Rocha en Barracas donde la policía halló armas y municiones (Imagen: "La Prensa") |
 |
| Parte del arsenal incautado en Barracas (Imagen: "La Prensa") |
 |
| Material capturado al ERP (Imagen: "La Prensa") |
 |
| Proyectil de 81 mm hallado entre los restos de la vivienda de Arturo Iturrias luego del estallido (Imagen: "La Prensa") |
 |
| Armamento hallado en un departamento de Av. La Plata 1971 (Imagen: "La Prensa") |
 |
| Bóveda profanada de la familia Aramburu en La Recoleta (Imagen: "La Prensa") |
 |
| El Dr. Eugenio Aramburu se hace presente en la necrópolis para constatar la desaparición de los restos de su padre. A su lado,a la izq. el general Bernardino Labayru (Imagen: "La Prensa") |
 |
| El Sr. Luis F. Monetta hace uso de la palabra frente al sepulcro de la familia Aramburu durante el acto de desagravio organizado por la Agrupación Democrática Argentina (ADA) la mañana del 18 de octubre de 1974 (Imagen: "La Prensa") |
Notas
1 Continuación de Cabildo.
2 Ávalos era empleado de la filial.
3 En 1979 fue trasladado a la localidad de Recreo.
4 “Estrella Roja”, Nº 43, lunes 4 de noviembre de 1974, p. 18.
5 El acto estuvo encabezado por el general Horacio Rivera, comandante de Institutos Militares, en representación del teniente general Leandro Anaya.
6 Casualmente, tiempo atrás, se había producido un enfrentamiento en la vivienda contigua, sita en Scalabrini Ortiz 1779, donde fueron heridos y capturados varios integrantes del ERP.
7 Huyeron hacia la Ruta 8, por donde desaparecieron.
8 También presidía la Junta Médica del Ejército.
9 Como en el caso de Gardón, el ERP se adjudicó los asesinatos.
10 La finca se hallaba situada frente a Playa Bonita el lugar donde personal del Ejército embarcó secretamente equipo y material para montar el laboratorio nuclear de la isla Huemul, durante la primera presidencia de Perón.
1 Continuación de Cabildo.
2 Ávalos era empleado de la filial.
3 En 1979 fue trasladado a la localidad de Recreo.
4 “Estrella Roja”, Nº 43, lunes 4 de noviembre de 1974, p. 18.
5 El acto estuvo encabezado por el general Horacio Rivera, comandante de Institutos Militares, en representación del teniente general Leandro Anaya.
6 Casualmente, tiempo atrás, se había producido un enfrentamiento en la vivienda contigua, sita en Scalabrini Ortiz 1779, donde fueron heridos y capturados varios integrantes del ERP.
7 Huyeron hacia la Ruta 8, por donde desaparecieron.
8 También presidía la Junta Médica del Ejército.
9 Como en el caso de Gardón, el ERP se adjudicó los asesinatos.
10 La finca se hallaba situada frente a Playa Bonita el lugar donde personal del Ejército embarcó secretamente equipo y material para montar el laboratorio nuclear de la isla Huemul, durante la primera presidencia de Perón.
